Author: Víctor A. Arredondo

México / 18 de febrero de 2018 / Autor: Víctor A. Arredondo / Fuente: La Jornada Veracruz

El comunicado del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) #3 de este año ratifica que el desempeño escolar mexicano es alarmantemente bajo y que no sólo no avanza sino que presenta retrocesos

Nuestro país sigue perdiendo terreno ante la creciente desigualdad educativa entre pobres y ricos

Tales resultados deben servir para evaluar el verdadero desempeño de la autoridad educativa y la influencia real del INEE en las políticas y programas de la SEP.

La «Reforma Educativa» de este sexenio dedicó una parte significativa del tiempo disponible a desarrollar, aplicar y reparar los estragos de una estrategia nacional que se centró, primero, en evaluar a los maestros. La percepción social de este esfuerzo, a pesar de las múltiples aclaraciones oficiales, fue que con ello se buscaba descubrir a los «docentes ineptos» para separarlos del salón de clases y, eso sí, acabar con la injerencia sindical en cuestiones que no son objeto de su naturaleza y misión gremial. El valor diagnóstico de la evaluación para promover integralmente la calidad quedó en un segundo plano y evidenció la parcialidad de una estrategia inicial que no puso el mismo énfasis en la ponderación de otros componentes esenciales del sistema educativo: la infraestructura escolar, los planes y contenidos educativos, las condiciones y perfiles del alumnado, el entorno económico, social y cultural de los planteles, las discrepancias en el acceso a recursos de aprendizaje, la administración escolar, las políticas educativas y de financiamiento, etcétera. Si bien algunos de estos temas de evaluación fueron retomados posteriormente por el INEE y la propia SEP, no quedó claro cómo los resultados de tales evaluaciones influyeron directamente en las acciones compensatorias y de promoción de la calidad de la autoridad educativa. Y esta interrogante es fundamental. Se pueden generar cientos de estadísticas sobre desempeño escolar e, incluso, documentos conceptuales sólidos sobre los fines, objetivos y prácticas de la educación nacional; pero si todo ello no trasciende en las aulas, ese cuantioso esfuerzo no es rentable socialmente.

La política y el financiamiento educativo y los programas y acciones de remedio y promoción en el ámbito federal, estatal y local, deben ser consecuencia del diagnóstico y de sus respectivas metas. De nada sirven los dictámenes y recomendaciones del médico sobre nuestra salud si no se acompañan de las correspondientes medidas de prevención y terapia. Y el problema nodal –es un auténtico nudo gordiano– de nuestro sistema educativo es que contamos con decenas de años de diagnóstico y formulación de recetas que no se han reflejado en el actuar real. Y las razones de este hecho son múltiples. Unas se deben a cuestiones de personalidad y capacidad: el gran ego de muchas autoridades educativas que se consideran autosuficientes y capaces sin alguna evidencia firme; su actitud del «borrón y cuenta nueva» que desestima lo hecho anteriormente por otros; los intereses ocultos que se sobreponen a la labor educativa trascendente; lo inadecuado del perfil e inexperiencia de numerosos responsables de la gestión educativa; su insuficiente liderazgo y mística para la convocatoria social; su falta de entrega por las causas nobles; la simulación generalizada en sectores de la burocracia educativa –»ley del menor esfuerzo»–; y la sensación de abandono y menosprecio que tienen los trabajadores de la educación por parte de la autoridad educativa. Otras razones se refieren a cuestiones técnico-políticas: no ha habido al interior de la SEP y de las oficinas educativas estatales una evaluación sólida de su propia estructura, funciones, resultados e impacto real en la calidad de la educación. Prevalecen oficinas y programas que han sido el resultado acumulado de las ocurrencias de la autoridad en turno; existe duplicidad –y a veces conflicto– en sus funciones; operan con independencia de la política, prioridades y metas educativas nacionales; y todo ello, ha impedido la necesaria sintonía y alineación integradora del quehacer técnico-administrativo-financiero del sector para acrecentar radicalmente la calidad y equidad educativa en el país. «No, los maestros y maestras no son los culpables de la debacle en la educación».

La inexperiencia de la autoridad educativa federal fue la que ocasionó que, hasta los dos último años de la actual administración federal, la SEP pretendiera hacer de manera apresurada, lo que debió haber hecho desde el primer año: atender los diagnósticos anteriores y emprender cuanto antes una verdadera campaña nacional de actualización profesional, promoción de nuevos enfoques y métodos de aprendizaje en el aula, aplicación generalizada de recursos didácticos de gran impacto, modernización de la infraestructura y gestión escolar, conectividad de internet en todas las escuelas del país, mayor participación social y rendición de cuentas en la educación –en especial, por parte de los directivos–. En cambio, con una actitud autocomplaciente se dedicaron a desarrollar en sus propias oficinas burocráticas soluciones que debieron haber estado en manos de expertos comprobados. La soberbia y los intereses mezquinos es lo que impidió que funcionarios de la SEP analizaran y aprovecharan las experiencias de sistemas estatales exitosos en la mejora del desempeño escolar –el INEE reconoce lo logrado recientemente por Sonora, Zacatecas, Tabasco y Tamaulipas, como en su momento la OCDE y la prueba ENLACE resaltaron el caso de Veracruz–. Lo mismo ha sucedido con aquellas organizaciones e instituciones que cuentan con evidencias contundentes sobre su aporte a la calidad educativa nacional: fueron hechas a un lado para recurrir a lo que ahora se observa como un monopolio de servicios a la educación pública: el Tecnológico de Monterrey. Es tiempo de evaluar cuál es el valor agregado real que se ha obtenido como resultado de las cuantiosas contrataciones que le asignó la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Otra tarea pendiente es la de asegurar una relación estratégica funcional entre los resultados y recomendaciones que produce el INEE y la toma de decisiones en la SEP. Son dos realidades paralelas, porque el INEE no influye como debiera en las decisiones administrativas y financieras del sector educativo. Sabemos que su autonomía, naturaleza y misión la convierten en un ente no ejecutivo de programas de intervención educativa. Pero si la sociedad mexicana está invirtiendo en un tanque pensante de esa dimensión, lo menos que se debe hacer es evaluar en qué medida el sector educativo oficial está tomando en cuenta sus directrices. Resulta imprescindible establecer mecanismos funcionales para traducir sus recomendaciones en políticas, programas y formas de financiar la educación. De no ser así, su impacto en la calidad será totalmente marginal.

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http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180129_080455_637

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http://elmaestrocompentente.blogspot.mx/2015/04/la-guerra-perdida-de-la-educacion-en.html