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Brasil: Ganadería industrial y soja transgénica queman la Amazonia

Silvia Ribeiro
NODAL

Cerca de 79 mil incendios en la Amazonia, principalmente en Brasil, Bolivia e importantes áreas de Paraguay, han avanzado por semanas, quemando más de un millón de hectáreas de bosque tropical y arrasando territorios indígenas, muchos de los cuales habían sido invadidos legal o ilegalmente por la ganadería, la agricultura industrial y la minería.

Hay un millón 500 mil habitantes de comunidades indígenas que están amenazados o ya sufriendo los impactos de esta grave crisis que está devastando amplias regiones amazónicas, su fauna, flora y diversidad biológica única.

El fuego se expande siguiendo la ruta de las trasnacionales de ganadería y agronegocios. Se talan y queman bosques para abrir espacio a la soja transgénica de Bayer-Monsanto y a la cría de ganado para JBS, la mayor trasnacional de producción industrial de carnes a escala global, que tiene una negra trayectoria de diversas violaciones legales, entre otras, por comerciar ganado criado con la deforestación del Amazonas.

La Vía Campesina Brasil declaró que esta serie de incendios están directamente ligados al avance del agronegocio, y por los enormes daños que provoca a comunidades y naturaleza debe considerarse un crimen contra la humanidad. Entre el 10 y 11 de agosto, que fue declarado Día del fuego por los hacendados de la región que queman el bosque para sembrar soja transgénica y pastura, los incendios aumentaron 300 por ciento.

Denunció también que imágenes satelitales muestran un avance no visto desde la década de 1980 de la minería ilegal en territorios indígenas, que ha sido estimulada por el gobierno. (https://tinyurl.com/y3rq9d4j)

En efecto, no se trata de factores climáticos o mala suerte: hay causas y actores concretos. El principal motor de la tragedia es la siembra de monocultivos y de pasturas para ganadería a gran escala y la deforestación que causan. Brasil es el primer exportador mundial de soja transgénica, con extensas zonas en las áreas incendiadas y aledañas, en su amplia mayoría su destino es para forraje de cerdos, pollos y vacas en confinamiento, principalmente en Europa y China.

Pero ni los monocultivos de soja (u otros) ni la ganadería industrial son necesarias para alimentar a la población mundial (https://tinyurl.com/yxv3dz8s). Son solamente negocio de trasnacionales con grupos económicos que se han asegurado políticas muy favorables de producción y exportación desde el Sur global, acompañadas de diversos estímulos para aumentar adrede el consumo de cárnicos en muchas partes del mundo. Esto, pese a que tanto los monocultivos agroindustriales como la ganadería intensiva están entre los factores más altos de emisiones de gases que producen el cambio climático. Y eso, sin contar el aumento de emisiones de carbono que significan los incendios ahora en curso.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien llegó al gobierno apoyado por la llamada bancada ruralista de ese país (latifundistas, sembradores de monocultivos de caña, soja, maíz y grandes ganaderos), ha manifestado repetidamente que conservar la Amazonia es un desperdicio de recursos que pueden ser aprovechados por esas y otras industrias, como mineras, hidroeléctricas y petroleras. A todas ha facilitado avanzar en esa región, con una mezcla de legalización de despojos, desmantelamiento de medidas de protección y saboteo de la fiscalización ambiental.

Para ocultar los síntomas del desastre que se avizoraba, a principios de agosto de este año, Bolsonaro despidió de su cargo a Ricardo Galvão, director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), por informar que la deforestación en la Amazonaa aumentó a un ritmo alarmante y mucho mayor que el año anterior. Bolsonaro negó que esto fuera verdad y poco después, cuando ya no pudo negar la crisis de incendios en la Amazonia, lanzó burdas mentiras, como que el fuego era causado por organizaciones ambientalistas para acosarlo. Como si los incendios no fueran causados por la misma gente que alentó y cobija.

Si el fuego sigue propagándose –advirtió la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica–, no solamente están en peligro los habitantes de 350 pueblos indígenas que habitan el Amazonas, también serían afectados 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosques, 44 mil especies de plantas, 2 mil 200 especies de animales, 2 mil 500 especies de peces de agua dulce y de 17 a 20 por ciento del total del agua dulce del planeta, además de que la pérdida de follaje de este ecosistema representa hasta 10 por ciento de las emisiones de carbono global. (https://tinyurl.com/yxasfvd4)

Una investigación de la organización Trase, con The Guardian y Repórter Brasil (2 de julio 2019), evidenció que JBS vende, a sabiendas, ganado criado en áreas devastadas de la Amazonia (https://tinyurl.com/y4yxtfhn). Seguramente alimenta otras instalaciones de ganado con soja que también viene de la Amazonia. Bayer-Monsanto enfrenta más de 18 mil juicios en Estados Unidos por causar cáncer a ese número de víctimas, a sabiendas de los efectos cancerígenos del glifosato, agrotóxico usado para la siembra de transgénicos. Tal como plantea La Vía Campesina, se trata de crímenes contra la humanidad, en Amazonia y más allá.

Silvia Ribeiro es investigadora uruguayo-mexicana del Grupo ETC.
Autor: Silvia Ribeiro
Fuente de la Información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=260239&titular=ganader%EDa-industrial-y-soja-transg%E9nica-queman-la-amazonia-
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El veneno que nos legó Monsanto

Por: Silvia Ribeiro
Ya son más de 13 mil juicios iniciados contra Monsanto (ahora propiedad de Bayer) por haber causado cáncer a los demandantes o a sus familiares con el uso del herbicida glifosato, a sabiendas de los peligros que implicaba y sin informar de los riesgos a las personas expuestas. Son, en su mayoría, personas que aplicaban el agrotóxico sea en su trabajo agrícola, de jardinería o parques. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es cancerígeno para animales y probable cancerígeno en humanos.

El primer juicio que ganó una víctima, en agosto de 2018, fue la demanda de D. Lee Johnsson, un jardinero que aplicó glifosato por dos años en una escuela, a partir de lo cual contrajo el cáncer linfoma no-Hodgkin. (https://tinyurl.com/y5umrtt3). Un juez de San Francisco condenó a Monsanto-Bayer a pagar 289 millones de dólares en primera instancia, pero luego de que Bayer apelara quedó en 78 millones. En otro juicio, en marzo 2019, se dictaminó que Monsanto-Bayer debe pagar 80 millones de dólares a Edwin Hardeman por ser responsable de su enfermedad. Está a punto de concluir en Oakland el tercer juicio similar, iniciado por el matrimonio Pilliod contra Monsanto. Tienen 70 años y ambos padecen cáncer. Se espera que nuevamente sea un dictamen multimillonario en favor de las víctimas. (https://usrtk.org/monsanto-papers/)

Paralelamente, en Europa, Monsanto perdió por tercera vez, en abril de 2019, el juicio iniciado por el agricultor francés Paul François, quien sufre daños neurológicos por el uso del herbicida Lasso, con otro componente agrotóxico.

Bayer, que finalizó la compra de Monsanto en 2018, ha perdido hasta el momento más de 30 mil millones de dólares por la disminución del valor de sus acciones, por el impacto negativo de los resultados de los juicios sobre glifosato. El 26 de abril 2019, 55 por ciento de accionistas de Bayer votó contra las estrategias del directorio, liderado por Werner Baumann, que defendió la compra de Monsanto.

El glifosato, inventado por Monsanto en 1974, es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Se vende bajo muchas marcas, como Faena, Rival, RoundUp, Ranger y otras. Las cantidades aplicadas aumentaron exponencialmente con la liberación de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. El aumento de su uso produjo resistencia en más de 25 tipos de malezas, creando un círculo vicioso de aplicar cada vez más glifosato. Se han encontrado cantidades elevadas de residuos de glifosato en alimentos, fuentes de agua y test de orina, sangre y leche materna en varios países y continentes, fundamentalmente en los mayores productores de transgénicos.

En todos los casos de juicios nombrados, los jueces dictaminaron en favor de las víctimas porque hallaron que Monsanto sabía de los riesgos y no lo explicó en etiquetas ni estrategia de venta de los productos. El punto es central, ya que el argumento de Monsanto es que las agencias regulatorias, como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anuncian el glifosato como un herbicida de bajo riesgo.

No obstante, en el curso de los juicios Monsanto ha tenido que liberar documentos internos que prueban que tenía estudios propios muy tempranos que mostraban el potencial carcinogénico del glifosato y que pese a ello se dedicó durante décadas a escribir artículos que lucieran como si fueran científicos negando la toxicidad del glifosato, que luego acordaron con diferentes autores supuestamente científicos que los publicaran en su nombre sin mencionar a Monsanto.

Varios de esos artículos fueron listados por la EPA para determinar que el glifosato era casi inocuo a la salud. La organización US Right To Know ha publicado en su sitio dedicado a los juicios contra Monsanto documentos desclasificados hasta 2019 con pruebas y nombres de varios autores y artículos falseados (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

En un reciente artículo de Nathan Donley y Carey Gillam en The Guardian, denuncian que Monsanto nunca realizó estudios epidemiológicos del uso de glifosato para ver su potencial cancerígeno, y en su lugar dedicó enormes sumas de dinero (hasta 17 millones de dólares en un año) para hacer campañas de propaganda, artículos de opinión de periodistas sesgados y actuar como escritor fantasma de artículos científicos que afirman que el glifosato es inocuo o no tiene grandes riesgos. Esto aumentó luego de la declaración de la OMS en 2015 (https://tinyurl.com/yxkrw4l9).

También dan a conocer correos electrónicos de Monsanto con la consultora de estrategia e inteligencia política Hakluyt, en julio de 2018, que revelan que la Casa Blanca afirma que le guardará la espalda a Monsanto en cualquier caso y que pese a los estudios que muestran toxicidad no votarán nuevas regulaciones. (https://tinyurl.com/yxcbswp5)

Son abrumadoras las evidencias de que se debe prohibir el glifosato. Varias ciudades estadunidenses y algunas latinoamericanas ya lo han establecido. El tema no es solamente este tóxico o sólo Monsanto-Bayer. Todas las trasnacionales de agronegocios tienen estrategias parecidas para vender veneno a costa de la salud y el medio ambiente. Hay que avanzar en la eliminación de todos los agrotóxicos.

* Investigadora del Grupo ETC

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/opinion/019a1eco

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Por qué interesa el debate sobre ciencia y tecnología

Por: Silvia Ribeiro

Porque nos afecta a todos y hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de venderse al mejor postor.

Como planteé antes (ver ¿Ciencia para el lucro o ciencia para la gente?, La Jornada, 30/3/19), esta disputa se agudizó con una nueva propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera. Ésta propone sustituir la norma existente y reformar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados para que la Comisión de Bioseguridad (que tramita las solicitudes de liberación de transgénicos) quede bajo el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

La propuesta de ley plantea una reestructura del sistema nacional de ciencia y tecnología para eliminar duplicidades y devolver al Conacyt su papel rector en el tema, sobre la base de una ciencia y tecnologías que observen, entre otros, los principios de previsión, prevención y precaución, el derecho a consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y locales, que promueva la investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, así como fortalecer la planta productiva nacional para consolidar la independencia tecnológica del país.

Propone mantener programas de apoyo a sectores productivos, pero dirigidos al sector social y las micro, pequeñas y medias empresas (99 por ciento de las empresas en México, según el Inegi), prefiriendo proyectos que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables. Requiere que los proyectos cuenten con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por los potenciales usuarios.

Prevé realizar foros de consulta, abiertos a toda la comunidad de ciencia y tecnología, lo cual es un cambio muy positivo. La ley actual restringe la consulta a una sola entidad –el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que integra a grandes asociaciones empresariales, las cuales han marcado su impronta en sus posiciones–, que además es financiado por el Conacyt, con lo cual el erario público paga el cabildeo en favor de las empresas. Muchas críticas al cambio de ley vienen de este foro y sus allegados, que avizoran perder privilegios.

La nueva ley propone abrir la consulta a sectores mucho más amplios de la sociedad, apoyando a campesinos e indígenas para que puedan participar. No obstante, es preciso aclarar en qué políticas y programas debe existir no sólo voluntad, sino obligatoriedad de consulta por parte del Conahcyt, con quiénes, en qué plazos y cómo se tomarán en cuenta los resultados.

Esto adquiere particular importancia, ya que el Conahcyt absorbería las funciones de la Comisión de Bioseguridad (actual Cibiogem).

Hasta ahora, las consultas sobre liberación de transgénicos de la Cibiogem han sido una burla. Las consultas electrónicas son de difícil acceso para los que serán afectados en sus territorios. La Cibiogem ha ignorado sistemática y arbitrariamente los aportes críticos en esas consultas. Peor aún, en consultas directas a pueblos indígenas, a las que la Cibiogem fue obligada por sentencia judicial a partir de demandas de organizaciones en la península de Yucatán, la Cibiogem y su entonces secretaria ejecutiva, Sol Ortiz, colaboraron con Monsanto y otras empresas, intentando manipular las consultas y dividir a los pueblos.

Pese a este historial –¿o gracias a él?–, el nuevo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, buen amigo de las trasnacionales de transgénicos, se llevó a Sol Ortiz a trabajar a la Sader como encargada de cambio climático, tema en el cual no tiene formación ni capacidad. Los que protestaron por otros nombramientos que califican de arbitrarios convenientemente se callaron en este caso.

Esos críticos a modo señalan también que las secretarías de Salud y Medio Ambiente tienen participación en las decisiones de liberación de transgénicos de la Cibiogem, lo que se perdería con las reformas a la ley. Por el contrario, al colocar la comisión bajo la junta del Conahcyt, esas y otras nueve secretarías estarán vigilando las actividades. La Semarnat tendrá que tomar en cuenta los dictámenes de expertos de Inecc, Conabio y Conanp, entes que dictaminaron en repetidos casos que no se debe liberar transgénicos en ciertas áreas, algo que la Semarnat y la Cibiogem ignoraron, aprobando igual la liberación de transgénicos en esas áreas.

Todo esto debe cambiar. Un primer paso es participar activamente en el debate.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/13/opinion/019a1eco

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Lo que los medios ocultan cuando solo le hablan del cambio climático

Por: Silvia Ribeiro

«La manera en que describimos un problema determina el tipo de respuestas que se plantean». La devastación ambiental que caracteriza nuestro tiempo no tiene precedente en la historia del planeta ni las culturas. Los problemas ambientales son graves, con fuertes y desiguales impactos sociales y el cambio climático – escribe la investigadora Silvia Ribeiro – es uno de los principales.

La devastación ambiental que caracteriza nuestro tiempo no tiene precedente en la historia del planeta ni las culturas. Ha habido civilizaciones que han provocado desastres ambientales, pero nunca antes se habían mundializado, desequilibrando los propios flujos y sistemas naturales que sostienen la vida en el planeta. El capitalismo y su civilización petrolera, el modelo de producción y consumo industrial y basado en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) provocó este desastre en poco tiempo, acelerado en las últimas décadas.

Los problemas ambientales son graves, con fuertes y desiguales impactos sociales y el cambio climático es uno de los principales. Pero no son causados por toda la humanidad. Más que la era del antropoceno, como algunos la llaman, vivimos la era de la plutocracia, donde todo se define para que los muy pocos ricos y poderosos del mundo puedan mantener y aumentar sus ganancias, a costa de todo y todos los demás. Esta absurda injusticia social, económica, ambiental, política, requiere de muchas armas para mantenerse y una de ellas es la guerra conceptual. Inventar conceptos que oculten las causas y características de la realidad, que desvíen la atención de la necesidad de cambios reales y profundos y mejor aún, que sirvan para hacer nuevos negocios a partir de las crisis.

En este contexto, el ensayo La métrica del carbono: ¿el CO2 como medida de todas las cosas?, de Camila Moreno, Daniel Speich y Lili Fuhr, editado recientemente por la Fundación Heinrich Böll, es un aporte importante. (http://mx.boell.org/es/metrica-del-carbono)

Muestra cómo ante la convergencia de graves crisis ambientales locales, regionales y globales, junto a las crisis económicas y financieras, se echa un fuerte foco de luz sobre el cambio climático –que Nicholas Stern llamó la mayor falla de mercado que el mundo ha atestiguado, al tiempo que se posiciona las unidades de CO2 (dióxido de carbono) como medida para definir tanto la gravedad del problema. Así, otros temas quedan en la oscuridad del contraste de ese rayo de luz y todo se reduce a contar emisiones de CO2 a la atmósfera. Las autoras no dejan duda de que el cambio climático es real y grave, pero cuestionan ¿es más importante y más urgente que la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo cultivable, el agotamiento del agua dulce? ¿Acaso es posible considerar cada uno de estos fenómenos como algo independiente y separado de los otros? La manera en que describimos y enmarcamos un problema, determina en gran medida el tipo de soluciones y respuestas que podemos considerar, plantean.

Justamente debido a la gravedad de la crisis ambiental, tenemos que evitar el epistemicidio ecológico en curso que reduce la óptica, elimina conocimientos y destruye alternativas.

Aunque se sabe bien cuáles son las causas del cambio climático, y los principales rubros industriales que lo provocan: alrededor de 80 por ciento se debe a la explotación y generación de energía, al sistema alimentario agroindustrial y al crecimiento urbano (construcción, transporte), basados en el uso y quema de petróleo, gas y carbón. Todo esto emite CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) como metano y óxido nitroso.

Se sabe también que lo necesario son reducciones reales, en su fuente y en la demanda, de todos esos gases y cambiar lo que las originan. Y se sabe que existen alternativas reales, diversas, descentralizadas y viables; quizá el ejemplo más fuerte es que 70 por ciento de la humanidad se alimenta de agricultura campesina y agreocológica, pescadores artesanales y huertas urbanas, que no son los que emiten gases de efecto invernadero.

Pero las propuestas dominantes –de instituciones y gobiernos– no son éstas, sino otras principalmente basadas en mercados de carbono y altas tecnologías que permitirían supuestamente seguir emitiendo GEI como siempre, pero compensarlos absorbiendo el carbono emitido y almacenándolo en fondos geológicos, es decir, formas de geoingeniería.

La propuesta de compensación (offset en inglés) se viene desarrollando hace años, asociada a los esquemas de pagos por servicios ambientales, por biodiversidad, etcétera, componentes esenciales de la llamada economía verde. Se trata de justificar la destrucción en un lugar, mientras en otro otros se supone la compensan con algún pago, como si fuera lo mismo dejar sin bosques o agua a un pueblo entero en un país o región, porque hay una comunidad que los cuida y en otro. Esos pagos generan bonos, instrumentos financieros especulativos que son comerciados en mercados secundarios.

Ahora, para que todo pueda ser medido en unidades de CO2, todos los gases se traducen a la abstracción de “CO2 equivalente”, sin considerar si se trata de gases emitidos por una trasnacional minera que devasta ecosistemas y pueblos, por la quema de un bosque o el estiércol de algunos animales de un pastor. El concepto de que lo necesario son cero emisiones netas, no reales sino compensadas, completa esta operación (http://tinyurl.com/jssokpr). De esta forma, la economía del carbono podría englobar todos los rubros anteriores, para convertirse en la nueva moneda de cambio, que justifica la contaminación y produce ganancias para quienes la causan.

No solamente se pierden de vista las causas del cambio climático, también de esta forma se simplifica burdamente la consideración de los otros graves problemas ambientales y las interacciones entre todos ellos y se eliminan del campo de análisis y acción los impactos sociales, el sistema que los provoca y las verdaderas soluciones.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

Fuente: La Jornada

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El negocio del cambio climático y la geoingeniería

Por: Silvia Ribeiro 

“Las negociaciones de fondo van a paso mucho más lento que la urgencia que marca el caos climático y los impactos que ya estamos sufriendo. Esto abre el camino para que propuestas altamente riesgosas como la geoingeniería ganen terreno.”

Acaba de concluir otra ronda de negociaciones internacionales sobre el cambio climático, con la 23 Conferencia Global de Naciones Unidas sobre cambio climático en Bonn, Alemania (COP 23, CMNUCC, 6-17 noviembre). Aunque en esta conferencia se avanzó en algunos temas, como la adopción de una plataforma indígena y un plan de acción de género, las negociaciones de fondo van a paso mucho más lento que la urgencia que marca el caos climático y los impactos que ya estamos sufriendo. Esto abre el camino para que propuestas altamente riesgosas como la geoingeniería ganen terreno.

En 2015, el Acuerdo de París sobre cambio climático acordó limitar el aumento de la temperatura a muy por debajo de 2 ºC, pero no fijó la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), medida crucial por que éstas son las que causan el cambio climático. Por tanto, los países principalmente responsables de las emisiones de GEI, siguen sin considerar medidas reales que ataquen las causas y permitan una solución de largo plazo. En su lugar empujan soluciones falsas, como mercados de carbono y medidas tecnológicas como la geoingeniería: la manipulación tecnológica y a gran escala del clima para manejar los síntomas del cambio climático.

La manipulación del clima tiene origen militar, pero es también un negocio redondo para las empresas petroleras, de agronegocios y otras de las más poderosas del planeta: significa que pueden seguir calentando el planeta con la contaminación de combustibles fósiles, sistema alimentario agroindustrial y urbanización descontrolada y al mismo tiempo hacer nuevas ganancias con la venta de tecnología para enfriarlo o para remover el dióxido de carbono de la atmósfera.

Hay una veintena de propuestas para manipular el clima a nivel global, algunas son para bloquear o reflejar los rayos de luz solares, por ejemplo instalando una gran nube volcánica artificial sobre el Ártico, inyectando sulfatos en la estratósfera o blanqueando nubes con miles de naves no tripuladas. Otras son para remover gases de la atmósfera, echando millones de toneladas de minerales y sustancias químicas en los mares, o absorbiendo carbono por medios mecánicos y químicos para luego enterrarlo en fondos geológicos; otras pretenden alterar el tiempo a nivel local, como siembra de nubes y manejo de huracanes. Todas las propuestas conllevan impactos ambientales, sociales y geopolíticos graves. Por ejemplo, bloquear parte de la luz del sol sobre el Ártico tendría impactos devastadores en otras regiones, provocando sequías o inundaciones en África, Asia y América Latina, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentos de millones de personas (aquí).

Aunque no está en la agenda oficial, en la COP 23 la propuesta de geoingeniería que más se promovió fue BECCS: bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Se trata de mega-plantaciones (árboles y cultivos), para quemarlas para bioenergía y capturar el dióxido de carbono de ésta y otras actividades para almacenarlo en fondos geológicos, como pozos de petróleo usados. Esta última técnica proviene de la industria petrolera (Enhanced Oil Recovery), fue diseñada para recuperar reservas profundas, pero no la usan por no ser económicamente viable. Rebautizada como técnica para el cambio climático podrían conseguir subsidios y créditos de carbono, logrando ganancias adicionales al extraer más petróleo y que además les paguen por combatir el cambio climático que esas mismas empresas causaron.

Por otro lado, para que BECCS tuviera algún efecto para mantener el aumento de temperatura en menos de 2 ºC o hasta 1.5 ºC, habría que plantar de 500 millones a 6 mil millones de hectáreas de monocultivos, lo cual es absurdo. Toda la tierra cultivada actualmente son mil 500 millones de hectáreas. Eso no evita que igual se promuevan esas mega-plantaciones, que aunque no sirvan para el cambio climático, serán negocio de quien las instale, compitiendo con la producción de alimentos y amenazando el territorio de campesinos e indígenas, ahora a nombre del combate al cambio climático.

Al mismo tiempo que la COP 23, en el Congreso de Estados Unidos se realizó una audiencia especial sobre geoingeniería, lo cual muestra que no hay contradicción entre negar el cambio climático y promover la geoingeniería. (aqui)

Parafraseando a un directivo de Exxon, la fórmula es nosotros [Estados Unidos, la industria petrolera] no causamos el cambio climático, pero si existe, tenemos la solución tecnológica

Como todos saben que BECCS no funcionará para frenar el cambio climático (aunque lo que se haga con BECCS tendrá impactos sociales y ambientales muy negativos) otras propuestas de geoingeniería para bloquear la luz del sol o remover carbono se presentan como la verdadera solución. Pese a que por sus altos riesgos e impactos potenciales, el desarrollo de geoingeniería está bajo una moratoria en el Convenio de Diversidad Biológica, el Programa de Geoingeniería Solar de la Universidad de Harvard, ya está planteando hacer un experimento a campo abierto (SCoPEx), en zonas indígenas de Arizona, cerca de la frontera con México. (aquí)

Existen muchas vías reales, socialmente justas y ecológicamente sanas para enfrentar el cambio climático, como la agroecología campesina, restauración de ecosistemas desde las comunidades, rediseño del transporte público, energías renovables y locales justas, entre muchas otras. La geoingeniería se debe prohibir: es una apuesta de riesgos inaceptables, para mantener los privilegios de quienes provocaron el cambio climático y aumentar sus ganancias.

*Fuente: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/negocio-del-cambio-climatico-la-geoingenieria/

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Secretos sucios de la carne vegetal

Por Silvia Ribeiro

La industria de la carne es un problema grave para la salud, el ambiente y los animales que tienen que vivir toda su vida en condiciones deplorables. Por todo ello, cada vez más personas optan por comer menos carne o dejar totalmente su consumo. Ante esta demanda, la industria de los sustitutos vegetales de carne crece aceleradamente, pero ¿realmente son mejores?

or ejemplo, la llamada hamburguesa imposible (Impossible Burger) de la empresa de alta tecnología Impossible Foods, es uno de los productos de este floreciente mercado, en el que muchos actores vienen de la industria bioquímica e informática, más que de la alimentaria. La presentan como totalmente vegetal, pero con una salsa secreta que la hace sangrar y tener un sabor y color muy parecido al de la carne.
El ingrediente que le da ese efecto, la leghemoglobina (abreviado en inglés SLH o simplemente heme), es en este caso un producto derivado de ingeniería genética, que no fue aprobado como seguro para la salud humana por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), pese a lo cual la empresa lo puso en el mercado desde 2016.
El tema salió a la luz por un artículo del New York Times del 8 de agosto 2017, a partir de que las organizaciones Amigos de la Tierra y Grupo ETC obtuvieron mediante la ley de acceso a la información, los documentos que la empresa presentó a la FDA, intentando obtener su aprobación (aquí)

Según explica Jim Thomas, del Grupo ETC, La FDA dijo a Impossible Foods que su hamburguesa no alcanzaba los estándares de inocuidad, y la compañía admitió que no conocía todos sus ingredientes. Aún así la ha vendido a miles de consumidores incautos. La empresa debería retirar del mercado sus hamburguesas hasta que la FDA establezca la seguridad del producto y se ofrezcan disculpas a quienes fueron puestos en riesgo.
La leghemoglobina usada para esta hamburguesa es una proteína creada en laboratorio que imita una presente en la raíz de las plantas de soya, pero producida en tanques por microbios alterados mediante biología sintética. En los documentos presentados por la empresa a la FDA, la agencia advirtió que según los datos aportados, el heme, ingrediente clave de la hamburguesa, no cumplía los estándares para el estatus de seguridad generalmente reconocidos (GRAS, por sus siglas en inglés). La empresa admitió que en el proceso de ingeniería genética para el heme se habían generado 46 proteínas adicionales inesperadas de las cuales ninguna había sido evaluada en el dossier presentado a la FDA. Para evitar que la FDA rechazara la solicitud, la empresa la retiró voluntariamente, asegurando que realizaría nuevas pruebas, las cuales actualmente asegura haber realizado exitosamente –en experimentos de alimentación con ratones de laboratorio– pero pese a ello, el estudio no es público. Aunque la empresa sostiene que la proteína en la soya ha sido consumida por mucho tiempo y no se conocen efectos adversos, la versión construida mediante biología sintética, así como las proteínas adicionales inesperadas, son desconocidas y tienen potencial alergénico y otros desconocidos.
El caso de esta hamburguesa vegetal sangrante es significativo del desarrollo en esta industria. No se trata, como uno podría pensar, de alternativas sustentables, sino que en muchos casos son sustitutos con ingredientes excretados en tanques de fermentación, por microbios o levaduras alteradas genéticamente mediante biología sintética, un campo escasa o nulamente regulado, en el cual no existen siquiera normas de bioseguridad adecuadas a este proceso industrial nuevo y nada natural. Otros ejemplos del mismo tipo son los sustitutos que imitan leche de vaca producidos por la empresa Perfect Day o las claras de huevo de Clara Foods, ambos producidos con biología sintética.
Son empresas que intentan aprovecharse comercialmente de los vacíos regulatorios y la crítica y sensibilidad de cada vez más gente ante la producción industrial de carne y la crueldad de la cría animal, pero sin explicar que el proceso de producción se basa en tecnologías riesgosas, sea en estos u otros casos, como los que producen carne en laboratorio, otra aventura de alta tecnología que implica riesgos de salud no evaluados.
El motor de esta industria es que el mercado de sustitutos de productos animales es enorme y de muy rápido crecimiento, el fundador de Impossible Foods estima que será de billones de dólares en pocos años. Seguramente también es la razón para que Impossible Foods consiguiera inversiones de 200 millones de dólares por parte de Bill Gates, Khosla Ventures y el también billonario Li Ka-Shing, de Hong Kong, a la que este mes se sumaron 75 millones de dólares más del fondo soberano de inversión de Singapur (NYT, aquí).
El cuestionamiento a la cría industrial de animales está totalmente justificado por un amplio espectro de razones, pero no necesitamos cambiarlo por otra industria nociva y riesgosa. La producción campesina, agroecológica, de pastores y pescadores artesanales, nos brinda abundantes alternativas reales, sanas y probadas.
Ecoportal.net

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Secretos-sucios-de-la-carne-vegetal

Imagen:https://lh3.googleusercontent.com/MMmyG0_3vs7GqKSxAORAQxGuFGMdqGFegqaIwncGo2zYUoDDBKZJHz04hWvi9y45ewcFIg=s85

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Directo al estómago: golpes bajos de Monsanto y compañía

Por: Silvia Ribeiro

 

Por la salud de todas y todos y la del medioambiente del que dependemos, por las economías campesinas que nos dan alimentos sanos, se deben prohibir estos cultivos de alto riesgo, que además sólo benefician a las trasnacionales.»

Monsanto está bajo una ola de juicios en Estados Unidos, acusado de haber causado cáncer a los demandantes con glifosato, sabiendo que era dañino, incluso potencialmente cancerígeno.  

A esto se suman nuevas acusaciones contra la trasnacional y el glifosato: la destrucción de bacterias presentes en el intestino humano, esenciales para la buena salud digestiva, del sistema inmunológico e incluso para el funcionamiento del cerebro. Parece nimio, porque no solemos reconocer la importancia vital de los billones de bacterias que forman nuestro microbioma, pero lo cierto es que son cruciales para la salud y el buen funcionamiento de muchos órganos, incluso del sistema general que es nuestro organismo. Mientras que la ciencia avanza en reconocer la importancia del microbioma, Monsanto ha estado incisivamente destruyéndolo por décadas.

Este es el núcleo de la acción legal contra Monsanto que seis consumidores de Missouri iniciaron en junio 2017, por difundir información falsa sobre los daños del glifosato. El glifosato actúa como herbicida inhibiendo la acción de la enzima EPSP sintetasa, indispensable para la síntesis de varios aminoácidos importantes, que a su vez construyen proteínas.

En lenguaje sencillo, cuando esa enzima no actúa, la hierba no se puede desarrollar y muere. Monsanto ha afirmado repetidamente que cómo esta enzima solo existe en plantas y no en animales y humanos, el glifosato es seguro para nosotros y nuestras mascotas. (aquí).
Pero la enzima sí existe en las bacterias que están en nuestros órganos digestivos y, por tanto, la ingestión continua de glifosato las va matando, inhibiendo no solo su función benéfica, sino produciendo adicionalmente un desequilibrio que permite que otros microorganismos dañinos se expandan.

Monsanto inventó el glifosato en 1974 y lo vende desde entonces, es una de sus principales fuentes de ganancias. Pero lo que realmente provocó el aumento exponencial de su uso fueron los transgénicos tolerantes a glifosato, como soya, maíz y algodón transgénico. Antes de los transgénicos, el glifosato dañaba también al cultivo, por lo que su uso era menor y limitado a ciertos momentos de la siembra. Con los transgénicos, el uso se multiplicó hasta 2000 por ciento en Estados Unidos, matando todo lo que hay alrededor del cultivo, pero también generando rápidamente resistencia en esas hierbas, que pasaron a ser llamadas supermalezas, porque resisten glifosato y otros herbicidas.
Más de la mitad de los campos de cultivo en Estados Unidos tienen supermalezas y en los estados del sur, por ejemplo Georgia, más de 90 por ciento de las fincas tienen una o más hierbas invasoras resistentes. Situaciones similares se repiten en Argentina y Brasil, que con Estados Unidos son los tres países con mayor extensión de cultivos transgénicos.

Ante esta situación, los agricultores comenzaron a usar dosis cada vez más altas y repetidas de glifosato y a su vez Monsanto y otras trasnacionales de transgénicos aumentaron la concentración y los surfactantes presentes en los agrotóxicos, aumentando su toxicidad.
Actualmente, sufrimos una epidemia silenciosa de glifosato –sea por inhalación directa en campos, por ser vecinos a zonas de fumigación o por los muy extendidos y cada vez más altos residuos en alimentos, principalmente los productos industriales que contienen soya y maíz transgénico.

A la sombra de esta amenaza, se ha desatado otra, directamente relacionada. Ante las hierbas resistentes, las trasnacionales de agrotóxicos y transgénicos comenzaron a hacer cultivos transgénicos tolerantes a varios herbicidas al mismo tiempo, aún más tóxicos y peligrosos. Una de ellas es la soya RR2 XTend de Monsanto, que tolera glifosato y dicamba, otro agrotóxico de alto riesgo.
Esta soya y el cóctel tóxico que la acompaña, comenzó a usarse en Estados Unidos en 2016 y ya es motivo de fuertes conflictos, porque dicamba mata o daña mucho más que las hierbas del campo donde se aplica: por deriva, ha dañado también los cultivos de otros campos, incluso los de agricultores que plantan soja transgénica de versiones anteriores, no tolerante a dicamba. Dicamba es un potente agrotóxico, que puede matar siembras de hortalizas, frutales, ornamentales y hasta árboles. Además de su toxicidad, tiene alta volatilidad, pero según Monsanto, la formulación para soya Xtend es de baja volatilidad.

No obstante, los daños de siembras por usar esta soya con dicamba se han desatado en Arkansas, Missouri, Tennessee, Iowa y todo el tiempo salen nuevos reportes en más estados, lo que ha generado desde conflictos graves entre agricultores –incluso un muerto– hasta demandas legales y contra seguros, que a su vez, no quieren asumir los daños.
Arkansas prohibió en julio el uso de dicamba y varios otros estados han cambiado a regulación más estricta, según los agricultores casi imposible de cumplir. Seis granjas industriales de Arkansas iniciaron a fines de julio 2017 acciones legales contra Monsanto, Basf y DuPont Pioneer, que son quienes venden los agrotóxicos que requiere la soya Xtend.

Brasil y Paraguay ya han aprobado la siembra de soya tolerante a dicamba. En México, se aprobó la siembra de algodón transgénico tolerante a glifosato, dicamba, glufosinato e insecticida en una misma planta, muestra clara de la evolución de los transgénicos: cada vez necesitan más tóxicos.
Por la salud de todas y todos y la del medioambiente del que dependemos, por las economías campesinas que nos dan alimentos sanos, se deben prohibir estos cultivos de alto riesgo, que además sólo benefician a las trasnacionales.

Fuente:http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Directo-al-estomago-golpes-bajos-de-Monsanto-y-compania

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/U2PRCJll9oHOxch9UentlV_KvSxTNIpvOQbJt6dMtnSvtTK49NPCT59FqLp_0pKY6MrXlA=s85

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