Por Vijay Prashad
El 23 de junio, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel publicó uno de los informes más devastadores jamás elaborados por un órgano de investigación de la ONU sobre el genocidio israelí en Gaza. Su título es casi insoportable de leer: La esencia de la infancia ha sido destruida. Detrás del título se esconde una acusación de extraordinaria gravedad. La Comisión concluye que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente a niños palestinos y que estas acciones constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza, además de crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada.
El informe no es un llamamiento emocional. Es un minucioso documento legal basado en testimonios de testigos, evidencia forense, imágenes satelitales, análisis militares, expedientes médicos y años de documentación. Lo que presenta no es simplemente otro catálogo de víctimas civiles. Sostiene que el asesinato, la mutilación, la inanición, la detención y la destrucción psicológica de los niños palestinos no pueden explicarse como daños colaterales. Más bien, la Comisión concluye que los propios niños se han convertido en objetivos deliberados de la política militar israelí. Las implicaciones de tal hallazgo van mucho más allá de Gaza. Plantean cuestiones fundamentales sobre el futuro del propio derecho internacional.
Un informe de extraordinaria gravedad
La Comisión estima que, desde octubre de 2023, al menos 20.179 niños palestinos han sido asesinados y más de 44.000 han resultado heridos. Aproximadamente el treinta por ciento de todos los palestinos asesinados han sido niños. Estas cifras por sí solas sitúan a la guerra de Gaza entre los conflictos más mortíferos para los niños en la historia moderna. Sin embargo, la importancia del informe no radica simplemente en las cifras, sino en sus conclusiones respecto a la intención.
Documenta casos repetidos en los que los niños fueron alcanzados por disparos de francotiradores, atacados por drones, alcanzados mientras buscaban comida o agua, o asesinados a pesar de no representar ninguna amenaza militar – como debería haber sido obvio. Examina el uso reiterado de explosivos de alto poder en zonas civiles densamente pobladas, mucho después de que las consecuencias previsibles para los niños se hubieran vuelto innegables. Detalla ataques contra hospitales de maternidad, salas de neonatología, escuelas, orfanatos y refugios. También analiza el bloqueo de alimentos, agua y medicamentos, mostrando cómo el hambre, las enfermedades y el colapso de los servicios médicos se han convertido en instrumentos de guerra dirigidos contra toda una población civil, cuyos miembros más jóvenes son los más vulnerables.
La Comisión investiga las prácticas de detención israelíes que involucran a menores palestinos. Los niños detenidos en Gaza y Cisjordania describen torturas, violencia sexual, tratos degradantes y desapariciones en centros de detención sin que se brinde información a sus familias. Dichos abusos, concluye el informe, forman parte de un sistema más amplio de castigo colectivo dirigido contra la sociedad palestina a lo largo de generaciones.
El informe de la Comisión de la ONU no es una novedad en este sentido, aunque las conclusiones sean devastadoras. Estas corroboran informes anteriores de Save the Children (Los niños palestinos bajo detención militar israelí denuncian condiciones cada vez más violentas, 29 de febrero de 2024) y, mucho antes de esta campaña genocida que comenzó en 2023, de UNICEF (Niños bajo detención militar israelí, febrero de 2013). En su reciente libro, Survivors of the Darkness, el periodista palestino Wesam Afifa documenta la espantosa violencia de los campos de concentración israelíes establecidos para los palestinos, incluidos los niños.
Quizás la conclusión más escalofriante del informe de la ONU es que la destrucción va más allá de la muerte física. La infancia misma se ha convertido en un campo de batalla. El trauma psicológico, la orfandad, los desplazamientos repetidos, el hambre, la educación interrumpida y la discapacidad permanente se suman para conformar lo que la Comisión describe como la destrucción de “la esencia de la infancia”.
Un patrón documentado desde hace tiempo
Las conclusiones de la Comisión no surgieron de la nada. Durante casi dos años, los periodistas palestinos han documentado cómo se rescataba a niños de edificios derrumbados, cómo morían bebés en incubadoras sin electricidad, cómo familias enteras eran aniquiladas en ataques aéreos y cómo disparaban a niños mientras intentaban conseguir comida o agua. Muchos de esos periodistas pagaron con sus propias vidas. Gaza se ha convertido en el “conflicto más mortífero de la historia para los periodistas”, informó Irene Khan, la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, a pesar del peligro extraordinario, los periodistas continuaron documentando acontecimientos que gran parte del mundo prefería no ver.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos llegaron a conclusiones similares mucho antes de este reciente informe de la ONU. Save the Children advirtió en repetidas ocasiones que Gaza se había convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para un niño. Defence for Children International–Palestina
En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia determinó que el caso presentado por Sudáfrica, en el que se alegaba un genocidio por parte de Israel, era plausible y ordenó medidas provisionales que exigían a Israel prevenir los actos prohibidos en virtud de la Convención sobre el Genocidio, preservar las pruebas y facilitar la asistencia humanitaria. Las órdenes posteriores reforzaron estos requisitos a medida que las condiciones en Gaza se deterioraban. Aunque la Corte aún no se ha pronunciado sobre el fondo del caso de genocidio, ha reconocido en repetidas ocasiones el grave riesgo al que se enfrenta la población palestina y las obligaciones continuas que le incumben a Israel en virtud del derecho internacional. El nuevo informe de la Comisión aporta más material probatorio que, inevitablemente, influirá en futuros procedimientos legales.
El silencio del Estado israelí
Quizás igual de llamativa ha sido la naturaleza de la respuesta de Israel. En lugar de abordar seriamente las pruebas reunidas por la Comisión, los funcionarios israelíes, una vez más, desestimaron el informe de plano, calificándolo de motivado políticamente y fundamentalmente sesgado. Rechazaron sus conclusiones en su totalidad sin ofrecer una refutación sustantiva de los incidentes específicos, los testimonios de los testigos o las pruebas forenses presentadas por los investigadores. Todo Estado tiene derecho a defenderse contra las acusaciones. Pero las acusaciones graves requieren respuestas serias.
Si los niños no fueron blanco de ataques deliberados, recae sobre las autoridades israelíes la responsabilidad de explicar por qué han muerto miles de niños en circunstancias documentadas repetidamente por periodistas, organizaciones humanitarias, personal médico y, ahora, una Comisión de Investigación de la ONU. ¿Por qué se han atacado una y otra vez hospitales, salas de maternidad, escuelas y refugios para refugiados? ¿Por qué los convoyes humanitarios han sido atacados repetidamente? ¿Por qué han seguido muriendo niños incluso después de los acuerdos de alto el fuego? ¿Por qué las investigaciones militares han dado lugar a tan poca rendición de cuentas? El mero hecho de repetir acusaciones de sesgo institucional no puede sustituir a una explicación basada en hechos. La negativa a abordar las pruebas se ha convertido en sí misma en una característica inquietante de esta guerra.
El derecho internacional humanitario se basa en el principio de que los Estados son responsables de su conducta. La rendición de cuentas se vuelve imposible cuando cada investigación es desestimada incluso antes de que se examinen las pruebas.
El juez S. Muralidhar y el deber del juez
Las conclusiones de la Comisión de la ONU también nos recuerdan la importancia de contar con jueces que comprendan que la ley no es meramente un instrumento técnico, sino una defensa contra el poder arbitrario. Pocos jueces indios han encarnado ese principio de manera más consistente que el juez S. Muralidhar, quien, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presidió el comité encargado de este nuevo informe.
El juez Muralidhar se ganó a lo largo de décadas la reputación de ser uno de los juristas constitucionales más respetados de la India, particularmente en casos relacionados con las libertades civiles, la violencia comunal y la protección de las comunidades vulnerables. Fue una de las principales voces judiciales en la aplicación de la rendición de cuentas tras el pogromo antisij de 1984, insistiendo en que la impunidad no podía convertirse en la norma simplemente porque los crímenes resultaran políticamente inconvenientes. Su compromiso con el deber constitucional se dio a conocer internacionalmente durante los episodios de violencia intercomunitaria en el noreste de Delhi en febrero de 2020.
Mientras los hospitales se esforzaban por atender a las víctimas atrapadas por la violencia, el juez Muralidhar y el juez Anup J. Bhambhani convocaron una audiencia extraordinaria a medianoche en la residencia del juez Muralidhar. La Corte Superior de Delhi ordenó a la policía garantizar el traslado seguro de los heridos a los hospitales y dispuso que se les brindara atención médica de emergencia de inmediato. Más tarde ese mismo día, el juez Muralidhar cuestionó enérgicamente el hecho de que la Policía de Delhi no hubiera registrado denuncias contra los líderes políticos cuyos discursos incendiarios se habían difundido ampliamente, y recordó a las autoridades que el país no podía permitir “otro 1984”.
A pocas horas de estas audiencias, el Gobierno de la India notificó el traslado del juez Muralidhar al Tribunal Superior de Punjab y Haryana, aunque la recomendación para su traslado ya había sido formulada formalmente por el Colegio del Tribunal Supremo a principios de ese mismo mes. El momento en que se produjo esta medida generó una gran preocupación entre abogados, jueces jubilados y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideraron que el episodio planteaba cuestiones inquietantes sobre la independencia judicial.
La carrera del juez Muralidhar ilustra un principio esencial del estado de derecho. Los tribunales no existen para ratificar la conducta de los gobiernos. Su función es examinar las pruebas sin temor ni favoritismo, especialmente cuando las víctimas son quienes tienen menos poder político. El mismo principio inspira la labor de la Comisión de Investigación de la ONU. Sus conclusiones pueden ser cuestionadas, pero no pueden simplemente descartarse por ser políticamente inconvenientes. La respuesta adecuada ante pruebas serias es un compromiso serio. Esa es la primera obligación de cualquier Estado que afirme respetar el estado de derecho.
La prueba ante la humanidad
En última instancia, el informe de la Comisión de la ONU no trata únicamente de Israel o Palestina.
Se pregunta si el orden jurídico internacional creado tras la derrota del fascismo europeo aún posee la autoridad moral para defender a los niños de la violencia organizada. Si se puede asesinar a más de 20 000 niños mientras las instituciones de la diplomacia internacional siguen funcionando en gran medida con normalidad, entonces la promesa plasmada en la Convención sobre el Genocidio, los Convenios de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño queda gravemente menoscabada. El informe no pondrá fin a la guerra. No puede devolver las vidas que ya se han perdido. Pero establece un registro histórico que será cada vez más difícil de borrar. Mucho después de que cambien los gobiernos y concluyan las campañas militares, este registro permanecerá. La historia recuerda a quienes cometieron atrocidades. También recuerda a quienes miraron para otro lado.
*Historiador y periodista indio.
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