Author: Roberto Rodriguez

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Por una universidad con perspectiva de género

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez.

En los últimos meses la problemática de la violencia de género, en sus distintas vertientes, ha sido objeto de expresión y protesta en varias universidades del país. De especial visibilidad el caso de la UNAM porque la movilización de las estudiantes ha implicado la suspensión de actividades en varios de los planteles de la institución. El pasado 12 de febrero el Consejo Universitario aprobó reformas al Estatuto General de la Universidad para establecer que la violencia de género se considere una falta “especialmente grave de responsabilidad”. Se autorizó también la ampliación del número de vocales permanentes en el Tribunal Universitario para garantizar la paridad y promover un mejor tratamiento de los casos que se denuncien ante ese órgano.

En la misma sesión del Consejo, posteriormente en declaraciones de las autoridades universitarias, se reconoció que la respuesta normativa es apenas un primer paso, que es necesario seguir explorando y diseñando fórmulas para enfrentar la problemática, y que una política general e integral que atienda a las diversas desigualdades de género debe formar parte de una agenda de “transformación estructural” de la UNAM.

Hasta ahora, la respuesta de las organizaciones de mujeres involucradas en el proceso ha sido más bien de cautela. Se registra como una victoria de la movilización, pero también se advierte la necesidad de incorporar medidas normativas y prácticas adicionales, así como la de atender a las demandas específicas de las organizaciones de mujeres estudiantes en los planteles del bachillerato y las facultades universitarias. Por ahora ese es el estado de la cuestión. No es fácil anticipar su horizonte y desenlace, sobre todo por su intersección con expresiones de protesta mucho más violentas, centradas en la ocupación de espacios universitarios.

En tal contexto, es de interés la pregunta ¿la violencia de género es la única y principal expresión de las desigualdades entre hombre y mujeres en el ámbito universitario? La respuesta, desafortunadamente, es negativa. La desigualdad de género tiene múltiples dimensiones y se expresa en prácticamente la totalidad de los aspectos de la vida universitaria. Más aun ¿qué se está haciendo para avanzar hacia una nueva condición, en la cual la distribución de las oportunidades para el desarrollo de las estudiantes y las académicas sea en efecto equitativa? En realidad, muy poco.

Un objetivo a la vez deseable y factible propondría una universidad con perspectiva de género. Al decir “universidad” se engloba aquí tanto a las instituciones universitarias propiamente tales como al resto de las instituciones de educación superior, lo que incluye a las de vocación tecnológica y a las correspondientes al sistema privado. ¿Cómo abordar la cuestión si se acepta el propósito general?

Una de las vías de acceso al tema es considerar la experiencia internacional en la materia. A partir de la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Nairobi en 1985 se adoptó la denominación “gender mainstreaming”, traducida como transversalización de género, enfoque integrado de género, y convencionalmente como perspectiva de género. El enfoque correspondiente, según la propia declaración de Nairobi, implica que la formulación de políticas públicas y acciones institucionales toma en cuenta los intereses y preocupaciones de mujeres y hombres con respecto a determinado ámbito social, económico, político, educativo o cultural. Con base en dicho enfoque varias universidades, algunas del mundo desarrollado y otras de países de desarrollo intermedio, han planteado agendas de transformación que vale la pena tomar en cuenta, no solo desde el punto de vista de su orientación social, sino también de las experiencias y resultados logrados.

Un reporte sintético del tema, centrado en el área europea, se publicó recientemente con el título “Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training”, como uno de los reportes finales del proyecto “Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training” (PLOTINA). Este proyecto fue financiado con fondos de la Unión Europea al corresponder al programa general Horizonte 2020 y consistió en la formación de un consorcio universitario integrado por ocho instituciones: la Universidad de Bolonia (Italia), coordinadora del proyecto, la Universidad de Warwick (Reino Unido), Mondragon Unibertsitatea (Euskal Herria), Instituto Superior de Economia e Gestao (Portugal), Kemijski Institut (Eslovenia), Ozyegin Universitesi (Turquía), Zentrum fur Soziale Innovation GMBH (Austria), Jump Forum (Bélgica), Centro Studi Progetto Donna e Diversity MGMT (Italia) y Elhuyar (Euskal Herria). El objetivo del mismo consistió en desarrollar una diversidad de proyectos enfocados, todos ellos, al diseño e instrumentación de herramientas para apoyar, en el terreno de las prácticas, las políticas institucionales respectivas en favor de la equidad de género.

Las áreas de exploración del proyecto fueron: Órganos de gobierno, actores clave y tomadores de decisiones; reclutamiento, progresión profesional y retención; integración laboral y de la vida personal; investigadores e investigación: igualdad de género y perspectiva de sexo y género; integración de la dimensión sexual y de género en el currículo universitario.

En este marco, destaca la política institucional de la Universidad de Bolonia en la materia. Esta universidad la más antigua del mundo, decidió en 2014 convertirse en una institución con perspectiva integral de género. Como primera medida formó el Comité de Garantía para la igualdad de oportunidades, el bienestar de los trabajadores académicos y la no discriminación laboral (CUG). Las medidas adoptadas -normativas, prácticas y de renovación de procesos- han sido múltiples, comprenden las áreas de ingreso y trayectoria de alumnos, bienestar estudiantil, paridad de género en el gobierno universitario, la administración y los órganos de evaluación del trabajo académico. Los reportes anuales del programa están disponibles en la página web de la institución.

 

¿A poco no valdría la pena hacer algo equivalente en nuestro contexto?

Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/por-una-universidad-con-perspectiva-de-genero/

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El asedio a la ciencia

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

Es llamativo que tres gobiernos latinoamericanos, Brasil, Argentina y México, con distinto signo ideológico, coincidan en limitar la inversión pública en investigación científica y desarrollo tecnológico. En los tres casos se ha puesto en riesgo la estabilidad de las instituciones promotoras, se han reducido los fondos públicos para proyectos de investigación, e inhibido el acceso de las nuevas generaciones de científicos a los centros e institutos de producción de ciencia y tecnología.

Jair Messias Bolsonaro tomó posesión de la presidencia de Brasil el primer día de este año. Militar, conservador y proveniente de la derecha política brasileña, desde las primeras semanas de su gobierno anunció recortes drásticos al gasto burocrático, eliminación de subsidios a organizaciones no gubernamentales, reducción a partidas de gasto social, a la inversión pública en ciencia y tecnología, y más recientemente al presupuesto para las instituciones de educación superior.

El 29 de marzo del presente Bolsonario decretó un recorte de cuarenta por ciento al presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación (MCTI). Tal presupuesto sería el menor desde 2006, además contravenía su propuesta de campaña según la cual en Brasil se duplicaría la inversión pública en el sector para alcanzar un monto correspondiente al tres por ciento del producto interno bruto. (Fuente: Folha de S.Paulo, 12 de noviembre 2018).

El 10 de mayo más de cincuenta representantes de instituciones de investigación y asociaciones científicas se reunieron con el titular del MCTI para discutir posibles alternativas al recorte. Aunque el ministro Marcos Pontes no garantizó una reposición, ofreció posibilidades de restructura del gasto para atender las prioridades que se decidan de común acuerdo con las instituciones. (Fuente: Agencia Brasil).
En días pasados, el anuncio de nuevos recortes sobre el presupuesto educativo así como la declaración de posibles limitaciones al régimen de autonomía universitaria, dio lugar a una ola de protestas en las principales ciudades del país. Bolsonaro afirmó: “Son idiotas útiles, imbéciles, que se dejan utilizar como masa de maniobra de una pequeña minoría inteligente que conforma el núcleo de universidades federales en Brasil.” (Fuente: Agencia Reuters).

Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2015, después de haber sido jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tras derrotar a Daniel Scioli, candidato peronista. Macri abanderó a la coalición Cambiemos, ubicada al centro-derecha del espectro político argentino. Macri se comprometió en campaña a apoyar decididamente la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El 30 de octubre de 2015 afirmó que duplicaría el gasto público correspondiente.
En días recientes se dio a conocer que de 2,597 científicos argentinos que cubrieron requisitos para ingresar como investigadores al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), únicamente se aprobaron 450 solicitudes. Este año, último del gobierno de Macri, la desinversión en los programas del Ministerio de Ciencia y Técnica se estima en 32 por ciento (Fuente: portal Perfil).

Andrés Manuel López Obrador inició su periodo presidencial el primero de diciembre de 2018. En el tercer debate televisado entre candidatos a la presidencia (12 de junio 2018) afirmó que destinaría más recursos a ciencia y tecnología para revertir el retroceso de esas actividades. En sus palabras, “Necesitamos avanzar; en el Índice Global de Innovación: en 2007 teníamos el lugar 37 en el mundo y en el 2017 el lugar 58, es decir hemos retrocedido como en todo.” (Fuente, MILENIO, 13 de junio 2018).

Sin embargo, en el presupuesto para 2019, en el que intervino el equipo de transición del presidente electo, redujo la asignación para el Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al sector científico y tecnológico, un 13.6 por ciento respecto al aprobado el año previo. A este recorte se habría de agregar el estancamiento del gasto para las universidades públicas autónomas y una importante disminución del presupuesto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del orden de dos mil 299 millones pesos menos en comparación con el aprobado en 2018.

Para empeorar el panorama, las medidas de austeridad decretadas por el actual gobierno a través de memorándums, en particular el del 3 de mayo de 2019 que anuncia la suspensión de “bonos, prestaciones y privilegios” comienzan a tener efecto sobre las plantas de investigación de los centros de investigación y las instituciones de educación superior no autónomas. Aunque múltiples voces de la comunidad científica han advertido los riesgos de las medidas, el gobierno no ha mostrado suficiente sensibilidad a sus demandas.

No son iguales las políticas de Bolsonario, Macri y López Obrador. Pero coinciden en un punto: el desarrollo de la ciencia y la tecnología no es prioridad.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-asedio-a-la-ciencia/

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Derecho a la educación

Roberto Rodriguez

México / 26 de mayo de 2019 / Autor: Roberto Rodríguez / Fuente: Educación Futura

El artículo tercero de la Constitución comienza así: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación.” Pero va a cambiar una vez que se decrete la reforma educativa en trámite. Entonces dirá “Toda persona tiene derecho a la educación”. Parece un cambio mínimo de redacción y ha pasado prácticamente desapercibido en la discusión parlamentaria y en los debates en medios y redes a propósito de la reforma. Pero no es así, la nueva formulación implica un cambio trascendente en la base conceptual del derecho educativo mexicano y tiene consecuencias.

Parece mentira, pero hasta la reforma de 1993 este artículo no declaraba expresamente quién era el beneficiario de la obligación del Estado de impartir educación. Se daba por entendido que, al formar parte del título de Garantías Individuales de la Carta, el derecho a la educación amparaba a todos. La iniciativa enviada al Congreso por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari optó para la declaración expresa, aunque originalmente limitada a “todos los mexicanos”. El Congreso modificó la expresión “mexicanos” por la de “individuos” ampliando el alcance de la disposición, aunque mantuvo la limitación establecida por el término “recibir educación”. Es decir, que el derecho a la educación quedaba definido a partir de la garantía de recibirla por parte del Estado y solo eso.

El texto de nuestra primera Constitución Política (1857) enunciaba “La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con que requisitos se deben expedir.” (Art. 3ro.). Habrá quien extrañe esta concisión y su espíritu liberal, pero la primera formulación del derecho educativo constitucional no garantizaba el acceso de las personas a las escuelas ni obligaba al Estado a impartirla con un enfoque determinado. La Constitución de 1917 mantuvo el espíritu liberal, aunque se concentró en introducir el principio general de laicidad: “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.”

En octubre de 1934 se aprobó un cambio constitucional de gran envergadura para el campo educativo. No había iniciado el sexenio de Lázaro Cárdenas, pero desde su candidatura se había pronunciado por impulsar la educación socialista. El Congreso favoreció su propuesta y modificó la redacción del artículo, cuyo primer párrafo indicaba: “La educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.”

Fue breve la etapa de la educación socialista (1933-1945). Al inicio de la presidencia de Miguel Alemán se publicó una nueva reforma, que modificaba a fondo el enfoque y la redacción de la previa. El cambio fue propuesto por el gobierno de Manuel Ávila Camacho y acordado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE fundado en 1943. La redacción final de la iniciativa, obra de Jaime Torres Bodet, diría en su primer párrafo: “La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.” En 1993 se adoptó la redacción que por primera vez reconocía a “todos los individuos” como titulares del derecho educativo, y la reforma de 2013 al inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, dejó intocada esa formulación.

¿Qué implica la modificación que incorpora la reforma al artículo Tercero a punto de aprobarse? En primer lugar, quizás lo más importante, lo que declara el dictamen de las comisiones unidas de Puntos constitucionales, Educación y Estudios legislativos del Senado: “Las dictaminadoras estiman que el reconocimiento en la Constitución debe ser expresado como el derecho a la educación, el cual debe ser de manera plena y efectiva, por lo que consideran eliminar la referencia que esta prerrogativa sea solo a recibir el servicio público, sino de manera general al derecho reconocido.” (pág. 509).

El “derecho reconocido” al que se refieren las comisiones de la cámara alta es el conjunto de principios, fines y criterios que se incorporan al artículo, incluido el derecho a la participación en la dinámica educativa. También es de interés la sustitución del término “individuo” por el de “persona”, un poco por aquello del lenguaje no sexista y otro poco porque “persona”, a diferencia de “individuo”, es propio del ser humano.

En 2011 se reformó la Constitución para incorporar en ella el enfoque de derechos humanos sustituyendo el de garantías individuales. Esta modificación, en cierto modo un cambio paradigmático, implica: la incorporación de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en calidad de derechos constitucionales; el principio pro-persona en la interpretación del texto constitucional y normas secundarias; y la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

La nueva redacción guarda armonía con el derecho internacional sustantivo. En primer lugar, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU), cuyo artículo 26 señala: “Toda persona tiene derecho a la educación”, redacción que se replica, para la infancia, en el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño (Unicef): “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación.”
En resumen: quedó mejor, mucho mejor.

Fuente del Artículo:

Derecho a la educación

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Derecho a la educación

ove/mahv

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Luces de la reforma: Educación superior, ciencia y tecnología

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

Aprobada en la cámara de Diputados en lo general y en lo particular, y en el Senado únicamente en lo general, la reforma de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución deberá continuar el proceso legislativo correspondiente antes de su promulgación. La votación de las reservas planteados por Senadores en la sesión del 30 mayo, último día del periodo ordinario de sesiones, cambió el panorama del trámite legislativo. Se suponía que, al igual que en el congreso de los diputados, en la cámara alta la iniciativa pasaría sin mayores dificultades. Pero no fue así. El paquete de reservas de los senadores deberá trasladarse ahora a la cámara de diputados, votarse, remitirse el resultado a la cámara revisora y volverse a votar en ella. Hasta ese momento podrá enviarse el dictamen final a los congresos estatales, y cuando se logren 17 aprobaciones remitirse al titular del poder ejecutivo para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Todo ello fuera en el periodo extraordinario que se acuerde.

En ese panorama conviene hacer algunas precisiones sobre el proceso en que ha transcurrido la reforma. La iniciativa presidencial fue entregada al Congreso el 12 de diciembre del año pasado. Esta fue ampliamente modificada por la negociación entre los partidos de oposición, el partido mayoritario en la legislatura federal y las autoridades educativas, el texto final dejó insatisfechos a dos colectivos. Por un lado, al Partido Acción Nacional cuyos legisladores votaron contra la reforma al considerar que el texto final deja abierta la puerta para que la contratación y promoción del personal docente de la educación básica proceda a través de criterios y mecanismos ajenos al mérito académico. Por el otro, a algunos legisladores de Morena afines a la CNTE que aprecian que la reforma fue insuficiente para satisfacer las demandas de su organización en materia de gestión laboral del trabajo docente. La posición de la CNTE fue respaldada por algunos académicos, intelectuales y periodistas.

El 28 de abril, el presidente fustigó a ambos grupos al señalar que “ahora unos maestros se opusieron, fíjense, a la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados y votaron, algunos diputados maestros, igual que como votaron los diputados de los partidos conservadores, ahí se unieron con los fifís” (Reporte Índigo, 28 de abril 2019). La reacción del PAN, de los diputados afines a la CNTE y de la mayor parte de los comentaristas de la reforma se ha centrado en el punto de mayor tensión en el debate legislativo: ¿cómo se va a controlar el ingreso y la promoción de los nombramientos docentes?
Esta justificada preocupación ha impedido advertir a la opinión pública y a los propios legisladores varios temas que la reforma constitucional resuelve satisfactoriamente. Es el caso de la normativa aplicable a la educación superior y al sistema de ciencia, tecnología e innovación que se incluye en ésta. Cabe advertir que la iniciativa presidencial, además de sustraer en el proyecto la fracción VII del artículo Tercero, que incluye las garantías constitucionales a la autonomía universitaria, establecía principios de obligatoriedad y gratuidad aplicables a la educación superior.

A instancias de la Red Educación Derechos, cuya plataforma de Mantener Mejorar e Innovar (MMI) fue adoptada por el bloque parlamentario opositor, además de insistir en la recuperación de dicha fracción, se logró incluir una nueva fracción, la décima, que precisa el alcance de la obligatoriedad. El texto aprobado quedó como sigue:

“X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.”

Esa redacción establece con claridad que la obligatoriedad referente a la educación superior es para el Estado y no para los individuos. Precisa además la obligación de autoridades de la federación y los estados de establecer políticas para fomentar el acceso, permanencia y continuidad de los estudiantes en ese ciclo de estudios. Esta fracción se complementa con un artículo transitorio (el quinceavo en la lista correspondiente) en que se establece el mandato de reservar recursos suficientes para que pueda cumplirse el ordenamiento de la fracción citada:

“Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de la fracción VIII del artículo 3o. de esta Constitución. Asimismo, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos crecientes para la prestación de estos servicios y la plurianualidad en la infraestructura.”

Por otra parte, el texto de la reforma estableció un nuevo derecho, de la mayor relevancia para el sistema de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del país. Se trata de la fracción V del artículo, que establece que:

“Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”
En la sección de artículos transitorios, tanto para la educación superior como también para el sistema de ciencia y tecnología, queda fijada la obligación del poder legislativo de procesar nuevas leyes en la materia, es decir una ley general de educación superior, de la que carecemos hasta el momento, y una ley general de ciencia tecnología y educación. Según el artículo sexto transitorio, ambas deben ser expedidas en el año 2020.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/luces-de-la-reforma-educacion-superior-ciencia-y-tecnologia/

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La evaluación antes, durante y después del INEE (Cuarta parte)

Roberto Rodriguez

por: Roberto Rodríguez

En México la evaluación de los componentes del sistema nacional educativo entró al escenario de las políticas educativas a partir de los años setenta del siglo pasado, de la mano de la implantación de nuevos enfoques e instrumentos para la planeación y control del sector.

Hay, sin embargo, antecedentes más remotos que vale la pena comentar. En la Ley Orgánica de Educación de 1939, publicada el último año de la presidencia de Lázaro Cárdenas (3 de febrero de 1940), se atribuía al Consejo Nacional de Educación, dependiente de la SEP, “el estudio de la función educativa en sus variados aspectos, fenómenos y problemas, con miras a precisar los mejores métodos y formas de dirección y orientación técnica” (Artículo 92). Además, se establecían, como facultades del Estado, “convocar periódicamente a congresos pedagógicos en los cuales se discutan los problemas educativos del país; enviar al extranjero comisiones de maestros, cuidadosamente seleccionados, para que vayan a estudiar los problemas educativos de otros países y traigan las innovaciones más aventajadas que al respecto encuentren… y establecer un intercambio con los demás países, de estudiantes y profesionistas, con el objeto de conocer y aprovechar su legislación escolar y orientaciones en materia educativa” (Artículo 8).

Esta norma duró muy poco tiempo: el último día de 1941 fue reemplazada por la Ley Orgánica de Educación Pública, expedida por Manuel Ávila Camacho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1942. En ella, en reemplazo del órgano consultivo previsto en la norma previa, se anunciaba la creación del Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) con, entre otras funciones, las de “proyectar o estudiar los planes, programas de estudios y métodos de enseñanza comunes para toda la República; estudiar la organización y administración de los distintos tipos de enseñanza, los sistemas de estimación de resultados de la labor educativa, el perfeccionamiento técnico profesional del magisterio, los calendarios escolares, los libros de texto, las bases para la clasificación y promoción de alumnos y demás problemas generales, de orden técnico de la educación, y presentar a la SEP o a las Entidades Federativas, proyectos acerca de (esos) asuntos” (Artículo 119). Se daba a dicho Consejo la “facultad de recabar de las diversas dependencias de la SEP o de los Gobiernos de los Estados, las informaciones que juzgue necesarias para el mejor desarrollo de sus labores” (Artículo 120).

Aunque las tareas del CONALTE se indicaron desde el inicio de los años cuarenta, el órgano iniciaría sus tareas hasta la década siguiente, durante el sexenio del presidente Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958). Su sucesor, Adolfo López Mateos (1958-1964), designó a Jaime Torres Bodet secretario de Educación Pública. Torres Bodet había ocupado el mismo puesto en la segunda mitad del sexenio de Ávila Camacho (1940-1946), posteriormente fue designado director general de UNESCO, puesto que ocupó de 1948 a 1952 y que le brindó conocimientos, experiencia y contactos suficientes para emprender un proyecto renovador del sistema educativo. Uno de los proyectos emblemáticos de su segunda gestión al frente de la SEP fue el denominado Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, popularizado como “plan de once años”, encargado, desde el inicio mismo del sexenio a una “Comisión para estudiar un plan para resolver el problema de la Educación Primaria”.

El primer problema que enfrentó la Comisión fue la inexistencia de datos confiables sobre la población escolar y docente de la época. Por tanto, se solicitó a la Secretaría de Industria y Comercio, encabezada por Raúl Salinas Lozano, elaborar un estudio específico acerca de la demografía del sistema, con el propósito de identificar las principales carencias y proyectar las posibles formas de intervención. Dicho estudio fue realizado por el Departamento de Muestreo de la Secretaría y se tituló “Investigación Nacional de Niños de 6 a 14 años”. Se entregaron primeros resultados en 1960 y una memoria general fue publicada en agosto de 1961. Sobre la base de dicho estudio la SEP de ese sexenio y el siguiente perfilaron la política de universalización de la educación primaria.

Aunque la estadística educativa no era, en absoluto, un tema desconocido en México (tómese como ejemplo el clásico “La Instrucción Pública en México. Estado que guardan la instrucción primaria, la secundaria y la profesional en la República. Progresos realizados, mejoras que deben introducirse, informe elaborado por José Díaz Covarrubias, publicado en 1875), la idea de sustentar en evidencias objetivas propósitos de planeación y diseño de políticas encuentran en los trabajos en torno al Plan de Once Años un referente de primera importancia. Un método similar sería seguido, en los años sesenta y en la década siguiente, para estimar la demanda de bachillerato y educación superior, aunque en tales estudios y proyecciones la ANUIES asumiría la responsabilidad principal. Ejemplo de esta tendencia, el “Estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior y nivel superior (primer ingreso) en el país y proposiciones para su solución”, ANUIES, 1973.

En 1973, como parte de la Reforma Educativa del presidente Luis Echeverría Álvarez, se promulgó la Ley Federal de Educación (DOF, 20 de noviembre de 1973). En ella, por primera vez, vemos aparecer el concepto de “evaluación” como parte de las responsabilidades de las autoridades educativas. En el artículo 7 de la norma se indica que estas “deberán, periódicamente, evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los servicios educativos”. En consecuencia, la SEP asumirá responsabilidades específicas de evaluación del sistema. De lo ocurrido en esa década y las siguientes nos ocuparemos en la próxima entrega.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-evaluacion-antes-durante-y-despues-del-inee-primera-parte/

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Una propuesta: Quítenle la “P” a la SEP

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

Y que se denomine Secretaría de Educación a secas. Por dos razones: primera, para unificar el título de la máxima autoridad educativa del país a la denominación que se emplea en prácticamente todos los países. La segunda razón es de fondo y consiste en la importancia de desarrollar un marco normativo unificado para el sistema de educación en su conjunto, lo que incluye al sector público y al privado.

Al revisar la denominación de los ministerios, secretarías o departamentos de Estado en América Latina saltan a la vista dos aspectos. En primer lugar, sin excepción la autoridad educativa de jurisdicción nacional tiene rango ministerial. En cabio, en México se optó, desde el siglo XIX, por organizar la administración pública federal a través de secretarías encargadas del despacho de las facultades del poder ejecutivo. En segundo lugar, salvo los casos de Costa Rica y Honduras, que cuentan con ministerios de Educación Pública, en los demás países de la región el adjetivo de “pública” se ha excluido. Así, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú y República Dominicana, la denominación es Ministerio de Educación. Luego hay algunas variantes: en Argentina se denomina al órgano correspondiente Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; en Uruguay Ministerio de Educación y Cultura; en Paraguay Ministerio de Educación y Ciencias; y en Nicaragua Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

En los países europeos ocurre algo similar, es decir que casi todos los países cuentan con un Ministerio de Educación, también con algunas variantes: En Francia y Polonia se llama Ministerio de Educación Nacional; en Italia Ministerio de Educación, Universidad e Investigación; en Alemania Ministerio Federal de Educación e Investigación; en España Ministerio de Educación y Formación Profesional. En otras latitudes, Japón, por ejemplo, la autoridad educativa del ejecutivo se denomina Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, mientras que en India Ministerio para el Desarrollo de Recursos Humanos. Y así, sucesivamente. Pero “de Educación Pública” en muy contados casos. ¿No sería hora de ponernos al día?

Hay desde luego una impronta histórica en este tema, tiene que ver con la separación entre la Iglesia y el Estado en México. Hasta 1861, en la antesala de la restauración republicana de Juárez, la instancia correspondiente se llamaba Secretaría de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública (1853 a 1861). De 1861 a 1891 Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, de 1891 a 1905 Secretaría de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes, y por fin, de 1905 a 1910, con Justo Sierra como titular, Secretaría de Instrucción Pública.

El primer experimento “federalista” en la etapa posrevolucionaria entregó a los municipios la autoridad educativa, lo que dio lugar a una ineficiente e inequitativa distribución de la acción pública en la materia. La solución de Vasconcelos, plasmada en la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, corrigió el estado de cosas, pero heredó la separación “público” y “privado” en el ámbito educativo. Y así prevaleció… hasta la fecha.

Sería un error plantear que las instituciones educativas del sector privado en México están fuera de la regulación. No es así, tanto la Constitución como la Ley General de Educación establecen disposiciones y requisitos básicos para autorizar la oferta educativa privada. Sin embargo, algunos elementos fundamentales de la operación de proveedores particulares han quedado en reglas de nivel inferior, es decir el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que, para todos los efectos formales y prácticos, no es sino un acuerdo secretarial susceptible de ser modificado sin que el poder legislativo delibere al respecto.

¿No sería buena idea incorporar en las normas de la federación y los estados la totalidad de elementos regulatorios de la educación privada? Una acción en este sentido permitiría al poder legislativo revisar el régimen de autorización y operación de dicho sector. Sería conveniente, entre otros aspectos, para brindar seguridad y certeza a los proveedores participantes, seguridad y certeza a las familias y a los estudiantes que consumen los servicios particulares, al sector de empleadores y a la sociedad en general.

Al fin y al cabo, los servicios educativos son de interés público, ya sea que los proporcione el Estado o los particulares, y por eso urge una revisión a profundidad del tema. Por eso, una señal inequívoca en esa dirección sería quitarle la “P” a la SEP.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/una-propuesta-quitenle-la-p-a-la-sep/

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Transformación educativa: El reto de conciliar voluntades

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

En política uno de los mayores desafíos, si no es que el principal, consiste en la posibilidad de conciliar voluntades e intereses en torno a un determinado conjunto de propuestas, programas o proyectos de acción gubernamental. Que una política pública consiga ser calificada como legítima depende de la solución que se alcance para tal desafío. No es sencillo, por supuesto, porque con frecuencia los intereses en juego se oponen entre sí, como al parecer es el caso del futuro de la reforma educativa y de su eventual reemplazo por otra fórmula de transformación, aún por dilucidar.

La solución de imponer un proyecto de cambio por vía del acuerdo interpartidario, como fue el caso de la reforma normativa de 2012-2013 tuvo una efectividad limitada si se mide en términos de su aceptación por lo protagonistas centrales, los maestros. La imposición de la reforma, además de haber abiertos espacios de confrontación y posturas encontradas, desgastó la autoridad gubernamental para avanzar con fluidez sobre otros aspectos de la problemática educativa nacional.

La opción de sujetar a procesos de negociación simple las nuevas propuestas del programa educativo, incluida la cancelación o modificación de la reforma, corre riesgos de suma cero: lo que unos ganan otros lo pierden. Como se identificó en algunas encuestas, la reforma implantada en el sexenio contó, en población abierta, con el mayor nivel de aprobación de las reformas estructurales propuestas. Es probable, en consecuencia, que la sola abrogación de la normativa básica de la reforma educativa produjera aceptación entre los críticos más radicales pero también rechazo en un sector amplio de la población interesada. Peor aún, que fuera esta medida calificada como un retroceso.

Si el gobierno entrante consigue asegurar políticamente el planteamiento, que ya circula en el equipo de transición, de que la mejor opción es revisar y en su caso replantear, corregir y mejorar el enfoque de la reforma, en especial la evaluación de docentes y estudiantes en los niveles obligatorios del sistema educativo, las posibilidades de conseguir legitimidad, que no consenso, mejoran considerablemente.

Sin embargo, hasta ahora se han mantenido en el escenario las dos posibilidades: cancelar o reformar la reforma. Este dilema debe ser resuelto con prontitud para procesar las fórmulas de convocatoria, interacción y anticipación de resultados de la consulta que, todo parece indicar, se organizará para definir la ruta de acción gubernamental por venir.

Ya anunció Esteban Moctezuma, nominado por Andrés López Obrador como posible titular de la SEP en el próximo gabinete, que una nueva ley o un nuevo paquete normativo para gobernar el sistema de educación serán elaborados a través de una consulta social amplia. Lo que quiere decir, según sus palabras, “que van a participar los maestros, los padres de familia, las autoridades educativas, estatales y federales, los integrantes de los consejos de participación ciudadana en las escuelas, entre otros” (El Universal, 7 de julio 2018).

La idea es buena, pero tiene sus riesgos. Comenzando por los maestros, pues resulta que hay posiciones encontradas entre las organizaciones que los agremian. La CNTE ha dicho que la intención de “despenalizar” la reforma, o evitar los efectos punitivos de la evaluación docente, no responde a su demanda de cancelación. Ha señalado también que, a menos que proceda la abrogación, y la aprobación de su Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, así como el  Proyecto de Educación Alternativa en Chiapas, mantendrán y acrecentarán sus acciones de resistencia (Milenio, 9 de julio 2018).

La postura del SNTE al respecto es, por ahora, poco clara. Aunque el sindicato ha manifestado su intención de colaborar con el gobierno en su plan educativo, así como de interactuar con la autoridad educativa para identificar aquello que debe de modificarse en las normas, hasta ahora no se han manifestado sobre lo que debe permanecer y lo que tendría que modificarse. Los grupos afines a la anterior dirigencia sindical, la encabezada por Elba Esther Gordillo, hicieron pública su intención de generar una propuesta legislativa en que se eliminen los riesgos laborales de la evaluación docente.
Aparte, todo parece indicar que la diputación federal plurinominal a la que aspiraba el líder Juan Díaz de la Torre no se concretará en virtud de la votación obtenida por el PRI. Por ese factor, y por la aproximación del antiguo SNTE a la candidatura de López Obrador, es de anticiparse algún reacomodo en las filas sindicales, y en consecuencia posibles cambios en su posicionamiento ante la reforma del régimen por concluir. Habrá que ver.

Tampoco son un bloque uniforme las posturas de los especialistas e investigadores educativos sobre la reforma. Desde luego la apertura de un proceso ordenado de consulta puede abrir horizontes para un debate razonado, lo que también debiera ocurrir con respecto a las organizaciones sociales competentes. Pero no será tan sencillo en el espacio de las autoridades educativas estatales, en que ya están a la vista posiciones diferentes y en algunos aspectos contrarias. El que Morena haya conseguido gubernaturas en la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos, puede facilitar las cosas en estos estados, como también sus triunfos en la gran mayoría de las elecciones legislativas. Pero eso no puede evitar la tarea política de articular consensos.
No menos importante, la diversidad de opiniones al seno de Morena, algunas favorables a la alternativa radical y otras a la moderada. Pacificar el espacio educativo sin renunciar a su transformación tendría que ser el camino.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/transformacion-educativa-el-reto-de-conciliar-voluntades/

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