¡Sindicalicidio!

Por: Renán Vega Cantor

Hoy, martes 31 de Agoto, a las 6pm hora colombiana, fue el lanzamiento del primer libro de una serie de 20 que forman parte de la colección “Biblioteca Diego Motaña Cuéllar” con motivo del 100 aniversario de la creación de la Unión Sindical Obrera (USO), emblemático sindicato del sector petrolero y organización pionera del sindicalismo colombiano, nacida en Febrero de 1923. Este primer libro estará a cargo de Renán Vega Cantor, quien ha sido uno de los impulsores de este importante proyecto de memoria popular en tiempos de infamia. Teneos el honor de compartir la presentación de esta primera entrega.

Presentación

-“¿Y los obreros se dejan matar sin protestar?”

-Nada pueden hacer aunque protesten, dijo Pep… Tenemos la ‘Ley de la Matanza de Obreros’.

-Por supuesto me indigno la respuesta. Pero no solo Fael, el dueño de la casa, sino también Pep y Chack, encaraban el problema como lo más natural del mundo. Efectivamente, Chack sonrió y me habló en forma burlona.

-Después de todo, el Estado le ahorra al obrero la molestia de morir de hambre o de suicidarse. Se les hace oler un poco de gas venenoso, y de esta manera no sufren mucho.”

Rionosuke Akutagawa, “Kappa”, en Eduardo Stilman (Compilador), El humor negro. Antología de textos, Editorial Lozada, Buenos Aires, 2010,  p. 229 (Énfasis nuestro).

Este libro fue escrito a comienzos de 2012, fue publicado en forma virtual por el portal Rebelión y luego fue difundido por diversos medios digitales en distintos lugares del mundo. Hasta el momento era el único libro de mi autoría que no había sido impreso en papel y que circulaba solo en forma virtual. Ahora, ocho años después, lo damos a conocer como libro impreso, porque consideramos que si bien lo virtual facilita la difusión masiva e inmediata de un mensaje escrito (lo que permite llegar a un universo amplio de lectores de manera directa), tiene como desventaja que la consulta de ese material es circunstancial y efímera, porque al poco tiempo de figurar en la web esa información se pierde en el casi infinito mundo de la red virtual.

Si hablamos de los niveles de difusión, frente a lo virtual lo escrito no tendría mucho que hacer. Pero si pensamos en la permanencia a lo largo del tiempo, nada ha podido sustituir a la información en papel y por ello, pese a que de un libro se editen pocos ejemplares (1000 o menos), permanece más allá de lo inmediato. En el futuro, próximo o lejano, alguien de manera desprevenida descubre ese libro impreso en una biblioteca, en un anaquel, en una librería de segunda y de inmediato queda conectado con esa obra. Esa localización es más difícil en el insondable mundo de la web, donde prolifera información de toda índole. En ese sentido, consideramos que este libro debe quedar como testimonio impreso de un punto de vista que se expuso púbicamente en el momento adecuado respecto a asesinato de dirigentes sindicales en nuestro país. De ahí, justamente, el nombre de este libro: ¡Sindicalicidio!, un relato (poco imaginativo) de terrorismo laboral.

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El tema considerado en este libro no ha perdido vigencia, incluso su actualidad se ha multiplicado dolorosamente porque en Colombia además de perseguir y asesinar sindicalistas, se continúa matando sin tregua a aquellos hombres y mujeres que tengan algún rol destacado en términos de liderazgo social o político, y encarnen algún ideal crítico o alternativo a nuestro capitalismo salvaje. Además, el personaje principal que se nombra en este escrito, Angelino Garzón, se niega a desaparecer del escenario histórico, actuando a nombre de los uribeños, como ha sucedido a finales de 2019, cuando fue llamado de su cargo de Embajador en El Salvador, para desempeñarse como pretendido mediador del régimen de Iván Duque en el Paro Nacional, con la intención de ser el bombero destinado a apagar el incendio social que se activó en Colombia los últimos meses de ese año. Al fin y al cabo, Angelino Garzón personifica una afirmación burlona de vieja data, que apareció en una revista humorística de Bogotá a principios de la década de 1920 y que parafraseamos libremente: Fue incendiario a los veinte años, bombero a los cuarenta y. ahora, que tiene setenta años está incinerado en vida, antes de que en poco tiempo quemen sus restos. Esta misma idea casi en forma textual fue presentada en la viñeta titulada El Bombero por el humorista español Chumy Chumez (1927-2003), tal y como se aprecia en el dibujo.

Lo lamentable no radica solamente en esa historia de bombero, sobre los que tantos ejemplos tenemos en la vida colombiana, sino en otro hecho más de fondo: es como si la historia colombiana se repitiera de manera interminable, y no solo dos veces como lo dijo Marx en 1852, la primera como tragedia y la segunda como comedia. No, acá la historia se repite mil veces como tragedia, aunque algunos de los protagonistas no pasen de ser payasos de quinta categoría y nunca lleguen a tener consciencia, o se nieguen a aceptar su ridículo papel, como sucede con el mencionado personaje.

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Este escrito se originó en la indignación que me produjo una noticia, difundida a comienzos de 2012: la postulación oficial  de Colombia para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), máxima instancia laboral de las Naciones Unidas, y quien encarnaba esa designación era Angelino Garzón. Fue doble la indignación que esto me generó, tanto por el cinismo del gobierno de Juan Manuel Santos de querer ocupar el principal cargo burocrático del trabajo en el mundo, como por el personaje postulado para desempeñarlo, un individuo sin principios que ha pasado por todo el espectro político nacional, desde militante del Partido Comunista hasta seguidor incondicional del uribeño Centro Demoniaco.

A raíz de eso, durante tres semanas me embarque de manera obsesiva en escribir este texto, que debía estar listo antes de la fecha señalada para escoger al nuevo Director General de la OIT. En esa medida, el libro quería denunciar el nefato papel que en materia sindical y laboral han desempeñado el Estado colombiano y las clases dominantes, y mostrar el cinismo implícito en la simple postulación de un individuo que había convertido el sindicalismo (lo cual es una característica de cierta burocracia sindical) en un trampolín de ascenso social, para reafirmar su arribismo, valiéndose de su antigua militancia en organizaciones de izquierda, y terminar confortablemente instalado en la extrema derecha, genocida y criminal.

La postulación de Colombia a dirigir la OIT era como si El Vaticano se propusiera regir los destinos de los niños sometidos a pedofilia, ocupando la presidencia de algún congreso internacional de maltrato infantil; o como si el Brasil de Jair Bolsonaro quisiera presidir una instancia encargada de denunciar los incendios en la selva amazónica; o como si los Estados Unidos (de Obama, de Trump) presidieran un encuentro internacional contra el asesinato de Estado, cuando ese país lo lleva a cabo diariamente, como se comprobó el 3 de enero de 2020 con la cobarde masacre del general de Irán Qasem Soleimani y ocho acompañantes.

Esa postulación solo podía ser un resultado del cinismo y del descaro del bloque de poder contrainsurgente en Colombia, para querer lavar su imagen de terrorismo laboral, bien labrada durante los últimos 60 años. Tal descaro ameritaba por lo menos la denuncia indignada y eso fue lo que hicimos en el momento adecuado. La denuncia tuvo gran difusión, puesto que el texto circuló ampliamente, tanto en Colombia como en el exterior, lo que contribuyó a mostrar la terrible situación que afrontaban (y afrontan) los trabajadores colombianos.

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Ante la terrible situación de persecución a los sindicalistas y el mal chiste que significaba la pretensión del gobierno de Juan Manuel Santos y de su vice-presidente, Angelino Garzón, de treparse a la dirección de la OIT estuve buscando un estilo propio de escribir el libro. Y al final escogí, para romper con el lenguaje frío y sin alma del mundo académico convencional, un tono sarcástico e irónico, porque pese a la seriedad del asunto, no de otra forma podría presentarse el cinismo implícito en la decisión del gobierno colombiano de querer regir la OIT.

Así las cosas, el texto fue escrito en primera persona como un memorando burocrático de aquellos que escriben los gobiernos cuando promueven su candidatura a algún cargo internacional. Y, por supuesto, había que mostrar las ventajas comparativas y absolutas que en materia laboral podían mostrar el Estado colombiano y las clases dominantes de estos lares. ¿Y cuáles podían ser? En rigor y verídicamente ninguna, pero como la verdad es lo que menos interesa a la hora de encontrar respaldo de la “comunidad internacional”, se debe hacer gala de los crímenes, atropellos, violaciones de derechos humanos de que es capaz un Estado. Y en esa perspectiva, había que recalcar las originales contribuciones criollas a la historia universal de la infamia laboral, y vaya que son numerosas, en términos de flexibilización, precarización, violación de derechos sindicales y laborales, materias todas en las que las clases dominantes y el Estado tienen una notable trayectoria delictiva y gozan de plena impunidad.

Sin decir mentiras, ni simular, ni utilizar  eufemismos, el modelo laboral que sueña el capitalismo mundial es el que se ha implementado en Colombia y, en consecuencia, había que destacar sus “virtudes” y recalcar las contribuciones criollas a violación de derechos laborales, como lo atestigua la aterradora cifra de asesinato de sindicalistas, terreno en el que ocupamos, sin ninguna discusión, el primer lugar a nivel mundial, desde el momento en que a mediados de la década de 1980 se empezaron a llevar estadísticas comparativas sobre ese asunto. Acá, en nuestro país sí que aparecen como terriblemente ciertas las palabras de Federico Engels, escritas hace un poco más de 170 años: “La burguesía proclama que los obreros no son antagonistas comunes a los que deben vencer, sino enemigos de la sociedad que deben ser exterminados[1].

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El estilo escogido en este libro se basa en grandes obras, recientes y distantes, del humor negro universal. De esas obras, de las que tanto he aprendido, he intentado asimilar el sarcasmo, la burla, la sátira, porque al fin y al cabo, pese a todo, no podemos dejar que los opresores nos quiten la risa. Y esa capacidad de reírnos, de todo hasta de nosotros mismos, nos permite sobrevivir en este terrible país del sagrado corazón de Jesús. En concordancia, para redactar este libro había que recurrir al humor negro, para desnudar la simulación, la perfidia y el cinismo implícitos en la postulación de Angelino Garzón a la Dirección de la OIT.

Esta es una forma de develar el cinismo del Estado y de las clases dominantes de Colombia, como en estos momentos lo reafirma Fedegan que, en asocio con el Centro de Amnesia Histórica, grita a los cuatro vientos que ellos no han sido responsables de la violencia en Colombia sino solo víctimas, porque son como unas mansas ovejas, que nunca habrían participado en la organización y financiación de los grupos de asesinos para-estatales que tanto dolor han producido en este país.

Con humor se trataba de descubrir el manto del descaro y la impunidad que recubre las actuaciones criminales del Estado en lo relativo al sindicalismo. Y por eso escogimos un estilo sarcástico a la hora de escribir este libro.

El sarcasmo no se opone al rigor y la exactitud sobre las informaciones proporcionadas en el libro. En este sentido, el relato burlón no es una simple invención, sino que está respaldado con informaciones precisas, respaldadas documentalmente. Esa información se cita, a menudo, en forma textual, con referencias bibliográficas o se presenta en los recuadros que ilustran el texto.

Y este estilo lo hemos adoptado porque hemos querido escribir una especie de parodia, a partir de acontecimientos reales, claramente documentados, que presentamos de manera libre pero con una gran dosis de sarcasmo, tratando de reproducir el mensaje que en forma franca, y no simulada, intentaría transmitir aquel vocero de las clases dominantes que legitima la violencia y la represión contra los trabajadores.

Un libro que nos ha inspirado de manera directa es El Informe Lugano de Sugan George, en el cual se presenta el punto de vista de las clases dominantes sobre el control demográfico a nivel mundial, a la manera de un memorándum frio y calculador[2]. Más lejos, el escrito de Jonathan Swift Una modesta proposición… juega con la idea que para reducir los niños pobres la mejor solución es convertirlos en una deliciosa cena[3]. Y, con relación a nuestro tema, el escritor japonés Ryunosuke Akautagawa (1892-1927) en un desconocido de comienzos del siglo XX vislumbró el asesinato de trabajadores, igualmente devorados como en la parodia de Swift, por parte de los empresarios capitalistas[4].

En nuestro caso, el intento de ocupar la dirección de la OIT debía mostrar los originales aportes criollos en materia laboral, para lo cual se exaltó la criminalización de los sindicatos y el asesinato de dirigentes sindicales como adecuados instrumentos para crear un mercado de trabajo abierto y competitivo, el que tanto necesita el capitalismo mundial.

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La presente edición se ha mantenido sin modificaciones sustanciales, solamente se han hecho pequeños ajustes de estilo y correcciones mínimas de redacción. El texto se acompaña con fotos y caricaturas alusivas a los sucesos y o personajes que se nombran, con la finalidad de ilustrar y de documentar gráficamente los temas que se tratan con más detalle en cada capítulo.

Para escribir este libro he contado con la fraterna colaboración de Luz Ángela Núñez Espinel, cuya ternura y solidaridad son invaluables en tiempos tan sombríos.

¡Sindicalicidio! es un homenaje sentido que le rendimos a los trabajadores y dirigentes sindicales que han sido asesinados, perseguidos u obligados a exiliarse, como resultado de la acción genocida del terrorismo de Estado que impera en nuestro país.

Notas

[1]. Friedrich Engels, junio 28 de 1848, citado en Kristin Ross, Lujo comunal. El imaginario político de La Comuna de París, Editorial Akal, Madrid, 2016, p. 100.

[2]. Susan George, Informe LuganoCómo preservar el capitalismo en el siglo XXI, Editorial Icaria, Barcelona, 2001.

[3]. Jonathan Swift, “Una modesta proposición para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país, y para hacerlos útiles al público”,en André Breton, Antología del humor negro, Editorial Anagrama, Barcelona, 2018, pp.  22-27.

[4]. Rionosuke Akutagawa, “Kappa”, en Eduardo Stilman (Compilador), El humor negro. Antología de textos, Editorial Lozada, Buenos Aires, 2010,  pp. 227-229.

Fuente de la información e imagen:  https://rebelion.org/sindicalicidio-2/

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Los colombianos de bien

Por Renán Vega Cantor

Foto de Portada: El “Dotor Uribe” y Alejandro Ordóñez, los líderes de los “colombianos de bien”

“Empresarios y terratenientes, Iglesia católica, políticos, grupos paramilitares, contrabando, sociedad civil, confabulados todos para crear la gran provincia de Antioquia. La pujanza y la honorabilidad ancladas en pilares de mierda”. Pablo Montoya, La Sombra de Orión, Random House, Bogotá, 2021, p. 27.

Desde siempre hasta donde nos llevan nuestros recuerdos hemos escuchado hablar de los “colombianos de bien”. El término forma parte de la jerga de los círculos políticos, empresariales, mediáticos y deportivos que mandan en esta hacienda-campo de concentración y son sus verdaderos dueños. Quienes hablan de los colombianos de bien, dan por supuesto que existen unos colombianos de mal, a los cuales hay que perseguir, expulsar del país, torturar, matar y desaparecer, porque en realidad no son “colombianos”, ni patriotas, sino enemigos de la genuina colombianidad que encarnan esas gentes de bien.

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Esos colombianos de bien hoy están representados, en primerísimo lugar, por el Matarife innombrable, y todos sus áulicos. Allí están, por supuesto, los dueños del país, aquellos hombres, y unas pocas mujeres, que se sacrifican con su trabajo abnegado y en su denodado esfuerzo por enriquecerse nos deparan prosperidad y dicha eterna. Esos colombianos de bien son los Sarmiento Angulo, los Santodomingo, los Ardila Lulle, los Gilinski. Colombianos de bien son aquellos que pertenecen al “país político” y forman parte de las clientelas tradicionales y sus derivados recientes, en el plano nacional y regional. Colombianos de bien son los periodistas prepagos que, desde radio, televisión y prensa escrita se encargan de enseñarnos en qué radica la bondad de esos prohombres que mandan en esta gran finca ganadera, con cajero automático que es Colombia. Esos colombianos de bien son Carlos Antonio Vélez, Vicky Dávila, Claudia Gurisati, Néstor Morales, Julio Sánchez Cristo…, unos verdaderos sicarios con micrófono. Colombianos de bien son los nuevos millonarios, enriquecidos con la producción y tráfico de narcóticos, o los cantantes, hombres y mujeres, que como Shakira son delincuentes consumados en el arte de evadir el pago de impuestos, o los deportistas que, como Falcao García y James Rodríguez, también son delincuentes de cuello blanco, que ganan millones de dólares y evaden otro tanto, lavando su dinero en paraísos financieros. Colombianos de bien son los policías, militares que matan y desaparecen a nombre de la defensa de los sacrosantos valores del orden y la patria.  A los colombianos de bien pertenecen los agentes infiltrados del Estado en las protestas que matan a quemarropa a los malos que se quejan, sin razón, en este paraíso de dicha y prosperidad, y además lo hacen ad honoren, por iniciativa propia y gratis, porque aman el trabajo hasta tal punto de que laboran en tiempo de descanso. Eso lo acaba de comprobar el Fiscal General de la Nación al decir que el agente de civil del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) que mató a dos malos de Cali, si era empleado de esa entidad desde el 2012, pero que en el momento de dispararle a los vándalos estaba de descanso. Es decir, que esas muertes no le caben a la Fiscalía porque su infiltrado funcionario de bien estaba descansando. ¡Si eso hacen los colombianos de bien mientras descansan, imaginemos lo que realizan cuando están trabajando, ya no matan a unos cuantos pelagatos, sino que acaban con miles de ellos, al estilo de ese prohombre de bien llamado Carlos Castaño!

Caricatura: "Gente de bien" - Las2orillas

Un colombiano de bien le rinde culto a los ricos y al dinero, sin importar cómo lo han conseguido. Y está claro que esa riqueza debe defenderse con todas las armas, incluyendo el cianuro y la motosierra, para que no caiga en manos de los colombianos de mal. Por eso, los colombianos de bien no solamente aplastan a los malos dentro del país, sino que también se arrogan el derecho de perseguir a los malévolos fuera del país, y por eso organizan “misiones humanitarias” y preparan mercenarios de bien para invadir a Venezuela y llevarle a la patria de Bolívar la bondad, rubricada con el saldo de miles de muertos, torturados, encarcelados y desaparecidos, que tanto nos distingue en el concierto mundial, y que de aquí se irradia a montones hacia el resto del planeta.

Los colombianos de bien no se juntan con la chusma, el populacho, los indios patarrajados, los campesinos analfabetos, los negros atrasados, aunque algunos de ellos entren formalmente a hacer parte de las gentes de bien (como el exfutbolista Tino Asprilla) siempre y cuando obedezcan, sean serviles, no se rebelen, ni protesten, sean arribistas y asuman como si fueran suyos, aunque estén muertos de hambre, los “valores” de las gentes de bien. Así, en las últimas dos décadas entraron a integrar el círculo reducido de los colombianos de bien todos aquellos influidos por la cultura traqueta, que admira a los paracos, a los que debe agradecerse por evitar que este moridero de bien cayera en manos de las gentes del mal, es decir, de quienes pretendan, incluso osen pensarlo, que en esta finca consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá, se repartan tierras y riquezas, que deben estar bien concentradas, en las manos de terratenientes y empresarios benévolos, como Dios lo manda.

Por ese hecho, a estos paracos se les admira y sus crímenes se convirtieron en algo presentable, de lo que se sienten orgullosas las gentes de bien. De ese círculo exclusivo de los colombianos de bien hacen parte, con mérito propio, los narco-empresarios de la muerte y  del libre mercado (tipo Carlos Castaño y Pablo Escobar), a los cuales en poco tiempo se les levantarán las estatuas que merecen, para que figuren en el panteón patrio junto a los prohombres que han hecho posible la construcción de esta Colombia de bien, como Sebastián de Belalcázar o Gonzalo Jiménez de Quezada, que los enemigos de esta nación, encarnados en los atrabiliarios indios de montón, se atrevieron a bajar de sus pedestales.

Los colombianos de bien, queda claro, son una minoría, aunque se presenten a sí mismos como una abrumadora mayoría, porque son los ricos, poderosos, pretendidamente blanquitos, clasistas, racistas, sexistas y cultores de la violencia y la discriminación.

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El paro nacional ha hecho que los discursos abstractos y etéreos sobre los colombianos de bien adquieran concreción, se hagan terrenales, bajen del nirvana a la dura realidad. Cuando los malos remalos de siempre, ahora llamados vándalos, que replican el comportamiento de los terroristas y enemigos de toda la vida (ELN, FARC…), se han atrevido a superar los límites de lo permitido, con los bloqueos a carreteras, con parálisis generalizada de la actividad económica en pueblos y en ciudades, con el desfile insoportable de campesinos e indígenas que llevan sus rencores a los encopetados barrios de las gentes super chics, pues hay que sacar a relucir lo más granado de las santas virtudes de los colombianos de bien. Y eso es lo que estamos viendo de manera ejemplarizante en estos días.

Son colombianos de bieplomon los paracos del Barrio Ciudad Jardín (Ciudad Bacrim) de Cali, quienes les dicen a los indígenas de la minga que desocupen sus barrios y se vayan de la Sultana del Valle, porque son una plaga que afea sus bellas y limpias mansiones. Para recordarles, por si se les olvidó a esas malas gentes (los indios y negros) que la Colombia de bien siempre ha sido un gueto de los ricos y los poderosos, que no debe ser contaminado por los pobres en sus espacios públicos, porque esos pobres solo sirven, en los espacios privados y laborales, como sirvientes y trabajadores, pero jamás pueden ocupar los parques, calles y avenidas por donde solo pueden circular los hombres de bien y sus automóviles de alta gama. Si algo distingue a los colombianos de bien es su carácter clasista, para quienes la presencia de los pobres es una insoportable provocación que afea el paisaje, con su miseria y ruindad. Y el racismo está a flor de piel entre los colombianos de bien, porque no puede ser que indios, negros y pobres salgan de sus madrigueras de baja ralea a contaminar con su suciedad y su mal olor a los inmaculados hombres y mujeres de bien. Eso lo ha manifestado sin filtros una médica de bien en la ciudad de Cali, quien sostuvo que estaba dispuesta a financiar a los paramilitares para que asesinaran, por lo menos, a mil indios, para que entiendan de una vez por todas que no deben provocar a las gentes de bien.

Son colombianos de bien, los individuos, que vestidos de blanco, montados en automóviles de última generación y protegidos por la policía, disparan a mansalva contra los indígenas de la minga. Estos colombianos de bien sí que ratifican por qué lo son, ya que recuerdan la práctica bondadosa de sus émulos paramilitares que a punta de motosierra limpiaron el territorio de los malvados terroristas que osaron cuestionar a los ricos y plantearon quitarles sus propiedades tan honestamente adquiridas con su esfuerzo y sacrificio.

Es una colombiana de bien la modelo y empresario Elizabeth Loaiza que aplaudió que el estudiante Lucas Villa fuera tiroteado en Pereira, aduciendo que «no eras un héroe en esta historia. Eras un bandido. Un terrorista… atentamente: la sociedad herida, pero no vencida». Esta es el culto a la muerte, que caracteriza a los colombianos de bien en este país, que los lleva a escupir sobre los cadáveres de los malos, como lo hace esa periodista sicarial que se llama Vicky Dávila a través de la revista Semana, un pasquín pornográfico.

Son colombianos de bien ciertos estudiantes de la Universidad de los Andes ‒esa encopetada universidad gringa, pero de las malas, que funciona en Colombia‒ que a través de sus mensajes en las redes antisociales justifican los asesinatos de colombianos del mal, pobres por supuesto, diciendo que son ñeros que hacen estorbo y su desaparición es un favor que se le hace a esta santa tierra de bien.

Es una colombiana de bien Marbelle, que le canta alabanzas a la policía y al Esmad, luego de que abalean, torturan y desaparecen a manifestantes, lo cual está muy bien, porque están combatiendo a esos pérfidos enemigos de esos excelentes colombianos, que generan riqueza y prosperidad, y dan plomo venteado como muestra de su indiscutible superioridad.

Milton Angulo es Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca desde el 2018. Foto: Twitter @RoyBarreras
Lo que dice la Gente de Bien, echar plomo venteado a los vándalos. Palabras del paramentario Milton Angulo del Centro Democrático.

La pareja modelo e ideal de bien está conformada por María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, ambos prósperos y nada sangrientos empresarios del agro y la ganadería, que no ocultan los grandes sentimientos que distingue a los colombianos exitosos. Por ello, la “culta” matrona y senadora ha dicho que “el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. No entra a preguntar ¿perdón, levante las manos. No señor”. Que eso lo sepan los colombianos de mal, para que nunca se les ocurra desobedecer ni insubordinarse como lo están haciendo en estos días. Y el “humanista” Lafaurie, jefe de la Fedegan ‒que agrupa a los ganaderos bien paracos‒ dice, refiriéndose a la muerte del malvado estudiante Lucas Villa, que merecía morir, y no porque haya sido víctima de un atentado criminal, sino porque sufrió un grave accidente. Solo en la cabeza de un colombiano de bien puede caber la brillante idea que un atentado de sicarios, que le propinan ocho balazos a un estudiante en una manifestación, es un accidente, simplemente porque el asesinado formaba parte de la vil canalla, y no era de alta cuna, como la de las gentes de bien que personifica la excelsa pareja de financiadores de paracos y sicarios.

Cuando a un colombiano de bien le decomisan un avión con cocaína, como le ha sucedido al uribista Miguel Jaramillo, esposo de esa exitosa mujer de bien, Alejandra Azcarate, eso no es ningún delito, sino una tragedia familiar que embarga a las gentes de bien y les hace derramar lágrimas de cocodrilo. Además, eso de llevarle cocaína a los Estados Unidos es una verdadera labor humanitaria, aunque tenga que camuflarse con la fábula bonachona de que transportaban tapabocas, seguramente para que ese bendito polvo blanco les haga más y mejor efecto sicoactivo a los gringos de bien. Esas tragedias ya la han vivido colombianos de bien, como la destacada familia Uribe Vélez, la familia de la vicepresidenta, y ahora canciller, Marta Lucía Ramírez, o la familia del expresidente Pastrana, o del ex policía Oscar Naranjo… Por eso, ellos resaltan que las gentes de bien no son narcotraficantes sino trabajadores honestos que se ganan la vida con esmero ejemplar: “Hemos sido, tanto mi marido como yo, personas que nos hemos dedicado toda la vida a trabajar honestamente. Mi esposo no es un narcotraficante de octava, es un publicista de primera y un ser humano recto y vertical. Quienes nos conocen, así nos reconocen”, dice, por ejemplo, la mujer de bien, uribista recalcitrante, Alejandra Azcarate.

Y cuando las gentes de bien salen a marchar en forma pacífica, vestidos de un inmaculado color blanco, como en la ciudad de Cali, para que se terminen los bloqueos de los vándalos y enemigos de la nacionalidad, no pueden aceptar que ningún malvado se les interponga en su camino, y por eso sacan a patadas a quienes, vestidos de negro, se atreven a recordar a los que han sido masacrados por los cuerpos armados de bien, estatales y paraestatales, en las últimas semanas.

La senadora del Centro Demoniaco Paola Holguín es una muestra sin desperdicio de las colombianas de bien, digna descendiente de un testaferro que le sirvió al capo del bien, a Pablo Escobar Gaviria. La opinión de esa paramentaria de bien ha rebasado cualquier canon de bondad, empatía y respeto por la vida y el dolor humano. En efecto, ha dicho palabras memorables ‒de esas que solo se dicen pocas veces en los anales de la infamia universal‒ que van a quedar como testimonio indiscutible de lo que son y piensan los colombianos de bien. Luego del testimonio, según ella manipulado por los enemigos de las gentes de bien, del joven Juan Fonseca, a quien el Esmad le destrozó un ojo, la humanitaria Paola Holguin ‒frente a la cual Teresa de Calcuta es una vulgar aprendiz en materia de compasión‒ emitió un video en que se burla de ese joven, diciendo que “le encanta llorar por un solo ojo” y “no engañen más, y dejen de estar llorando por un solo ojo”. Esos son los grandes sentimientos de las gentes de bien de este estercolero, nada extraño si recordamos que ellos no tienen corazón sino motosierra.

VIDEO | Declaraciones de senadora uribista, Paola Holguín, desatan polémica  – El Pregonar

En fin, los colombianos de bien tienen una interminable trayectoria de aportes invaluables al país y a la humanidad, como lo entienden los miembros de ese club de criminales de bien que se llaman a sí mismos Comunidad Internacional, encabezados por esos benefactores mundiales que a diario nos regalan la muerte celestial con “bombas inteligentes”, tales como los Estados Unidos, la Unión Europea y el estado nazi de Israel. Sin embargo, para los colombianos de mal, las realizaciones de las gentes de bien simplemente constituyen un interminable prontuario criminal, que ha convertido a este país en una inmensa fosa común con himno nacional, algo que se evidencia ante la faz del mundo desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional, en el que participan los malos de todas las vertientes que tanto daño le hacen a los colombianos bien… bien paracos y asesinos.

Los colombianos de bien

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El Gran Paro Nacional en Colombia

REBELION POPULAR Y MASACRE EN EL RÉGIMEN DE LOS URIBEÑOS

Por: Renán Vega Cantor

A la memoria de los hombres y mujeres asesinados durante el paro por las fuerzas represivas y paramilitares del Estado.

“Quien no se mueve no siente las cadenas”. Rosa Luxemburgo

“Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.
Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre. […]
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

Eduardo Galeano

En estos momentos se desenvuelve la más extraordinaria movilización popular que se ha presentado en Colombia en los últimos 45 años, que involucra tanto a los pobladores urbanos como a los del mundo rural. Al mismo tiempo, el régimen criminal de los uribeños ha recurrido a la fuerza bruta para contener la protesta, dejando en el camino a cincuenta muertos, miles de heridos, llanto y sufrimiento a lo largo y ancho de nuestro martirizado país.

Este es un hecho histórico de transcendencia en nuestra vida contemporánea, por la magnitud de la protesta popular y porque se ha desnudado con toda su crudeza ante el mundo entero lo que es la “democracia colombiana”, con su cara de muerte y horror. Se ha mostrado ante el resto del continente lo que es este régimen brutal, siempre encubierto, protegido y tutelado por los poderes imperialistas,

empezando por los Estados Unidos. Se ha roto en mil pedazos, dentro y fuera de nuestro territorio, esa imagen que venden las clases dominantes, el Estado y falsimedia de la estabilidad “democrática de Colombia”. Se ha evidenciado que el Estado colombiano es contrainsurgente, anticomunista y terrorista, porque en nuestro territorio en sentido estricto la lógica de la guerra fría nunca ha terminado.

En este escrito esbozamos algunas ideas sobre lo qué está sucediendo, con las limitaciones que tiene escribir sobre la marcha, puesto que los acontecimientos, que constituyen la trama de la historia real, son imprevisibles y no están escritos de antemano. Esa historia real la hacemos a diario los seres humanos con nuestras actuaciones, las que encadenadas pueden conducir hacia mundos desconocidos, no imaginados en “condiciones normales”.

FACTOR PRECIPITANTE

“Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”. Residente, Mensaje de apoyo al paro en Colombia, abril 28 de 2021.

El martes 27 de abril, en vísperas del comienzo del anunciado paro nacional, todo era en apariencia tranquilo desde el punto de vista del establecimiento. Nada hacía prever la furia que se iba a desencadenar desde el día siguiente. Analistas, expertos, politólogos, youtubers uribistas, periodistas, opinologos y otras yerbas del pantano anunciaban, en muchos casos con una dosis de triunfalismo que no ocultaban, que el paro estaba condenado al fracaso, que nadie iba a salir a protestar, que era mejor deshacer la convocatoria a tiempo con el fin de no hacer el ridículo. Que la tercera ola de la pandemia, con una cifra de 450 muertos diarios, situación en la cual se decretaron toques de queda, cuarentenas de fin de semana, cierres de ciertas actividades… que todo indicaba que la gente no iba a salir a la calle a protestar. Dichos anuncios quedaron hechos añicos al día siguiente, cuando miles de personas salieron a las calles en las capitales, en pueblos pequeños y en las zonas rurales. Tan masiva movilización no solamente tomó desprevenidos a los “expertos” sino al régimen, que estaba convencido que la gente no iba a salir, más si se le agrega que las condiciones climáticas no eran las mejores, en medio de torrenciales lluvias en el territorio nacional.

Esto lleva a preguntarse, ¿por qué la población se agolpó masivamente en las calles, desafiando la pandemia? Hay un hecho inmediato que se convirtió en el factor precipitante de la protesta: la reforma tributaria que el régimen del subpresidente Iván Duque había presentado al Congreso de la República. Esta “reforma”, un texto ilegible de más de un centenar de páginas, con 163 artículos, escrita en la manera en que suelen hacerlo los tecnócratas neoliberales, en una jerga insoportable para ocultar el atraco de fondo. Como quien dice, el veneno envuelto en papel regalo. El título mismo era ya indicativo de ese lenguaje sibilino, que queda como testimonio del cinismo: “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”. Este esperpento fue llamado en forma resumida con este oxímoron: “Ley de solidaridad sostenible”. En esta ocasión los funcionarios económicos del régimen de Duque, así como los voceros de los poderosos gremios económicos (ANDI, Fenalco, SAC, Fedegan…) pensaron que iba a suceder lo de siempre, que en medio de una retórica tecnocrática se iba a convencer a la gente de los beneficios que dicha reforma representaba, aunque significara enterrarle el cuchillo.

En forma resumida, la tal reforma tenía dos componentes centrales: uno, el superficial, para cazar incautos, el destinado al “gasto social”, a mantener los demagógicos programas asistenciales del régimen (mínimo vital para los hogares pobres y vulnerables), fomentar el empleo formal, incentivar el ingreso a la educación y construir un mejor país, a lo que se destinaban solamente 4 billones de pesos; dos, el central, encaminado a recaudar ingresos por un monto de 23 billones de pesos (6.300

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millones de dólares) destinado a mantener los gastos de un Estado corrupto y nepotista. Los ingresos previstos iban a llegar mediante un aumento del IVA (impuesto al valor agregado) y su imposición a nuevos productos, se llegaba a cobrar IVA por los funerales (en plena pandemia y con miseria generalizada), por los servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario) para usuarios de estratos 4, 5 y 6 (clase media) se aumentaba la base gravable del impuesto de la renta, que incluía a todas las personas con un ingreso superior a 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares) en 2022 y en 2023 a quienes tengan un ingreso de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).

Lo cierto del caso es que la tal reforma no tocaba a los poderosos, sino que golpeaba, sobre todo, a la alicaída clase media, en acelerada vías de desaparición, como lo confirma el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que informó recientemente que esta pasó de constituir el 30.1% de la población en 2019 al 25.4% en 2020 (2.5 millones de personas menos). Esa clase media que, según el DANE, corresponde a las personas que tienen un ingreso per cápita, dentro de un hogar, entre 653 mil pesos y 3.5 millones de pesos, se esta hundiendo en la pobreza.

La reforma tributaria cayó como un mazazo sobre la mayor parte de la población por varias razones: por el empobrecimiento que se acentuó durante la pandemia, por el aumento del desempleo, por la corrupción rampante del régimen (cuyo monto se calcula en 50 billones de pesos anual, algo así como el equivalente a dos reformas tributarias como la anunciada), por las exenciones y transferencias que el régimen de Iván Duque les ha hecho a los dueños del país (Grupo Aval y compañía). Es decir, hay que tener en cuenta el momento en que se plantea la reforma, cuando esa clase media va camino al despeñadero, hacia la pobreza sin remedio. En ese sentido, ha sido inoportuna, injusta y cínica, como lo manifestaron el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en público demostró que no sabía cuánto valía una docena de huevos (redujo su precio de 10 mil-8 mil pesos a 1.800) y del subpresidente Duque quien dijo, con la poca vergüenza que lo distingue, que no había leído la reforma. Además, el subpresidente incumplió uno de los lemas centrales de su campaña electoral, en la que había prometido que no iba a aumentar los impuestos y ya vamos por su Tercera Reforma Tributaria. Un elemento adicional que no puede separarse del detonante en que se convirtió la Reforma Tributaria tiene que ver con las condiciones que generó la pandemia: el encierro forzado, la miseria, el desempleo, la pobreza, las carencias en salud y educación. Todo eso hizo que en el último año se hubiera formado una especie de olla a presión, que podía estallar en cualquier momento, por un motivo suficientemente sensible, que apareciera como un agravio de múltiples aristas (económico, social, sanitario y, sobre todo, moral). Sí, la reforma se convirtió en un agravio moral, porque ante los ojos de la gente común y corriente apareció como insoportable que tuvieran que pagar más impuestos para un Estado inepto, ineficaz, corrupto, que aparte de todo gasta y despilfarra para comprar armas con las que se bombardea y se mata a la población, en medio de su situación de pobreza, abandono, desempleo y represión.

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LOS MOTIVOS, LAS RAZONES, LOS AGRAVIOS

“La multitud puede levantarse porque está hambrienta o teme estarlo, porque tiene una profunda aflicción social, porque busca una reforma inmediata o el milenario o porque quiere destruir a un enemigo o aclamar a un ‘héroe’.

Pero rara vez lo hace por una sola de estas razones”.

George Rude

Que la pretendida Ley de Solidaridad fiscal haya sido el detonante inmediato del paro nacional, no explica el trasfondo de los acontecimientos, que deben ser analizados, por lo menos en el corto plazo, puesto que no tenemos espacio de inscribir esta protesta en una perspectiva histórica más amplia. El régimen del subpresidente Iván Duque, un advenedizo que llegó a la Presidencia porque así lo quiso el patrón Álvaro Uribe Vélez, se ha caracterizado por su carácter antipopular y antidemocrático. Los resultados de su nefasta administración constituyen un rosario de ineptitud criminal, que pueden enumerarse: escándalos de corrupción; fraude electoral y compra de votos (ñeñepolítica); intento de prorrogar el período presidencial y de los altos funcionarios; politización abusiva de la justicia, colocando fichas incondicionales en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo; nepotismo rampante en los diversos cargos de la administración, tanto dentro el país como en el servicio consular; injerencia criminal en Venezuela, con participación directa en acciones de guerra, como el pretendido concierto humanitario de febrero de 2019, en la frontera, y la Operación Gedeón, con la preparación de mercenarios en La Guajira, que luego desembarcaron en territorio venezolano en mayo de 2020; el naufragio de esa falacia que se llamó Economía Naranja; el incremento de la desigualdad; el desempleo; el desastroso manejo de la pandemia de coronavirus, que coloca a Colombia entre los tres peores del mundo, con un saldo de 75 mil muertos; la negativa del Estado en reconocer su responsabilidad en los crímenes que se denominan Falsos Positivos; sus acciones para hacer trizas el proceso de paz (lo que ha logrado plenamente); el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes de las Farc; la aprobación de la fumigación con glifosato, para servirle directamente a los Estados Unidos; su postración abyecta ante el imperialismo, sin importar quien esté al mando (llámese el matón Trump o el sanguinario “Bonachón” Biden, gestor del Plan Colombia); los bombardeos miserables a excombatientes, entre ellos decenas de niños, estripados brutalmente por las “bombas inteligentes”, justificados con la retórica uribista de que los niños son máquinas de guerra y hay que matarlos antes de que crezcan, porque no estaban estudiando en los campamentos para los exámenes del Icfex; aumento del gasto militar, incluyendo la compra de 40 aviones de guerra por 14 billones de pesos, lo que hace de este país el cuarto en gasto militar de todo el continente; la defensa incondicional del ex presidente y ex presidiario, al que le brinda todo tipo de apoyo y respaldo, en lo que debe incluirse las amenazas a jueces y magistrados; y un sangriento e interminable etcétera.

Como puede colegirse de este listado no son pocas las razones de tipo inmediato, limitadas al período del subpresidente Iván Duque, que explican el malestar social generalizado, porque se conjugan, en resumidas cuentas, tres aspectos: una crisis económica, con una caída del PIB en 6.8% el año anterior, con aumento del desempleo, la generalización de la economía informal, la pobreza y la miseria para las mayorías y enriquecimiento para una exigua minoría que son los dueños del país; unadeslegitimación política de principio a fin, porque incluso las elecciones presidenciales en las que fue elegido Iván Duque fueron fraudulentas, siendo el principal componente de esa pérdida de legitimidad el desprestigio del verdadero poder tras el trono, el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, con miles de acusaciones y pruebas sobre sus múltiples y atroces crímenes; y, la violencia estatal y paraestatal a lo largo y ancho del país, con el resultado de centenares de personas asesinadas, y la generalización de las masacres (en lo corrido de este año van 35 masacres y muchas más vienen en camino).

Este es el caldo de cultivo donde se incubó el descontento popular (como ha podido observarse más que justo) que tampoco se originó durante la pandemia, porque se había iniciado a finales de 2018, apenas posesionado Duque, con el paro universitario que logró arrancarle un aumento en la base

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presupuestal de las siempre deficitarias universidades públicas. El nervio de esa protesta fueron los jóvenes, en este caso universitarios, hecho que debe recalcarse porque ellos van a continuar siendo hasta el momento el principal protagonista de la rebelión en marcha. A finales de 2019 se realizó un paro nacional, que produjo la movilización de millones de personas, y fue atemperado con promesas incumplidas. Dicha movilización entró en cuarentena, junto con la pandemia, pero ya había mostrado las semillas del descontento.

Lo que ahora está sucediendo es la continuación y radicalización de la movilización popular del 2019, ahora con nuevas razones nuevos bríos y muchos más agravios, en gran medida por las desigualdades que ha evidenciado la pandemia y su pésimo manejo por parte de un régimen corrupto e ineficaz. Un anticipo de esa protesta se vivió en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, cuando fueron destruidos más de 50 CAI (Centro de Atención Inmediata, en verdad debería llamarse lo que son: Centros de Asesinato Inmediato), luego del asesinato de Javier Ordoñez por un grupo de policías.

REPERTORIO DE LUCHA

La protesta social que se está llevando a cabo en estos mismos momentos tiene un carácter masivo y popular, tanto por las fuerzas que en ella participan con sus diversos intereses, como por su sentido y sus objetivos. Un Comité Nacional de Paro, conformado por numerosas instancias organizativas, sintetizaba los objetivos en la consigna: “Por la vida, paz y democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, y fijó la fecha del paro nacional para el 28 de abril. El resultado ha sido sorprendente por la cantidad de gente que acudió al llamado, como por la prolongación en el tiempo de la movilización, que completa diez días.

En el paro participan pobladores urbanos de distinto origen y procedencia social, destacándose el papel de los jóvenes pobres y de clase media, que han copado calles y avenidas en diversos lugares de las grandes ciudades y de ciudades intermedias. También están participando, y se han ido incorporando, sectores indígenas y campesinos en diversas regiones del territorio nacional, como en el Cauca, Nariño, El Catatumbo. La fuerza vital son los jóvenes porque en su vida cotidiana se reflejan todas las miserias del capitalismo realmente existente en Colombia: ausencia de futuro, desempleo,

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“Cantan. Bailan. Zapatean. Brincan de alegría. Por calles y avenidas elevan al viento sus cartelones, pancartas y banderas, la tricolor al revés, la arcoíris en alto. Aplauden. Gritan. Improvisan sus cánticos con inagotable frenesí. “¡Duque, pirobo, el pueblo no es tan bobo!”, en donde “pirobo”, según el parlache de Medallo, equivale a “presumido, creído, cruel”. O remachan el ya legendario insulto: “¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco!”. Corean consignas de insólito humor, no lasincomprensibles de mi azarosa juventud. Nada. “Ni césar, ni burgués, ni dios”. No se cansan. No hacen caso a las amenazas de ministritos patéticos ni a las balas del Esmad, sean de goma o sean de plomo”.

Carlos Esteban Mejía, “La revuelta contra un canalla”, El Espectador, mayo 7 de 2021.

falta de oportunidades para estudiar, estigmatización y persecución por las fuerzas represivas del Estado.
Este paro ha hecho gala de un variado repertorio de instrumentos de movilización, en los que se combinan clásicos repertorios con muchos nuevos, mirando en una perspectiva histórica a la protesta social en Colombia. En cuanto a los repertorios clásicos se encuentran las movilizaciones y tomas de las plazas centrales en las ciudades (en Bogotá la emblemática Plaza de Bolívar), el desfile del Primero de Mayo y la marcha simbólica de los sindicatos. A eso se agregan otros repertorios que ya se vienen usando hace algún tiempo, principalmente por los jóvenes, como son los desfiles carnavalescos, burlas, sátiras, acompañados de rituales festivos, con música y cantos. Pero lo significativo de este paro es que incluye aspectos nuevos, entre los que se destacan la participación y movilización masiva en los barrios populares de las ciudades, donde incluso en forma inédita en el caso de Bogotá, se presentaron durante el primero de mayo, en medio de un torrencial aguacero, unas diez manifestaciones bastante nutridas en barrios “periféricos”, lejos de la Plaza de Bolívar. Esos lugares han adquirido una importancia central en la organización y movilización de los pobladores, y por eso no extraña que en esos sitios y contra sus habitantes se haya dirigido la brutal represión.

Otro repertorio que debe destacarse es el bloqueo en las entradas y salidas de las ciudades, que ha sido efectivo y se ha mantenido en el tiempo, lo que indica que es organizado y participan amplios sectores para hacerlo posible y enfrentar la andanada policial y militar. Incluso, en algunos de estos bloqueos se han construido barricadas. Esos bloqueos se han complementado con la participación en el paro, de manera intermitente, de taxistas y camioneros, con cuyos vehículos se complementa el bloqueo de las vías.

En ese repertorio sobresalen las ollas comunitarias en los barrios, como mecanismo popular de subsistencia y símbolo de cohesión y fraternidad entre quienes participan activamente en el paro. Otro repertorio simbólico de lucha que ha adquirido gran importancia en este paro ha sido el derribamiento de estatuas en varias ciudades del país, sobresaliendo las de los conquistadores españoles Sebastián de Belalcázar en Cali y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá. Estas acciones tienen un hondo significado porque liga el tiempo corto de la movilización de hoy con la memoria de las luchas en el tiempo largo, para recalcar que la opresión y la dominación tienen unas raíces históricas de vieja data, que están ligadas a una casta oligárquica que se gestó en los mismos tiempos de la conquista, en la medida en que las troncos familiares que han dominado a este país en los últimos doscientos años se proclaman como descendientes de los conquistadores españoles, se creen de sangre azul, y se caracterizan por su racismo y su clasismo a flor de piel. Por eso, tampoco sorprende, que los promotores del derribo de estatuas sean los indígenas porque ellos vienen experimentando en carne propia el racismo, la opresión, la discriminación y el genocidio físico y cultural desde hace más de cinco siglos, y eso no es solo un asunto del pasado sino del presente.

Y otro elemento central de los nuevos repertorios de lucha es el comunicativo, con la utilización de las redes sociales como medio de información y denuncia sobre la represión policial y paramilitar, lo cual tiene consecuencias duraderas: al mostrar las miserias de falsimedia, con todas sus mentiras, inventos y tergiversación; y dos, al implementar otro tipo de periodismo militante, sobre el terreno mismo de los acontecimientos, que transmite en vivo y en directo lo que está sucediendo, superando y sustituyendo a los medios convencionales.

En fin, el repertorio de lucha de este paro tiene caracteres novedosos que explican en gran medida su dinámica y la potencia plebeya, como se pone de presente especialmente en la ciudad de Cali, con la participación masiva de pobladores urbanos, gente afrodescendiente desplazada de otros lugares del país, especialmente de la costa Pacífica, jóvenes, desempleados, gente que vive del rebusque diario en la economía informal, estudiantes de secundaria y de universidad. De ahí la saña de clase y de raza de la represión y del apoyo de los “blanquitos” de los barrios ricos a esa represión, con la organización de grupos paramilitares que abalean a la población pobre y humilde, con el apoyo y participación directa de las fuerzas policivas y militares del Estado.

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Lo de Cali se expresa de manera clara con un hecho, aparentemente anecdótico, pero muy revelador del clasismo, que siempre ha caracterizado a las clases dominantes de este país, y que en la ciudad mencionada tiene sus propias manifestaciones de odio y de miedo al pueblo:

Que los humildes, negros, indígenas, mujeres pobres, sectores de la clase media empobrecida se movilicen en forma beligerante, demostrando que son sujetos activos y quieren escribir su propia historia en la lucha callejera y barrial, es un reto inaceptable para el Estado y los poderosos de este país, como lo ejemplifica el caso de Cali, el lugar donde el paro nacional ha adquirido más radicalidad y continuidad y donde también se ha presentado la más brutal represión, dejando decenas de muertos, la mayor parte de ellos jóvenes pobres.

FORMAS DE REPRESION Y MASACRE

“Torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza pública. Lo que el gobierno colombiano le hace a su pueblo es un crimen de lesa humanidad”.

La Jornada (México), mayo 8 de 2021.

La dimensión que ha adquirido el paro nacional, su carácter masivo de repudio al régimen y al expresidiario, ha sido contestada como es habitual en Colombia, con la represión indiscriminada. Eso, en sentido estricto e histórico, no es ninguna novedad porque de esa manera se ha mantenido a raya a la población colombiana después del 9 de abril de 1948. Aún más, lo que estamos soportando hoy en las ciudades (siendo Cali el peor ejemplo), es lo mismo que se ha vivido y han sufrido los habitantes

1. Julio César Londoño, “La orgia de sangre de los Trizas”, El Espectador, mayo 7 de 2021.

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El martes, habitantes del exclusivo sector de Ciudad Jardín hicieron un plantón frente a sus vecinos de Univalle, en Cali. Iban todos de riguroso blanco en autos caros y una jauría de escoltas. Estaban furiosos y querían meterle candela a la Universidad, pero una señora muy elegante se limitó a meterle una patada a una estudiante. Los univallunos estaban atónitos. Son expertos frente al Esmad pero esto era inédito. ¡Los atacaba la aristocracia caleña!

De pronto alguien vociferó: «¡Tenemos 25.000 armas, malparidos!». Era un señor de blanco que esgrimía una pistola desde su blanquísima camioneta Toyota Prado. Entonces un estudiante contestó: «Nosotros tenemos la mejor biblioteca del país».
La escena resume dos posiciones frente al paro: una clase alta que rechaza un paro contra una reforma que la golpea también a ella (¡¿?!) y una juventud que está dejando su sangre en las calles para luchar contra un Gobierno asesino que no merece semejante ofrenda1.

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pobres del campo colombiano en los últimos 70 años. Lo novedoso de la represión no es que esa misma se ejerza, sino que se ha trasladado a las ciudades de una manera directa. Desde luego que esto también se ha hecho siempre que ha sido necesario, en la lógica criminal y contrainsurgente del Estado, enfrentar las protestas laborales o ciudadanas, como sucedió en el paro cívico de septiembre de 1977, cuando fueron masacrados medio centenar de colombianos, la mayor parte de ellos en Bogotá. Esta represión también viene acompañada de la violencia simbólica y justificativa que disparan los medios de desinformación de masas, como igualmente acontece en estos instantes. Sí, hasta acá las similitudes, pero hay que recalcar las diferencias, e incluso los tremendos saltos que se presentan en materia de represión por parte del Estado, que se basa en la lógica del traslado puro y simple de su doctrina contrainsurgente y anticomunista (aunque encubierta con una nueva jerga, en donde se habla de los terroristas, bandidos, narcotraficantes, voceros de los carteles de la droga…) al enfrentamiento directo en las ciudades, en las que se ha erigido como enemigo militar a la población civil, inerme y desarmada. Es decir, que el salto estratégico del que hablamos radica en que el Estado y las clases dominantes (el bloque de poder contrainsurgente) han convertido las ciudades en escenario de guerra y han erigido a la población pobre como el enemigo a vencer y a destruir.

Por ello, lo que estamos soportando ahora solo tendría dos antecedentes urbanos similares, que es bueno recordar: lo sucedido en noviembre de 1985 en el centro de Bogotá, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, y allí a plena luz del día se pudo contemplar en acción la máquina de guerra estatal, momento en que muchos colombianos pudieron enterarse de que la guerra no era ni ancha ni ajena. Esta experiencia, sin embargo, involucró a un grupo guerrillero y fue presentada como una “reacción normal” del Estado y sus fuerzas armadas. La segunda experiencia se parece más a lo que hoy está sucediendo y fue lo que aconteció en el segundo semestre del 2002 en Medellín, con la llamada Operación Orión, en la Comuna 13, donde se implementó una guerra contra los habitantes de esa zona de la ciudad, en la que operaban milicias urbanas de la insurgencia. Esa guerra urbana dejo centenares de muertos, torturados, desaparecidos cuyos cadáveres fueron enterrados en un basurero, La Escombrera, sobre lo cual hay un relato desgarrador en la novela La sombra de Orión del escritor colombiano Pablo Montoya.

Pero incluso esta segunda experiencia, si fuéramos a ser meticulosamente estrictos, también sería diferente, porque siempre se esgrime el argumento de que la represión estaba justificada, que fue una acción legitima del Estado, que tenía por finalidad recuperar un territorio que había caído en manos de terroristas ‒aunque luego se dejara en las manos de los paramilitares‒. Esa operación, recordemos, fue la inauguración en público de la Inseguridad Antidemocrática de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y quien se desempeñaba como Ministra de Defensa, responsable directa por mando y responsabilidad de esa masacre, era la misma que hoy se desempeña como Vicepresidenta de la Republica, Marta Lucia Ramírez.

Lo que ahora tenemos, comparativamente hablando con los dos casos mencionados, es el despliegue de una operación contrainsurgente con todos los ingredientes contra la población pobre, por el hecho de protestar y exigir un mejoramiento en sus condiciones de vida, pedir respeto y mostrar dignidad. Desde hace mucho tiempo los habitantes de los barrios pobres, los jóvenes estudiantes de origen humilde y de clase media, soportan la militarización de la vida cotidiana y sufren el acoso de la policía ‒que en Colombia es un cuerpo militar y no civil‒ a través de los llamados CAI, donde se tortura, viola y asesina a jóvenes y pobladores pobres. Justamente, en septiembre del 2020, se presentaron dos hechos de criminalidad estatal en esos CAI: el 5 de septiembre en Soacha, una localidad cercana a Bogotá, fueron incinerados dentro de un CAI ocho jóvenes pobres, que fueron muriendo uno a uno; y el 9 de septiembre fue asesinado por policías de otro CAI, en la localidad de Engativá, en Bogotá, el estudiante de derecho Javier Ordoñez, lo cual dio lugar a una rebelión espontánea de la población contra los CAI, 70 de los cuales fueron atacados y más de 50 fueron destruidos.

Eso para evidenciar que si en este paro nacional los jóvenes atacan a los CAI no es porque eso responda a un plan premeditado del terrorismo internacional, como dicen los voceros de Falsimedia (RCN, Caracol, El Tiempo, Semana, NT24…), sino que expresa el odio que despierta la policía entre los

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habitantes pobres de la ciudad, siempre sometidos a la persecución y a vejámenes por esa institución, cuyo símbolo más odiado son los CAI.
Este ha sido el pretexto que el régimen y sus fuerzas armadas han esgrimido para justificar la represión abierta e indiscriminada contra la población de los barrios, en especial contra los jóvenes que han estado al frente de la lucha. El paro ha sido tratado por el Estado como si de una guerra se tratara, hasta el punto de que el Ejercito ha dispuesto su participación en la “recuperación de Cali”, con las estrategias y tácticas que siempre ha usado en el campo, para realizar sus operaciones envolventes, sus bombardeos criminales, la persecución de indígenas y campesinos por ser simpatizantes o base social de la insurgencia. Eso se ha traslado ahora a las ciudades ‒como muestra anticipada de lo que viene en el futuro inmediato‒ con la plena militarización de las ciudades dizque para proteger los CAI, con el uso de helicópteros de guerra, por primera vez a nivel urbano, para lanzar gases lacrimógenos y abalear a la población, como se ha visto en este paro el 4 de mayo en la noche en la ciudad de Bogotá y el 5 de mayo en la población de Buga, departamento del Valle del Cauca. Sí, al más conocido estilo del Estado de Israel contra los palestinos, masacrándoles desde el aire. Ahora, como un elemento nuevo de la represión, se han usado los helicópteros en plenas ciudades. Las gentes del mundo urbano están sorprendidas, y muchos jóvenes manifiestan que eso es propio de una guerra y que por primera vez el Estado lo hace, que no creían que en Colombia fuera a suceder algo por el estilo. Lo que no saben, como muestra de que la guerra en Colombia se ha vivido por televisión, es que eso es lo mismo que realiza cotidianamente desde hace décadas en el mundo rural, donde los campesinos, colonos e indígenas han sido el objeto de esos bombardeos, incluso como lo atestiguan los recientes bombardeos contra niños en varios lugares selváticos de Colombia.

Otra forma de represión, que tampoco es nueva, pero ahora se ha usado en un paro cívico generalizado en el país, es la utilización de grupos armados de civiles para atacar a la población. Aquí se combinan dos cosas: de una parte, que la propia policía se quita sus uniformes se vista de paisano y en camiones oficiales monta a sus agentes para atacar a la población, como se ha comprobado en Cali, donde fueron capturados in fraganti varios policías en un camión oficial, hasta el punto que el Comandante de la Policía lo tuvo que reconocer, pero aduciendo que estaban persiguiendo a delincuentes; de otra parte, grupos de sicarios y criminales, aupados por las clases dominantes, falsimedia y el propio Estado para masacrar a la gente.

Por otro lado, hay que examinar el papel que cumple como justificador de la represión falsimedia, que presenta la situación como se la policía fueran las víctimas y los manifestantes los agresores, con un lenguaje que desfigura la realidad de lo que acontece, hablando de vándalos y delincuentes como los protagonistas de las marchas y protestas. Ese poder de falsimedia, y eso les duele, sin embargo, es contrarrestado por la difusión de noticias a través de internet y las redes sociales, lo que ha llevado a que en ese terreno se ejerza censura para tratar de acallar las denuncias de la represión brutal de la policía en las ciudades, de lo que han quedado registros estremecedores, en los que se ve a policías asesinando a mansalva a jóvenes e incluso a un niño de 16 años, Marcelo Agredo, en la ciudad de Cali. Hasta el momento en que escribimos estas líneas el saldo de la represión es abrumador: 45 personas asesinadas (casi todos ellos jóvenes), diez mujeres violadas por las fuerzas represivas, varios millares de heridos (solo en Bogotá se reconocen un millar de personas heridas), más de cien desaparecidos, muchos jóvenes han perdido sus ojos por acción de los disparos de policías (replicando el modelo chileno, copiado a su vez del estado sionista de Israel).

En este paro, el criminal Esmad (Escuadrón Móvil Anti-Disturbios), la policía, el Ejército, los policías de civil (tiras les decimos en Colombia) están tirando a matar a la gente. Ya ni siquiera se le captura se le asesina, continuando con la centenaria lógica que, pese a que la pena de muerte legal fue suprimida en 1910, se sigue matando a los colombianos pobres y humildes, y eso lo hacen las instituciones represivas, cuyos miembros han sido adoctrinados en el anticomunismo, el odio al pueblo y a los pobres, aunque ellos también provengan de esos sectores sociales, pero se pongan efectivamente al servicio del poder.

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“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.

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PERPECTIVAS

Este es uno de esos momentos de quiebre histórico que no suceden todos los días. Es uno de aquellos instantes en que la historia se acelera y en poco tiempo, días y horas, se desencadenan acontecimientos de tal densidad, que los mismos no serían imaginables en décadas. Es un quiebre histórico en que no sepamos a donde nos puede llevar, pero lo que si queda claro es que las cosas no volverán a ser iguales a antes del 28 de noviembre. Se está presentando la protesta social más importante de la historia contemporánea de Colombia, con un carácter masivo y popular, contra un régimen odiado y criminal y contra el siniestro personaje que lo encarna como ninguno, el innombrable, el señor en las sombras, el Matarife, el expresidiario. Por eso, tal vez la consigna más universal de este paro ha sido: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”. De ser un grito de sectores minoritarios de la población en la primera década de este siglo, en pleno embrujo autoritario de los uribeños, se ha ido expandiendo y se agitó con fuerza en las protestas de finales de 2019 y se ha generalizado en estos instantes. Pero la consigna tiene un sentido que va más allá de un personaje determinado, es la denuncia de todo el aparato estatal, armado y paramilitarizado de las últimas décadas, en las que están involucrados todos los expresidentes que están vivos, y estuvieron involucrados muchos de los que ya murieron, los altos mandos militares, los poderosos gremios económicos y sus voceros de falsimedia. Todos ellos son los que quieren perpetuarse en el poder para que no se sepa la verdad de sus crímenes y para ello han iniciado un nuevo ciclo de guerra ‒el tercero en los últimos 70 años‒ con la finalidad de perpetuarse en el poder, en el que se encuentran desde hace doscientos años.

A nivel internacional se rompió la aureola de democracia que siempre enarbolaban los políticos colombianos y sus intelectuales de pacotilla, como país defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de los tres poderes separados y falacias por el estilo. Ante los ojos del mundo está

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Pablo Neruda

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quedando claro lo que es el terrorismo de Estado a la colombiana y como acá no se vive ningún reino de paz después del 2016, cuando se firmó el fracasado acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano. Y ante los ojos del mundo también queda el doble rasero, seudo moralista e hipócrita de Estados Unidos, la Unión Europea, la Pandilla de Lima, la OEA…, quienes no condenan al régimen colombiano por sus crímenes, sino que le hacen respetuosas sugerencias. De todo el maltrato e injerencia en Venezuela y Cuba, asediada por esa banda de delincuentes que a sí mismos se denominan “comunidad internacional”, que bloquean y hambrean a los países, no hay nada parecido con el régimen criminal en Colombia, que es financiado y apoyado por Washington, quien ha dejado claro que hay que conservar al país como su peón incondicional. Por eso, esos crímenes no resuenan para nada en los círculos del poder mundial.

En esta ocasión, y eso lo señala el mismo movimiento, los asesinos no deben ni pueden quedar en la impunidad. Ellos, empezando por el subpresidente Iván Duque, su Ministro de Defensa (sic), los altos mandos de la policía, los alcaldes involucrados en la represión deben ser juzgados y condenados. Después de la caída de la Reforma Tributaria, que tanto dolor y sangre ha costado, esa es la reivindicación principal del movimiento. Que los asesinos no queden en la impunidad, y se saben quiénes son y donde viven, con nombres propios y direcciones exactas.

En síntesis, estamos viviendo uno de esos momentos de crisis orgánica, en que como siempre lo han dicho los grandes pensadores de la política subalterna, lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no acaba de nacer. En ese sentido, la sangre joven derramada en esta dolorosa coyuntura histórica es la semilla que abona el sueño de otro país, digno, decente y soberano. Ese sentimiento lo expreso el joven estudiante de la Universidad Tecnológico de Pereira Lucas Villa en su último audio, antes de ser mortalmente abaleado, cuando dijo: “Muchos podemos morir, pero uno cómo no va a salir a marchar”.

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Estados Unidos y su apoyo a los golpes de Estado y a los dictadores

Por: Renán Vega Cantor 

“Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, palabras de Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, hablando del dictador de República Dominicana.

El título de este artículo puede parecer de entrada como injurioso y fuera de tono, pero adquiere sentido porque parafrasea lo dicho por altos funcionarios de los Estados Unidos en varias ocasiones cuando se referían en conciliábulos privados a algunos dictadores de América Latina que ellos patrocinaban. Quien originalmente pronunció la palabra “hijo de puta” para referirse a uno de los dictadores apoyados por Washington fue Cordell Hull, en 1938.

Después la repitió el mismísimo presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador de Nicaragua Anastasio Somoza a quien también considero como “nuestro hijo de puta”. Esta última referencia es la que más se suele citar, porque apareció en un número de la Revista Time de 1948. La palabra soez se usaba para señalar la verdadera catadura criminal de los dictadores apoyados por Washington, algo que al final poco interesaba en la medida en que ellos fueran sumisos e incondicionales a los Estados Unidos. Que esos dictadores mataran, torturan, desaparecieron a miles de personas en sus respectivos países, poco le interesaba a Estados Unidos, siempre y cuando no fueran a tocar los intereses del capital estadounidense. Traducida la afirmación sobre los dictadores quería decir: sí, son asesinos y criminales, pero nos sirven y los necesitamos, y por eso si hay que matar y torturar para mantener incólumes nuestros intereses, poco importan esos métodos tan poco refinados. Y para camuflarlos un poco, y que no salpicaran sangre hasta el territorio de los Estados Unidos, a esos dictadores se les calificaba por parte de políticos y medios de desinformación en Estados Unidos, como campeones de la libertad y amigos del mundo libre.

El término ofensivo, sobre todo con las pobres madres de los dictadores Rafael Trujillo y Anastasio Somoza, ha vuelto a cobrar actualidad en estos días, pero en un sentido diferente, en términos geográficos y políticos, a raíz de la absolución que se le hizo a Donald Trump en el segundo juicio político, relámpago por lo demás, que se le hizo en el Senado de los Estados Unidos, para juzgarlo por la toma del Capitolio el 6 de enero de este año.

Algunos liberales, admiradores de Estados Unidos y que son ignorantes, ingenuos o cándidos, que tanto han aplaudido la ida de Donald Trump de la Casa Blanca y elogian a su nuevo inquilino, Joe Biden (el “bonachón” que bombardea), se hacen cruces de incredulidad al enterarse del resultado de ese juicio relámpago y comprobar que Trump ha salido indemne, a pesar de que haya sido promotor de un intento de golpe de Estado, para perpetuarse en el poder, y que dejó un saldo fatal de cinco muertos.

Las preguntas más bien son otras: ¿De qué se sorprenden? ¿Acaso creían que a Trump lo iban a acusar de ser golpista, lo iban a sentenciar a cadena perpetua o a la pena capital y de forma inmediata lo iban a encarcelar? Si Estados Unidos nunca ha hecho eso con los dictadores que ha fabricado mientras le son útiles, mucho menos lo iba a hacer con uno de los suyos. Si el Congreso de los Estados Unidos hubiera condenado a un golpista, hubiera roto con la tradición que forma parte de los principios centrales de la política exterior de los Estados Unidos: apoyar a cuanto hijo de puta le sirva al American way of life, un axioma, tanto “teórico” como sobre todo práctico, que ha caracterizado la actuación de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX en el mundo y particularmente en América Latina.

Recordemos que en listado interminable de golpes de Estado y de dictadores que Estados Unidos ha patrocinado se encuentran criminales de la talla de los ya nombrados Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza, a los cuales hay que agregar Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina), Efraín Ríos Montt (Guatemala), Maximiliano Hernández Martínez (Salvador), Tiburcio Carias (Honduras), François Duvalier (Haití), Alfredo Stroessner (Paraguay),Ferdinand Marcos (Filipinas), Hahi Moamaed Suharto (Indonesia), Mobuto Sese Seko (Zaire) y una interminable cadena de otros hijos de mala madre del imperio, a lo largo y ancho del mundo, cuya lista es tan larga que se requieren muchas páginas para mencionarlos.

La novedad “politologica” del caso de Donald Trump no es que Estados Unidos tenga hijos malnacidos en casa, porque la casi totalidad de los presidentes y altos funcionarios de ese país lo son, sin duda alguna, sino que ahora uno de ellos se haya atrevido a atentar contra ellos mismos. Es decir, el gran crimen de Trump no radica en los múltiples crímenes que realizó fuera de los Estados Unidos, algo que es perfectamente normal en cualquier presidente de ese país, sino en que se haya realizado en casa lo que se hace y aplaude en el exterior. Al respecto, resulta diciente y cínico que Nancy Pelosi, del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, una de las más beligerantes contra Donald Trump por su intento del golpe en el Capitolio, sea la misma que aplaudió a rabiar y recibió personalmente al golpista venezolano Juan Guaidó, otro hijo de puta Made in USA. (Ver fotos).

El juicio inútil a un HP doméstico (Nancy Pelosi firma documentos de juicio contra Donald Trump) y en la otra foto se apoya a uno de nuestros HP en América Latina (Nancy Pelosi recibe al golpista venezolano Juan Guaidó)

Aunque no se le perdone a Donald Trump por lo que hizo el 6 de enero, esto tampoco podía llevar al Parlamento de Estados Unidos ‒una institución criminal, untada de sangre del resto del mundo, hasta los tuétanos‒ al peligroso extremo de condenarlo. Eso sería sentar un precedente funesto y de alguna forma cerrar las puertas a que futuros golpes de Estado, en los que se encuentre la mano asesina de Washington, salieran deslegitimados de antemano y alguien se atreviera a juzgar a los golpistas. No, no se puede abrir la Caja de Pandora, con una condena judicial a un golpista, que ha sido presidente de Estados Unidos. No, ahora hay que proceder en el ámbito doméstico de la política de Estados Unidos, como se ha hecho con los golpistas y dictadores que manufactura Estados Unidos en el exterior (y Juan Guaidó es uno de los últimos), decir en voz bajaque es un malnacido, pero afirmar en publico que es un demócrata, un genuino luchador por la libertad, un combatiente por la justicia y mil mentiras por el estilo.

Por eso, más bien hay que decir en adelante que Donald Trump, como lo deben murmurar políticos, periodistas y académicos del establecimiento en los Estados Unidos, es “un hijo de puta, pero al fin y al cabo es nuestro hijo de puta” y lo hemos tenido en casa, en plena Casa Blanca.

Fuente e imagen:  https://rebelion.org/estados-unidos-y-su-apoyo-a-los-golpes-de-estado-y-a-los-dictadores/

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Colombia: Sangrienta pacificación en Colombia

Sangrienta pacificación en Colombia

Renán Vega Cantor

Prólogo del libro El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia, de Oto Higuita (Dyskolo/Rebelión 2020)

El libro libre que ahora difunde Rebelión, cuyo autor es Oto Higuita fue publicado en papel en 2018 con el título «El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia». El libro fue escrito entre el momento de la derrota en el referéndum de octubre de 2016 y antes de la victoria del candidato del uribismo en las elecciones de 2018, quien hoy ocupa la Casa de Nariño.

En este sintético escrito se hace un recorrido a vuelo de pájaro sobre la historia colombiana de las guerras y los fallidos acuerdos de paz, siempre incumplidos por el Estado y las clases dominantes. Esa reflexión termina, por supuesto, con el análisis del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

Aunque solo han transcurrido dos años desde el momento de su edición, en tan corto tiempo han acontecido muchas cosas en Colombia, que indican el fracaso del proceso de paz, cuyos documentos finales se firmaron hace cuatro años.

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“Una falsa pacificación impuesta a fuego puede germinar la semilla de una nueva guerra”.

Sinar Alvarado, “Las demasiadas muertes en Colombia”, The New York Times, noviembre 1 de 2019.

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Un elemento que se destaca en la exposición es el relativo a las razones que explican el incumplimiento y la traición de larga duración de las clases dominantes en Colombia, que se remiten, y es un hecho que no se menciona en el libro, a la felonía agenciada en el año de 1781 en el virreinato de la Nueva Granada a las demandas de los insurrectos comuneros. El encargado por parte del poder colonial hispánico de firmar las capitulaciones que acordaron con los miles de comuneros que se encontraban en las goteras de Santafé de Bogotá, fue el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Los comuneros creyeron en el acuerdo escrito, refrendado por la palabra de este personaje, y se disolvieron y a las pocas semanas se inició la represión contra los conductores del movimiento y su principal dirigente, José Antonio Galán, fue brutalmente asesinado por el poder colonial. Quien recomendó su persecución fue el propio Caballero y Góngora y el mismo estuvo detrás de los terribles castigos que se le infringieron antes de matarlo. Su sentencia de muerte, decretada el 30 de enero de 1782, proclamaba:

Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera. Que, bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado por la llamas (para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo); su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro, la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes [y] declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esa manera se dé olvido a su infame nombre y acabe con tan vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspiran la fealdad y el delito.[1]

Galán fue brutalmente ejecutado, de acuerdo con la sentencia, el primero de febrero de 1782. Por su parte, Caballero y Góngora estuvo involucrado en una maniobra oscura que terminó con la muerte del virrey Juan de Torrezar Pimienta en 1782, a los pocos meses del fin de la insurrección de Los Comuneros, y movió los hilos para que fuera nombrado por Carlos III como Virrey de la Nueva Granada, lo que efectivamente alcanzó, y se desempeñó en ese cargo durante siete años.

Este ejemplo es un anticipo de lo que luego vendrá en Colombia: represión y escarnio para los que se rebelan y premio para los que traicionan, persiguen y masacran a los sublevados. Algo que sigue siendo una cruda realidad en la Colombia contemporánea, como lo demuestran elementales hechos que sufrimos a diario, y sobre los cuales Oto Higuita se refiere en su ensayo.

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En el análisis histórico que se realiza en este libro se destaca la experiencia del primer proceso de paz de la historia contemporánea de Colombia, el de 1953, cuando, tras el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, se pactó la entrega de armas por parte del movimiento guerrillero que se levantó contra la hegemonía conservadora, que había sido organizado inicialmente por el partido liberal, y cuyo hecho más destacado fue la desmovilización de las guerrillas del llano, bajo la conducción de Guadalupe Salcedo Unda. Lo que vino después de esa desmovilización de campesinos insurrectos fue el asesinato de miles de ellos, incluyendo al propio Guadalupe Salcedo, quien fue acribillado el 6 de junio de 1957 en Bogotá por la policía, en una emboscada aleve y cobarde. Como suele ser común en nuestro país, el hecho fue descrito como una acción defensiva de la policía, como lo registró una nota periodística:

Cerrado por los dos vehículos policíacos, el taxi debió detenerse pero sus ocupantes se negaron rotundamente a obedecer la orden de rendirse, antes por el contrario, uno de ellos “esgrimió desde el carro una pistola”. Acto seguido se trabó el tiroteo y momentos después dos de los ocupantes del taxi salían tambaleantes: uno de ellos cayó dentro de un zanjón y el otro en medio de la vía, mientras que los otro cuatro restantes eran capturados. [2]

Lo llamativo es que el cuerpo de Guadalupe Salcedo tenía disparos en ambas palmas de la mano, en la cabeza, en un hombro y un muslo, lo que indicaba que había sido asesinado a quemarropa y en total indefensión, porque esa era la orden. La policía siempre negó que hubiera sido un crimen de Estado, pero años después el camarógrafo de un noticiero de televisión descubrió en el Museo de la Policía Nacional, ubicado en el centro de Bogotá, la máscara necróptica del guerrillero liberal, en cuya ficha de identificación se podía leer: “Guadalupe Salcedo bandolero que operó en los Llanos Orientales, dado de baja en operativo de la Policía Nacional”[3]. Más claro ni el agua, del reconocimiento de un crimen de Estado, propio del terrorismo oficial que se impuso en Colombia desde el 9 de abril de 1948 y que mata a diestra y siniestra a los que considera como sus enemigos, como aconteció con el indefenso jefe guerrillero del llano.

Nos hemos referido a este acontecimiento, por su trascendencia y porque es el antecedente más parecido a lo que está sucediendo hoy con los excombatientes de las Farc. Esa eliminación sistemática y planificada de exterminar a los guerrilleros liberales, que se amnistiaron y entregaron sus armas en 1953, es similar a lo que sucede hoy. Este hecho lo recuerda Oto Higuita, quien también comenta el genocidio de la Unión Patriótica con posterioridad a los acuerdos de La Uribe de 1984. En este caso no se estaba asesinado a exguerrilleros sino a líderes sociales y políticos que nunca habían empuñado las armas, ya que fueron acribillados concejales, senadores, representantes a la cámara, alcaldes y militantes políticos, hasta alcanzar la cifra de unas cinco mil personas.

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El recordatorio de lo acontecido con Guadalupe Salcedo no es una mera curiosidad histórica, sino una muestra de lo que se convirtió en pauta para las clases dominantes y el estado colombiano con referencia al incumplimiento absoluto de los acuerdos de paz y el asesinato de los guerrilleros desmovilizados.

Este es el primer punto que vale la pena evocar sobre la situación actual, dado que el elemento básico para hablar del cumplimiento de un acuerdo es el respeto de la vida de los excombatientes, quienes, al fin y al cabo, dejaron las armas para evadir la posible muerte en combate. Y lo que está sucediendo en Colombia ahora mismo es un genocidio político de los excombatientes de las Farc, puesto que en el momento en que se escriben estas líneas han sido asesinados 230 exguerrilleros, a lo que debe sumarse 45 de sus familiares y el haber soportado unos 300 atentados. Esto se ha producido a lo largo y ancho del territorio colombiano, lo que indica que es un plan sistemático de exterminio, frente al cual reina la pasividad absoluta de la sociedad colombiana o, peor aún, la aceptación y el aplauso de un importante sector de la misma.

Que en Colombia no haya existido ni una voz de protesta tras el asesinato del primer excombatiente, lo que aconteció a principios de 2017, dejó abierto el camino hacia el genocidio en marcha, porque el silencio que es el respaldo tácito a la impunidad con que actúan los asesinos, vinculados directa o indirectamente con el Estado y que hacen parte del brazo armado del bloque de poder contrainsurgente.

Desde este punto de vista el primer aspecto que indica el fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Santos y las Farc estriba en que no se respeta la vida de los firmantes y desmovilizados.

Además, para indicar el carácter organizado y sistemático del genocidio, han sido asesinados combatientes rasos, hombres y mujeres, mandos medios, comandantes de frente, en el campo, en ciudades intermedias y en Bogotá. Se registran hechos de sevicia contra excombatientes, como lo acontecido en Norte de Santander, cuando Dimar Torres antes de ser ejecutado fue castrado por miembros del Ejército colombiano.[4]

El asesinato de excombatientes está en la base de nuevas guerras, puesto que muchas personas prefieren volver a enmontarse y armarse antes que dejarse matar inermes y desarmados. Ahora, eso mismo vuelve a suceder, puesto que miembros del partido de las Farc se están uniendo a las disidencias o a la Nueva Marquetalia.

La asimetría de los resultados del acuerdo en términos de muertos es evidente: desde que se firmó el acuerdo y comenzó el desarme en 2016, en promedio cada cinco días se está asesinando a un antiguo insurgente, mientras que por parte de las fuerzas armadas del Estado no ha habido ni un solo muerto, causado por miembros del actual partido de la rosa.

Para darse cuenta de cómo se han modificado las cosas, digamos que, según cifras oficiales, entre 2005 y 2016 murieron 2859 integrantes de las Fuerzas Armadas en combates con las Farc[5]. Estamos hablando de una asimetría absoluta, porque ahora los muertos solamente vienen del lado de los desmovilizados, que están muriendo casi al mismo nivel que morían cuando había combates, si recordamos que desde el inicio de la Fase Exploratoria y hasta el cierre de la negociación en 2016, el Estado colombiano masacró a 303 guerrilleros[6]. En estas condiciones, la pregunta elemental es solo una: ¿De qué paz se habla si ahora están muriendo tantos insurgentes como cuando había guerra? En este caso, no hay que filosofar mucho para concluir que antes que paz, lo que está en marcha es un brutal proceso de pacificación, en que el bloque de poder contrainsurgente asume la labor de destruir al adversario, luego de incumplir lo pactado.

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Entre algunos de los grandes problemas de las negociaciones de La Habana, que se han desnudado plenamente en estos cuatro años, se encuentran el no haber desmontado las estructuras paramilitares ni el terrorismo de Estado, ni haber modificado un pelo la doctrina anticomunista y contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, ni haber logrado nada en materia de soberanía con respecto a los Estados Unidos. Tras estos grandes asuntos se encuentran otros, como los de la preservación del neoliberalismo, mantener incólume el poder de los grandes propietarios de la tierra, la ausencia de una reforma política, la forma como terminó la justicia transicional, en donde desapareció el juicio a terceros, y prácticamente quedó como una instancia para juzgar a las Farc, en una especie de tribunal de venganza. Todos estos elementos son señalados por Oto Higuita, pero con los elementos nuevos de los dos últimos años merecen ser complementados.

Al mismo tiempo, otros hechos derivados de gran importancia que han demostrado que nada ha cambiado en este país, radica en haber dejado incólume el aparato de propaganda del bloque de poder contrainsurgente, que tan útil ha sido para sustentar el proyecto antipopular y crear un imaginario negativo con respecto a la antigua insurgencia, de odio y de venganza.

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El paramilitarismo nunca fue desarmado y por eso hoy sigue incólume y mantiene el terror en vastas regiones del país, asesina a luchadores populares y a excombatientes y es el principal responsable de las masacres que siguen presentándose en este país. Solo en lo que va corrido de los ocho primeros meses de este año, 2020, se tienen documentadas 46 masacres en todo el territorio colombiano.[7] Cuando se supone que se están implementando los acuerdos, ¿cómo es posible que se mantengan las masacres, al mismo ritmo que se han dado en los últimos 40 años y recobren los niveles de sadismo de otros tiempos? Esto no puede entenderse desde una lógica antidrogas, que forma parte del discurso oficial del régimen de Iván Duque y de gran parte de la prensa y de los políticos de izquierda y de derecha. Afirmar eso es desconocer los problemas nunca resueltos y que fueron tocados en forma marginal en los acuerdos de La Habana (como el de la concentración de tierras y el poder de ganaderos y terratenientes), que explican la existencia del paramilitarismo, uno de cuyos soportes es la defensa de la gran propiedad y por eso se mantienen los ejércitos de exterminio, como para decir que no están dispuestos a ceder ni un milímetro de sus tierras, argumentando que existiría una supuesta transformación rural como resultado de los acuerdos.

Las masacres no son indiscriminadas ni ciegas, ni responden principalmente a las órdenes de los empresarios de las drogas de uso ilícito, sino que son obra de la contrainsurgencia de siempre para bloquear cualquier reivindicación y deseo de democratizar la sociedad colombiana. Por eso, se mata a jóvenes universitarios, a niños desplazados en los cañaduzales, a reclamantes de tierras, a ambientalistas que denuncian los megaproyectos mineros, a indígenas, campesinos y a miembros de comunidades negras, porque todos ellos son obstáculos en el proceso de acumulación traqueta de capital.

No es casual que las masacres se acentúen cuando se ha tocado, así sea solamente en términos simbólicos, a una de las columnas centrales del paramilitarismo, personificado en un expresidente de la República y no es raro que sus voceros de prensa hayan amenazado con que eso iba a suceder si se rasguñaba al dueño del Ubérrimo. Así lo anunció en público la periodista estrella del uribismo cuando dijo: “Si a Uribe lo ponen preso, les doy una pésima noticia a sus malquerientes: no se acabarán los problemas que tiene Colombia. Tampoco llegará la paz que todos deseamos. Quizás la violencia se agudice. La Corte tiene la palabra”.[8] Dicho de otra forma, con el jefe no se metan, porque si lo hacen habrá violencia y los responsables son los magistrados de la corte que se atrevieron a realizar tamaño despropósito. Vaya casualidad, que a los pocos días de este anuncio arreciaron las masacres en todo el país.

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Otro de los temas que demuestran el fracaso de los acuerdos de La Habana está relacionado con el imaginario anticomunista, señalador y homicida, que se ha renovado en forma burda en los últimos años, presentado con la denominación de castrochavismo, que logró imponer el No en el plebiscito de 2016, luego montó a Iván Duque como subpresidente y no ha cesado de justificar la represión y persecución de quienes no comulgan con el credo del Centro Democrático y sus áulicos.

Ese imaginario anticomunista ha justificado asesinados, montajes judiciales, señalamientos criminales a través de los medios de desinformación que indican que no se establecieron las bases para hacer política en forma legal y con seguridad, que era quizá el principal objetivo de los acuerdos y el desarme de las Farc. Nada de eso se ha realizado y se ha impuesto una macarticación constante, que muestra como si fuera un delito pertenecer al partido político de las Farc. Un ejemplo reciente ilustra lo que estamos diciendo, que se derivó de la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego (Departamento de Nariño). Luego de que se cometió la masacre, empezaron a circular mensajes en las redes sociales que decían que esa masacre se había cometido porque los muertos eran miembros de las juventudes de las Farc, como si esto en sí mismo fuera un delito o un crimen y fuera una justificación valida del asesinato. El señalamiento llevó a que los jóvenes de Samaniego organizaran una manifestación en la que portaban carteles en los que se decía: “No somos de las Juventudes de las Farc”

Este es un hecho indicativo de que nada ha cambiado en este país, puesto que los jóvenes tienen que salir a la calle a decir que no son de las Farc, como si eso mismo fuera un delito, y justificara atentar contra el que pertenezca a ese partido.

Hasta el punto llega el juego macabro de esa lógica, que un reconocido miembro de la extrema derecha y ligado al paramilitarismo de los ganaderos publicó una foto en la que adulteraba este mensaje, junto con la justificación de la masacre:

¡Qué buen ejemplo de concordia y de tolerancia el que existe hoy en Colombia, que sería risible si no es porque es una justificación burda de los asesinatos contra los jóvenes colombianos! De esos señalamientos se desprende una conclusión brutal: quien sea un militante de aquellas organizaciones que son señalados como comunistas o terroristas merece ser asesinado, eso es lo que se hace a diario en este martirizado país, y tal práctica cotidiana y macabra forma parte del proyecto de pacificación en marcha.

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El caso de Jesús Santrich denota el trasfondo del proceso de paz y la perfidia del bloque de poder contrainsurgente para incumplir lo pactado y para dejar claro que no está dispuesto a permitir la participación en política de los insertados que no se atienen al orden oligárquico en Colombia. La persecución cobarde y cínica contra Santrich se fraguó, hay que subrayarlo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el mismo que firmó el acuerdo y le había dado la mano a Santrich y a Iván Márquez, y quien obtuvo el Premio Nobel de Paz (¡!). Pues este individuo, con ayuda de un fiscal incondicional y opuesto al proceso de paz y con la participación directa de los Estados Unidos, propició un montaje burdo, sin ningún tipo de evidencia, en el que inculparon al dirigente de las Farc de ser un narcotraficante. Para eso montaron un tinglado de mentiras, calumnias, desinformación y lo sometieron a cárcel y tortura durante varios meses y si Santrich no se les va de las manos hubiera sido asesinado o recluido en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, como Simón Trinidad, quien se hunde en las mazmorras del imperio desde hace casi 20 años.

Esta persecución fue fríamente calculada por el régimen de Juan Manuel Santos y se dirigió a aquel dirigente que no abandonó su crítica directa y frontal al capitalismo colombiano, que se negó a plegarse a las veleidades de un parlamento corrupto, que no aceptó las mentiras del bloque de poder para arrodillarse y pedir perdón por haberse revelado con las armas en la mano y que señaló que el acuerdo de paz no era el fin de un proyecto revolucionario, sino un momento más en la lucha anticapitalista, bajo otras condiciones. Todo ello resultó inadmisible para las clases dominantes de este país, y para un sector de la propia dirigencia de las Farc (que controla en la actualidad el partido) y por eso era necesario deshacerse de un personaje tan incomodo, culto y letrado, con lo que además se indicaba cuál es el verdadero alcance del desarme y la desmovilización, que no se entiende solamente como dejar de emplear las armas de guerra, sino también el arma de la crítica y aceptar las “normas de convivencia” del capitalismo colombiano, de sus medios de desinformación, de sus pseudointelectuales y aceptar como legitimo el terrorismo de Estado imperante, considerándolo como un “Estado social de derecho”.

El resultado nefasto de esa persecución está a la vista: generar un efecto de demostración para que nadie se atreva a transgredir las normas impuestas, entre las cuales se encuentra alabar la tan mentada e imaginaria “democracia colombiana”, conformándose con unas migajas para unos dirigentes acomodados en las sillas del parlamento. Una consecuencia directa del trato que se le dio a Santrich y a Iván Márquez fue la formación de la Segunda Marquetalia, la que desde luego no se explica solamente por este acontecimiento, pero si se catalizó por la saña que se evidenció contra este dirigente.

Las razones que explican la aparición de la Segunda Marquetalia no pueden reducirse, como hace el bloque de poder contrainsurgente, sus áulicos y gran parte de la izquierda a la vaporosa cuestión de las drogas y el narcotráfico, porque eso es desconocer no solamente los efectos del incumplimiento de los acuerdos, sino las razones sociales que explican la prolongada guerra en nuestro país. Esas condiciones ni mucho menos se han modificado, ni muestran perspectivas de solucionarse, como lo indica el trato que el régimen le ha dado a la pandemia de Coronavirus, regido por un vulgar darwinismo social a favor de los ricos y poderosos (el salvamento de Avianca por el Estado colombiano es el mejor ejemplo), y la enfermedad y muerte para los pobres y humildes, a nombre del sálvese quien pueda.

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Otro de los elementos que muestran el fracaso de los acuerdos de La Habana está referido al regreso de la sustitución forzada de cultivos de uso ilícito, entre los que se destaca la hoja de coca. En el gobierno de Iván Duque se ha impuesto la misma fallida y criminal política antidrogas que el Estado colombiano viene aplicando desde la década de 1970, una burda copia de lo que dictamina Estados Unidos, que se centra en atacar las zonas campesinas de producción, mediante el uso de la fuerza militar y la utilización de glifosato. Este herbicida que daña la tierra, el aire, el agua y envenena a las personas, ha sido empleado en Colombia durante 35 años hasta el último período del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se suspendió su aspersión. Pero ahora, por presiones de los Estados Unidos, acogidas al pie de la letra por el régimen de Duque, se está planteando volver a fumigar a los campesinos, lo cual se viene justificando con las masacres, con el pueril argumento que si se fumiga van a desaparecer las condiciones que las generan. Esta lógica burda sigue al pie de la letra la concepción contrainsurgente de no resolver nunca los problemas de base del país, sino recurrir a las balas y a las botas oficiales para echarle más fuego a la candela, en lugar de apagar los incendios.

Además, en diversas zonas del país han vuelto a ser asesinados campesinos cocaleros por el Ejército, como muestra de una política represiva, a lo que se reduce la presencia del Estado[9]. Y eso es lo que se hace en las zonas cocaleras y en los territorios que antes controlaban las Farc-Ep y que el Estado solamente ve como frentes de guerra y represión.

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Las Fuerzas Armadas del Estado colombiano nunca han abandonado su doctrina contrainsurgente, anticomunista y antipopular en la que han sido formadas en los últimos 60 años. Esas Fuerzas Armadas no hablan de paz sino de pacificación, lo que quiere decir que para ellos no existen acuerdos que haya que cumplir y respetar, sino que lo que se presentó fue una derrota del enemigo, y como tal hay que asumirlo.

Esa arrogancia triunfalista de muestra a diario, en los desfiles militares, en las columnas de opinión de los militares activos metidos a periodistas, en el engrandecimiento de los pretendidos “héroes patrios” y, sobre todo, en sus acciones cotidianas de impunidad contra los pobres en campos y ciudades, que no se diferencian de lo que han venido haciendo desde hace décadas.

Eso se evidencia con las declaraciones de los Ministros de Defensa (sic) y de los comandantes de tropa, que han llegado a manifestar que ellos no creen en el cuento de la paz, ni de medias tintas por el estilo, sino en los clásicos métodos con que suelen proceder, como los de las desapariciones forzadas, los crímenes de Estado (llamadas en forma eufemística como “falsos positivos”), las violaciones de niñas y jóvenes, los bombardeos indiscriminados en que se mata en forma consciente a niños, y en toda la panoplia de retórica guerrerista contra la población civil. Sobresale al respecto el control y la vigilancia de los opositores, su seguimiento ilegal, y los métodos tradicionales de la estrategia contrainsurgente, hasta el punto de que The New York Times señala “la vigencia de la guerra sucia, ejercida por el Estado. Y también la fragilidad de la política colombiana, que no termina de sacudirse las maneras más primitivas de la guerra”. Por ello, no extraña que

Durante la gestión de Duque, al menos un asesinato atribuido al ejército ha sido probado, el de Dimar Torres, un excombatiente de las Farc. La violencia oficial en Colombia es un ciclo incesante donde la agresión nunca desaparece; simplemente perdura y se adapta con mínimos cambios de forma.[10]

No por casualidad en el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2021 son destinados recursos 22 veces más altos para las fuerzas armadas que los que se dedican a agricultura, comercio e industria. Una buena parte de esos recursos son para pagar los sueldos de una tropa de 452 mil efectivos (entre militares, policías y organismos secretos) y a mantener los privilegios de la cúpula militar, que no es vigilada ni supervisada por ninguna entidad, por aquello del ruido de sables de un poderoso lobby militar enquistado gracias a la guerra interna. Y esas fuerzas armadas no quieren, desde luego, que desaparezcan sus privilegios, engrasados con la sangre y el dolor de millones de colombianos. Como bien lo ha dicho el columnista de The New York Times en Colombia: “Juan Manuel Santos, el expresidente pacificador, de algún modo prefirió dejar quietos a los hombres de armas con tal de comprometerlos en su meta principal”, que no era otra que desarmar y desmovilizar a las Farc-Ep.[11]

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Colombia siempre ha sido un foco de conflicto en Sudamérica, por los efectos de nuestra guerra interna y eso ha sido promovido por los Estados Unidos en su propio beneficio estratégico. En concordancia, el Tío Sam está detrás del proyecto contrainsurgente que se impuso en nuestro país desde la década de 1950 y se vincula con el mismo proyecto en el resto del continente. Las clases dominantes de Colombia han sido incondicionales al dominio estadounidense desde mediados del siglo XX, lo que se ratificó con la adopción del Plan Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que comenzó mientras se realizaban los fallidos diálogos del Caguán y fue implementado a sangre y fuego por el régimen de Álvaro Uribe Vélez.

Ese Plan Colombia no era de uso exclusivamente interno, sino que tuvo una dimensión continental para asegurar la hegemonía de los Estados Unidos en tiempos de emergencia de gobiernos progresistas en el continente. Desde un comienzo era claro que el Plan Colombia no pretendía luchar contra las drogas, sino que tenía finalidades contrainsurgentes más allá de Colombia, y en particular se dirigía contra la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez.

Venezuela participó activamente como mediador en los diálogos de La Habana, con la perspectiva de que la paz interna en Colombia contribuyera a reducir agresiones y provocaciones en la frontera, pero sucedió lo contrario, porque la desmovilización de las Farc significó que el gobierno de Juan Manuel Santos, con felonía calculada y al servicio del imperialismo estadounidense, reforzara el nefasto papel de Colombia de usar su territorio para agredir a Venezuela, lo que se acentuó durante el régimen de Iván Duque, que es una ficha servil e incondicional de los Estados Unidos.

Sobre la presencia de tropas en los Estados Unidos en territorio colombiano, la revista Semana hizo esta confesión: “En el pico, hubo alrededor de 1.000 soldados y contratistas y hasta 51 edificios militares estadounidenses en Colombia. Esos números han disminuido sustancialmente. ¿Sería posible el desembarco de «5.000 tropas» en el país, como sugería la libreta de Bolton?”.[12]

Y como parte de esa agresión sobresale el reforzamiento de Colombia como un portaviones terrestre de los Estados Unidos, con sus numerosas bases y presencia militar y mercenaria (que se demostró en forma nítida con la agresión del 3 de mayo de 2020 (Operación Gedeón) contra territorio venezolano), el aumento de tropas estadounidenses en nuestro territorio y el proyecto de “Colombia crece”, que es simplemente la continuación del Plan Colombia.

Con bombos y platillos, el régimen de Duque y enviados de los Estados Unidos, entre ellos del Comando Sur, anunciaron la inversión de 5000 millones de dólares para el nuevo plan. El anuncio retórico se basa en los mismos supuestos de hace 20 años, combatir el narcotráfico, lo cual ya es falaz, porque siempre se dijo que ese Plan había sido un éxito en su lucha contra las drogas. Esa es la forma, porque el fondo es el mismo de siempre, es un proyecto contrainsurgente y en este caso específico, que va dirigido contra Venezuela. En concordancia se refuerza el proyecto de Zonas Futuro, aprobado en enero de este año, y en el que ya se anunciaba el dinero de Estados Unidos. Lo llamativo es que algunas de esas zonas limiten con Venezuela, algo que no puede pasar a segundo plano, en momentos en que arrecia la agresión contra el hermano país.

En conclusión, puede decirse que los acuerdos de Paz con las Farc en lugar de ser un hecho que contribuyera a la paz regional dejo las manos libres del Estado y de las Fuerzas Militares tras la desmovilización de esa insurgencia, lo que afianzo la estrategia de convertir nuestro territorio en punta de lanza contra Venezuela, como parte de la guerra hibrida y no convencional que Estados Unidos libra contra ese país, y en donde Colombia desempeña un vergonzoso papel de títere amaestrado.

El problema es que, en cualquier momento, eso podría terminar en un conflicto de otra índole con repercusiones inimaginables para nuestro país, que recordemos tiene una frontera con Venezuela de 2219 kilómetros.

11

En términos estructurales el tema de la tierra es el asunto más álgido del país y que se tocó como primer punto de los acuerdos, donde se dice:

…Que a juicio del Gobierno la transformación estructural del campo debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las Farc-Ep dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales.

Al respecto, al 31 de marzo de este año al Fondo de Tierras, que se estipuló en el acuerdo, habían sido transferidas 1 millón de hectáreas, que corresponde al 30% del total estipulado. Lo más significativo es que hasta ahora no se haya adjudicado ni un solo predio a los campesinos, como resultado del acuerdo, al punto que Jairo Estrada, representante en la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz  (Csivi) “Nosotros no conocemos los campesinos de carne y hueso que puedan decir ‘por cuenta del Acuerdo de Paz me entregaron esta tierra gratuitamente que provenía del Fondo de Tierras’”.[13]

Junto al Fondo de Tierras, en el acuerdo se planteó la formalización de la entrega de siete millones de hectáreas de tierra a los campesinos que las poseen o son sus dueños y eso debería cumplirse en el 2026. Hasta el momento solo se han formalizado 100 mil hectáreas, lo que indica la lentitud del asunto, paquidermia característica de la historia colombiana cunado de repartir la tierra se trata. Un estudio de La Contraloría General de la Nación indica que a ese ritmo se van a necesitar 25 años adicionales para cumplir ese acuerdo.

Adicionalmente, en el campo no ha cesado la violencia y la persecución a campesinos, indígenas y reclamantes de tierras, que están siendo sometidos a un proceso sistemático y planeado de exterminio, que organizan y financian los grandes terratenientes y ganaderos, que crearon un ejército antirrestitución de tierras, que viene operando desde hace años y que ha aumentado sus acciones criminales, luego de la firma del acuerdo de La Habana.[14]

12

Un último punto en esta presentación, sin ser exhaustivos ni agotar el tema. En el registro del año anterior sobre el asesinato de ambientalistas en el mundo, Colombia ocupó el deshonroso primer lugar, lo cual se complementa con la destrucción de gran parte de nuestro manto forestal, mediante los incendios programados en nuestros bosques de la amazonia, del Choco y de otras regiones del país. Este hecho se explica en gran medida por el proyecto pacificador del bloque de poder contrainsurgente, con sus terratenientes y ganaderos al frente, de tomarse los territorios a los que hasta hace pocos años no habían podido llegar, en su propósito de abrir fundos ganaderos, lotes para sembrar cultivos de exportación (palma aceitera, caña de azúcar, caucho…), extraer petróleo, minerales y explotar recursos forestales. Esa nueva conquista solo ha sido posible por la salida de las Farc de esos territorios, que por la guerra se habían mantenido lejos del saqueo.

Los campesinos de varias regiones del país vieron la llegada desde finales del 2016 de gente que no conocían y que traían grandes máquinas para limpiar la tierra. Por ejemplo, en el Bajo Caguán,

don Emilio Rojas Moncada, campesino y colono desde los años ochenta, habla de su angustia frente a la llegada de nuevos actores al territorio y de lo que él considera un desastre ecológico terrible: la tala y quema de cientos de hectáreas de bosque. “Hay partes donde han tumbado entre 200 y 300 hectáreas, y no son campesinos. A la zona está llegando gente de afuera, grandes empresarios que amenazan no solo la montaña, sino la seguridad de todos nosotros”.

En forma lapidaria la Revista Semana lo ha dicho: “En muchos de los territorios donde antes dominaba la guerrilla se ha disparado la deforestación”, por lo que, en muchas regiones del país, “la naturaleza es la principal víctima de la paz”.[15]

13

Después de todas estas vueltas, regresamos al libro de Oto Higuita, del que no nos habíamos olvidado. Simplemente estábamos actualizando algunos de los aspectos que allí se mencionan. Y queremos cerrar con una idea que se encuentra en las últimas paginas del libro, que con el proceso de paz se selló una “derrota estratégica”, lo que llevó a que no se consiguiera nada significativo en el acuerdo y se impusiera la lógica del bloque de poder contrainsurgente y se presentara una separación radical entre la dirigencia de las Farc y sus bases históricos, que son las que están siendo exterminadas.

Ese bloque de poder tiene dos fracciones definidas que con diferencias de matiz no son antagónicas y, en términos de eliminar la insurgencia, se identifican plenamente, con la diferencia de que el sector terrateniente (el uribismo) solo piensa en la destrucción militar del enemigo, mientras que el sector financiero (representado ahora en el santismo) combinó la acción militar con el dialogo. Pero, finalmente, eso condujo al efecto deseado de destruir a las Farc, y luego de conseguido ese objetivo, el uribismo completa la tarea de hacer trizas lo acordado, y con ello mata a los antiguos insurgentes y elimina cualquier atisbo de democratización real en la sociedad colombiana.

A la conclusión de la derrota estratégica se llega con dolor, puesto que los previsibles resultados están a la vista al ver como se esfuma la posibilidad de que terminara la guerra en Colombia y se emprendiera el camino de construir una sociedad decente. Ese mismo dolor es que sentimos los colombianos que soñamos y luchamos por otro tipo de país y vemos frustrado otro intento más de alcanzar una paz negociada, que beneficiara a la mayoría de los colombianos y que significara que se pudiera hacer política sin el riesgo de morir en el intento.

Por esta razón, tanto Higuita como nosotros escribimos con un dolor que nos carcome las entrañas, ante la criminalidad del bloque contrainsurgente y la impotencia que eso genera. Y también causa desazón constatar la manera como, luego de la firma de los acuerdos, se fueron disgregando las Farc, hasta convertirse en la actualidad, como lo había vaticinado, el malogrado François Houtart, en un “pequeño partido socialdemócrata”. Pero es otro tema, que queda fuera del marco de nuestro análisis, ya que hemos querido centrar la atención en la perfidia, traición e incumplimiento por parte de ese bloque de poder contrainsurgente, lo que en últimos implica la prolongación de la guerra, con sus secuelas de sangre, horror y sufrimiento para la población colombiana. Por ello, vuelven a cobrar validez las palabras de Manuel Marulanda Vélez cuando sostuvo: Volveremos a hablar de paz dentro de 20 mil muertos.

Septiembre de 2020

Notas:

[1]. “Sentencias de José Antonio Galán y Compañeros, [1781]”, en Juan Friede, Rebelión Comunera de 1781, Documentos, Tomo II, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1981, pp. 626-627.

[2]. “Guadalupe Salcedo muerto hoy en Bogotá”, El Independiente, junio 6 de 1957, p. 3.

[3]. Citado en Pedro Nel Suarez, ¿Quién mató al capitán?, http://www.alcarajo.org/quien-mato-al-capitan/).

[4]. https://especiales.semana.com/el-asesinato-de-dimar-torres/index.html

[5]. https://lasillavacia.com/nuestras-armas-dejadas-jamas-volveran-guerra-78112

[6]. Ibid.

[7]. Indepaz, Informe de masacres en Colombia durante el 2020. Con corte 25 de agosto de 2020. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/08/Masacres-en-Colombia-2020-INDEPAZ-25-agosto-2.pdf

[8]. Vicky Dávila, “Álvaro Uribe”, Semana, agosto 1 de 2020. Disponible en: https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe/690940

[9]. https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/ejercito-asesina-a-campesino-en-zona-rural-de-cucuta/

[10]. Sinar Alvarado, “El espionaje volvió a la política colombiana”, The New York Times, enero 17 de 2020. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/01/17/espanol/opinion/chuzadas-colombia.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article

[11]. Sinar Alvarado, Un ejército de agresores camuflados, The New York Times, julio 21 de 2020. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/07/21/espanol/opinion/colombia-ejercito.html

[12]. Semana, enero 29 de 2019.

[13]. Citado en Sebastián Forero Rueda, Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/07/21/espanol/opinion/colombia-ejercito.html

[14]. Juan Goméz Tobón y Ariel Avila, “El ejército antirrestitución y la guerra contra los reclamantes”, El Espectador, abril 13 de 2019. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-ejercito-antirrestitucion-y-la-guerra-contra-los-reclamantes/

[15]. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-despues-del-acuerdo-de-paz-con-las-farc/41088

Renán Vega fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, creada en la mesa de dialogo de La Habana.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/sangrienta-pacificacion-en-colombia/

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La tríada del embrutecimiento en Colombia

Por: Renán Vega Cantor

La función fundamental de un libro crítico radica en develar los mecanismos, abiertos o sutiles, de la dominación y la opresión, sin importar ni el tema, ni la dimensión temporal, ni la escala espacial del asunto que se estudie. Esto es lo que hace Efrén Mesa en el libro que ahora presentamos y cuyo tema central es el de las implicaciones de la enseñanza de la historia patria en la vida cotidiana de los habitantes de un lugar profundamente conservador y católico, como lo es el municipio de Aquitania (Boyacá), conocido antes como Puebloviejo, en la época de la Violencia (1946-1965).

Es necesario destacar tres coordenadas principales de esta obra. Primero, los vínculos estrechos entre historia patria, religión y educación cívica, como pivotes de una forma de enseñanza que reafirma el poder de la jerarquía católica y de los terratenientes en la sociedad colombiana. Segundo, los nexos entre la política nacional y lo local, a través de los discursos de los políticos conservadores y de los representantes de la iglesia católica, generadores de odios, sectarismos, exclusiones y violencia. Tercero, la consolidación de la intolerancia cultural, por medio de discursos incendiarios de políticos, afiliados principalmente al partido conservador, y de obispos y curas que generan y legitiman una práctica criminal (a nombre de la pretendida superioridad de los valores religiosos y morales que defienden las jerarquías católicas y los directivos y militantes del partido conservador) que se manifiesta en el asesinato, la persecución, el destierro, la estigmatización y el señalamiento de todos los que son considerados como enemigos de la “patria” y de los sacrosantos valores de la religión católica y de la propiedad privada. Esto viene acompañado de la construcción de un imaginario anti-comunista, con el cual se legitima la persecución de esos enemigos, todos los cuales, pese a las diferencias que puedan tener, son englobados bajo el mote de “comunistas”, que deben ser erradicados de la tierra colombiana, empezando por los liberales, presentados como la encarnación del “demonio rojo”.

 La triada que embrutece: historia patria, religión y educación cívica

Una de las grandes desgracias que hemos padecido los colombianos desde finales del siglo XIX, más exactamente después de 1886, fue la imposición de la religión católica como credo oficial, promovido por el Estado, lo cual le dio un poder inusitado a un estamento privado, la jerarquía católica, en los órdenes ideológico, simbólico, educativo, cultural… En el terreno educativo esa religión adquirió un poder desmesurado en cuanto el control y disciplinamiento de los cuerpos y de los espíritus y eso fue posible mediante la implementación de unos saberes dogmáticos y escolásticos, entre los cuales sobresalía la enseñanza de la doctrina religiosa, como materia obligatoria en todas las instituciones de educación del país, lo que vino acompañado de la condena de todo aquello que fuera considerado laico o no confesional, porque no correspondía al “orden divino” del credo católico.

La enseñanza de la religión se convirtió en el soporte de la dominación ideológica y cultural de la iglesia católica y también en uno de los filtros que determinaba quien debía ser considerado como un “buen cristiano”, lo que tenía consecuencias en materia de acceso a la educación, a los empleos públicos y a la participación en cualquier instancia de la sociedad. Esa enseñanza religiosa inculcaba la sumisión, la obediencia, la aceptación de las desigualdades sociales como algo natural, y el respeto irrestricto a curas y obispos y a lo que emanara del Vaticano. Se exaltaba la existencia de un orden sagrado e incuestionable, al que había que someterse sin chistar. Era una enseñanza dogmática sobre ese orden superior y pretendidamente divino que se plasmaba en el catecismo del padre Astete, donde a los estudiantes solamente se les pedía memorizar y repetir las formas canónicas establecidas, sin atreverse a cuestionar, preguntar y mucho menos dudar. Todo lo que decían los manuales de religión era cierto y valido por petición de principio y, en consecuencia, incuestionable.

Bajo esta misma lógica estaba construida la historia patria, cuyos manuales estaban escritos a imagen y semejanza de los catecismos religiosos. No por casualidad durante varias décadas en Colombia se enseñó una materia que se denominaba historia sagrada, la cual simplemente pretendía convertir en procesos reales los acontecimientos imaginarios y literarios, en el mejor de los casos, que se encuentran en la Biblia o en los Evangelios y buscaba establecer unas pautas de conducta ejemplarizante derivada del culto a los santos.

Por eso, cuando en 1936 se efectuó una temerosa reforma educativa, religiosa y constitucional durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, que tocó someramente el poder de la iglesia católica, sus altas jerarquías y las principales dirigentes del partido conservador condenaron cualquier intento de alterar sus intereses como algo que iba contra los valores de la nacionalidad, y anunciaban la defensa de esos valores religiosos a sangre y fuego, si era el caso. Este es uno de los antecedentes tempranos de la violencia sectaria y partidista que se va a desencadenar en el país después de 1945. Y bajo este prisma se construyó la historia patria durante la República Conservadora (1886-1930), que no fue seriamente cuestionada durante la República Liberal (1930-1946) y siguió siendo dominante en la educación colombiana hasta la década de 1970. Esta historia patria se distinguía por rendirle culto a los grandes hombres (machos), militares, curas, conquistadores, los cuales eran presentados como seres divinos y sobrenaturales, siendo sus herederos quienes eran los dirigentes conservadores o fungían como altos jerarcas de la iglesia católica. La historia patria exaltaba el individualismo, las grandes hazañas y gestas guerreras, de los héroes que con su sacrificio engrandecían la patria. Aquí también, como en los catecismos, se le exigía al alumno que creyera dogmáticamente en esas hazañas y para ello lo único que debería hacer era memorizar fechas, datos, nombres y luego repetirlos como loro amaestrado.

En cuanto a la educación cívica no pretendía formar ciudadanos sino buenos cristianos, pasivos, obedientes e intolerantes, que nunca cuestionaran ni la riqueza, ni el poder terrenal de unos pocos, ni la desigualdad, sino que consideraran que todos esos asuntos eran normales y naturales, porque Dios lo había dispuesto así. La autoridad viene y emana de Dios y los buenos cristianos, a los que se les inculcan los valores de la sumisión, la obediencia y la creencia dogmática en lo que les dicen quienes se proclaman como portadores de la verdad, deben someterse con la cabeza baja, porque todos los que representan a Dios merecen respeto y obediencia, en el hogar, en la escuela, en la parroquia, en la vereda, en la cabecera municipal, en el Departamento o en el país.

Por supuesto, esta triada del embrutecimiento generaba unos individuos pasivos, obedientes, sumisos y, lo que es peor, dogmáticos, con un horizonte mental bastante limitado y conservador, dispuestos a obedecer las órdenes del cura o del gamonal local o del político incendiario de la dirección nacional del Partido Conservador, que llamaban a oponerse a cualquier intento de tocar su poder terrenal, mediante cualquier reforma, como la educativa, por limitada que fuera. Y la reacción fue brutal, como lo ejemplifica en Boyacá el caso de Fray Francisco Mora Díaz, quien sostenía que “la escuela sin religión será para Colombia lo que ha sido para otras naciones: semillero de criminales, fábrica de libertinos y suicidas; antros de donde saldrán los traidores a la patria, porque quien reniega de su religión, con más razón se avergonzará del pedazo de la tierra que lo vio nacer”.

Esa triada del embrutecimiento presentaba a la desigualdad, la intolerancia, el racismo, el fanatismo como fenómenos naturales, resultado de designios divinos. En las zonas agrarias, las más pobres, donde el poder espiritual del cura de parroquia era indiscutible –poder que era complementado en la escuela por el maestro de religión y de historia, a veces encarnado también en los propios sacerdotes–, esos discursos reforzaban la injusticia y la desigualdad.

Todos los aspectos mencionados son estudiados con detalle y rigor por Efrén Mesa, mediante un trabajo sistemático y exhaustivo de fuentes, entre las que sobresalen los textos escolares, los programas oficiales de estudio y las declaraciones de políticos y de curas sobre la enseñanza confesional.

Los vínculos entre el odio político nacional y la violencia local

Un segundo aspecto que debe destacarse de este libro radica en la manera cómo se analizan los nexos existentes entre lo nacional y lo local, en el período que va desde mediados de la década de 1930 hasta finales de la década de 1950. Más exactamente, se develan los mecanismos, tenues y, a primera vista, difíciles de percibir, entre la política nacional y local, entrelazada por el poder de la palabra, principalmente en su forma oral y en menor medida escrita, de los dirigentes políticos del partido conservador y de los representantes de las altas jerarquías católicas. Es en el centro del país, concretamente en Bogotá, donde se hacen las principales invocaciones contra el reformismo liberal de López Pumarejo, por la boca y la pluma de Laureano Gómez, los Leopardos y otros miembros del conservatismo en el lado “civil” y las altas jerarquías de la iglesia católica por el lado religioso. Entre los dos sectores existe un tácito acuerdo de oponerse a cualquier reforma que intente tocar los intereses de los grandes propietarios y los privilegios en materia de educación y de control de los cuerpos que ejercía la iglesia católica.

La oposición en Bogotá, plena de odio, de mentiras, de embustes, adquirió un carácter incendiario, que recurrió a todos los mecanismos para legitimar su cruzada salvadora, que era presentada como la defensa de la patria católica, que estaba en peligro por la emergencia de un proyecto comunista, representado supuestamente por la fracción lopista del partido liberal. Ese discurso del odio, cuya máxima expresión era el diario conservador El Siglo, no estaba circunscrito a Bogotá y sus alrededores sino que llegaba hasta los rincones más distantes de la geografía nacional, y era reproducido a escala departamental por políticos subalternos y por obispos, y luego a escala local por gamonales y curas de parroquia.

En el caso del Departamento de Boyacá, el personaje que más claramente encarnó ese odio banderizo y sectario a cualquier reforma liberal fue el sacerdote dominico Francisco Mora Díaz, quien a través de El Cruzado (nombre terriblemente exacto) difundía las mentiras y odios nacionales a escala regional y luego los curas lo repetían en sus misas y los profesores de religión, de historia y de educación cívica en las escuelas de pueblos y veredas. Este fue uno de los instrumentos prácticos y reales mediante el cual se encadenó lo dicho en Bogotá, que llamaba por ejemplo a matar liberales, masones y comunistas, y los crímenes que se empezaron a llevar a cabo después de 1946 en veredas y villorrios de provincia, con el regreso de los conservadores al control del Ejecutivo, tras la victoria de Mariano Ospina Pérez.

De ese cruzado que era Francisco Mora Díaz dijo Agustín Nieto Caballero, insigne pedagogo liberal, que era como Laureano Gómez pero vestido de sotana y partidario como este de la violencia. Y eso era evidente, porque a propósito de la Reforma Constitucional de 1936 ese cruzado señaló que era “un reto al pueblo católico”, porque a “la escuela cristiana han opuesto la escuela laica, al matrimonio católico el concubinato público, o lo que es lo mismo, el divorcio”. Ante eso, advertía que “primero correrían ríos de sangre antes de consumarse la inequidad” y el deber era oponerse porque “quien permaneciere en actitud pasiva, ya es un traidor al credo religioso”. Un macabro anuncio que por desgracia se haría realidad a los pocos años.

Palabras como estas dichas por un cura, con gran influencia en Boyacá, no se las llevaba el viento, sino que eran atendidas como ordenes marciales por militantes del partido conservador que se encargarían de perseguir y masacrar adversarios, ante el visto bueno de los curas y obispos que decían que matar liberales no era pecado.

Ese discurso del odio se vio reforzado por los acontecimientos del 9 de abril de 1948 que para los curas y los conservadores fue una conspiración comunista, con participación liberal, y frente a la cual se dio la consigna de acabar con los nueveabrileños, porque encarnaban los peores designios que se habían hecho desde 1936, cuando se anticipaban los efectos destructores de la reforma educativa liberal. Después del 9 de abril queda abierto el camino para que los odios sectarios y banderizos que se habían difundido desde años antes fueran plasmados en la persecución y el asesinato de los liberales, identificados en una forma maniquea como comunistas y enemigos de la nacionalidad colombiana y de sus valores cristianos. Por ello, no sorprende que en Aquitania y otros lugares de Boyacá, el mismo 9 de abril y en los días subsiguientes emergieran grupos organizados y armados de campesinos conservadores, conducidos por políticos conservadores o clérigos católicos, que recorrían los caminos persiguiendo liberales, gritando a viva voz “Viva Cristo Rey”, “Viva Laureano Gómez”, “Muera Echandia”, “Viva Juan Roa Sierra”.

Con gran cuidado y muchos detalles se reconstruyen en este libro los aspectos señalados, entretejiendo los acontecimientos nacionales con sus efectos regionales y locales, al considerar el carácter conservador de Puebloviejo.

La intolerancia cultural y los discursos del terror y la muerte

No debe creerse, nos asegura el autor de este libro, que lo acontecido en Puebloviejo fue fortuito u ocasional, sino que respondía la consolidación de un proyecto cultural esencialmente intolerante, sustentado en preceptos y concepciones profundamente retrogradas, anti-modernas, enemigas de la ilustración y de las luces. Para ese proyecto resultaba inaceptable combatir la desigualdad, la riqueza y la injusticia, puesto que eso iba contra el orden divino, puesto que Dios había erigido a la sociedad como desigual y le había dado poder a los ricos sobre los pobres. Esto era así por ley divina y nada se podía hacer para modificarla, y quienes intentaban hacerlo representaban un peligro, que era necesario erradicar a machetazo limpio si era el caso, y como efectivamente sucedió en diversos lugares del territorio colombiano, entre ellos importantes zonas del Departamento de Boyacá.

En la edificación de esa intolerancia cultural fue fundamental la triada que señalamos arriba, conformada por la enseñanza de la religión, la historia patria y la educación cívica. Como resultado se configuró en gran parte del país, especialmente en las zonas más directamente influidas por el clero católico y el partido conservador, un individuo intransigente, ignorante, sectario, violento, lleno de odio, dispuesto a defender lo que se consideraban los valores supremos de la nacionalidad y de la patria, contra los enemigos. Contra estos no habían medias tintas, no podía conciliarse con ellos y había que eliminarlos. A esa cruzada religiosa contribuyeron esos discursos del terror y de la muerte, y por los cuales se organizaron desde mediados de la década de 1940 grandes bandas de campesinos por parte de dirigentes conservadores y de los propios curas, para que persiguieran y mataran liberales, siendo el ejemplo más tristemente célebre, más no el único, el de los chulavitas. Luego del 9 de abril ese proyecto criminal se amplifica y se justifica con una contra-reforma educativa que apuntaba a convertir nuevamente y en forma masiva a la población colombiana al catolicismo más trasnochado, y para ello eran cruciales la historia patria y la educación cívica como materias obligatorios, y que la educación en general, como en los tiempos de la República Conservadora, fuera organizada y dirigida en concordancia con los presupuestos de la religión católica. Por eso, en los “concursos oficiales” para escoger profesores se exigía que el candidato fuera bautizado, si era casado que fuera por lo católico, que demostrara ser un buen cristiano y además debía ser recomendado por el cura de la localidad. El resultado fue la incorporación masiva al cargo de profesores de personas sin preparación ni idoneidad, sino simples fanáticos y seguidores incondicionales de los curas de parroquia. Y estos fueron quienes deformaron a varias generaciones de colombianos, y los sumieron en la ignorancia, el sectarismo y el fanatismo. Y, en esa dirección, no sorprende, como aconteció en Aquitania, que allí se formaran las llamadas “guerrillas de paz”, conformadas por campesinos conservadores, para combatir las guerrillas liberales, que eran presentadas como chusma comunista. Los dos procesos (el de la formación escolar y el de empuñar las armas en un proyecto contra-insurgente) no estaban separados, sino que eran la expresión de esa cultura intolerante, que devela con cuidado el autor de este libro, y detrás de la cual se encontraba la enseñanza de la historia patria, aunque eso no fuera evidente a primera vista.

*******

Hemos querido destacar en este prólogo tan solo tres de las principales contribuciones de este libro de Efrén Mesa, sin que eso signifique que allí se agotan sus aportes. Son mucho más, pero solamente hemos querido destacar las cuestiones que para nosotros son más relevantes. Como colofón, habría que agregar que esta obra es un interesante esfuerzo, independiente y crítico, de analizar la “historia patria”, y sus múltiples implicaciones, y para eso los manuales escolares se convierten en una fuente para el estudio de una forma particular de discurso historiográfico, que tanta fuerza tuvo en Colombia durante gran parte del siglo XX.

Muchos de los problemas enunciados en este libro, algunos de los cuales hemos descrito más arriba, no son, por desgracia, para nosotros los colombianos, cosa de un pasado ya ido. Por el contrario, tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro inmediato, en la medida en que proyectos intolerantes y criminales, como los representados por la bacrim de los uribeños y el Centro Demoniaco, se sustentan en instrumentos parecidos a los que se han develado a lo largo de la obra que prologamos. Desde luego, la intolerancia ya no circula en forma preferente a través de la historia patria, pues ésta ya prácticamente se extinguió porque la misma enseñanza de la historia fue abandonada en la educación pública, como resultado de un proyecto de Estado y de las clases dominantes, sino de las mal llamadas “redes sociales”, pero igual se difunde el odio, la intolerancia, se patrocina y apoya el crimen y el asesinato de los que son declarados como “terroristas”, a los cuales, como en las décadas de 1930 a 1950, se les sigue denominando como comunistas y enemigos de la patria. Y, como en la época estudiada en esta obra, ahora la intolerancia es impulsada por un político lleno de odio y rencores, ligado a los peores círculos criminales y mafiosos que han existido en Colombia, cuyas mentiras son amplificadas por el mundo religioso, aunque este lo configuren –y esta sería una novedad con respecto a lo acontecido en las décadas de 1940-1950– ya no solo la iglesia católica, sino principalmente iglesias cristianas y evangélicas, que tienden a consolidarse como mayoritarias. De todas formas, el sectarismo criminal se basa en el mismo patrón, con contadísimas excepciones, de intolerancia, fanatismo e ignorancia que ensangrentó a Colombia a mediados del siglo XX y que sigue suscitando el derramamiento de sangre a comienzos del siglo XXI para satisfacer su apetito de cruzados medievales y de fanáticos anticomunistas. El epicentro principal de ese fanatismo criminal se encuentra en Antioquia, la cuna de la cultura traqueta que se ha consolidado en la sociedad colombiana desde 2002, donde se combina catolicismo puro y duro, machismo, motosierra, racismo, camándulas, grandes terratenientes y ganaderos, anticomunismo, exaltación de los ricos y poderosos, mafia, narcotráfico y la supuesta superioridad del ingenio paisa, que se basa en la lógica perversa y criminal de justificar el aplastamiento de los que son diferentes y piensan distinto. Y eso demuestra que las enseñanzas de la historia patria, con su culto a los héroes y salvadores, perviven en nuestra sociedad, con trágicas consecuencias, similares a las que se develan en esta investigación.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=264093

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