Maestros en resistencia: 800 cesados por oponerse a la reforma

México / 10 de septiembre de 2017 / Autor: Zósimo Camacho / Fuente: Contralínea

Suman más de 800 los maestros “despedidos” por oponerse a la reforma educativa. Se trata de una política perversa aplicada por el despacho de Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, en complicidad con los gobiernos de los estados.

El aficionado a la “astrología” y a ler, busca quebrar la resistencia del magisterio en lucha. Se trata de una política perversa porque hace uso de métodos gangsterilespara deshacerse selectivamente de los maestros que le incomodan, porque viola los mismos principios que dice enarbolar de la “educación de calidad” y porque deja sin profesores a grupos de educación básica.

En principio, si según las cifras oficiales son más de 13 mil 600 los docentes que, como acto de legal y legítima resistencia, se han negado a someterse a las evaluaciones de las autoridades, ¿por qué sólo se embiste a 800? ¿Cuáles fueron los criterios para ordenar el despido de esos 800 profesores de 16 estados de la República?

En todos los casos las autoridades actuaron atropellando los derechos de los profesores y las propias leyes. En ningún caso notificaron siquiera de manera correcta a los maestros afectados.

Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Querétaro; 100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50 de Sonora; 67 de Tabasco; 29 de Quintana Roo; 20 de Veracruz; siete de Chihuahua, y 175 de otras siete entidades.

Los profesores más recientemente cesados son 88 del estado de Querétaro. Al comienzo del nuevo ciclo escolar, se les impidió iniciar las clases. De este grupo de 88, 73 son mujeres (tres de ellas, embarazadas). Una de las mujeres cesadas incluso tiene un permiso por acuerdo presidencial para que regrese a laborar luego de que se restablezca en salud. Ese permiso sólo se otorga cuando se padece una enfermedad grave.

No se les avisó y tampoco se les entregó documento alguno. Simple y sencillamente les dijeron que no podían ingresar a la escuela. No se les notificó en su momento que había un proceso jurídico en contra de ellos. Por lo tanto no se les escuchó ni se les venció en un juicio.

En algunos casos se les conminó a retirarse bajo la amenaza de fincarles responsabilidades por “usurpación de funciones” o “allanamiento”. En otros, los directores de las escuelas les manifestaron su solidaridad y les dijeron que si querían quedarse en la escuela lo hicieran, pero no se les pagaría nada. En la mayoría de los planteles afectados, los padres de familia respaldaron a los profesores cesados y manifestaron su repudio a las autoridades.

La profesora Susana Botello Pérez trabajó de manera normal en el consejo técnico escolar los días previos al inicio de clases. El lunes 21, antes de las 8:00 de la mañana preparó su salón para dar la bienvenida a los niños. Salió a la formación de los grupos en el patio y ahí fue presentada como maestra titular. Una vez que los niños ingresaron al salón, la directora de la escuela le pidió a la profesora Susana que acudiera a su oficina.

Ahí la esperaba el supervisor de zona, quien leyó un documento que está dirigido a él mismo en donde se señala que a la maestra no se le debe permitir la entrada a la escuela ni al salón. Que ya no es requerida para el servicio. Y ahí presentan a la persona que cubrirá su lugar. La maestra sólo regresó al salón a recoger sus pertenencias. Estos hechos ocurrieron en la escuela Reforma CNOP, ubicada en la colonia Santa Catarina, del municipio de Querétaro, zona 60.

Otro caso es el de la profesora Alma Iliana Mendoza Herrera, de la Escuela Secundaria General ubicada también en la capital del estado. Antes de las 7:00 horas se encontró con la directora del plantel. Ahí le hizo saber que había recibido órdenes del supervisor para que se le impidiera el acceso a la escuela y que llegaría un maestro de remplazo. Como no se le dijo nada de manera formal, Alma Iliana fue a su salón e, incluso, trabajó dos módulos con dos grupos. Finalmente se presentó el supervisor para decirle que, por órdenes de la Unidad de Servicios Educativos de Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), no podía estar en el plantel.

Las dos profesoras, como los demás “cesados”, no han recibido hasta la fecha documento alguno que les demuestre que fueron despedidos o que “ya no son requeridos”.

Para los profesores de Querétaro, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro y del Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, lo que pasa en el país –y específicamente en su estado– es el desmantelamiento de la escuela pública, el atropello al derecho a la educación de los niños y el despojo de los derechos laborales de los trabajadores docentes.

Las políticas de Aurelio Nuño y del gobernador Francisco Domínguez Servién se han reflejado en grupos sin docentes, fusión de grupos y hacinamiento de alumnos, cierres de turnos vespertinos y “concentración” de escuelas. ¿Es esto preocuparse por la “calidad” de la educación? Peor aún, se contrata a personal que no cumple con el perfil “de idoneidad” que exige su ley. Este hecho confirma que los despidos no buscan mejorar la educación, sino sustituir a los maestros en resistencia por otros que sean incondicionales de las autoridades.

Lejos de la imagen que buscan construir las autoridades y los grandes medios de comunicación de los maestros en lucha (de “no idóneos” para estar frente a un grupo), los profesores en resistencia cuentan con propuesta pedagógica. Nunca se han opuesto a una evaluación, siempre y cuando no sea punitiva, sino procesual, continua, permanente, metodológica y dialéctica. A lo que se han opuesto es al desmantelamiento de la educación pública y a la conculcación de sus derechos como trabajadores.

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Maestros en resistencia: 800 cesados por oponerse a la reforma

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¿El fin de las normales rurales?

Por:  Zósimo Camacho

El golpe en ciernes contra el normalismo rural será aún más devastador que el de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, cuando –luego del movimiento estudiantil de 1968– la administración saliente y la entrante utilizaron al Ejército Mexicano y, entre otras dependencias, a la Dirección Federal de Seguridad para cerrar violentamente la mitad de los planteles existentes en toda la República.

Decíamos que el embate será más devastador porque, si tiene éxito, acabará con la totalidad de las escuelas y pondrá fin a un proyecto educativo dirigido a los más pobres de este país. Si hoy contamos con 16 escuelas normales rurales (y otras dos con un modelo del mismo tipo) no es a causa de una graciosa concesión de las autoridades. Como es bien sabido, las normales rurales deben su vigencia a la solidaridad de las comunidades y a la lucha que generación tras generación mantiene la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

“Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de existir”, reza la consigna que los normalistas en lucha gritan en las calles o pintan en las bardas. La frase es cierta. Precisamente son las comunidades campesinas –y, más recientemente, también las colonias urbanas populares– las que se han opuesto, a codo con los estudiantes, al cierre de más planteles o a la disminución de la matrícula.

Ahora que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, ha anunciado las “seis claves” para transformar las normales ha quedado claro que para las autoridades ni siquiera existe el normalismo rural. Se refieren al normalismo de manera genérica no sólo como una manera de homogeneizar, menospreciar y simplificar los modelos educativos vigentes. También la omisión lleva una carga política implícita: como si con no mencionar a las normales rurales éstas dejaran de existir.

¿Alguna vez habrá visitado el secretario de Educación alguna normal rural? ¿Acaso tuvo la honestidad intelectual de informarse en qué consiste el modelo educativo que por fobias ideológicas pretende desaparecer?

Porque, hay que decirlo: más allá de la posición ideológica de la mayoría de los estudiantes de las normales rurales (de formación crítica, basada en el marxismo) se encuentra un modelo educativo integral con cinco ejes bien articulados. ¿Los conoce Nuño?

“Las normales rurales son semilleros de buenas personas”, me dijeron hace algunos años los integrantes del Comité Central de la FECSM. La frase fue en respuesta a una acusación que entonces, como hoy, se les endilgaba: “esas escuelas son semilleros de guerrilleros”.

Y no es que no se sintieran orgullosos de que por las aulas del normalismo rural hubieran pasado Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gámiz y muchos estudiantes que participaron en organizaciones subversivas. Pero aclaraban que quienes llegaban a esa “fase de conciencia” (las armas) en realidad eran muy pocos. La amplia mayoría asume su trinchera con dignidad en las paupérrimas escuelas serranas más alejadas de las comodidades citadinas. Ellos, los egresados de las normales rurales, precisamente van donde los egresados de las escuelas privadas no desean ir. Y su lucha es ofrecer educación, apoyar en la gestión de proyectos y recursos.

De la retahíla de frases huecas que son las seis claves de Nuño para transformar el normalismo, destaca el “aprendizaje del inglés”, las “sinergias con universidades y centros de investigación” y los “estímulos”, o sea, los recursos económicos por los que competirán ahora las escuelas. Las más dóciles recibirán más. ¿De eso se trata? Adiós a la equidad y la idea de que la educación es un derecho para todos.

¿Por qué no se comparan los ejes de la propuesta de Nuño con los ejes del normalismo rural? ¿Por qué no se evalúa abiertamente cuál es el modelo serio y necesario para un país con los problemas como los de México?

Los ejes del normalismo rural, que los estudiantes mantienen con más vigor en unas escuelas que en otras, son el académico (la preparación en las disciplinas señaladas por el plan de estudios oficial de la SEP); el productivo (capacitación en producción en milpas, huertas, crianza de ganado y talleres de herrería, carpintería y serigrafía); el deportivo (atletismo, natación, futbol, voleibol); el cultural (música, danza, payasística, pintura), y el político (la educación crítica y la participación en organizaciones sociales).

¿Aguanta la propuesta de Nuño una confrontación de modelos?

A los seis ejes de la propuesta de Nuño se le combate con los cinco ejes del normalismo rural. Los alumnos no tienen de otra: o hacen prevalecer su modelo o el cierre de las normales rurales será inminente.

 

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/07/23/el-fin-de-las-normales-rurales/

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A 100, la Constitución privilegia intereses del capital

Por:Zósimo Camacho

La Constitución mexicana pasó de ser la primera carta magna social en el mundo, a un “gran código mercantil”. Las contrarreformas desprotegieron a la economía y la población. México, sin fortaleza jurídica ante la complicación de las relaciones con Estados Unidos y un escenario internacional que cuestiona el libre comercio.

Consta de 136 Artículos; pero de su promulgación –el 5 de febrero de 1917– a la fecha, cuenta casi 700 reformas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tutela más los derechos de los campesinos, los trabajadores o los indígenas. Tampoco garantiza para la población los derechos a la salud, la educación, el trabajo; ni protege las propiedades nacionales, colectivas y comunales. Por el contrario, ahora privilegia los intereses del capital. Allana el camino a los grandes negocios sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos.

Abogados y analistas consultados por Contralínea coinciden en que la mayoría de las reformas a la norma fundamental de México nada tienen que ver con el proyecto de país que los constituyentes de 1917 plasmaron luego de la lucha armada revolucionaria.

Los sucesivos gobiernos, de Álvaro Obregón a Enrique Peña Nieto, han emitido 229 decretos para reformar los Artículos constitucionales 686 veces. La reforma más reciente entró en vigor hace menos de 1 semana: el 27 de enero pasado. Hoy, con un escenario internacional que cuestiona el libre mercado y la complicación de las relaciones con Estados Unidos, México no cuenta con una carta magna fuerte que proteja a sus familias.

No es la cifra de 686 enmiendas lo que preocupa a abogados y analistas, sino el tipo de reformas que se han llevado a cabo.

El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señala que “la conformación que ha tenido la Constitución ha sido de retrocesos”.

Reconoce apenas algunos cambios que sí han sido para proteger los derechos de las personas. Precisamente el 11 de junio de 2011 se otorgó el reconocimiento en la Constitución de los derechos humanos. El problema es que son letra muerta.

“Las principales contrarreformas a los derechos humanos se han dado después de que se reconocieran los derechos humanos, contradictoriamente. Finalmente al Estado le han importado poco. Y ha planteado leyes regresivas, en donde la preminencia es estar protegiendo los intereses de los particulares, de las empresas, sobre todo extranjeras. En conclusión, nos encontramos con una Constitución en donde se ha girado a una situación totalmente contraria al espíritu de lo que estableció el Constituyente, que en 1917 creó por primera vez las garantías sociales y que ahora están hechas añicos.”

Los tres Poderes de la Unión han organizado una sesión solemne para el próximo 5 de febrero en conmemoración de los 100 años de la promulgación de la carta magna mexicana. A principios de la semana pasada anunciaron que, “por austeridad”, la ceremonia ya no se llevaría a cabo en el Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, lugar en donde los constituyentes de 1917 realizaron sus trabajos y promulgaron el documento. Ahora tendrá lugar en el recinto del Senado de la República, en la capital del país.

“Es una efeméride que sólo podemos verla con mucha tristeza y con mucha añoranza”, dice el jurista Juan de Dios Hernández Monge. El integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y catedrático de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México explica que “lo que se logró en 1917 hoy está destruido”.

De acuerdo con información del Congreso de la Unión, la mayor parte de las transformaciones a los Artículos constitucionales han ocurrido durante el periodo de los gobiernos neoliberales: en apenas 34 años –de diciembre de 1982 a febrero de 2017– se ha reformado la Constitución 486 veces.  Mientras, las otras 200 reformas tuvieron lugar entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1982, es decir, un periodo de 62 años.

Para desmontar el entramado constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, los neoliberales tuvieron que actuar rápidamente. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se realizaron 66 reformas a la Constitución; para el de Carlos Salinas de Gortari, 55; en el de Ernesto Zedillo, 77; en el de Vicente Fox Quesada, 31; en el de Felipe Calderón Hinojosa, 110; y en lo que va del de Enrique Peña Nieto, 147.

Las contrarreformas –en opinión de Juan de Dios Hernández Monge– han permitido que se generen hoy las mismas condiciones que dieron origen a la revolución y a la Constitución de 1917. “Las volvemos a encontrar de manera generalizada en toda la República”, señala.

Los atentados contra la Constitución no han sido errores involuntarios o esporádicos. “Los triunfos del movimiento social plasmados en la Constitución han venido siendo destruidos de manera sistemática y consistente”, lamenta Hernández Monge.

La contrarrevolución

De la primera constitución social del mundo, hoy queda casi nada, coinciden los especialistas. A las “reformas estructurales” se les ha presentado como una modernización de la norma fundamental de México. Se trata de enmiendas a los Artículos torales de la carta magna, pero en un sentido que, a decir de Juan de Dios Hernández Monge, han significado “un golpe de Estado constitucional”. Se refiere a los cambios en los Artículos Segundo, Tercero, 27, 28 y 123 de la Constitución.

El historiador Lev Moujahid Velázquez Barriga considera, que luego de la Revolución, los constituyentes buscaron que la Constitución fuera un proyecto de nación: que permitiera la construcción de un país soberano, independiente y socialmente justo. Hoy la carta magna no garantiza ninguna de esas aspiraciones porque ya no responde a intereses nacionales.

“El Constituyente de 1917 estaba pensado en un proyecto nacional, en un proyecto de desarrollo propio, endógeno. Y las últimas reformas que hemos tenido en el país tienen como objetivo potenciar el sistema económico global que hoy está dominado por los grandes empresarios y se aleja de los intereses de la nación y del pueblo mexicano.”

Estos cambios, paulatinos algunos, en tropel otros, no siempre hubieran sido posibles. Antes, se realizó una reforma Constitucional previa: al Artículo 35 para que pudiera ser susceptible de cambio prácticamente todo.

Juan de Dios Hernández Monge explica: “En la teoría constitucional hay que distinguir el Congreso Constituyente originario y lo que llaman aquí el Congreso Constituyente Permanente.”

Abunda en que a partir de la reforma al Artículo 35 constitucional se estableció un procedimiento especial para poder modificar la Carta Magna. En teoría no podrían haber tocado varios puntos fundamentales, como la propiedad originaria de los campesinos, de los pueblos indígenas en relación con la tierra, por ejemplo.

El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señal que el actual modelo de Constitución no corresponde con los intereses nacionales. “Es un modelo en donde se ha sustituido el tema de país por el de empresa. Es la empresa y las inversiones lo que ahora se protege. Esto tiene que ver con la usura y con la ganancia particular. Tenemos ahora un Estado pequeño pero torpe. Tenemos un código mercantil más que un código social”, plantea.

Fin de la educación nacional

El Artículo Tercero de la Constitución ha sido reformado en 10 ocasiones, siete durante el periodo neoliberal. Las más recientes han sido las más profundas y las que han provocado intensas movilizaciones de maestros y organizaciones sociales. Las modificaciones a ese Artículo y a sus leyes reglamentarias han contado con el impulso de los sectores más encumbrados del empresariado mexicano.

“Lo que hicieron con esta reforma fue romper el espíritu originario del Artículo Tercero constitucional: esa educación laica, gratuita, obligatoria, nacional, democrática”, señala Hernández Monge.

El historiador y maestro en didáctica en ciencias sociales Lev Moujahid Velázquez Barriga señala que, en efecto, el contexto de 1917 en materia educativa era muy distinto al actual. No porque se hayan superado las carencias que entonces se observaban, sino porque los gobiernos recién emanados de la Revolución, con todo y sus traiciones y limitantes, pretendían garantizar el acceso a la educación a toda la población.

“La Constitución de 1917 planteó un proyecto nacional. Y en ese proyecto estaba la democratización de la educación, que ésta llegara a toda lo población, que se masificara, incluso.”

Señala que entonces se echaron andar programas de alfabetización, se crearon las centrales agrícolas con un sentido educativo, las misiones culturales y, años más tarde, las primeras escuelas normales rurales. El impulso fue tal que estos proyectos fueron adoptados por otros países y, hasta la fecha, constituyen las principales aportaciones mexicanas a la pedagogía del mundo.

“Lo plasmado en la Constitución en 1917 y el posterior programa educativo del cardenismo son los únicos dos proyectos nacionales de educación que México ha tenido en los últimos 100 años.”

Velázquez Barriga considera que el embate contra el derecho a la educación consagrado en el Artículo Tercero constitucional y sus leyes reglamentarias inició en 1992. Como siempre, el discurso gubernamental lo presenta como una “modernización”. Las modificaciones se aplicaron en 1993 bajo el nombre de Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, con lo que se dejó de considerar a la educación como un asunto nacional.

Según el historiador, docente e investigador en pedagogía, estos años marcan la entrada de los intereses del sector empresarial a la educación y el abandono en los planes oficiales de los valores nacionalistas, de desarrollo nacional, de fortalecimiento de la identidad cultural del país. La nueva visión de la educación buscó preparar el terreno para la nueva realidad neoliberal de México: al año siguiente entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fue solamente el principio. “A partir de ahí se dispuso  el sistema educativo ya no para el desarrollo endógeno de nuestro país sino para favorecer los intereses de las grandes corporaciones mundiales”.

Hoy el examen del Programme for International Student Assessment (PISA), sin embargo, ha demostrado que México empeoró. A pesar de haber hecho todas las reformas “recomendadas” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han fracasado en sus  propios objetivos.

“Los niveles de analfabetismo han permanecido e, incluso, por momentos han crecido; los niveles de desempleo han crecido también. El sistema educativo no ha respondido ni a sus mismas expectativas”, expone Velázquez Barriga.

Además, la cobertura educativa se ha reducido. En su informe más reciente, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) reportó que cerca de 4 millones de menores de edad mexicanos están fuera del sistema educativo.

Sin embargo, el actual secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció la intención del gobierno federal de cerrar 100 mil planteles de educación básica en el país. La justificación de tal medida, ofrecida en noviembre pasado, es la “reconcentración de escuelas”. Es decir, que los alumnos de varias comunidades vayan a una sola que se crearía en la localidad más populosa.

“Es un golpe contra las comunidades rurales y urbanas. Y los estragos serán mayores si no se reconceptualizan esos términos empresariales con que se ha llenado a la educación pública”, considera Lev Velázquez.

Para el historiador y pedagogo, alcanzar la “calidad” puede ser la aspiración de una empresa productora de autos o de telefonía, pero no puede ser el fin histórico de todo un pueblo. “Habría que pensar para el ámbito educativo conceptos como el de dignidad humana: el ser humano debe ser el centro del sistema educativo y no el mercado”.

Vender trozos de país con sus riquezas

Luego del movimiento armado de 1910, la revolución campesina –la de Emiliano Zapata y Francisco Villa– no ganó. De hecho, sufrió una profunda derrota por parte de otra facción revolucionaria: la de Carranza y Obregón. Pero los constituyentes de 1917 lograron plasmar algunas de las demandas campesinas para acabar con los latifundios y entregar las tierras a sus legítimos propietarios: las comunidades indígenas y mestizas.

La tenencia de la tierra plasmada en la Constitución también alcanzó para establecer que la nación era dueña los recursos del suelo y el subsuelo.

A la fecha, el Artículo 27 ha sido reformado en 20 ocasiones, mientras que el 28 en 10. Con respecto del Artículo 27, ocho de las reformas –las más profundas– han ocurrido durante el periodo neoliberal. Por su parte, las reformas al 28 han ocurrido, en su totalidad, desde que el neoliberalismo gobierna México.

Los cambios en estos Artículos demuestran que “del espíritu original del Constituyente de 1917 hoy no queda prácticamente nada”, señala el abogado Juan de Dios Hernández Monge. “Con claridad la norma fundamental de México señalaba que la tierra, las aguas, los bosques, los hidrocarburos, las gemas preciosas, los metales preciosos son propiedad de la nación mexicana.

“Y eran derechos imprescriptibles, inembargables, intransmisibles e inalienables”, destaca.

La primera y más profunda “contrarreforma” al Artículo 27 tuvo lugar en 1992, bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Con ella se permitió la privatización del ejido y de la comunidad agraria.

“La consecuencia inmediata, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue el desmantelamiento del campo. Las comunidades originarias fueron destruidas.”

En esos años, sabedoras de lo que se avecinaba para México, grandes agroindustrias como Monsanto compraron a ejidatarios e indígenas, a precios de ganga, millones de hectáreas en México. “Hoy significan la privatización del ejido y de la comunidad con la consecuente pérdida de la soberanía alimentaria que ya había logrado con muchísimos esfuerzos el pueblo de México”, señala Hernández Monge.

Pero las modificaciones a los Artículo 27 y 28 no sólo desprotegieron a los campesinos. También a las industrias de interés nacional. “La Constitución decía que era propiedad exclusiva del Estado y que solamente los mexicanos por nacimiento podían obtener concesiones para la producción, explotación de la energía eléctrica”, recuerda Hernández Monge.

Asimismo, el petróleo era propiedad originaria de la nación mexicana. La Expropiación Petrolera de 1938 significaba el regreso de la soberanía nacional respecto de la propiedad de los hidrocarburos.

“Y ahora en las reformas secundarias de la reforma al Artículo 27 pusieron una frase que, si no fuera tan dramática, debería dar risa. Se atrevieron a poner que el petróleo y el gas que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación mexicana; pero únicamente cuando estén en el subsuelo. Y también dice que está prohibido que capitales extranjeros puedan explorar o explotar el petróleo. Pero luego en el mismo artículo ponen una salvedad: que el gobierno federal podrá celebrar contratos con capitales privados para la exploración y explotación.”

Con respecto de la minería, “la contrarreforma permitió que, en los últimos 25 años, se hayan llevado de México más oro y más plata que toda la que se habían llevado acumulada desde 1521 a estas fechas”, señala Hernández Monge.

Explotación y trabajo precario

El Artículo 123 ha sido reformado en 26 ocasiones. De ellas, 10 han ocurrido desde que los neoliberales gobiernan México.

Juan de Dios Hernández Monge recuerda que la reforma laboral de 2012 fue el último acto de gobierno de Felipe Calderón, “haciéndole el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto”.

Hoy esta reforma del Artículo 123 ya ha sido convalidada por la mayoría de los Congresos de los estados y se convierte en norma suprema de gobierno en México. “Y con esto dan un golpe mortal al tripartismo: esa forma de organización donde las juntas de conciliación y arbitraje tenían un representante del capital, uno del gobierno y uno de los trabajadores, y que las decisiones se tomaban por mayoría de votos con base en las constancias de expedientes respectivos. Hoy, de un plumazo, desaparecen el tripartismo para proponer que sean jueces de lo laboral y darle el mismo tratamiento procesal como si fuera un juicio civil. Es decir, la primera instancia, la apelación y el amparo. Pero ahora con jueces unitarios en lugar de las juntas tripartitas. Esos 100 años de historia han sido borrados”.

Por su parte, el abogado Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de derecho laboral y seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana, señala que esta reforma “ha traído como consecuencia la creación de un aparato monopolizador de los registros sindicales en todo el país. Hay una modificación trascendental en donde el gobierno federal, a través de un organismo público descentralizado, va a ser el único que va a otorgar o cancelar todo lo que tenga que ver con los registros sindicales y los contratos colectivos de trabajo; incluso les retira esas facultades a los gobiernos de los estados”.

En efecto, de acuerdo con la reforma, la designación del titular del nuevo órgano será prerrogativa del presidente de la República en turno, previo a una terna ante el Senado. El nombramiento será transexenal pues, en principio, el titular durará 6 años en el cargo; pero se puede relegir por otros 6 años.

“Lo que significa que el siguiente gobierno, de la línea o corriente que sea, no se va a poder meter en los temas laborales colectivos”, explica Manuel Fuentes Muñiz.

“Se avizora la consolidación de un derecho privado sin el sentido social. En las próximas semanas se estarán registrando más reformas y se le estarán dando más espacios a la parte patronal”, advierte el abogado Fuentes Muñiz.

Los resultados de las contrarreformas laborales están a la vista. Fuentes destaca que hoy “la clase obrera, en su mayor parte, está empobrecida. El hecho de que el 60 por ciento de los trabajadores reciba un promedio de dos salarios mínimos, estamos hablando de 160 pesos diarios, nos puede dar una idea de que la situación económica de pobreza, la mayoría son trabajadores informales”.

Pero no es todo. Precisamente en materia laboral, la Constitución mexicana se preciaba de ser de avanzada. “Hoy se ha destruido, por ejemplo, el principio universal de la progresividad, ese mejoramiento constante al que tiene derechos el trabajador”.

Hernández Monge explica: “Cuando un sindicato cumple su función histórica de obtener mejores condiciones de trabajo y de vida para sus agremiados, hoy es visto como un enemigo del Estado. Y hay un contubernio de los tres Poderes de la Unión. En un concierto pleno van destruyendo todas las instituciones laborales. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece que en la revisión del contrato colectivo de trabajo no se podrán pactar condiciones inferiores a las ya existentes, obviamente atendiendo al principio de progresividad. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia para señalar, ¡sorpresa!: sí se pueden pactar condiciones inferiores a las ya existentes, y que esa disminución tiene un tope y que son las mismos que establece la ley”.

Otro ejemplo es el del derecho a la estabilidad en el empleo, que era uno de los elementos centrales del Artículo 123. “Con la reforma a la Ley del Trabajo de 2011 se introdujo la figura de la terciarización, llamada outsourcing. Con ello destruyeron ese principio de estabilidad en el empleo. Cuando crean o reactivan las figuras de trabajo a prueba, de aprendizaje, por tiempo determinado, por temporada, lo que están haciendo realmente es terminar con el principio de estabilidad en el empleo”.

Por su parte, Fuentes Muñiz señala que en el mundo laboral mexicano existe hoy un ejército de trabajadores eventuales; de quienes laboran más allá de su jornada de trabajo; de quienes sufren riesgos y no tienen una respuesta válida.

“De los más de 360 mil conflictos que hay en la Junta federal, el 51 por ciento tiene que ver con temas de seguridad social. Y no hay una salida. Es una especie de guerra contra los propios trabajadores. Ahora no se les da salarios, las empresas evaden el seguro social, los contratan por honorarios”.

Por una nueva Constitución

Este 5 de febrero “no tenemos nada que festejar” señala Juan de Dios Hernández Monge. Integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas señala que sí se debe recordar la fecha, pero para tomarla como un aliciente para lo que viene el día de mañana.

Se refiere a la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) de proponer a una mujer indígena como candidata a la Presidencia de la República en 2018 y organizar un Concejo Nacional de Gobierno integrado por hombres y mujeres indígenas de todo el país.

Juan de Dios Hernández Monge señala que, como se lee en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el EZLN, se buscará que los mexicanos “construyamos de un nuevo pacto social, una nueva Constitución mexicana que abra el espacio, que cree un mundo nuevo en donde quepan todos los demás mundos. Quizá esta sea la última oportunidad del pueblo de México para tomar el destino en sus propias manos”.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/01/29/a-100-la-constitucion-privilegia-intereses-del-capital/

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La revolución muerta y la revolución latente

Por: ZÓSIMO CAMACHO

Desde hace algunos sexenios, el 20 de noviembre es una fecha que busca ocultarse. Los gobernantes en turno, obligados a referirse a la efeméride, “celebran” la Revolución mexicana casi a escondidas, con malabares discursivos para reivindicar la lucha que estalló contra el régimen de Porfirio Díaz y, sin sonrojarse, decir que el actual gobierno es heredero de aquella lucha emancipatoria.

Traición sobre traición, la Revolución mexicana (“interrumpida”, señala Adolfo Gilly) fincó su desaparición desde el mismo momento en que se consolidaba. Aquellos logros (apenas algunos de los que demandó todo el movimiento armado) plasmados en la Constitución de 1917 siempre fueron letra muerta (nada más hay que ver lo que el texto constitucional dice acerca del salario mínimo) o, bien, fueron erradicados de la carta magna mediante las reformas estructurales de corte proempresarial (disolución de los ejidos, fin de la propiedad comunal, retroceso en materia de derechos laborales, privatización del petróleo…).

El desmantelamiento del país, ha implicado que hoy como Constitución exista un engendro con más de 700 reformas. Los presidentes más “reformadores” han resultado ser los dos últimos: Felipe Calderón hizo 110 cambios; Peña Nieto, en lo que lleva en la Presidencia, ha decretado 147 reformas. Conociendo las capacidades de estos gobernantes y los intereses que defienden, ya podemos imaginar el desastre cometido en el texto Constitucional.

Para muchos, la Revolución está muerta y no hay manera de recuperarla. Y es que resulta menos difícil, por ejemplo, redactar una nueva Constitución que tratar de recomponer la actual. Por ello, esta revolución, políticamente, ya está bien muerta y enterrada… El asunto es que al finalizar un proceso, surge otro. Y para este otro ya hay camino andado. De hecho, el movimiento social y el movimiento armado de hoy se nutren de las epopeyas magonistas, zapatistas y villistas, principalmente: los revolucionarios que perdieron y cuyas demandas y postulados sólo fueron reivindicados tibiamente en algunas partes de las leyes y en el discurso político de los jilgueros del sistema. Los “revolucionarios” que ganaron no cuentan con el respaldo popular: ¿alguien reivindica en las calles, en las marchas, en el movimiento social a Carranza, Obregón o Calles? Por supuesto que no.

Se estima que el Partido Liberal Mexicano que protagonizó las huelgas e insurrecciones de 1906, que desembocaron en la Revolución de 1910, llegó a tener más de 20 mil combatientes. Anarquistas (además de Ricardo y Enrique Flores Magón, también figuraban Práxedis G Guerrero y Librado Rivera, entre muchos otros), perdieron pronto militarmente pero constituyeron el principal referente teórico y social de todo el movimiento armado.

El Ejército Libertador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata, llegó a contar con más de 30 mil combatientes y cientos de pueblos insurgentes: comunidades indígenas y campesinas de Morelos, el Estado de México, el Distrito Federal, Puebla y Guerrero. Se enfrentaron directamente al ejército porfirista, al que derrotaron en el sitio de Cuautla. Influenciados por el magonismo, redactaron el Plan de Ayala, que se resume en dos frases: “La tierra es de quien la trabaja” y “Tierra y Libertad”, de influencias anarquistas.

El otro movimiento armado cuyo legado pervive hasta nuestros días es el de la formidable División del Norte, con un número indeterminado de decenas de miles de combatientes y 20 cuerpos militares entre estado mayor, dorados, brigadas, tercias y fracciones. Probablemente este ejército irregular encabezado por Francisco Villa ha sido la guerrilla más numerosa en la historia del Continente, que además podía recorrer grandes distancias y sostener batallas fuera de los territorios de los campesinos que lo nutrían: Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora, Zacatecas.

El triunfo esporádico de la Revolución fue captado por la cámara de Casasola, cuando el 6 de diciembre de 1914 las tropas villistas y zapatistas ingresaron a la Ciudad de México, entraron al Palacio Nacional y Pancho y Emiliano pudieron bromear entorno a la silla presidencial. Lo que vino después para la Revolución fueron pérdidas, fracasos y traiciones.

Otra oleada de revolucionarios vendría después, en la década de 1950, con el movimiento del zapatista Rubén Jaramillo, en Morelos, y para las décadas de 1960 y 1970 las decenas de guerrillas que irrumpieron en el escenario político y social, entre las que destacamos al Grupo Popular Guerrillero (encabezado por Arturo Gámiz y Pablo Gómez), la Unión del Pueblo (fundada por Tiburcio Cruz Sánchez, Héctor Eladio Hernández Castillo y José María Ortiz Videz), el Partido de los Pobres y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento (cuyo principal líder era Lucio Cabañas), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (encabezada por Genaro Vázquez) y, entre muchas otras, la Liga Comunista 23 de Septiembre (la organización revolucionaria de tipo urbano más importante de los últimos tiempos y de la cual Arturo salas Obregón fue uno de los principales dirigentes).

En las páginas de Contralínea hemos dado cuenta de que para los organismos de seguridad y defensa nacionales hoy existen cinco movimientos insurgentes (guerrillas) y alrededor de 50 grupos y células de insurrección anarquista. Cada uno, por su lado, hace la revolución, aunque por tal concepto tengan proyectos muy distintos.

Las guerrillas son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la formación más numerosa y con mayor impacto desde la Revolución; el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (evolución de la Unión del Pueblo); la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo; el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, y el nuevo grupo del que dimos cuenta en semanas pasadas y que, según los órganos de inteligencia, aglutina a exintegrantes de otras guerrillas y nuevas generaciones de combatientes con mayor “radicalidad de lucha”. En efecto, no son los únicos movimientos armados. Otros no han desaparecido del todo pero se encuentran en un periodo de silencio y retraimiento. Algunos más están en proceso de integrarse o reintegrarse a alguna de las formaciones citadas.

En otro carril avanzan los grupos anarquistas de corte insurreccionalista, aquellos que han optado por combatir frontalmente y ahora al capitalismo y al Estado. Hoy representan una “amenaza” mayor, según los organismos de seguridad nacional.

Sirva el aniversario del inicio de la gesta de la década de 1910 para reflexionar acerca de la lucha armada y la Revolución: la muerta y la latente, aquella que hoy se construye lentamente y que casi siempre se antoja lejana, pero que, por momentos, parece estar a la vuelta de la esquina.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/11/20/la-revolucion-muerta-y-la-revolucion-latente/

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