Artículo de Opinión/México/junio de 2016/por: Carlos Illades

Los movimientos sociales emergen a mediados del siglo XVIII con el propósito de interpelar al Estado con respecto de reivindicaciones colectivas específicas. Si bien desde un principio incorporó la concentración pública, organización, propaganda y demostraciones grupales de voluntad y compromiso, no fue sino un siglo adelante cuando se impuso la manifestación pública como recurso de la protesta, particularmente de la clase obrera que reclamaba mejoras laborales y derechos políticos.
En el siglo XX se multiplicaron los actores de la acción colectiva y los movimientos sociales prosperaron en los países democráticos estableciéndose como una forma legítima de política popular, mientras que los estados autoritarios tendieron a inhibirlos (1).
La protesta pública es una práctica corriente que surgió a mediados del siglo XIX entre los artesanos de Ciudad de México e indudablemente creció durante la transición democrática. No obstante, resulta engañoso suponer que antes de ésta era prohibida por el régimen posrevolucionario y actualmente permitida por la democracia. Después del movimiento estudiantil de 1968, el Estado fue medianamente tolerante con las manifestaciones públicas opositoras en la capital federal, siempre y cuando no culminaran en la Plaza de la Constitución, reservada para uso exclusivo de los “sectores” del partido hegemónico en actos de adhesión al régimen o en conmemoraciones cívicas.
De otro lado, del 2000 para acá ocasionalmente se ha empleado a la policía para desbloquear vías de comunicación o detener a manifestantes cuando estallan actos de vandalismo, incluso con víctimas mortales. En las ciudades de provincia y el medio rural hubo menor tolerancia hacia la protesta. Esto pone en juego una hipótesis complementaria a la de Charles Tilly, que apunta hacia el incremento de la manifestación pública como una expresión de la crisis de lo político y de las instituciones representativas, bastante devaluadas por cierto entre los jóvenes mexicanos (2).
Muchas y muy grandes protestas públicas han recorrido las calles de Ciudad de México en los últimos 15 años, desde el arribo del contingente neozapatista que reclamaba el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios hasta las concentraciones exigiendo la reaparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En medio: los ejidatarios de Atenco, la marcha de blanco contra la inseguridad, las protestas por el desafuero del jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, las manifestaciones magisteriales, la resistencia de los electricistas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Javier Sicilia, la concentración en la Estela de Luz convocada por el YoSoy132. Y muchas otras derivadas de éstas o con menor trascendencia, sin considerar tampoco las movilizaciones en los estados, la mayor de ellas la de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.
Podemos comenzar con los destinatarios de la movilización social. Salvo la marcha de blanco y el movimiento YoSoy132, todas las demás fueron dirigidas al gobierno federal. Aquélla responsabilizó a la administración capitalina de la ineficiencia con que combatía la delincuencia, especialmente el secuestro. En tanto que la protesta estudiantil exhibió el sesgo de la cobertura noticiosa de la televisión privada en favor del PRI en la campaña electoral de 2012. Al gobierno federal se le demandó reconocer la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas (2001), dar marcha atrás en la expropiación de los terrenos ejidales de San Mateo Atenco con el objeto de construir un aeropuerto (2001), restituir los derechos políticos del candidato presidencial puntero (2005), cancelar la alianza para la educación (2008) y la reforma educativa (2013), revertir la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (2009), resarcir a las víctimas de los daños de la guerra en contra del crimen organizado (2011) y la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala (2014).
Además de marchar por las calles, realizar plantones y caravanas, bloquear vialidades, la protesta se transnacionalizó sumando activistas de otros países (neozapatismo), incorporó nuevos repertorios de acción (las marchas a caballo de Atenco, el performance de los machetes), los plantones por relevo y tiempo indefinido (el conflicto poselectoral de 2006, el magisterio), el uso intensivo de las redes sociales (neozapatismo, YoSoy132) y núcleos violentos que actuaron como grupos de choque (los neoanarquistas). Aunque en algunos casos recibieron la atención directa de los poderes federales (las caravanas neozapatista y del MPJD), sus demandas fueron insatisfactoriamente atendidas por lo que la acción colectiva continuó, aunque con menor fuerza. Tras un largo periodo de confrontación, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó una fórmula con las autoridades federales, que si bien no restituía la antigua empresa estatal, permitiría a los trabajadores sindicalizados que no aceptaron la liquidación formar una empresa privada de servicio al sector.
Veremos ahora con más detalle las manifestaciones más importantes en lo que va del presente sexenio, llamando la atención sobre los participantes, las demandas, el repertorio y la energía colectiva desplegados, su resonancia social y la respuesta estatal, preguntándonos sobre todo si “en democracia” cambió la perspectiva gubernamental con respecto de los movimientos sociales y mejoró la receptividad hacia sus demandas. Asimismo, exploraremos la hipótesis sugerida hace un momento, esto es, si el incremento en la cantidad y magnitud de la protesta es indicativo de la disfuncionalidad institucional y de la incapacidad de la esfera pública de expresar la pluralidad social.
En un acto de campaña que parecía rutinario, frente a un público habitualmente dócil, el candidato puntero en la elección constitucional de 2012 Enrique Peña Nieto salió furtivamente del campus de la Universidad Iberoamericana después de ser increpado por los estudiantes a propósito de la represión en San Salvador Atenco quienes le gritaban “cobarde, la Ibero no te quiere”. Las televisoras editaron los momentos escabrosos del encuentro en Santa Fe, por lo que la indignación cundió entre los estudiantes al contrastar la experiencia matutina con lo que aquéllas transmitieron por la noche calificando el incidente como un “’motín porril’”. Y, ante la acusación de la jefatura priista de que eran “porros” y “acarreados”, 131 estudiantes mostraron en un video sus credenciales además de decir su número de matrícula y nombre. Para la noche, “el hashtag ‘#131alumnos de la Ibero’, se había convertido en trending topic mundial” (3). Nació así el movimiento #YoSoy132.
El movimiento fue efímero, en parte por su horizontalidad, escasa estructuración y autonomía irrestricta de cada una de las asambleas locales, lo que provocó que cada una hablara por sí misma pero que se interpretara como si lo hiciera a nombre del conjunto (al fin y al cabo todas eran #YoSoy132), confundiendo a la opinión pública y perdiendo eficacia sus mensajes; también, debido a que redujo su horizonte a la elección constitucional de 2012, quedándose sin propuesta para el día después. No obstante, animó una contienda deslucida en la que se anticipaba la victoria del PRI y, por vez primera, hizo marchar unido al alumnado de las universidades públicas y privadas. De acuerdo con una crónica periodística, en la manifestación del 24 de mayo “la avenida Reforma se llenó de pancartas en las que los alumnos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional e inclusive de otros estados se pronunciaban en contra del monopolio mediático”. Varias paradas frente a los corporativos rubricaron la convicción de que la televisión manipulaba las noticias surgiendo la consigna de “apaga la tele y prende la verdad” (4).
Al comenzar el ciclo escolar 2013-2014 alrededor de dos millones de alumnos de educación básica y media se quedaron sin clases por el paro magisterial en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Tan sólo en la última entidad, la cifra rondó un millón 300 mil. Además de la abrogación de la reforma educativa, la sección 22 de la CNTE reclamaba en el estado sureño hacer lo propio con la reforma laboral y procesar penalmente a Ulises Ruiz por los asesinatos de 2006. A los pocos días, los maestros inconformes bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y amagaron con permanecer en la plancha del Zócalo durante las fiestas patrias, sitio que ocupaban desde el 9 de mayo. Focos rojos se encendieron tanto en el gobierno federal como en el capitalino que, mediante un operativo policial, “limpiaron” la Plaza de la Constitución. Concluida la recuperación de este espacio público —perdido a partir de entonces por los movimientos sociales a consecuencia de la intransigencia de la CNTE — “grupos de embozados, simpatizantes del magisterio y los autodenominados ‘anarquistas’ se confrontaron con elementos de la policía federal” (5). Ensimismados en su política gremialista, la estrategia elemental de los maestros fue retar al Estado, con bloqueos de arterias primarias o saboteando las elecciones, y no ganar la simpatía y confianza de la sociedad. Por eso, cuando vino la contraofensiva gubernamental después de las elecciones intermedias de 2015 el respaldo de otros sectores sociales a la CNTE fue virtualmente nulo.
El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala mostraron que la frontera entre el crimen y el Estado podía borrarse (6). Si el MPJD visibilizó las víctimas civiles de la guerra, Iguala constató que además estaban inermes. No fue un hecho aislado, sino extremo, por eso dio sentido a las experiencias fragmentarias de muchos. La simultaneidad de la era de la globalización hizo que los 43 de Ayotzinapa recorrieran el mundo. Entretanto, el 29 iniciaron las movilizaciones en Chilpancingo y el 8 de octubre en Ciudad de México. En Guerrero la disidencia magisterial dominó la protesta rápidamente, mientras en la capital federal hubo muchas y muy variadas acciones colectivas. El 20 de noviembre desde tres puntos distintos de la ciudad —el Ángel de la Independencia, Tlatelolco y el Monumento a la Revolución— un nutrido contingente marchó hacia el Zócalo:
La frase inicial era la misma, contar hasta 43 y exigir justicia. Gritos de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, haciendo eco de las últimas manifestaciones.
Pero conforme fue avanzando la marcha, el grito cambió: los miles de manifestantes decían, en conjunto, “Fuera Peña!”, y al pasar por Insurgentes y Reforma el coro de “¡Senado maneja el narcoestado”. Algo cambió de las veces anteriores, pues el grito de “¡Fue el Estado”, fue sustituido por una frase más larga pero más articulada: “¡Ahora, ahora, es indispensable… que se presenten vivos y castigue a los culpables!”.
Y un “¡Gaviota, ratota, devuelve la casota!”, retumbaba en el Hemiciclo a Juárez (7).
Con los padres de los jóvenes desaparecidos al frente del contingente que partió del Ángel, la concurrencia reunió la diversidad cultural y política de una sociedad compleja: desde los duros de la ceteg guerrerense —agrupados de acuerdo con la cuadrícula administrativa de la sep—, membretes guerrilleros, los ecologistas de Greenpeace, los artistas del Faro Oriente, los activistas pro-legalización de la marihuana, colectivos feministas, ciclistas organizados, una asociación de masones, un grupo de invidentes, familias enteras, ciudadanos sin adscripción colectiva. De Tlatelolco llegaron los universitarios: los decanos (unam, uam, Politécnico) y los noveles (itam, cide, Libre de Derecho, Tecnológico de Monterrey). Del Monumento a la Revolución partieron los sindicatos y las organizaciones sociales. No había duda, la geografía de la marcha indicaba también una historia ahora unida en un flujo humano continuo hacia el Zócalo. Cada cual con un locus propio que remitía a símbolos y luchas pasadas, las organizaciones civiles, los estudiantes y los sindicalistas adoptaban la causa común de los derechos humanos, el referente universalista que daba sentido a la manifestación pública, evitando que se redujera a una reivindicación sectorial o identitaria.
La acción colectiva, la empatía que generó en otros países y el ciclo de movilizaciones que arrancaron desde el segundo tramo de la administración calderonista y se intensificaron con el regreso del PRI a los Pinos, potenciaron el alcance del acontecimiento. Las masacres silenciadas eran ya cosa del pasado pero las autoridades no lo comprendieron, reaccionando tarde y mal, al grado que ya será prácticamente imposible que ofrezcan una versión convincente de la noche de Iguala. La protesta se extinguió, llevándose con ella una porción de la de por sí escasa credibilidad gubernamental.
La protesta pública creció en la transición democrática no porque se incrementaran las garantías para quienes se movilizaban, pues mal que bien se también respetaban antes del año 2000, sino a causa de que la sociedad política es poco receptiva a las demandas surgidas en la sociedad civil, como previo a la alternancia. Con ésta se desarrolló la competencia política, pero continuó manteniéndose una interlocución muy pobre con la sociedad. El defectuoso vínculo entre gobernantes y gobernados permanece todavía inalterado. Pero, al mismo tiempo, los movimientos sociales no han generado formas políticas que les permitieran ganar espacios en la esfera pública, y su rechazo explícito a la política (identificándola con los partidos) los debilita cuando la movilización se repliega. De esta manera, pese a la intensa acción colectiva en los 15 años que van de alternancia, los cambios han sido mínimos y el desgaste del régimen, en aumento.
No obstante la protesta pública ha servido para generar consensos amplios en torno a los derechos humanos, visibilizar los reclamos de los pueblos originarios y a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, además de demandar transparencia y pluralidad a los medios de comunicación masivos. En cuanto a las reivindicaciones gremiales, los electricistas recuperaron parte de lo perdido con la extinción legal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y los maestros, con su política de todo o nada, han perdido terreno. Llama la atención, sin embargo, que el combate a la corrupción (política y económica) no entrara todavía en la agenda de los movimientos sociales mexicanos que permanecen ajenos a esta demanda cardinal de las luchas contemporáneas.
+++++
*El texto original, presentado en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Columbia en abril pasado se ocupa de los años de la transición democrática. Por razones de espacio, tratamos exclusivamente los últimos cuatro años.
**Historiador. Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa. Es autor de Conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social (Gedisa, 2015).
1) Charles Tilly y y Lesley J. Wood, Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook (Barcelona, Crítica, 2010), pp. 22, 245.
2) Olivier Fillieule y Danielle Tartakowsky, La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles (Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2015), p. 68; “Jóvenes mexicanos, los que menos confían en las instituciones”, Milenio, 22 de agosto de 2013.
3) “’La Ibero no te quiere’”, Reporte Índigo, 11 de mayo de 2012; cit. en Marco Estrada Saavedra, “Sistema de protesta: política, medios y el #Yo soy 132”, Sociológica, vol. XXIX, núm. 82, 2014, p. 93; “No somos porros ni acarreados, responden alumnos de la Ibero que increparon a Peña”, La Jornada, 15 de mayo de 2012; Héctor de Mauleón, “De la red a las calles”, Nexos, septiembre de 2012, p. 40. De acuerdo con un teórico, “la autocomunicación de masas proporciona la plataforma tecnológica para la construcción de la autonomía del actor social…” Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza (Madrid, Alianza, 2012), p. 24.
4) “Marcha YoSoy132 toma las calles de México”, El Economista, 24 de mayo de 2012; “#YoSoy132 pide ‘apagar la tv y encender la verdad”, La Jornada, 14 de junio de 2012.
5) “Mega paro magisterial: dos millones de niños sin clases en cuatro estados”, Proceso, 19 de agosto de 2013; “Maestros bloquean inmediaciones del aeropuerto del DF”, El Universal, 23 de agosto de 2013; “Detienen federales a 31 tras el desalojo”, El Universal, 14 de septiembre de 2013.
6) Los reportajes mejor documentados los ofrecen Esteban Illades, La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México, Grijalbo, 2015); Sergio González Rodríguez, Los 43 de Iguala (Barcelona, Anagrama, 2015).
7) Esteban Illades, Juan Pablo García Moreno y Kathya Millares, “México se mueve: crónica de una marcha”, Nexos, en línea, 21 de noviembre de 2014, s.p.

Fuente del Artículo:

“La protesta pública en el regreso del PRI”, artículo de Carlos Illades