Author: Victor Arrogante

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La violencia talibana contra las mujeres

Victor Arrogante

Por: Víctor Arrogante

No digo que sea un tema que no preocupe, pero no parece que esté de actualidad denunciar la violencia que sufren las mujeres en Afganistán, como consecuencia de las políticas que siguen realizando los talibanes en el poder contra los derechos humanos.

Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, aseguraron que todas las mujeres gozarían de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y social. Nada están cumpliendo, no son de fiar. Parece que el desacuerdo en el seno talibán es una realidad y una de las consecuencias es la intensificación de la represión.

Las autoridades afganas advierten a las mujeres que, de no obedecer, castigarán a los hombres de sus familias. La Misión de la ONU señala que la medida contradice las declaraciones de los talibanes garantizando el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de todos los afganos. De hecho, los talibanes ordenan a las mujeres cubrirse y no salir de casa.

Tras la caída de la República afgana y la instauración del nuevo Emirato Islámico, los talibanes se hicieron famosos internacionalmente por su sexismo y violencia contra las mujeres y su trato en Afganistán. Su motivo declarado fue crear un ambiente donde la castidad y la dignidad de las mujeres puedan ser sacrosantas.

Las mujeres afganas se vieron obligadas a usar el burka en público, porque, el rostro de una mujer es una fuente de corrupción para los hombres que no están relacionados con ellas. En una segregación sistemática, a las mujeres no se les permitía trabajar, no se les permite ser educadas después de los ocho años, y solo se les permite estudiar el Corán.

Ahora, según información de la prensa en la zona, sobre la nueva normativa, las mujeres deberán usar burkas que las cubran desde la cabeza hasta los pies, mostrando sólo los ojos, como tuvieron que hacerlo en el periodo en que los talibanes gobernaron el país, entre 1996 a 2001. El nuevo atropello contra las mujeres se suma al de no permitir que las niñas asistan a la escuela secundaria, en vigor desde septiembre pasado, poco después de que los talibanes tomaran el control del país.

En este mandato, también se prohíbe que las maestras regresaran a sus trabajos. Inmediatamente después de la ofensiva talibana de 2021, todas las universidades se segregaron por sexo. Durante la ofensiva de agosto, los talibanes aconsejaron a las mujeres que se quedaran en casa porque sus soldados no estaban capacitados para respetar a las mujeres.

En mayo de 2022, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio publicó un decreto que obliga a todas las mujeres de Afganistán a cubrirse todo el cuerpo cuando estén en público (ya sea un burka o una abaya combinada con un niqab, que deja solo los ojos descubiertos). El decreto decía que se tomarían medidas de cumplimiento, incluidas multas, prisión o despido de puestos públicos, en contra los tutores masculinos que no se aseguran de que sus parientes cumplan con la ley.

Esas medidas recibieron una amplia condena en todo el mundo, exigiendo que siguieran estándares internacionales para establecer relaciones positivas en el plano global. La Misión de la ONU informa de que solicitará reuniones de inmediato con las autoridades de facto talibanes para buscar aclaraciones sobre la decisión actual. Llevará a cabo consultas con miembros de la comunidad internacional para determinar las implicaciones que pudieran resultar. Desde que los talibanes tomaron el poder, los donantes recortaron la asistencia al desarrollo e impusieron sanciones al sistema bancario del país, colocando la economía afgana en situación de colapso.

La legislación destinada a poner a las mujeres afganas siempre bajo tutela masculina es un triunfo de las redes Haqqani y del ala militar sobre la llamada facción ‘realista’. Sobre el terreno, la oposición armada ha llevado a cabo sus primeras operaciones en los valles de Andarab y Panchir, donde el Frente Nacional de Resistencia, el movimiento dirigido por Ahmad Massoud, habría matado a 16 talibanes

Es la consagración de la rama más dura, más ideológica y más guerrera de los talibanes. El líder religioso, Haibatullah Akhundzadeh, el guía supremo, que no se ha mostrado desde hace dos años, tuvo que elegir entre varias líneas. Pero el 7 de mayo decidió validar el decreto que impone el uso del chadri (o burka) a las mujeres afganas, con sanciones para los jefes de familia que no hagan cumplir la nueva normativa. Estos retrocesos recuerdan los peores momentos del anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, cuando a las mujeres afganas ni siquiera se les permitía ir a los hospitales por la ausencia de mujeres médicas.

La facción más radical del movimiento, triunfa en detrimento de los llamados talibanes históricos, cuya figura dominante, Amir Khan Mutaki, ministro de Asuntos Exteriores, podría haberse opuesto al decreto sobre el burka. Por primera vez desde la vuelta al poder de los talibanes el 15 de agosto, aparecen desacuerdos entre las dos facciones principales a plena luz del día.

Lo que les separa no son tanto las diferencias ideológicas –todos los talibanes están de acuerdo, en general, en poner a las mujeres afganas bajo tutela masculina– como la actitud a tomar frente a la comunidad internacional. Para la llamada rama realista, es necesario tener esto en cuenta para beneficiarse de un flujo financiero en un momento en que Afganistán se hunde en una crisis económica sin precedentes. Para los ultras, no es cuestión de ceder a ninguna presión o negociación. Poco después de la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de proporcionar ayuda a la población damnificada, se adoptaron algunas medidas coercitivas.

Los grupos de derechos, incluida la Misión de las Naciones Unidas en Afganistán, criticaron duramente la decisión. Se espera que la decisión afecte negativamente las posibilidades de reconocimiento internacional del Emirato Islámico.

Las mujeres no deben aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin burka. Las mujeres no deben usar zapatos de tacón alto ya que ningún hombre debe escuchar los pasos de una mujer para no excitarlo. Las mujeres no deben hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer.

La situación actual parecía que había cambiado desde el 15 de agosto de 2021, cuando las mujeres podían seguir trabajando sólo en sectores privados. Las médicas, las enfermeras y las profesoras también podían seguir trabajando en el sector público y privado. Las abogadas y las juezas no pueden trabajar. En los últimos seis meses, los talibanes han discriminado sistemáticamente a las mujeres y las niñas introduciendo políticas que han restringido gravemente la libertad de circulación y expresión de las mujeres, socavado el acceso de las niñas a la educación y a las mujeres al empleo.

Los despachos de prensa sobre la nueva normativa reportan que las mujeres deben usar burkas que las cubra desde la cabeza hasta los pies, mostrando sólo los ojos, como tuvieron que hacerlo en el periodo en que los talibanes gobernaron el país, de 1996 a 2001, cuando los talibanes prohibieron toda educación y acceso al trabajo a las mujeres. En 2021, dijeron que habían aprendido la lección. De momento, siguen sin demostrarlo.

Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org

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Israel sigue sometiendo a fuego al pueblo palestino

Victor Arrogante

Por: Víctor Arrogante

El pueblo palestino sigue sufriendo. Más de setenta años han transcurrido y sigue sometido a los designios del estado judío de israel.

«Palestina es como Auschwitz», dijo José Saramago. Lo que está pasando contra los palestinos, es un crimen contra la humanidad. Los palestinos son víctimas de crímenes cometidos por el gobierno de Israel, con el aplauso de su pueblo y el apoyo de EEUU. Parece que no hay forma de frenar a Israel. La comunidad internacional y la propia ONU, desde el principio del «conflicto» no han sido capaces, ni con guerras ni con paces, de frenar la agresión sistemática de Israel contra el pueblo palestino

Hace unos días, la ONU expresó su preocupación por la continuada expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y urgió una vez más a las autoridades del país a detener inmediatamente estas actividades. «Reitero que los asentamientos no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante de la legislación internacional«, señaló el enviado de la organización para Oriente Medio, Tor Wennesland, en una intervención ante el Consejo de Seguridad.

El pueblo palestino sigue sufriendo. Más de setenta años han transcurrido y sigue sometido a los designios del Estado judío de Israel. Hace más de dos mil años, quien estaba sometido al Imperio Romano era el pueblo judío. Roma ejercía su poder a través de un gobernador, quien exigía tributos para el mantenimiento de las tropas de ocupación y envío de remesas a la cosmópolis romana. Lo sobrante, como dicen en la vida de Brian, era para el «alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos». Hoy es el Estado de Israel quien somete a fuego al pueblo palestino. Siento dolor y vergüenza por ello.

Mucho ha sucedido desde que Naciones Unidas aprobase el Plan para la partición de Palestina en 1947. Con supuesta buena fe, se pretendía dar respuesta al conflicto entre árabes y judíos en Palestina. La presión de la comunidad judía internacional y la mala conciencia de los actores —por no haber hecho todo lo necesario para parar y evitar el Holocausto judío, cuando todavía era posible—, hicieron que el plan fracasara; como todos los acuerdos, pactos y hojas de ruta, desde entonces. Se apoyó a los judíos y se dejó en el desamparo a los palestinos. En algún momento tiene esto que finalizar.

Palestina sigue siendo protagonista, no por los sucesos de hace más de dos mil años, ni por la partición de 1947. Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina Abu Mazen, abrió la vía de la justicia internacional, para denunciar los crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios ocupados, en la guerra de 1967. Con el apoyo de EEUU, Israel pidió al organismo, que rechazase la petición, porque la Autoridad Palestina no es un Estado. Pero todo ha sido en vano. El Estado palestino es el miembro 123 de la CPI. Ahora existe la posibilidad de que se juzguen los crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados. Todo es imposible.

Como todos los meses, el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas se reunió para repasar los últimos acontecimientos en el conflicto palestino-israelí, centrándose en esta ocasión en la implementación de la resolución 2334, que entre otras cosas exige a Israel que detenga la construcción de colonias. La resolución fue aprobada a finales de 2016 gracias a la abstención de Estados Unidos, entonces bajo el Gobierno de Barack Obama, después de que durante años Washington protegiese a su aliado gracias a su derecho de veto. La decisión fue muy criticada por el Ejecutivo de Donald Trump, que estaba a punto de asumir el poder y que reforzó la alianza estadounidense con Israel.

Durante los últimos años la autoridad israelí ha seguido ignorando los acuerdos de la ONU y han continuado con la expansión de los asentamientos y con las demoliciones y confiscaciones en tierras palestinas. La ONU, frente al sistemático incumplimiento de Israel sobre el conflicto con Palestina, debería tomar otro tipo de decisiones, como sanciones que afectaran directamente a los intereses israelíes, que favorezcan la posibilidad de crear un Estado palestino contiguo y viable.

En la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí y los Altos del Golán en Siria. La guerra de Yom Kipur en 1973, fue iniciada por Egipto y Siria, para recuperar los territorios ocupados en los Seis Días, pero no lo consiguieron. Después de tantas operaciones militares, intifadas, ataques indiscriminados, innumerables resoluciones de la ONU, conferencias internacionales, acuerdos y pactos, las principales cuestiones siguen pendientes: la soberanía de la Franja de Gaza y Cisjordania; la formación un estado palestino; el estatus de la parte oriental de Jerusalén, Altos del Golán y Granjas de Shebaa; el destino de los asentamientos israelíes; y la situación de los refugiados palestinos. Israel, sistemáticamente ha incumplido todo.

Gaza sigue asediada. 1.500.000 de personas permanecen encerrados, en un territorio de 365 Km2. Confinados entre muros, la mayor prisión del mundo. Los ataques por tierra, mar y aire, no discriminan objetivos militares de los civiles. Los palestinos son considerados combatientes; los niños y las mujeres también. Los bombardeos se han cebado con ellos. Son los daños colaterales. Son crímenes de guerra, cometidos por un Estado, que dice hacerlo en su defensa.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dado luz verde a una investigación en Palestina después de que los jueces confirmasen el pasado febrero que el tribunal tiene jurisdicción para juzgar supuestos crímenes de guerra presuntamente perpetrados por todas las partes en conflicto en los territorios ocupados por Israel. «La investigación abarcará delitos de la competencia de la Corte que presuntamente se han cometido desde el 13 de junio de 2014«.

La partición de la zona en dos estados, no contentó a ninguna de las partes. La Liga Árabe aprobó otra resolución que rechazó frontalmente la de la ONU, en la que advertía que, para evitar la ejecución del plan de partición, emplearía todos los medios a su alcance. Reino Unido abandonó Palestina el 15 de mayo de 1948, un día después de que David Ben Gurión declarase la independencia de Israel. Todo fue un desastre. Una historia sin fin, que ha dejado a su paso demasiadas muertes.

Por aquel entonces, los judíos celebraron la independencia y la creación del Estado judío, pero criticaron el plan, que dividía en tres zonas separadas el territorio asignado; poco viable y de difícil defensa. Los líderes árabes se opusieron al plan, por violar los derechos de la población árabe, que representaba el 67% de la población total, criticando que el 45% de la superficie de todo el país se adjudicaba al Estado judío, que representaba tan solo el 33% de la población. Agravio sobre agravio.

El pueblo palestino sufre las consecuencias de la política internacional desde hace demasiado tiempo. La economía palestina estubo al borde del colapso. Dejó de recibir más de 500 millones de dólares, por parte de Israel, lo que llevó a la ANP, que administra Cisjordania, a reducir los sueldos de casi todos sus empleados en un 40%. Israel hace una guerra total contra Palestina. Ya había tomado medidas similares en 2006, 2007 y 2008, haciendo que la economía en la zona dependiera de los donantes internacionales, a quienes pone todas las trabas posibles para su gestión humanitaria.

Los palestinos son reducidos a números y en el peor de los casos al olvido, bajo la sospecha que siempre persigue a las víctimas: «algo habrán hecho». Los crímenes se cometan con demasiada impunidad. Israel se ha convertido en el árbitro moral: decide lo qué debe ocurrir y lo qué no es posible hacer en Palestina; mientras sigue ocupando la tierra ocupada en la guerra y en la paz. Pero no hay solución militar posible «porque a pesar de todo, Palestina y los palestinos existen«. La única solución pasa por poner fin a la ocupación, a los asentamientos y a la exclusión; por justicia.

La zona sigue siendo un polvorín, aunque Israel tiene tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania que garantizan su convivencia. Así mismo, tiene tratados de alto el fuego firmados con el Líbano, Siria y Arabia Saudí que, si bien no reconocen la existencia de Israel, sí han supuesto un mecanismo eficaz para el cese de las hostilidades. También existe un complejo acuerdo provisional con Palestina, que supone el establecimiento de una especie de protectorado israelí y un alto el fuego parcial.

El conflicto palestino, se ha cobrado demasiadas vidas humanas, las estimaciones oscilan desde los 51.000 fallecidos (35.000 árabes y 16.000 israelíes desde 1950 hasta 2007, hasta los 92.000 fallecidos (74.000 militares y 18.000 civiles) entre 1945 y 1995. Demasiado sufrimiento, que si en la edad moderna es insufrible, en otras épocas, que la Biblia como buen best seller, cuenta en primera personas, no lo fueron menos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha alcanzado con sus potenciales socios la mayoría de 61 diputados de los 120 del Parlamento necesarios formar gobierno. El bloque de partidos opositores tampoco rebasa el mínimo suficiente, en las elecciones del 23 de Marzo. Netanyahu había prometido la construcción de 3.500 viviendas en una polémica zona que amenaza con dividir Cisjordania e impedir su continuidad territorial. En un acto de su campaña electoral anunció que había ordenado poner en marcha el proyecto urbanístico en el denominado sector E-1, situado al este de Jerusalén en territorio palestino ocupado desde 1967. Pese a los resultados y las declaraciones, parece que tampoco en esta ocasión se va a resolver el problema.

No se habla lo suficiente sobre la Palestina de hoy, sometida a la dictadura de la guerra sin cuartel por el Estado de Israel. Debería haber llegado la hora de frenar a Israel en su acoso contra Palestina; todo representa una vergüenza que la humanidad no es capaz de solucionar. El Estado de Israel somete a fuego, al pueblo palestino. Siento dolor y vergüenza por ello.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/israel-sigue-sometiendo-a-fuego-al-pueblo-palestino/

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Las colas del hambre

Victor Arrogante

Por: Víctor Arrogante

En Madrid la crisis social sigue aumentando ante el rebrote de la emergencia alimentaria. Las colas del hambre, que se generaron durante el confinamiento ante la falta de ingresos de una gran parte de la ciudadanía, se han vuelto a incrementar en las últimas semanas.

Si hay algo que me produce ansiedad y provoca en mí un enojo exacerbado, son las imágenes de personas haciendo cola para recibir alimentos y productos de primera necesidad. Que eso ocurra en España a estas alturas de la historia, es una auténtica vergüenza, que nos transporta a la posguerra, cuando tanta necesidad había y que sufrimos millones de personas.

En Madrid la crisis social sigue aumentando ante el rebrote de la emergencia alimentaria. Las colas del hambre, que se generaron durante el confinamiento ante la falta de ingresos de una gran parte de la ciudadanía, se han vuelto a incrementar en las últimas semanas. Esta situación recuerda el establecimiento de racionamientos y cupos durante el franquismo hasta 1959, cuando se aprobó el Plan de Estabilización que produjo que en los años sesenta comenzara el desarrollo, aunque persistió el atraso tecnológico, científico y educativo. No se como hemos podido sobrevivir.

Este artículo bien podía haberse titulado Las colas de la muerte, si nos referimos al número tan elevado de personas muertas en las residencias de mayores, que se están convirtiendo en auténticos centros de exterminio, cuando son imprescindibles para la sociedad y deberían consolidarse como un pilar social esencial del Estado de bienestar. Los últimos datos ofrecidos muestran que 26.905 personas con covid-19 o síntomas similares han fallecido, según los datos procedentes de las comunidades autónomas. Esto significa que más del 46% de las muertes notificadas oficialmente se ha producido entre mayores que vivían en residencias de personas mayores.

La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En el último caso conocido, diez ancianos han muerto en un mes por un brote de coronavirus en la residencia Los Nogales Puerta de Hierro. Otro caso es el de la residencia Vigor de Becerril de la Sierra, donde han muerto 11 mayores por coronavirus, que ha sido denunciada por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones y omisión de socorro. La comunidad donde hay más expedientes penales abiertos es Madrid con 112. Desde que comenzó la pandemia, las 710 residencias de la Comunidad suman 6.038 fallecidos, frente a un total de 12.578 muertos.

No podemos consentir que continúe la tragedia contra las personas mayores en las residencias. Es necesario un mayor control y un incremento de la financiación pública en los centros que realizan un servicio imprescindible para la sociedad; y «si fuera posible» (que habría que hacerlo posible), que figuras políticas como la de Isabel Díaz Ayuso, tuvieran prohibido la gestión de estos y otros centros esenciales, que los convierten en fábricas de miseria, con sus colas de la muerte.

Desde el inicio de la pandemia, se ha multiplicado por diez el número de personas que acuden a los repartos de comida. La falta de ingresos y de políticas eficaces y efectivas del Gobierno, comunidades y ayuntamientos, se han convertido en las principales causas del aumento de afectados. Como consecuencia de esta trágica situación, los bancos de alimentos, centros sociales y asociaciones se han constituido en la red fundamental que está consiguiendo auxiliar a los más vulnerables.

Hasta 1952, España no empezó a recuperar los niveles de vida que tuvo en 1935. Estados Unidos, valoró como muy positiva (ya lo había hecho Hitler), la situación geoestratégica de la España atlántica, mediterránea y pirenaica y en su beneficio, convinieron el pacto con la dictadura franquista y la instalación de sus bases militares, que aquí siguen. Eran los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades contagiosas, de la falta de agua, de las restricciones eléctricas, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones; de la leche en polvo y del queso amarillo-naranja americano. Las cárceles abarrotadas de presos políticos y en las cunetas fosas comunes, ciento cuarenta mil desaparecidos en la guerra y la dictadura; que hay siguen.

En el informe Diagnóstico Social de la crisis por covid-19, el Ayuntamiento de Madrid asegura que la pandemia está creando una «expansión descomunal de nuevos vulnerables». Nadie se libra: mujeres, familias con hijos, jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65 años son los colectivos más golpeados por la crisis. Es normal en una ciudad que ha visto como su tasa de paro crecía más de un tercio hasta situarse en un preocupante 16,1%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Los datos son desoladores. Uno de cada tres hogares de la ciudad se ha empobrecido durante 2020 debido a la crisis del coronavirus, especialmente aquellos con menores a cargo y los de familias monoparentales encabezadas por mujeres.

Desde que se desencadenó la pandemia, allá por el mes de marzo del año pasado, las asociaciones vecinales han actuado como una auténtica red solidaria para la inmensa mayoría de las personas arrasadas por la crisis. Donde el Ayuntamiento no llega, ahí están las asociaciones de vecinos, las organizaciones solidarias de todo tipo, casi todas las ONG y los bancos de alimentos. Ellos han sostenido a los más necesitados, aquellos que engrosan las llamadas colas del hambre. Al Ayuntamiento le estamos solucionando la papeleta, explican desde la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA), uno de los barrios al sur de Madrid donde más ha golpeado la crisis: «de los servicios sociales del Ayuntamiento aquí no sabemos nada». La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) asegura que la ayuda del Ayuntamiento es «lenta, insuficiente e ineficaz». Las colas del hambre no dejan de crecer: Son los grandes olvidados, de los que pocos se acuerdan y las instituciones públicas, casi nada.

En mi barrio, durante mi infancia, en la calle Goya esquina Alcántara, se formaba la cola desde las cuatro de la mañana y abrían a las nueve. Vendían un kilo de galletas rotas por persona. Había colas para embarazadas y las que no lo estaban, lo simulaban para conseguir más alimentos y esperar menos tiempo. La gente llevaba sillas para que la espera fuera menos dura, cuando alguien intentaba colarse había incluso violencia. Sus hijos esperaban la comida en casa.

La crisis económica desatada por la pandemia está causando estragos en España. Se han destruido 622.600 empleos, la peor cifra desde 2013. El número de personas sin trabajo asciende a 3.719.800. Los hogares con todos sus miembros en paro subieron a 1,2 millones en 2020. Cuatro millones de personas se han visto afectados por regulaciones temporales de empleo, lo que significa que, a pesar de las ayudas decretadas por el Gobierno, en muchos casos sus salarios se han visto reducidos en un 50-80%.

La economía franquista significó la profundidad y duración de la depresión durante los años cuarenta. Para la mayor parte de los españoles fueron los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones. Todo un desastre. La miseria se veía, se vivía, se sentía y se sufría.

En Madrid ya se habían dado episodios de hambre. En el verano de 1811 estalló una calamidad jamás sospechada: ¡el hambre!, como lo llamó Ramón Mesonero Romanos, cronista y concejal madrileño. Un capítulo negro de la historia madrileña: El hambre de Madrid, título basado en el cuadro de José Aparicio; un encargo gubernamental en referencia a este espantoso episodio. Después de cuatro años de guerra encarnizada, las cosechas, escasas, eran robadas por unos y otros ejércitos, y por las partidas de guerrilleros. Madrid aislada, por lo que sufría de un abastecimiento insuficiente.

La posguerra fue una época de mucho miedo y poco pan; la comida era un bien escaso que había que racionalizar. Los más miserables iban a Legázpi a por los deshechos del mercado de abastos. Si aquella busca salvó a mucha gente a morir de hambre, en los últimos tiempos se ha puesto en evidencia una  nueva categoría social: los trabajadores pobres, que ha trastocado el concepto de pobreza, como consecuencia de los bajos salarios y la baja la calidad de los empleos.

El hambre ha pasado de ser un fenómeno colectivo, a convertirse en una tragedia individual y familiar. No se trata solamente de las personas sin hogar, que han alcanzado el nivel máximo de exclusión social y marginación en una sociedad moderna, sino que cada vez haya más gente necesitada de.

La pandemia tiene rostro humano. La de los que han enfermado, los fallecidos, y la de tantos que se han empobrecido a causa del covid. El Ayuntamiento de Madrid ha constatado la caída en la edad de los demandantes de ayuda social; de una edad de 71 años a la actual de 41. También ha sido el año de la explosión de la solidaridad ciudadana.

Por cierto y al paso;  la crisis de las vacunas contra el coronavirus, es una auténtica vergüenza. No es que no crea en la efectividad de las vacunas, no soy científico para valorarlo, pero la programación institucional es un desastre. El Gobierno todavía dice que antes del verano estaremos inmunizados el 70% de la población española. No se si es por una inocencia irreflexiva o por una complicidad criminal con las farmacéuticas, que con su estrategia han aumentado sus capitales en la Bolsa, mintiendo en su capacidad de fabricación y suministro e incumpliendo compromisos contractuales.

De las colas del hambre a las colas de la muerte por la crisis de la covid-19 inundan Madrid y la España entera, que cualquier gobernante decente debería incluir entre sus prioridades de acción.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-colas-del-hambre/

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El Sistema que controla, amedrenta y castiga

Victor Arrogante

Por: Víctor Arrogante

En mi infancia nos asustaban con el Ogro, un monstruo que siempre estaba presente como amenaza, para llevarte, comerte o simplemente asustarte; para que hicieras esto, aquello o dejaras de hacer. Ya me he referido a ello en mis Reflexiones Republicanas. Hoy hemos creado otro monstruo: el Sistema tiene el mismo objetivo que aquél Ogro: controlar, amedrentar y castigar. Lo alimentamos periódicamente con nuestros votos. Un monstruo indeseable, avaricioso, cruel y corrupto, que queda representado en el Sistema institucional, político, judicial y económico.

El Sistema, se retroalimenta con sus propias inmundicias. La política se judicializa y la justicia se politiza; no existe independencia entre poderes. Se adoptan medidas, en muchas ocasiones, a sabiendas que son contrarias a la ley, rayando la prevaricación. La corrupción afecta a partidos y a políticos sin escrúpulos, que se lucran y benefician, sin vergüenza, en el ejercicio de representación y gestión de los fondos públicos. Hay tenemos el caso PP, Bárcenas, Gurtel, de las comisiones ilegales y la supuesta financiación irregular del partido, como culmen de la desvergüenza.

Las instituciones pierden su grandeza, al ser utilizadas en beneficio de aquellos que deberían protegerlas y que han prometido o jurado defender. La percepción que existe sobre la corrupción política y el deterioro institucional, van desde la monárquica, hasta el más pequeño ayuntamiento, pasando por gobiernos autonómicos o el propio gobierno de la nación, parlamentos y poder judicial, sin olvidar a banqueros y empresarios. Monstruo de múltiples cabezas y garras, que amenaza con destruir todo lo que toca.

La separación de poderes, que caracteriza a un estado democrático moderno, no se produce en la realidad. El parlamento que representa a la soberanía del pueblo, está supeditado al gobierno. El parlamento, que elige al presidente, está bajo sus dictados. No hay independencia, como no la hay con el órgano del poder judicial, que está politizado. El gobierno manda y el pueblo soberano, representado en el parlamento, obedece; solo se cuenta con él para votar cada cuatro años. Hemos creado un monstruo que identifica sufragio universal con democracia; cuando democracia es más participación y poder de decisión.

El imperio de la ley es la seña de identidad del Estado de Derecho. Decir que la ley es igual para todos, es otra gran mentira del Sistema. Ni a todos se les aplica con el mismo rigor, ni todos están por debajo de la ley. En el Sistema, el rey está por encima de la ley, lo dice el propio texto constitucional, y otros órganos, sin decirse, lo están también. La aplicación de la ley va a depender de la clase social a la que se pertenezca. Existen dos varas de medir. La justicia es clasista y castiga más a los que menos recursos tienen para defenderse. Con las reformas, no todos tenemos la misma oportunidad para acceder a la justicia. La democracia se ha degradado.

La administración de justicia es otro monstruo. Los jueces hacen cumplir las leyes, con escasos medios y regulares resultados. ¿Cuándo aparecerá un juez que no aplique las leyes injustas? ¿Cuándo se dará un político que haga leyes justas? El imperio de la ley, utilizado torticeramente es una trampa. Hay que cumplir la ley, aplicarlas justamente y hacerlas con criterios de justicia social. El Sistema, representado por el poder político, beneficia al poder económico, que es madre y padre del monstruo.

En un modelo en el que rige la economía social de mercado, se supone que el mercado manda, ordena y regula las tendencias; y el Estado corrige las desviaciones, con el objetivo de conseguir, con solidaridad, el progreso social. El mercado va a lo suyo, y el gobierno, que debería impulsar esas medidas correctoras, está preocupado, de forma exclusiva, en fortalecer el sistema financiero, olvidándose de la economía real que crea riqueza y empleo. De nuevo el monstruo, que como cual Saturno, se alimenta de las necesidades y calamidades de la gente, a quienes tendría que proteger y amparar.

El Sistema adquiere su propia lógica y entiende que todo es justo si se hace en su morada; pero lo que es injusto, lo es por encima de su lógica. Dicen que el sentido personal de justicia, debe sacrificarse, al orden legalmente establecido, aceptando la ley como es, sin detenerse a pensar, si es justa o es injusta. Y eso no puede darse en todas las circunstancias. No hay que confundir legalidad con legitimidad. Ésta no se adquiere por haber conseguido mayorías absolutas parlamentarias, si las leyes que aprueba son injustas socialmente, y perjudican a la clase trabajadora y a los sectores sociales más desfavorecidos. Frente a esta situación cabe, cuanto menos, la insubordinación.

Los poderosos tienen al Sistema en su poder. Fíjense que no he mencionado ningún caso concreto de despotismo, corrupción y exceso de poder, pero supongo que todo se ha entendido; lo estamos viendo a diario en las televisiones. Para acabar con este monstruo corrupto y menos democrático, se necesita una acción contundente y definitiva, que destruya a la bestia en su guarida. Puede haber otras salidas; pero ¿cuáles?

Parece que todo va a seguir siendo como es. Los partidos mayoritarios no están por la labor de dar la vuelta a la tortilla. Cada cuatro años a votar, fortaleciendo al monstruo. Un desahogo: contra la desesperanza indignación, protestas, manifestaciones y huelgas; que son buenos instrumentos para reivindicar los derechos, que el Sistema permite eliminar y suspender. Pero a estas alturas, estas acciones se quedan cortas y estrechas.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/el-sistema-que-controla-amedrenta-y-castiga/

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Octubre revolucionario. Asturies; la represión

Victor Arrogante

Por: Víctor Arrogante/Memoria histórica

 

MURIERON MIL QUINIENTOS REVOLUCIONARIOS DURANTE LOS COMBATES QUE SIGUIERON AL LEVANTAMIENTO ARMADO Y MÁS DE DOSCIENTOS DURANTE LA REPRESIÓN. LOS HERIDOS FUERON MÁS DE DOS MIL.

Contábamos la semana pasada, como se había gestado la revolución de Octubre de 1934 y el anterior intento en 1917. Los acontecimientos de la revolución de Asturies, tuvieron unas consecuencias gravísimas para la clase trabajadora y para el conjunto de la ciudadanía. No pudieron cumplirse los objetivos previstos; no se tomó el poder ni se cambiaron las condiciones de vida que padecían los trabajadores; por el contrario, la represión ejercida sobre los huelguistas fue en si misma una tragedia; miles de trabajadores despedidos, millares de detenidos y presos, condenas a muerte conmutadas por cadenas perpetuas y dos ejecuciones. Los procesos duraron hasta 1936.

«La naturaleza no se conmueve con los dolores de los hombres. Solo se altera cuando el pico solivianta los suelos», dice Jorge M. Reverte en su libro La furia y el silencio. Asturias, primavera de 1962. Porque no fue solo en 1917 y 1934, cuando los mineros y obreros de la industria asturiana se levantaron contra la opresión y la injusticia. En 1962 se produjo una huelga silenciosa y pacífica, que puso en jaque al gobierno de Franco. Comenzó en La Nicolasa y se extendió a La Camocha, Altos Hornos de Vizcaya, Cataluña, El Ferrol, Sagunto y Jerez. Hoy, los mineros y sus mujeres, siguen revueltos por la desaparición de la industria del carbón, que afecta a sus puestos de trabajo y la economía asturiana.

Estamos en Octubre de 1934, cuando se convocó la Huelga general revolucionaria, como instrumento para la insurrección. En Asturias, antes de que amaneciera el día 5 de Octubre, fueron atacados los cuartelillos de la guardia civil en las cuencas mineras. Daba comienzo el movimiento huelguístico insurreccional decretado por el Comité Revolucionario, presidido por Largo Caballero. En la zona minera de León y Palencia, el poder obrero duró cuatro días. En Asturias hasta el día 18. El gobierno proclamó el estado de guerra y ordenó al ejército establecer el orden al mando de Francisco Franco.

La insurrección de Octubre no consiguió su objetivo final, al carecer de organización, medios, armas, y planificación política y militar. Faltó la unión decidida de las fuerzas proletarias; pero en Asturias la unión fue determinante. También contó con la simpatía de los partidos republicanos pequeño-burgueses. Pese a todo y  por todo no pudo ser.

En Oviedo, mil integrantes de las columnas obreras se apoderaron de la zona sur de la ciudad, tomando el Ayuntamiento, frente a las fuerzas del ejército, guardia de asalto, miembros de la guardia civil y del cuerpo de carabineros integrado por más de dos mil efectivos. Se unieron a la revolución Trubia, Gijón, Mieres, Sama y La Felguera, organizándose abastecimientos, hospitales de campaña y servicio de ferrocarriles.

El día 8, los obreros organizados, toman la fábrica de armas y dominan Oviedo. Las tropas de López Ochoa, fueron rechazadas cerca de Trubia (parroquia a 12 kilómetros del concejo de Oviedo). Los obreros hechos prisioneros vienen en cabeza de la columna custodiados por la guardia civil. En la madrugada del 10, el crucero Cervantes desembarca en Gijón a millares de Regulares de África, al mando del teniente coronel Juan Yagüe que arrasa Gijón. En la tarde del jueves 11, López Ochoa, conocido desde entones por carnicero de Asturias, entra en Oviedo.

Ese mismo día, los socialistas Peña, Dutor y Antuña, contra la postura de comunistas y anarquistas, proponen una retirada organizada. Se forma el Segundo Comité constituido por jóvenes comunistas que la organizan militarmente. Se cuenta que el día 13 de octubre, dos mujeres jóvenes, Aída Lafuente y Jesusa Penaos, militantes del comunismo libertario, armadas con una ametralladora, intentan cerrar el avance de los legionarios en la cota de San Pedro de los Arcos, pero no lo consiguieron. Las tropas mandadas por el teniente ruso-blanco Iván Ivanov las remataron a punta de bayonetas.

Los mineros en su retirada constituyen el Tercer Comité Provincial, formado por socialistas y comunistas, con participación de la CNT, presidido por Belarmino Tomás, deciden instalarse en Sama. Los mineros de Oviedo resisten 48 horas más. El día 18, todo perdido, se negocia la capitulación: el Comité depondrá las armas y las fuerzas coloniales mercenarias no entrarán en la ciudad a la cabeza. Los mercenarios africanos entraron en cabeza y de que manera. El último llamamiento del Comité Provincial de Asturias, firmado en Sama el mismo día 18 terminaba así: «Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase histórica: Al proletario se le puede derrotar, pero jamás vencer».

Murieron mil quinientos revolucionarios durante los combates que siguieron al levantamiento armado y más de doscientos durante la represión. Los heridos fueron más de dos mil. También entre las fuerzas represoras hubo otros trescientos muertos (según Julián Casanova y Hugh Thomas, que coinciden en los datos). En toda España fueron encarceladas entre treinta y cuarenta mil personas, y miles de obreros perdieron sus puestos de trabajo. La ciudad de Oviedo quedó asolada por los incendios, los bombardeos atacantes y la dinamita de los defensores.

El gobierno suspendió las garantías constitucionales; numerosas corporaciones municipales disueltas, locales de sindicatos y partidos cerrados y periódicos clausurados. Los jurados mixtos (recién instaurados durante el bienio reformista) suspendidos. La contrarreforma se hizo más contundente. De las 23 penas de muerte sentenciadas, dos fueron ejecutados: el sargento Vázquez (que había volado un camión con treinta y dos guardias civiles) y Jesús Argüelles Fernández «Pichalatu».

Las represalias duraron en el tiempo. La Ley de Responsabilidades Políticas promulgada por Franco en 1939, tipificaba como punibles los actos y omisiones de quienes hubieran colaborado con la República Española y participado en la revolución de Asturias. Se legitimaron las multas, los embargos de bienes, los destierros y la purga generalizada en el mundo laboral en la posguerra. Esta ley estuvo vigente hasta 1969, fecha en la que prescribieron los delitos cometidos antes del 1de abril de 1939.

El historiador Paul Preston, en su libro El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra civil y después, considera que las intenciones de los socialistas eran limitadas y defensivas. Su objetivo era defender el concepto de República desarrollado entre 1931 y 1933, frente a lo que percibían como ambiciones corporativistas de la CEDA. La entrada de la CEDA en el gobierno fue seguida de una proclamación de la República independiente en Cataluña que duró diez horas, de una desganada huelga general en Madrid y del establecimiento de una comuna obrera en Asturias.

Con la excepción de la revuelta asturiana, que resistió por espacio de dos semanas los violentos combates con las Fuerzas Armadas gracias al terreno montañoso y a la pericia de los mineros, la tónica dominante del Octubre español fue su falta de entusiasmo. «Ninguno de los hechos ocurridos a lo largo de ese mes, ni siquiera los de Asturias, indicaba que la izquierda estuviera preparando una sublevación a conciencia». Lo cierto es que, en tanto se lograba resolver la crisis, los líderes socialistas se esforzaron por contener el ardor revolucionario de sus seguidores.

Con la finalización de la Revolución, daba comienzo la feroz represión; pero la lucha contra el Capital no había terminado. Organizar la paz con los enemigos no quería decir que se renegara de la lucha de clases. Decía Belarmino Tomás: «No; lo que hoy hacemos es, un alto en el camino, en el cual subsanaremos nuestros errores para no volver a caer en los mismos».

De momento, los partidos y sindicatos de clase, se mantienen en un alto en el camino; pactos, acuerdos y muchas cesiones. Con el actual Gobierno de Coalición, todo está por descubrir. Veremos quienes pagan las consecuencias de la crisis de la pandemia.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/octubre-revolucionario-asturies-la-represion/

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Eutanasia: un derecho fundamental

Victor Arrogante

Por: Víctor Arrogante

LAS COSAS YA NO PUEDEN SER COMO ANTES Y MENOS SI SON SOMETIDAS A PRINCIPIOS MORALES VINCULADOS A LA IGLESIA CATÓLICA, QUE NO SOLO NO PROMUEVE LA FELICIDAD, SINO QUE SIEMBRA EL SUFRIMIENTO PARA ACCEDER AL «REINO DE SUS CIELOS».

Si vivir con dignidad es un derecho, también lo es morir dignamente. Un derecho para poder ejercer la última libertad. Hace unos días, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. La proposición de ley aún debe pasar por la Comisión de Justicia, ser debatida en la Cámara Baja, ir al Senado y volver al Congreso para la aprobación definitiva; todo está en marcha y espero poder utilizar sus mecanismos cuando llegue la ocasión.

«Quien quiera vivir que viva, pero a los demás que nos dejen morir dignamente». Con estas palabras de Fernando Cuesta, enfermo de ELA, que tuvo que viajar a Suiza para poner fin a su vida, arrancó en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley para regular la eutanasia en España presentada por el PSOE en el pasado febrero. Recibió el apoyo de 201 votos, 2 abstenciones, y 140 en contra (PP y Vox), que acusan al resto de partidos de querer aprobar la norma, para ahorrar en pensiones y tratamientos médicos. Estos grupos siempre han sido indeseables, pero en esta ocasión vuelven a representar las vergüenzas de España

«El sufrimiento no tiene ideología», insistió la diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo. El texto aprobado, convierte la eutanasia en un derecho que será incorporado a la sanidad pública, para quienes lo soliciten y sufran una enfermedad grave e incurable o «invalidante», que cause un sufrimiento insoportable. Las cosas ya no pueden ser como antes y menos si son sometidas a principios morales vinculados a la iglesia católica, que no solo no promueve la felicidad, sino que siembra el sufrimiento para acceder al «reino de sus cielos», que no es sino una aberrante idea que avaló la esclavitud y ahora el trabajo precario indigno.

El recuerdo de quienes han muerto en España sin la eutanasia legalizada −Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe o María José Carrasco−, ha sido una constante en un debate que ha tenido momentos con una alta carga emocional y que se ha crispado cuando el indeseable diputado del PP, José Ignacio Echániz, ha acusado a los impulsores de la ley de querer ahorrar a costa de «los más vulnerables».

Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ha mostrado su orgullo por participar en la tramitación: «Nadie tendrá que hacer como Ángel Hernández», encausado por ayudar a morir a su esposa, sino que quienes requieran la eutanasia podrán hacerlo en la sanidad pública. Echenique ha calificado a PP y Vox de «gente sin escrúpulos».

El Parlamento holandés viene tramitando un polémico proyecto de ley, por el que los progresistas del D66, defienden el derecho de los mayores de 75 años que, aun estando sanos, opten por solicitar la eutanasia al considerar que han vivido bastante. Esta iniciativa provocó alarma entre los socios conservadores de la coalición de Gobierno, que están en contra de legalizar esta opción. Unos 10.000 holandeses mayores de 55 años mostraron su interés en ello. El problema es cada vez mayor, cuando la diferencia entre la vida biológica y la vida biográfica aumenta gracias a los avances médicos. La gente deja de formar parte del sistema laboral a los 67 años, pero vive más que antes, sin participar en la sociedad y con quejas como la soledad o los achaques de la vejez.

Actualmente la eutanasia está considerada como un homicidio, por lo que el objeto de la Proposición de Ley «es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse». Esta ley supone una regulación histórica en España y en el resto del mundo.

Eutanasia y muerte digna, no son conceptos idénticos, aunque si conexos. La eutanasia es un derecho individual subjetivo de las personas ante situaciones en las que, sin estar abocadas a un proceso de muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o sufrimiento solicitar ayuda para morir anticipadamente. Esto, según defiende el PSOE, da seguridad jurídica a los profesionales que participan de esta práctica sin obligarles a ello. La muerte digna, en cambio, engloba la serie de derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas que respete su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se trata del rechazo a la obstinación terapéutica, la garantía de unos cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento y apoyo. También consiste en establecer un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica de todos los profesionales implicados

La regulación de la eutanasia exige una regulación no solo sanitaria, sino también civil y penal, pues exige la derogación parcial del artículo 143 del Código Penal (1.- El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años). La muerte digna, ya contemplada en varias comunidades autónomas, es una cuestión de legislación sanitaria y no demanda cambios en el CP. A día de hoy, la eutanasia, considerada como un homicidio, es ilegal en España, mientras que la sedación terminal sí está permitida. El PSOE ha venido insistiendo en que son dos debates muy diferentes, y por eso han de caminar por carriles distintos.

El PSOE abre la puerta al suicidio médicamente asistido, aunque solo en condiciones de enfermedad incurable o discapacidad crónica (no válido para cualquier situación), y con presencia del facultativo hasta el final. El PSOE calcula que todo el proceso, desde la petición hasta la resolución final, no debería tardar menos de 32 días. En el suicidio médicamente asistido, el médico indica al paciente qué fármaco debe ingerir por sus propios medios para morir. Este supuesto es legal en Suiza (y en algunos estados de EEUU) y ha generado un cierto «turismo de la muerte».

La ley de la eutanasia divide a los partidos entre una medida «garantista» y los cuidados paliativos. Para el PSOE, la Ley es una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista. No solo busca la legalización, sino también controlar todo el proceso, desde la información al paciente hasta la labor del médico. Consideran que de aprobarse la ley, se introduciría en el ordenamiento legal «un nuevo derecho individual». Podemos, que ya había registrado su propuesta sobre la eutanasia antes que el PSOE, respalda de manera casi total la iniciativa. No considera que este cambio tenga que asentarse «en el sufrimiento del paciente», sino en la «libertad de decidir». «No es una competencia para ver quién sufre más, sino cuando alguien dice no puedo más y en el camino me quedo«.

La eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe conectar con otros derechos y bienes, igualmente protegidos por la Constitución, como son la integridad física y moral de la persona (artículo 15 CE), la dignidad humana (artículo 10), el valor superior de la libertad (art. 1.1), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16) o el derecho a la intimidad (art. 18.1). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos. No existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. En estos casos, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.

Junto con la Ley propuesta por el PSOE, hay que promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; especialmente el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso.

La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son recogidos en la Constitución. De un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Si el Sistema difícilmente es capaz de proteger mi vida y que se desarrolle dignamente y en bienestar, al menos que me de protección para que el fin de mi vida sea cómo y cuando yo quiera. Vivir puede ser una maravilla, dejar de vivir, hacer desaparecer la vida, es como un acto de magia, que los magos conocemos; como cuando hacemos desaparecer una paloma blanca entre sedas de colores.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/eutanasia-un-derecho-fundamental/

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A propósito del informe de la CIA sobre los GAL

Victor Arrogante

Por: Víctor Arrogante

 

Los servicios secretos de Estados Unidos estaban interesados en los acontecimientos políticos y sociales de España y que pudieran tener repercusión en el exterior. En los años ochenta, éramos un valioso aliado. En 1984, la CIA se preocupó por uno de los episodios más oscuros de nuestra historia; investigó a los GAL, sus antecedentes y las actividades contraterroristas. La historia llega a  nuestros días sin clarificar.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o guerra sucia contra la organización terrorista ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban los etarras. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos casos, incluso los GAL reconocieron haber equivocado su objetivo o pidieron disculpas.

Durante el proceso judicial contra los GAL, quedó probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Años después fueron condenados los exministros del Interior José Barrionuevo y José Corcuera, el secretario de Estado por la Seguridad Rafael Vera, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi-PSOE, Ricardo García Damborenea; el gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Ángel Vaquero y el general de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo.

En un documento fechado en 1984, la agencia estadounidense admitía la guerra sucia contra ETA y reconocía que «si la supuesta participación de Madrid es confirmada, las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente», según informa La Razón. La CIA tenía muy claro que Felipe González fue el famoso «señor X» de los Grupos Antiterroristas de Liberación. De momento, el expresidente del Gobierno ni reconoce ni niega, pero no calla. El expresidente intensifica sus declaraciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. En Moncloa la preocupación es mínima. La solidez de la coalición PSOE-Unidas Podemos se ha reforzado durante la pandemia. González «está ganando credibilidad en sectores conservadores, pero en el mundo progresista la gente le comprende cada día menos».

El conflicto que no se cerró entonces queda abierto ahora. Pablo Echenique, ha anunciado que Unidas Podemos va a votar finalmente a favor de la creación de una comisión en el Congreso que investigue sobre los GAL y el papel del expresidente del Gobierno, propuesta por Bildu. Echenique mantiene que la información sobre documentos desclasificados por la CIA no aporta nada nuevo sobre el terrorismo de Estado, «todo el mundo sabe lo que pasó».

El PNV, ERC, Junts Per Catalunya, EH Bildu, CUP y el BNG han registrado en el Congreso una petición conjunta para que la Cámara abra una comisión de investigación «para esclarecer las responsabilidades y vínculos con los GAL de los gobiernos presididos por Felipe González», en cuanto responsable de la creación en los años 80 de los Grupos Antiterroristas de Liberación, «un grupo violento amparado por el Estado y que debía acabar con ETA usando sus mismos métodos».

El diario La Razón informa de que la CIA ha desclasificado varios documentos y que en ellos, sin la menor duda, el Gobierno de Felipe González queda señalado como quién  organizó los GAL. En el informe de la CIA, titulado España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental, se afirma que: «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas». La CIA reconoce que los GAL «han sembrado el miedo y la desorganización entre los etarras fugitivos» y explica que «los terroristas están todavía más a la defensiva porque saben que salir de España no garantiza la seguridad», concluye el informe.

La CIA, en el informe de 1984, habla de la situación del terrorismo internacional y asegura que el Gobierno de España parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA. La Agencia escribe que «González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas». Lo suponíamos, lo conocíamos y ahora queda al descubierto con todos sus matices. Es necesario crear una comisión parlamentaria que aclare aquellos tétricos acontecimientos.

El informe de la CIA, elaborado por la Oficina de Análisis Europeo, clasificado como «secreto», muestra que EEUU conocía tanto sobre el terrorismo de ETA como sobre los GAL. Además, lamenta que después de haber sido investigados y juzgados estos hechos, «solo una decena de personas fueron procesadas» y «los principales condenados apenas cumplieron unos meses de prisión pues la mayoría fueron indultados y las responsabilidades políticas nunca fueron asumidas».

En julio de 1993 el juez Garzón reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera, al hilo de los escándalos por el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Finalmente el Tribunal Supremo condenó a prisión por secuestro y malversación de caudales públicos a José Barrionuevo, ministro de Interior; Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad; Francisco Álvarez, jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao; José Amedo, subcomisario de Policía; Julián Sancristobal, gobernador civil de Vizcaya. Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya fue condenado a prisión por secuestro; Michel Domínguez, policía, ingresó también en prisión como cómplice de secuestro.

Una de las consecuencias que produjo el caso GAL fue el final del santuario francés para los refugiados ligados a ETA en el sur de Francia. No disminuyeron las víctimas y no perdió un ápice el apoyo político en el País Vasco. Las actuaciones ilegales de los GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales españolas de 1996 en las que González renunció al liderazgo del partido. El propio González fue acusado de estar tras la misteriosa figura del «Sr. X», al declarar «me enteré por la prensa».

El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, Felipe González no permitió la investigación completa sobre los fondos reservados con los que se había financiado a los GAL. El gobierno de José María Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera en el año 1998.

Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que supuso la vuelta al poder del PSOE, diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados, aunque sin éxito. En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera por posible violación de la presunción de inocencia y falta de imparcialidad en la fase de instrucción.

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha mostrado contrario a crear la comisión en el Congreso para investigar al expresidente del Gobierno Felipe González. «No creo que sea un motivo especial en el que se deba dedicar el Parlamento, por un hecho que pasó hace años y que tuvo su resolución judicial y con condenas». Al PSOE «no le parece bien» esta petición de comisión de investigación, por lo que el Grupo Socialista no lo apoyará, porque considera que no hay afán de búsqueda de la verdad, sino por oportunismo político.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación practicaron terrorismo de Estado durante los dos primeros gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial quedó probado que el grupo estaba financiado por altos funcionarios del Ministerio de Interior. Si no fue así qué se investigue en una comisión parlamentaria. El terrorismo de estado o la guerra sucia no caben en un Estado de Derecho ni en un sistema democrático la impunidad.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/a-proposito-del-informe-de-la-cia-sobre-los-gal/

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