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Temporeras marroquís: siempre esenciales, de nuevo invisibles

Por: Sarah Babiker

Hace un año, cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, las trabajadoras agrícolas se hicieron visibles. Según el medio de comunicación que se leyese, los titulares versaban sobre lo esencial de estos trabajadores y denunciaban las malas condiciones en las que sobrevivían, o les acusaban —no siempre— soterradamente de ser el origen de brotes, causa de riesgo y de contagio.

Uno de los temas que abordaron los medios, cuando se acababa el confinamiento pero las fronteras seguían cerradas, fue el de las temporeras varadas en territorio español sin que nadie pareciera hacerse cargo de su regreso a casa. Muchas de esas temporeras que se quedaron retenidas más tiempo del proyectado, que trabajaron como nunca al ser menos —al llegar menos contingentes— que en temporadas anteriores, forman parte del grupo de 14.000 temporeras reclutadas mediante el régimen de contratación en origen que se espera este año. Su estancia, sin embargo, está siendo mucho más silenciosa que en las temporadas anteriores.

Angels Escrivá integra el colectivo feminista Mujeres24h. Especula que si este año se está hablando menos de las temporeras es para no agitar los ánimos: las personas migrantes que ya residen en la provincia o los propios autóctonos están necesitados de recursos y por tanto de trabajo. En los comentarios a las pocas noticias disponibles donde se habla de llegadas de una y otra fase de trabajadoras se adivina un clima social difícil. Esta profesora de la Universidad de Huelva que reside en un pueblo observa cómo muchos de sus vecinos están volviendo al campo. Por otro lado, las fincas donde residen estas mujeres están cerradas a cal y canto por la crisis sanitaria, así, las temporeras marroquíes se hallan más aisladas que nunca.

La pugna en la justicia que algunas de ellas iniciaron en 2018 no está dando sus frutos. Según comparte Aintzane Márquez, de Women’s Link, organización que representa a varias de estas mujeres, todo está paralizado y va muy lento. Sus defendidas, al denunciar acoso laboral y violencia sexual, asumieron el riesgo de no ser contratadas nunca más, y también la vergüenza ante sus familias. Suspendidas en un limbo, ya no se trata solo de saber si habrá sentencias favorables, los tiempos de la justicia no se adaptan a su realidad y, en cierto modo, ya están siendo castigadas.

Este año, a diferencia de los anteriores, nadie ha pedido asistencia a Women’s Link. “No se nos ha consultado, lo cual no significa que no haya habido ninguna denuncia en ningún caso. Al final, las organizaciones que están en terreno son las que tienen información directa de lo que está ocurriendo ahí y creo que hay que abrir los espacios para que esas mujeres tengan acceso, para que las mujeres puedan informarlas. Que accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”.

“Es importante que las mujeres accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”

Jornaleras en Lucha es una de estas organizaciones independientes en terreno. Es desde ahí que han contribuido a visibilizar la situación de las jornaleras del campo, no solamente las marroquíes, también las migrantes que ya residen en Huelva, así como las locales, todas ellas explotadas de distintas maneras por un campo que paga barato el trabajo esencial. La integrante de Jornaleras en Lucha, Ana Pinto, constata que aún estando encerradas en las fincas, han sido contactadas por algunas de estas mujeres marroquíes con diversas problemáticas que están tratando de resolver. Pero también insiste en poner el foco no solo en estas temporeras, sino también en tantas mujeres, sin papeles, que malviven en los poblados y que no están en una situación mejor.

Para Escrivá la invisibilidad vuelve porque, después de todo, se asume que las condiciones de trabajo para las personas migrantes son peores, ¿si no para qué les contrarían? Por eso la realidad de las temporeras marroquíes saltó a los medios cuando fueron abusos sexuales los denunciados. Con las denuncias sin resolver, lo único que ha quedado en evidencia es que la vulnerabilidad de estas mujeres es muy consistente. “Hay que revisar muchas cosas, y una de ellas es que aquellas trabajadoras que denuncien no puedan venir otro año porque nadie las llama. Cómo van a denunciar si saben que las consecuencias son que el año que viene no vienen”, apunta Márquez que insiste en que es responsabilidad del Estado y las empresas informar, prevenir y proteger “y que no recaiga el peso en las propias temporeras”. Herramientas para denunciar y un sistema que fiscalice, serían requisitos irresponsables, reflexiona esta abogada.

Para Márquez, el compromiso de un feminismo interseccional encarnado en colectivos como Jornaleras en Lucha, o de abogadas como Pastora Filigrana ha supuesto una baza central para avanzar en los derechos de estas trabajadoras, lo que no se mueve es la justicia “patriarcal”. “El acceso de las mujeres a la justicia en general es difícil, y cuando al hecho de ser mujeres le sumas ser migrante o racializada, o estar en una situación socioeconómica precaria, se complica aún más. El caso de las temporeras es un ejemplo clarísimo”.

La vulnerabilidad del contrato en origen, no solo les expone al abuso laboral, a las malas condiciones habitacionales, o incluso al acoso sexual. Redunda en su salud y por tanto en su vida. “En agosto visitamos a algunas de las temporeras que se habían quedado a raíz de problemas de salud”, narra Escrivá, había un caso grave, una mujer a la que habían detectado un cáncer de mama de forma tardía. Según les hizo saber Jornaleras en Lucha la mujer se había detectado un bulto en marzo y hasta después de confinamiento no pudo ser diagnosticada. Desde la empresa la animaron a volver a Marruecos. En agosto, cuando finalmente empezaba el operativo de retorno, la mujer fue a hacerse la PCR reglamentaria, y allí sanitarios valoraron su Estado —la metástasis le había afectado los huesos— y decidieron que no podía viajar. Murió en noviembre. Mujeres 24h denuncia “el abandono sanitario al que están sometidas estas mujeres, que no tienen cartilla sanitaria a pesar de ser repetidoras”, mujeres que además no cuentan con los medios para desplazarse a centros de salud o a urgencias y que además tienen dificultades para hacerse entender por el personal sanitario.

El discurso de la esencialidad que saltara a los medios en los momentos álgidos del confinamiento es un eco lejano. Tampoco la demanda de regularización que un potente movimiento migrante puso sobre la mesa consiguió su propósito. “No puede ser que quien es más imprescindible sea quien peores condiciones de vida tenga, esto es una barbaridad”, se rebela Pinto. Para esta activista el problema es que interesa tener “un ejercito de personas a las que poder explotar fácilmente”. Pinto piensa que es necesario hacer un trabajo de pedagogía con la clase obrera local para explicarles que la regularización de las compañeras y compañeros migrantes también les beneficiaría.

Concentración apoyo temporeras fresa Huelva
Concentración de apoyo a las temporeras de la fresa explotadas en Huelva. J DE LA JARA

El lugar de las feminismos

Las denuncias de violencia sexual de las temporeras salieron a al luz en pleno momento de apogeo de los feminismos. Si bien se acusó a las feministas de estar lejos de esas luchas, también hubo muchas movilizaciones de apoyo a estas mujeres. En 2021 los debates en torno a los feminismos van por otros derroteros. “Siento que se está perdiendo el tiempo, desde el mismo movimiento feminista y desde muchos lugares, también partidos políticos y demás, se está perdiendo el tiempo en cosas como son las polémicas, y los debates en torno de las compañeras trans, o las compañeras prostitutas”, lamenta Pinto.

A la activista le preocupa la fragmentación de luchas y apunta a que el feminismo tiene que centrar su mirada en las mujeres que más apoyo necesitan: “no podemos continuar hablando de feminismo, de progresismo y de avances si ni siquiera estamos hablando que aquí hay sectores de trabajo que están súper feminizados, que la mayoría de ellas son migrantes y que están viviendo unas vidas que son de auténtica barbaridad”.

Escrivá no cree que haya bajado la sensibilidad sobre el tema, y considera que persiste la solidaridad. Cuenta cómo el 8 de marzo se hicieron corrillos de comadres —ya que manifestarse no podían—  y hablaron entre otras cosas sobre por qué “no se está hablando tanto del feminismo o de las vulneraciones de los derechos de las mujeres ahora. Me recuerda mucho a la crisis anterior, en el sentido que cuando parece que hay otras preocupaciones estos temas, la situación de las mujeres, pasan a ser secundarios”, considera.

Tímidos avances

En el lado positivo de la balanza, desde Women’s Link ven algunos cambios tanto en el sistema en general, como en el papel en particular de las empresas. Pero matiza Márquez: “Creo que no sirven solo el cambio sobre el papel, sino que tiene que haber un control de que efectivamente lo que viene en el papel se está cumpliendo”. A este respecto aclara que aún hay algunos casos abiertos y que han participado en una investigación para una relatoría de las Naciones Unidas, “tanto el Estado como las empresas han contestado”, concede.

“El día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos”

Pinto piensa que a este paso, antes o después, serán las personas migrantes quienes tomen la iniciativa. “Van a ser los que tomen finalmente las riendas y van a parar. Y el día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, ese va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos, y esas personas no pueden estar aquí trabajando como un ejército de reserva para hacer los trabajos más fundamentales y a la vez más precarizados”. Ellas de momento están a la espera de que las inspección de trabajo responda a las más de 20 denuncias que pusieron el año pasado.

En el horizonte tienen una reunión con el ministerio de Igualdad, y planean reunirse también con el de Trabajo y el de Agricultura. Quieren así trasladar el pulso a las instituciones para que estas legislen: “Son quienes tienen el poder de cambiar todo esto en base a leyes, no nos queda otra para empezar. Por eso es un paso que un ministerio nos quiera escuchar”.

Una cuestión europea

De momento, donde se les ha escuchado a las Jornaleras en Lucha ha sido en el Parlamento Europeo. Allí fueron invitadas el pasado 8M por el grupo GUE/NGL que aglutina a las izquierdas alternativas. “Fue un gran altavoz. Nos dijeron también que iban a trabajar con nosotras. Al menos no han dicho ‘ahí os quedáis y apañaros como podáis”, al menos se ve un compromiso y que nos tienen en cuenta como un proyecto político y sindicalista”.

Para Pinto, la falta de alternativas de trabajo empuja a la gente a aguantar su situación para no poner en juego su último sustento. “Las compas que vienen de los pueblos, y toda la que va llegando a trabajar, no está conforme con lo que hay pero se tiene que aguantar porque no tienen otra cosa. Es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que hay que cambiar, y es que nos han hecho dependientes de este modelo de agricultura, un modelo de agricultura intensiva que además arrasa con todo, no solo con los derechos de la gente”.

También desde una perspectiva europea la organización italiana Terra presentó recientemente su trabajo, Il Caporalato, una questione meridionales. Italia, Spagna, Grecia. “El hecho de que al final, para que este modelo productivo se sostenga gran parte del peso recae en el eslabón más débil, las y los trabajadores, es algo que es común a los tres países. Queríamos poner en evidencia que esta cuestión de la explotación de los trabajadores en la agricultura se tiene que abordar a nivel europeo”, reflexiona Mariangela Paone, la autora del capítulo dedicado a España.

Y cuando la activista italiana habla de nivel europeo, se refiere también a una fiscalización en esa escala: “un organismo de coordinación, porque hay empresas que contratan de un país a otro, como las ETT transnacionales, y también porque las dinámicas de explotación son parecidas”. Paone habla del trabajo gris, que es como se llama en Italia al hecho de que el trabajador tenga menos jornada laboral declarada de la que realmente trabaja. Así se aparenta legalidad ante una inspección de trabajo. Este tipo de explotación no es exclusivo de aquel país.

“El hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa”

Trabajadores en gris, en negro, temporales, bajo el régimen del “caporalato”, para Terra! ha sido positivo que durante la pandemia aflorase todo ese trabajo, “el hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa, que evidentemente deja a estas personas desprotegidas ante cualquier chantaje que puedan sufrir de cara a los productores”. Recuerda también que la debilidad se correlaciona —aunque no se justifica— con la de muchos productores para quienes es complicado seguir adelante dado el estrangulamiento de precios. En todo caso, el reconocimiento a trabajos esenciales, no ha durado mucho tiempo.

Esa es la impresión también de Fabio Ciconte, director de Terra, quien describe la política actual italiana como algo muy lejano a estos debates, después de que el país optara por un limitado proceso de regularización. “Gracias a la interpelación de entidades como Terra ha habido un debate político en el gobierno muy fuerte sobre esto. La regularización se hizo. El decreto ley se aprobó, el problema, desde nuestro punto de vista, es que esta regularización ha tenido límites”.

Se podían beneficiar solo trabajadoras y trabajadores de los cuidados y personal agrícola, pero los trámites eran complejos, más para los temporeros: “En lo positivo, 220.000 personas han pedido ser regularizadas, pero la mayor parte, entre el 80 y el 85% proceden del sector cuidados, pues para ellos era más fácil reunir la documentación”, explica el director de Terra. Y aunque celebra que unas cuantas personas hayan podido regularizar su situación, le hubiese gustado que hubiera más valentía política para construir cambios más sustanciosos. En plena crisis económica, con el discurso anti inmigración tan asentado y las trabajadores y trabajadoras invisibilizados de nuevo. La valentía política es un activo que se echa en falta por quienes quieren acabar con la explotación agrícola, sean inmigrantes legales o ilegales, nativos o contratados en origen. Para tener más opciones que aceptar lo que venga.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/temporeras-marroquis-siempre-esenciales-de-nuevo-invisibles/

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Las sombras de la exitosa campaña de vacunación israelí que excluye a los territorios palestinos

Por: Sarah Babiker


Israel iniciaba el 19 de diciembre su plan de vacunación, tomando la delantera del impulso global para inmunizar a su población ante el covid-19. Poco más de un mes después, más de la cuarta parte de su población habría recibido al menos la primera dosis, y se está avanzando en el suministro de la segunda. El Gobierno israelí se ha permitido en estos últimos días vacunar masivamente a una población que no es de riesgo, la de los estudiantes de 16 y 18 años, para que puedan examinarse presencialmente. En definitiva, los titulares alabando la sobresaliente gestión de la vacunación en Israel salpican la prensa de estos tiempos pandémicos.

El país reúne ciertas características que facilitan el desarrollo de los programas de vacunación: un territorio poco extenso y bien comunicado, buenas dotaciones tecnológicas en general y en el ámbito sanitario en particular, y un ejército provisto de personal y medios suficientes para facilitar la distribución de la vacuna. Vacunas tampoco faltan, el gobierno israelí se ha hecho con 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, seis millones de la Moderna, y un número aún desconocido de la AstraZeneca. La ciudadanía israelí puede estar segura de que antes o después será alcanzada por la campaña de vacunación. Los palestinos de los territorios ocupados no pueden celebrar lo mismo.

Netanyahu se propondría tener a toda la población mayor de 16 años vacunada para finales de marzo, coincidiendo prácticamente con la celebración de elecciones, donde se juega la continuidad al frente del gobierno

Según medios israelíes, Netanyahu se propondría tener a toda la población mayor de 16 años vacunada para finales de marzo, es decir, antes de las elecciones del día 23 de ese mes (las cuartas en menos de dos años). Las últimas semanas están siendo testigo del fervor vacunatorio del presidente Benyamin Netanyahu, que no pierde ocasión para hablar de la operación. “Israel va a convertirse en un modelo para el mundo, una experiencia piloto, y va a ser el primer país en emerger del coronavirus”, se enorgullecía el mandatario. De fondo, aplazados por la situación de emergencia y eclipsados por la situación pandémica, los procesos judiciales pendientes del político, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza, procesos que tendrían que haberse retomado en enero, y que han sido pospuestos por la emergencia sanitaria.

La población palestina excluida

La población palestina de los territorios ocupados, sin embargo, no verá la primera vacuna hasta probablemente marzo. Pese a que, como han recordado numerosas organizaciones, la IV Convención de Ginebra obliga a Israel como estado ocupante a prestar servicios médicos a la población que vive bajo ocupación, extremo que el país no admite argumentando que es la Autoridad Palestina quien tiene las competencias sanitarias.  Las autoridades israelíes acuden al Acuerdo de Oslo II en 1995 para respaldar sus argumentos. Sin embargo, el mismo documento aduce que las dos partes están obligadas a cooperar en la lucha contra las pandemias.

“Israel es un Estado racista, que negaría a palestinos como mi abuela la vacuna”, decía la congresista Rashida Tlaib al medio estadounidense Democracy Now en una entrevista el 19 de enero. La política estadounidense se sumaba así al reclamo que exige a Israel vacunar a la población palestina que ha quedado relegada de los planes de un Estado ocupante que sí que ha incluido a los colonos en los asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada.

“Moral y legalmente, este acceso diferencial a servicios de salud necesarios en la peor crisis sanitaria del último siglo es inaceptable”, denuncian expertos de Naciones Unidas

El 14 de enero, expertos de Naciones Unidas instaban a Tel Aviv a proveer de vacunas a la población palestina. “Moral y legalmente, este acceso diferencial a servicios de salud necesarios en la peor crisis sanitaria del último siglo es inaceptable”, afirmaban en el documento. “Nada puede justificar la realidad actual en algunos lugares de Cisjordania, donde las personas de un lado de la calle están recibiendo vacunas, mientras las del otro lado, no, en base a si son judíos o palestinos”, denunciaba el responsable de Human Rights International en un comunicado de la organización.

Mientras, los esfuerzos de la Autoridad Palestina para hacerse con vacunas para su población se está topando con numerosos obstáculos.  En primer lugar, no puede optar a las vacunas de Pzifer ante la incapacidad de mantener la rigurosa cadena de fío. Las 5.000 dosis de la rusa Sputnik V que se habrían contratado para suministrar al personal médico han sufrido varios retrasos. El contingente de AstraZeneca se espera para marzo, aunque hay cierta inquietud sobre el cumplimiento de los plazos. La farmacéutica está teniendo problemas para satisfacer sus compromisos con la Unión Europea, hecho que dibuja un panorama complicado para las autoridades palestinas.

También se espera que en marzo, lleguen vacunas a través del programa COVAX por el cual la OMS aspira a facilitar el acceso a la vacunación a 92 países de bajos recursos. La llegada de las vacunas se ve supeditada a la voluntad israelí a través de cuyos aeropuertos deberían entrar, y a quien la Autoridad Palestina debe pedir permisos de importación.Y es que no tener soberanía sobre las propias fronteras en plena pandemia mundial dificulta la salida de la crisis. Mientras los sucesivos confinamientos en territorio palestino han agravado la estructural crisis económica y empeorado los altos índices de desempleo, el confinamiento del lado israelí, dificulta el acceso de miles de palestinos tanto a sus puestos de trabajo —durante el primer confinamiento fueron muchos quienes tuvieron que pernoctar en condiciones insalubles en sus lugares de trabajo para no perder el empleo— como a la atención sanitaria que precisan.  A esto ha de añadirse el bloqueo que Israel ejerce desde hace 14 años sobre la franja de Gaza, donde se hacinan dos millones de personas, de las cuales muchas residen en campos de refugiados, y cuyas infrastructuras y hospitales están seriamente dañadas como consecuencia de las múltiples ofensivas israelíes y los obstáculos para introducir los materiales necesarios para la reconstrucción.

Una campaña de vacunación polémica

El debate en Israel no circula en torno al hecho de que los vecinos palestinos hayan quedado fuera del plan israelí. Si no que se centra en otros tres ejes: el uso político de la campaña de vacunación en plena campaña electoral, el costo que el ejercicio de propaganda internacional ha tenido para el Estado y la población, y la resistencia de los sectores ultraortodoxos a la vacuna y a las restricciones.

Así no pasa desapercibida para la oposición la capitalización política que pretende hacer Netanyahu de la cuestión. El líder, que fue el primer israelí en vacunarse, el 19 de diciembre, hizo de ello un acto público. En su afán inmunizador, el lunes 25 de enero desde su perfil de Facebook, encabezado por una foto suya sonriente en la vacunación, instaba a los mayores de 60 años que no se hubiesen vacunado a dejarle sus datos para llamarles personalmente y convencerles. El post fue borrado por la propia red social al infringir las cláusulas de privacidad.

Israel habría pagado a la alemana Pfizer-BioNTech las dosis a un precio muy superior al fijado para la Unión Europea. También acordó la cesión de datos médicos a la farmacéutica

Liderar la carrera de la vacunación, mientras las farmacéuticas no alcanzan con su capacidad de producción para cumplir con sus compromisos y empiezan a recibir reclamos y denuncias por parte de cada vez más Estados, tiene un costo. Israel habría pagado a la alemana Pfizer-BioNTech las dosis a un precio muy superior al fijado para la Unión Europea. El costo no se reduce a lo económico, el mismo Netanyahu anunció que se había acordado con la farmacéutica la cesión de datos de las personas vacunadas, algo que ha despertado críticas en el país. Mientras que desde el gobierno se insiste en que los datos médicos se usarán exclusivamente con fines de control epidemilógico, y se tratará de estadísticas anónimas, el pasado 19 de enero se vio forzado a mostrar el contrato, un documento de 20 páginas del que había tachado el precio pagado por las dosis.Con las elecciones en mente un tercer elemento podría complicar las opciones de Netanyahu de ser elegido de nuevo primer ministro: la rebelión de los ultraortodoxos ante las restricciones impuestas para afrontar las pandemia. La pretensión de que este sector de la población, que tiende a seguir sus propias normas, aplicara las restricciones en sus centros de estudio y reuniones religiosas, han generado descontento.

En la última semana, los ultraconservadores han causado incidentes, en manifestaciones que han acabado con enfrentamientos contra la policía. La noche del domingo llegaron a prender fuego a un autobús tras expulsar a su conductor árabe del mismo. Mientras, algunos rabinos extremos, lanzan proclamas contra la vacunaciones que incluyen extraños miedos, como un supuesto cambio de orientación sexual. Netanyahu depende de los partidos que tienen como base electoral a este sector de la sociedad para permanecer en la presidencia por lo que tampoco se puede permitir una condena frontal a sus acciones.

Fuente e imagen: El Salto

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Islamofobia y creación del otro en Europa

Por: Sarah Babiker

La Francia de Macron se ha puesto a la vanguardia de un discurso que sitúa al Islam como amenaza a la identidad europea y que lleva años de apogeo gracias a la extrema derecha.

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Privatización de la Formación Profesional: un buen negocio y una mala política educativa

La situación de la Formación Profesional preocupa a la comunidad educativa.

El 10 de septiembre la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, convocó a sindicatos y patronal para abordar el Plan Estratégico de Formación Profesional que el Gobierno quiere tener listo para finales de 2018. En el encuentro, los secretarios generales de CC OO y UGT subrayaron la urgencia de “prestigiar” la FP. Los retos, según los sindicatos mayoritarios, pasan por una financiación de la FP pública y una mejora en el control y las condiciones de la FP dual.

En épocas de crisis, y ante las alarmantes tasas de desempleo juvenil características del mercado laboral español, la Formación Profesional ha sido objeto de entusiasmo y múltiples reformas en los últimos años. Buscando modelos en el norte, los responsables de las políticas educativas alabaron y se esforzaron por importar el modelo de Formación Profesional Dual en el que la formación en empresas adquirió protagonismo. A este proceso le acompañaron los recortes y privatizaciones en la Educación que marcaron los gobiernos de Rajoy. Lo que pasó en la Comunidad de Madrid fue un claro reflejo de cómo interseccionaron ambos procesos.

“Desde la FAPA seguimos denunciando cómo año tras año se repiten los mismos problemas de falta de oferta de plazas públicas en la Formación Profesional”, repetían el pasado verano desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos cargando contra “un sistema que se decanta por la enseñanza privada, a la que muchas familias no pueden acceder por cuestiones económicas y que en la ciudad de Madrid cuenta con 42 centros públicos de Grado Medio y 85 privados y 42 centros públicos con ciclos formativos de Grado Superior frente a 116 centros privados”.

Isabel Blanco, del Sector de Enseñanza FeSP UGT de Madrid señala que, según los informes del Consejo Escolar de Madrid, las empresas privadas de educación han ido obteniendo beneficios incluso durante toda la crisis. “Es lógico porque es el modelo del PP, todo aquello que pueda producir beneficios lo privatiza. ¿A costa de qué? pues a costa de aumentar las desigualdades”. El fin de la gratuidad de esta etapa expulsó a muchos alumnos del sistema educativo, el cierre de centros motivó que otros tantos tuvieran que pasarse al sistema privado “al final pasa lo de siempre, el que tiene dinero tiene más oportunidades que el que no lo tiene,” añade Camilo Jené, presidente de la FAPA Giner de los Ríos .

Madrid es la comunidad autónoma donde más privatizada está la enseñanza de todo el estado con mucha diferencia, según UGT

Docente de Formación para la Orientación Laboral (FOL) en la FP, José Luis Carretero pertenece al colectivo #FOLinvestigAcción. En su opinión, la política de formación profesional del PP “es una política caótica destinada a favorecer los intereses privados de las grandes empresas y, fundamentalmente, a generalizar la precariedad dentro del alumnado y el profesorado”. De hecho, constata Isabel Blanco, “Madrid es la comunidad autónoma donde más privatizada está la enseñanza de todo el estado. Con mucha diferencia”. También —señala— porque centros privados y concertados se cuidan de ubicarse allá donde puedan extraer el máximo de beneficios, y eso ocurre fundamentalmente en las grandes ciudades y sus barrios más pudientes.

DINERO PÚBLICO A CENTROS PRIVADOS

Ni el tiempo pasado desde el inicio de la crisis, ni las múltiples protestas contra la forma en la que el gobierno de la Comunidad de Madrid gestiona la Formación Profesional han servido para conquistar mejoras. De hecho, se ha generado un panorama difícil de revertir. “Es muy sencillo, tú quitas de un lado y lo pones en otro. Cuando decides poner en marcha el cheque escolar para FP se abre la puerta a la financiación indirecta de los centros privados. ¿Qué sucede a partir de ese momento?”, explica Blanco. Lo que sucedió lo revela un estudio de UGT: en el periodo comprendido entre el curso 2008-2009 y 2016-2017 se perdieron 17 centros de grado superior en la pública mientras que en la privada se sumaron 50. Algo similar pasó en el grado medio, con un descenso de 7 centros en la pública y un incremento de 22 en la concertada y 21 en la privada.“El cheque no es una beca a las familias, es una financiación indirecta al centro educativo, que además los estudiantes no tienen que devolver si suspenden, cosa que sí tienen que hacer los alumnos que obtienen una beca ordinaria del sistema general”, recuerda Blanco. Los cheques no son el único instrumento de financiación indirecta de la FP privada, ahora se le suman las becas de segunda oportunidad, financiadas con recursos del Fondo Social Europeo.

“La convocatoria de estas becas es paradójica, los requisitos que te piden es que estés inscrito en Garantía Juvenil y un documento que certifique que estás matriculado en un centro y cuánto te cuestan tus estudios. Pero ¿cuales son los requisitos de garantía juvenil? No estar trabajando ni estar estudiando”. Quien narra esta situación es una informadora juvenil de un municipio de la comunidad que no ha querido dar su nombre. Afirma estar agotada por culpa de estas becas de las que no acaba de entender el funcionamiento. “Comprueban que no estés trabajando pero no parece que comprueben si estás estudiando”. Los Centros de Información Juvenil son una de las vías, junto al SEPE y la Cámara de Comercio por las cuales los jóvenes se pueden inscribir presencialmente a este programa, en principio pensado para ofrecer opciones formativas y laborales a quienes están fuera del mercado de trabajo y el sistema educativo.

La falta de transparencia en los procesos genera agravios comparativos entre la gente que estudia y la que trabaja

Blanco explica que como estas becas de segunda oportunidad solo cubren el coste de la plaza escolar, no les conviene pedirlas a quienes estudian en centros públicos el grado medio, cuyas plazas son gratuitas, ni a quienes esperan entrar en un grado superior, pues preferirán pedir las becas de régimen general, de mayor cobertura.  “Quién va a pedir esa beca? Aquella persona que esté matriculada en un centro privado y que tenga que asumir unas cuotas mensuales de 500 ó 600, porque al resto no le merece la pena”, deduce.

La informadora juvenil ha estado saturada orientando a mucha gente que, o se había quedado sin plaza, o que ya sabe cómo funciona el sistema y va directamente a los centros privados. “ Es allí donde se enteran de que la comunidad de Madrid está ofreciendo las becas de segunda oportunidad”. Procesos cuya falta de transparencia, en opinión de esta técnica de juventud, generan agravios comparativos entre la gente que estudia y la que trabaja, o entre quienes se apuntan de manera presencial a Garantía Juvenil y son rechazados por decir que están matriculados en una institución educativa, y quienes no facilitan esa información. Según Camilo Jené el proceso para optar a estas becas es tan confuso que muchos estudiantes no llegan a completar su solicitud.

En general falta información, considera la técnica de juventud, que lleva muchos años atendiendo a realidades parecidas. “Un joven con notas mediocres es orientado hacia un grado medio porque no va a poder con bachillerato. Te explican las bondades de que desde el grado medio puedas acceder al superior directamente.  Pero nadie te cuenta que el porcentaje de plazas reservado para este acceso es muchísimo menor que el del acceso desde bachillerato. Ni que vas a tener problemas incluso para acceder al grado medio porque no hay plazas”.

LA FP DUAL

UGT considera que la fórmula dual, que divide el grado Superior en dos cursos, uno para los contenidos teóricos y otro para las prácticas en la empresa, dificulta que el alumno complete el estudio de todo el currículo educativo. Blanco afirma que su sindicato no está en contra de la formación profesional en alternancia con las empresas, pero que el modelo no vale para todas las profesiones.  Para Carretero este modelo  “implica sobre todo la precarización de los alumnos, pues se les han sustituido el módulo de formación en centros de trabajo que implicaba tres meses de prácticas en una empresa, por un periodo de un año en el que a lo mejor están cobrando unos sueldos de unos 300 euros”.Para el docente de FOL, la manera en la que se está implementando la FP dual está a años luz del modelo nórdico en el que dice inspirarse. Por ejemplo, en Alemania, los tutores de las empresas tienen que cumplir una serie de requisitos para sumarse a un registro público, y los sindicatos velan porque los salarios sean dignos y las actividades se correspondan con la de la formación. Prácticas muy alejadas de las que se dan en la Comunidad de Madrid, que adolece, según Carretero, de un gran descontrol respecto a las actividades de los alumnos en las empresas, pues los tutores que allí se les adjudican y que carecen de la formación para ese rol –no suelen tener comunicación con unos tutores educativos desbordados–.

Es una educación menos polivalente, en los centros de formación aprendes a trabajar en el sector, en la FP dual aprendes a trabajar en la empresa donde haces prácticas

Hay una crítica más de fondo que Blanco resume así: “Si tu estás haciendo una FP en panadería y confitería y te mandan un año a una panadería, no vas a aprender nada de confitería. Lo mismo sucede a la inversa”. Carretero lo plantea de este modo: “es una formación mucho menos polivalente, si tienes a la gente aprendiendo en el centro educativo pues la estas enseñando a trabajar en el sector, si tu tienes a la gente aprendiendo o trabajando en una empresa en concreto, pues están aprendiendo a trabajar en esa empresa y no necesariamente en el resto del sector”, sentencia.  “Yo creo que es una imitación del modelo nórdico que coge lo peor pero no lo mejor, las consecuencias se verán a largo plazo en alumnos que tienen una formación menos polivalente y a quienes se ha acostumbrado a una dinámica de precariedad.

Mientras los agentes sociales a nivel estatal organizan un calendario para abordar el mencionado Plan Estratégico de Formación Profesional, Isabel Blanco hace balance de sus propias conversaciones en la Comunidad de Madrid. “El diálogo con el Consejero de Educación no es malo, solo que es profundamente ineficaz: es verdad que nos escuchan, son amables y esas cosas, pero seguimos perdiendo, y ellos siguen ganando, destinando año tras año cada vez más dinero al sector privado. Seguimos teniendo esos déficit de plazas públicas de más de 15.000 alumnos, y seguimos perdiendo centros públicos mientras se siguen creando en la privada”, concluye. Lo que pase a nivel estatal aún está por verse.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/educacion/gobierno-privatizacion-fp-madrid-buen-negocio-mala-politica-educativa-

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Pedagogía de la crueldad en un mundo de dueños

Por: Sarah Babiker

La antropóloga argentina Rita Laura Segato llegó al mundo de la violencia contra las mujeres por casualidad. El tema no le interesaba especialmente, pensaba que se trataba de una cuestión privada, una «anomalía histórica» destinada a desaparecer.
Corrían los años 90 y ya enseñaba en la Universidad de Brasilia. La ciudad padecía unos índices de violación desproporcionados y, acompañadas por la Administración, un grupo de académicas feministas se decidió a investigar. Segato fue al grano: quiso hablar directamente con los violadores. Fueron años de entrevistas a presos con su equipo de estudiantes.
«Nada de lo que digan les va a favorecer en su condena», les aclararon en esas conversaciones. Y los violadores hablaron. «No entiendo, yo tengo mi mujer, tengo mis novias, el viernes voy con mis amigos al burdel, no entiendo qué pasó ahí», decía uno de los testimonios.
«El mismo violador, preguntado sobre su acto, se mostraba incapaz de entenderlo, era ininteligible para su propia conciencia», cuenta la autora más de dos décadas después. De ahí la conclusión de que los crímenes no eran para conseguir algo, no tenían un fin instrumental: «Surge esa idea que me acompaña a Ciudad Juárez y a los crímenes de guerra, que es ver que ahí se está diciendo algo».
Violencia
Es jueves por la tarde y, en la librería madrileña Traficantes de Sueños, un público compuesto mayoritariamente por mujeres, donde se oyen diversos acentos, escucha atento a la autora de Las estructuras elementales de la violencia.
Resuenan las últimas violaciones colectivas en Brasil en la cabeza cuando Segato rememora esa primera investigación en Brasilia y narra cómo después comprobó y extendió su hipótesis en Ciudad Juárez. De ahí surgieron dos textos: La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado y Las nuevas formas de guerra y los cuerpos de las mujeres.
Confiesa Segato que querría dejar el tema de la violencia atrás, pero la violencia no cesa. «Tenemos que pensar –nos desafía– por qué a pesar del accionar de las instituciones, la promulgación de leyes, el habernos dotado de un vocabulario, la violencia no tiene fin. No se supera con los clásicos clichés, llamándola crímenes de odio o hablando de morir por el hecho de ser mujeres: el tema no se agota nombrándolo, esto es perjudicial porque se deja de pensar: hemos pasado a repetir burocráticamente conceptos y definiciones, pero no hemos salido del lugar».
Salir del lugar, volver inteligible lo ininteligible. En Las estructuras elementales de la violencia, Segato afirma que las violaciones son medios de expresión, expresan potencia, la expresan ante la víctima, pero sobre todo la expresan frente a los pares: «El mandato de masculinidad obliga al hombre a comprobar, a espectacularizar, a mostrar a los otros hombres para que lo titulen como alguien merecedor de esta posición masculina: necesita exhibir potencia». Y, al menos en Occidente, matiza la antropóloga, «poder y sexualidad están muy relacionados entre sí».
La dominación
«No es lo que pensamos, que está un sujeto en la calle y pasa una mujer linda, y se siente estimulado sexualmente, y la testosterona se le salta y se va encima y entonces se da el gusto. Ningún relato de los que conocimos tiene estas características: el placer no está presente, la dominación sí».
Por eso Segato defiende que hablar de crímenes sexuales desorienta, pues las violaciones son «crímenes por medios sexuales, pero no son crímenes para la sexualidad».
El acceso sexual es una forma de castigo, de dominación: «No hay placer, sino gozo dominador». Y es un acto expresivo dirigido a otros, pues «la persona más importante para un hombre es otro hombre, se constata todo el tiempo, todos los días».
Explorando en la literatura previa sobre el fenómeno, Segato descubrió datos reveladores: las sociedades racistas y consumistas tienen mayores tasas de violación y, cuando son los jóvenes quienes las ejecutan, son también más cruentas, «porque la adquisición de este título de ser capaz de crueldad y traspasar los límites es central en estos grupos».
Así, Segato inicia una vía que la aleja de lo que considera el gran error del feminismo: centrarse en el eje vertical de la violación, la relación entre victimario y víctima. Una reducción que, en su opinión, responde a un problema mayor: «Haber guetificado todo aquello que nos pasa a las mujeres, pensar que la violencia es un problema de las mujeres cuando nos habla de toda la sociedad. Aceptar la expulsión de todo lo que pasa a las mujeres, que se convierta en un tema minoritario y no entender que ahí hay luz para entender la época, la civilización, la sociedad, la economía e, inclusive, la marcha del capital».
Adentrándose en esta senda, Segato llegó a Ciudad Juárez en 2004, invitada por activistas mexicanas. Aquello de lo que hablas, le dijeron, encaja totalmente en lo que está pasando en México, donde el mandato de la masculinidad se sufre en los cuerpos de las niñas.
Años después, en Guatemala, le preguntaron cómo enfrentar las formas de violencia «que participan de la desposesión, que son el brazo armado de los procesos de despojo. Una de las formas de detener estas violencias es deconstruir el mandato de masculinidad: el capital no podría cumplir sus objetivos sin ese mandato de otros pares que demandan pruebas de coraje, pruebas que se ejecutan sobre el cuerpo de las mujeres. La masculinidad tiene que ser demostrada, si no es demostrada no existe. Y ése es el problema de la humanidad».
Ese mecanismo operaría en una guerra difusa, de actores paraestatales, que persiguen el ejercicio del control social, que se extiende desde México, América Central, Colombia, hacia al Sur, según la autora.
La profanación colectiva de los cuerpos es una de sus armas: «Se especializa el discurso de la crueldad, imponer su voluntad y espectacularizar su soberanía jurisdiccional. No son crímenes que puedan estar referidos a la interpersonalidad, no se perpetran como respuesta a un deseo, sino para formar parte de una organización mafiosa. Son crímenes bélicos cuyo escenario es público; crímenes expresivos de mafias que dialogan entre sí».
Una «pedagogía de la crueldad», como la conceptualiza la autora, que alcanza el máximo de su eficacia cuando actúa por medios sexuales, supone el «asesinato moral» del sujeto, despojándole de la jurisdicción sobre su propio cuerpo que, también la cultura occidental, designa como cosa, como objeto de despojo y rapiña.
Y responde a un proyecto histórico, defiende Segato: «Para esta fase del capital es indispensable que las personas se vuelvan menos empáticas, que sean menos vinculadas. Que el sufrimiento del cuerpo que tengo al lado no vibre en mí. Que se anule la solidaridad que es consecuencia de la empatía. Nos están entrenando para ser menos empáticos y tolerar el presente».
Un presente desigual, con una concentración en pocas manos de la propiedad del planeta: «El poder tiene que expresarse por medio de la espectacularidad de la crueldad sobre el cuerpo y el territorio, modo de expresión del control sobre las personas en una fase de dueñidad, de señorío».
¿Cómo enfrentar las violencias? ¿Cómo truncar el proyecto de dominio que se escribe sobre los cuerpos de las mujeres y desarmar el pacto masculino? «Es indispensable que las mujeres construyan su pacto, formen su cofradía, se muestren también articuladas», reflexiona Segato, quien celebra iniciativas como el #niunamenos en Argentina, o las movilizaciones de denuncia en Brasil.
Pero no es suficiente: «Tendría¬mos que mostrar al hombre su infelicidad, quizás el rédito de la masculinidad sea más ilusorio que real».
Segato advierte de que «las personas están tan atrapadas en el discurso de la acumulación que no registran el carácter lúgubre de la vida que viven».
Y concluye que «quienes alertamos del camino sin salida de la acumulación, del productivismo, de la competitividad, de la relación con las cosas por encima de la relación con las personas no hemos sido capaces de crear una retórica de valor para nuestro proyecto histórico. No hemos sido capaces de mostrar que hay cosas más interesantes, hay cosas más festivas, hay cosas más alegres, hay formas menos lúgubres de existir».
Violaciones colectivas en Brasil
Interrogada por las recientes violaciones colectivas en Brasil, la autora tiene una certeza: «El modelo del pacto masculino se aplica como un guante a las violaciones que han sucedido en Brasil. Esos hombres celebraron el daño sobre esa niña dormida y sangrando, lo viralizaron y luego otros hombres celebraron por internet ese daño, esa capacidad de daño que sería la quintaesencia de la masculinidad –entendida por toda esa gente en ese paradigma de presente–, el ser masculino dueño de dañar, expresando potencia».

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214504&titular=pedagog%EDa-de-la-crueldad-en-un-mundo-de-due%F1os-

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