América del sur/Brasil/05 Septiembre 2019/Prensa Latina
Los estudiantes brasileños saldrán nuevamente a las calles el sábado para protestar contra los ataques del gobierno de Jair Bolsonaro a la educación pública, incluida la reducción de fondos para el sector, y en defensa de la Amazonia.
En su página oficial, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) informa que también se rechazará en las movilizaciones la interferencia con la autonomía universitaria y el intento de privatizar los centros superiores de estudios e institutos federales, a través del llamado programa Future up.
Otras manifestaciones ocurrieron este año contra la impopular reforma de la Seguridad Social y en apoyo de la huelga general de los trabajadores. El sábado, los estudiantes incorporarán la bandera del medio ambiente y la defensa de la Amazonia, foco de una crisis y tensiones por los incendios forestales.
Esta será la cuarta movilización contra las políticas de Bolsonaro y su ministro de Educación, Abrahan Weintraub. Las anteriores, el 15 de mayo, el 30 de mayo y el 13 de agosto, llevaron a millones de personas a las calles de todo el país.
Según la UNE, los lugares de los actos ya están definidos en 19 estados, 11 de los cuales son capitales estatales.
La organización señala que el 7 de septiembre, el día en que se celebra la independencia de Brasil, el movimiento estudiantil mostrará que la lucha no se desvanece.
Denuncia que el proyecto Future up, presentado por el ministerio, ‘ignora el problema inmediato de las universidades que siguen sin recursos y pueden subcontratarse a organizaciones sociales. Es la universidad pública en manos del mercado!’.
La UNE alerta que las empresas aparecen como una solución de financiación. La educación debe pertenecer a todos.
Advierte finalmente que, aunque los incendios pueden ser comunes en tiempos de sequía, la relajación en los controles ambientales en el gobierno actual ha acelerado la pérdida de vegetación en la mayor selva tropical del mundo.
Desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, el ritmo de deforestación de la selva amazónica aumentó más del 50%.
Muchos de los indígenas que viven en el bosque tropical más grande del mundo creen que el discurso del mandatario «respalda» la actividad de los madereros ilegales, con quienes desde hace años mantienen un enfrentamiento por las riquezas naturales del Amazonas.
«Tenemos que luchar por nuestra tierra», dice Laercio Guajajara, un indígena de la zona de Araribóia, en el estado brasileño de Maranhao, «no hay otra opción».
Él es uno de los guardianes de la selva amazónica que desde hace unos 6 años patrullan su territorio en busca de madereros ilegales.
Pero a veces los maderos se niegan a abandonar el lugar y los conflictos se vuelven violentos.
Con esas palabras, el vocero de Presidencia de Brasil, Otávio Rêgo Barros, anunció este martes de tarde que aceptarán toda ayuda internacional para la Amazonía siempre y cuando conserven el control del dinero.
Se trata de una nueva postura del gobierno de Jair Bolsonaro sobre las donaciones de países y organismos para los incendios que consumen la selva amazónica desde hace semanas.
Este martes de mañana Bolsonaro había dicho que estaba dispuesto a aceptar la ayuda del G7 si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, retiraba sus «insultos».
«Primero, Macron tiene que retirar sus insultos. Me llamó mentiroso. Una vez que haga eso, entonces podemos hablar», dijo el presidente de Brasil.
Esas palabras llegaron horas después de que su gobierno rechazara la ayuda ofrecida este lunes por el grupo de países del G7 (Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido e Italia) para combatir los incendios.
La propuesta llegó durante la cumbre de los líderes de los siete países en la localidad francesa de Biarritz, cuando Macron informó sobre la creación de un fondo de US$22 millones para colaborar en la lucha contra el fuego.
«Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más útiles para reforestar a Europa«, había dicho tras el anuncio Onyx Lorenzoni, jefe de gabinete de Bolsonaro, según los medios brasileños.
«Macron no pudo prevenir un incendio en una iglesia que es considerada patrimonio de la humanidad y, ¿ahora quiere darnos lecciones?«, agregó, en referencia a las llamas que devastaron la catedral de Notre Dame, en París, el pasado abril.
Por su parte, Macron respondió este martes a la negativa y dijo que era un error.
«Soy consciente de las preocupaciones, o quizás la torpeza de algunos líderes, que consideran que la soberanía significa ser agresivo«, dijo Macron.
«Eso, creo, es un gran error. Nosotros somos un país soberano y cuando tenemos algo grave aceptamos felices y agradecidos la solidaridad internacional porque es un gesto de amistad», agregó.
«Pero, sobre todo, hay nueve países en la Amazonía, hay muchos países que han pedido nuestra ayuda. Es importante movilizarnos lo más rápido posible para que Colombia, Bolivia y todas las regiones de Brasil que quieren tener acceso a la ayuda internacional pueden tenerla y puedan reforestar rápidamente», añadió.
El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, había dicho que su país agradecería la financiación del G7, pero después de una reunión entre Bolsonaro y sus ministros el gobierno brasileño cambió el discurso.
Luego, en entrevista con BBC Brasil, Salles acusó a Macron de utilizar el debate sobre la Amazonia como «bandera política».
«Una colonia»
Ya antes, el mismo día del anuncio del G7, Bolsonaro había acusado a Francia de tratar a Brasil como una colonia.
En concreto, acusó al gobernante francés de «disfrazar sus intenciones sobre la Amazonía detrás de la idea de una ‘alianza’ de los países del G7 para ‘salvar’ la Amazonia, como si fuésemos una colonia o una tierra de nadie».
Y a ello le siguió una rápida escalada diplomática con su homónimo francés.
Con más de 80.000 incendios registrados desde enero, según datos del INPE (siglas en portugués del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil), Brasil muestra un aumento de incendios forestales de 83% entre enero y agosto comparado con el mismo periodo del año pasado.
Derechos de autor de la imagenGetty ImagesImage caption El grupo del G7 está conformado por los países de EE.UU., Alemania, Japón, Reino Unido, Italia. Canadá y Francia.
Despliegue en el Amazonas
Ante ello, Bolsonaro autorizó el pasado viernes el despliegue de cerca de 44.000 soldados en reservas naturales, tierras indígenas y áreas fronterizas de la región para luchar contra el fuego.
Lo hizo tras una intensa presión de líderes internacionales por la preocupación mundial desatada en torno a los incendios y a las políticas de Bolsonaro respecto a la Amazonia, que apuestan por liberar la explotación comercial de la minería, la agricultura y el turismo en la rica región natural.
Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, afirmó este lunes que la situación «está bajo control» y que por ahora solo «preocupa un poco» el fuego reportado en los estados Acre, Rondonia y Pará.
Sobre la ayuda aprobada el lunes por el G7, ya Greenpeace Francia la había tildado de»inadecuada dada la urgencia y la magnitud de este desastre ambiental».
De acuerdo a lo señalado por el mandatario francés, los US$22 millones estarían disponibles de inmediato para contratar, en principio, más aviones diseñados para apagar este tipo de incendios y el apoyo a los militares que están en el terreno combatiendo las llamas.
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Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo
Los incendios de la Amazonía no se han limitado a Brasil, también afectan las regiones amazónicas de Bolivia, Paraguay Perú.
La reticencia de Bolsonaro
Bolsonaro ha defendido que la Amazonía, de la que dos tercios están en su territorio, es soberanía de Brasil.
«Brasil es como una virgen que todos los pervertidos de fuera desean», había respondido el mandatario brasileño ante periodistas el 6 de julio tras ser preguntado sobre la protección medioambiental de la Amazonía.
Durante largo tiempo, Bolsonaro ha mantenido que los países europeos intentan acceder a los recursos naturales de Brasil. De hecho, alega que los intereses de Europa por el bienestar del Amazonas son un disfraz para intervenir en la región.
Desde entonces, ha vinculado los intentos de ayuda europeos con un motivo de soberanía una y otra vez.
«Estos países que envían dinero aquí no lo hacen por caridad. Lo mandan con el propósito de interferir en nuestra soberanía«, dijo Bolsonaro la semana pasada.
Fuente e imagen: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49480780
Dados indicam que 67% dos focos de calor ocorreram fora de áreas protegidas
Levantamento do Instituto Socioambiental (ISA) mostra quais são as Terras Indígenas (TIs) e Unidades de Conservação (UCs) mais atingidas pelas queimadas na Amazônia brasileira. Desde o início da semana, o Brasil e o mundo voltaram os olhos para a Amazônia, que arde com número recorde de focos de incêndio. Entre 20 de julho e 20 de agosto, foram 33.060 focos de calor na Amazônia Legal no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Nas Unidades de Conservação, a situação também é grave. Foram 7.368 focos de calor em 118 UCs. APA Triunfo do Xingu (APA), a Florex Rio Preto-Jacundá (RO), a Flona do Jamanxim (PA), a Resex Jaci Paraná (RO), a Pes do Mirador (MA), a Apa do Tapajós (PA), a Esec da Terra do Meio (PA), a Flona de Altamira (PA) e a Pes de Guajará-Mirim (RO) foram as dez UCs com mais queimadas entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.
O levantamento do ISA também indica que a maior parte dos focos de calor ocorreu fora de áreas protegidas. Dos 33.062 focos, 22.141 (67%) foram fora de UCs e TIs e 10.921 (33%) dentro de UCs e TIs.
Várias dessas TIs e UCs com mais focos de calor também aparecem no ranking de TIs mais desmatadas, segundo dados do sistema de alertas do Inpe (Deter). É o caso da TI Apyterewa, campeã de focos de calor e também das TIs mais desmatadas em 2019. A TI Marãiwatsédé, quinta com mais queimadas, também aparece em quarto lugar dentre as mais desmatadas. No caso das UCs, ocorre fenômeno similar: a APA Triunfo do Xingu, com mais focos de calor, também é a mais desmatadas, de acordo com os dados do Deter. A Florex Rio Preto-Jacundá consta em segundo lugar, entre as mais desmatadas a Resex Jaci-Paraná, em terceiro e a Flona Jamanxim, em quinto.
“Desmatamento e fogo andam juntos. Se o desmatamento aumenta, os focos de incêndio também apresentam crescimento. Nos últimos anos a Amazônia tem registrado secas severas. No Xingu, por exemplo, nos últimos dez anos aconteceram sete anos de seca severa. Sem árvores, chove menos. Com tanta seca seguida, a água não abastece o subsolo, e sem água no subsolo a floresta fica menos verde e mais suscetível ao fogo”, explica Antonio Oviedo, pesquisador do ISA.
A estação seca ainda se estenderá por todo o mês de setembro. No último dia 10 de agosto, fazendeiros da região decretaram o Dia do Fogo. Segundo jornal de Novo Progresso, os produtores se sentem «amparados pelas palavras do presidente» Jair Bolsonaro (PSL) e coordenaram a queima de pasto e áreas em processo de desmate na mesma data.
Estados afetados
Os dados também apontaram quais os Estados da Amazônia Legal mais atingidos pelo fogo nesse período. O Pará é o campeão, com 8.622 focos de calor, seguido do Amazonas (6.654), Mato Grosso (6.147) e Rondônia (5.044). Proporcionalmente, Rondônia é o estado com mais focos de calor, com três vezes mais focos de incêndio por quilômetro quadrado do que o Pará. O Acre, segundo menor estado da Amazônia Legal, também é outro estado também muito afetado: com 2.307 focos no período. Nesta sexta-feira (23/8), o Acre declarou estado de emergência devido aos incêndios.
Brigadas federais do programa de combate à incêndios florestais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), o PrevFogo, têm atuado para apagar os focos de queimadas. Nesta sexta-feira (23/8), um decreto publicado no Diário Oficial indica a contratação de equipes emergenciais para atuar em municípios do Acre, Maranhão, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Um projeto de lei para instituir uma Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e, com isso, reduzir os incêndios florestais, está com a tramitação paralisada desde fevereiro, esperando análise de Comissão Especial na Câmara dos Deputados. O manejo integrado do fogo prevê queimas prescritas e controladas combinadas com a prevenção e o combate aos incêndios florestais. O PL, além de propor estratégias para o uso controlado do fogo e de seu combate, também institui a responsabilização administrativa, civil e criminal para os responsáveis focos de fogo não autorizado ou autorizado que fujam ao controle e gerem danos ambientais, econômicos ou sociais.
“É urgente que se ampliem os esforços para combater os incêndios e, ao mesmo tempo, se apresente um plano para tratar da questão dos desmatamentos e queimadas no médio e longo prazo. O cenário anunciado por cientistas do mundo todo, de agravamento dos eventos extremos, é cada vez mais presente, e precisamos nos preparar. O Brasil já sabe como fazer isso, a experiência de redução dos desmatamentos entre 2004 e 2012 com o Plano de Prevenção e Combate aos Desmatamentos na Amazônia. Ao invés de combater os dados e os fatos, o governo deve anunciar urgentemente como vai combater o fogo e os desmatamentos ilegais”, aponta Adriana Ramos, Assessora do ISA especialista em políticas públicas.
América del Sur/ Brasil/ 27.08.2019/ Fuente: redclade.org.
Con contribuciones de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, el documento fue elaborado por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, foros y fundaciones brasileñas que actúan en la difusión, promoción y monitoreo de la Agenda 2030
“El gobierno de Michel Temer fue marcado por la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, medida que es un obstáculo para la universalización del acceso a la educación de calidad y para la implementación del Plan Nacional de Educación (PNE) con vigencia hasta el 2024, y podrá impactar negativamente el plan siguiente (2024-2034)”. Esta fue la primera constatación referente a la educación, presentada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Agenda 2030 (GTSC 2030), en su 3º Informe-Luz sobre la Agenda de Desarrollo 2030 en Brasil.
Publicado esta semana, el informe fue elaborado de manera colectiva por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, foros y fundaciones brasileñas que se dedican al seguimiento a los compromisos del Estado brasileño con la Agenda 2030. Estos colectivos actúan en la difusión, promoción y monitoreo de la Agenda en el país, en lo que se refiere a sus diferentes objetivos temáticos, entre ellos el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Para elaborar la parte del documento que se enfoca en el ODS 4, de educación, el Grupo contó con los aportes de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil.
“El PNE es la principal política pública del país para alcanzar el ODS 4 y ambos están amenazados. El no cumplimiento de las acciones del PNE – organizado como una agenda progresiva y con metas previstas para el 2015 – perjudicó las actividades de 2016 y así sucesivamente. Vale resaltar que hasta el 2018, apenas el 30% de las metas y estrategias previstas desde el 2015 presentaron algún avance y ninguna de ellas se había cumplido integralmente, situación que no presentó avances significativos en el 2019”, expresa el informe.
Según datos del documento, en el 2019, aumentó el número de propuestas del gobierno que caminan hacia la reducción del derecho humano a la educación, como la privatización educativa y la oferta de enseñanza básica pública a distancia. “Estas ideas son movilizadas por una parcela del sector privado que no se preocupa con la calidad de la educación”, se subraya en el informe.
Para cambiar este contexto y hacer que las políticas educativas retomen su camino hacia la garantía del derecho a la educación de todas las personas, el grupo presenta siete recomendaciones, entre ellas: la revocación de la Enmienda Constitucional 95/2016 – la cual determinó el congelamiento del gasto público en educación, salud y asistencia social por 20 años; la ampliación presupuestaria de la Unión al fondo nacional de educación básica; la suspensión de la reforma de la educación secundaria y la revocación de todas las leyes aprobadas con la finalidad de prohibir que profesionales de la educación aborden los temas género y sexualidad en los centros educativos.
Además de las problemáticas de la educación brasileña, la tercera edición del informe evidencia el aumento de las violaciones a los derechos sociales, ambientales y económicos en Brasil.
Según el documento, las iniciativas ultraliberales y en base a fundamentalismos confesionales ganan fuerza en el país, a pesar de comprobadamente sin eficacia y dañinas.
“El desafío no es pequeño. Tenemos 15 millones de personas en extrema pobreza, 55 millones en situación de pobreza, 34 millones sin acceso al agua tratado, más de 100 millones sin servicios de colecta de aguas residuales y casi 600 mil casas sin energía eléctrica. Casi el 50% de la flora está bajo amenaza radical, el campo y la salud están amenazados por la liberación de 239 nuevos tipos de agrotóxicos. El escenario es tenso, con desempleo alto (13 millones de personas) y persistente, pero el Gobierno Federal se enfoca en propuestas que agravan los conflictos y empeoran, principalmente, la vida de las mujeres negras, quilombolas e indígenas, sin presentar soluciones para pacificar el país”, destaca el informe.
Fuente del documento: https://redclade.org/noticias/agenda-2030-en-brasil/
América del Sur/ Brasil/ 27.08.2019/ Fuente: redclade.org.
En el marco de la revisión de la Agenda de Desarrollo 2030 en la ONU, foros que defienden el derecho a la educación alertaron sobre la falta de acceso y calidad en la educación de niñas y niños pequeñas/os en sus países
Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran riesgos para la llamada educación en la primera infancia, la cual se refiere al derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, según define el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU).
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU, donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De los foros miembros de la CLADE en dichos quatro países, apenas la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) ha indicado avances para la garantía de la educación y el cuidado en la primera infancia a nivel nacional. Los demás foros alertan para la falta de financiamiento, atención, formación docente e infraestructura en esta etapa educativa.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de los países.
Brasil: políticas para niños y niñas retroceden, y se trasladan del campo educativo a la asistencia
Según el informe realizado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), aunque la sociedad civil del país haya luchado y alcanzado avances en las políticas y acciones para la garantía de una educación de calidad en la primera infancia, todavía restan grandes desafíos para la realización de este derecho para todas las niñas y niños.
“La meta 1 del Plan Nacional de Educación (2014-2024), que busca la universalización del acceso a la escuela para niños y niñas de 4 y 5 años de edad hasta el 2016, no fue cumplida. Desde el 2014, primer año de vigencia del Plan, la tasa de escolarización en esta etapa creció apenas 4 de los 11% necesarios para alcanzar la meta”, señala la Campaña en su informe.
En el documento, también se afirma que “para que la mitad de las niñas y niños de Brasil con hasta 3 años estén en la escuela en el 2024, según establece el Plan, sería necesario invertir lo suficiente para garantizar 20% más cupos en guarderías para la población de esta edad. En el 2017, el aumento en esta tasa había sido de apenas 4%”.
Además de la falta de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación, las políticas más recientes para la primera infancia en Brasil retrocedieron y se trasladaron de la perspectiva del derecho humano a la educación para el campo de la asistencia social. “Las políticas relacionadas a la primera infancia apoyan la adopción de propuestas de atención en espacios inadecuados para atender las especificidades de la educación de niñas y niños, por profesionales sin la formación específica para esta atención”, alerta el informe.
Chile: la mitad de niños y niñas con 4 y 5 años de edad no accede a la escuela
En Chile, la educación para la primera infancia, llamada de parvularia, es el nivel que más presenta deficiencias en el sistema educativo nacional. Esta etapa contempla estudiantes de 0 a 6 años de edad, iniciando en la sala cuna y terminando en el segundo nivel de transición, antes del ingreso a la educación básica.
Según informe elaborado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en el 2018, la matrícula total en la educación parvularia ascendía a 800.083 niños y niñas, correspondiendo a una cobertura del 54,8%, fuertemente concentrada entre los 4 y 5 años de edad, y alcanzando a sólo el 20,1% de las niñas y niños con entre 0 y 2 años de vida.
La provisión de la educación para la primera infancia en el país contempla la participación de entidades públicas y privadas, con fuerte presencia de estas últimas, que representan casi el 60% del total de matrículas. “Es necesario comprender la importancia de frenar en esta etapa escolar la enorme segregación existente, a la vez que se construye una educación pertinente a las necesidades de niños y niñas, considerándolos así en su momento actual y no desde una óptica adultocéntrica, mucho menos propiciando un estrechamiento curricular por medio del énfasis en contenidos (lenguaje y matemáticas) que serán de utilidad para su posterior evaluación dentro de un sistema que tiende a la estandarización y homogeneización”, afirma el documento.
Según el Foro, las nuevas propuestas para la educación en la primera infancia en el país tienden a precarizar y privatizar aún más esta etapa educativa, a través del establecimiento de un sistema de subvenciones por parte del Estado, que beneficia proveedores privados sin garantizar un financiamiento basal al sistema público, y aumentando el desapego familiar por las largas horas en que los niños y niñas permanecerán en los jardines infantiles.
“Es necesario establecer un financiamiento por asistencia a las instituciones que imparten la educación parvularia, teniendo como evidencia que existe una diferencia concreta en la tasa de
asistencia entre el primer y el quinto quintil, un 45,3% y un 57,8% respectivamente, es decir, niños y niñas de una mejor situación económica tienen una mayor asistencia. Significa estar entregando más recursos para la educación de un sector determinado y privilegiado de la población, lo que provoca un aumento de la segregación y exclusión en los niveles pre-escolares del sistema educativo”, alerta el documento.
El Salvador: matrícula triplica en tres años
Según el informe presentado por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, la educación en la primera infancia ha conquistado avances en el país. Hubo un incremento de la cobertura y atención sobre todo en la educación inicial, que atiende a niñas y niños de 0 a 4 años. “El incremento se debe a la apertura y relevancia que le ha dado el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, triplicando la matrícula de educación inicial del 2.1% en el 2015, a 6.4% en el 2018”, destaca el informe.
RESALDE explica que este avance resulta de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, lanzada en el 2018 como un instrumento para la implementación de las líneas de acción de la Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la cual a su vez se generó como respuesta a los compromisos establecidos en el Plan “El Salvador Educado”.
“La estrategia aspira a garantizar las oportunidades para el desarrollo integral de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir 9 años, a través de la potencialización de los factores vinculados a la familia y a la comunidad que favorecen el desarrollo integral; del aumento de acceso y cobertura de servicios y atenciones integrales y de calidad; de la generación de ambientes saludables y entornos protectores y de la protección y restitución de los derechos de las niñas y niños en su primera infancia”, expresa el informe.
Guatemala: financiamiento para la educación en la primera infancia disminuye
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos, la educación en la primera infancia no logra atender a todos los niños y niñas del país y es más deficitaria en departamentos que tienen poblaciones mayoritarias indígenas como Izabal, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Quetzaltenango Huehuetenango, Alta Verapaz y el Quiché.
El Colectivo explica que, al inicio del actual gobierno, entraron en revisión los programas sociales de ayuda monetaria condicionada para educación y salud, y se ha observado una reducción en la cobertura de la escuela primaria a un 84%.
En relación a la formación docente para esta etapa educativa, el informe indica que, según estimativas del Ministerio de Educación, la ampliación de cobertura en el nivel pre-primario requiere la formación de aproximadamente 40,000 docentes. “Una porción de ellos tendrá que especializarse en educación bilingüe intercultural para atender con pertinencia lingüística y cultural a la población infantil de los pueblos originarios”, afirma el documento.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/seguimiento-a-la-agenda-2030-como-esta-la-educacion-en-la-primera-infancia-en-brasil-chile-el-salvador-y-guatemala/
América del Sur/ Brasil/ 26.08.2019/ Fuente: www.ultimasnoticias.com.ve.
Estudiantes, trabajadores y movimientos sociales se movilizaron este martes 13 de agosto, por tercera vez del año, en los más de 150 municipios de Brasil, con el propósito de luchar contra los recortes presupuestarios y la seguridad social que impulsa el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
La Unión Nacional de Estudiantes fue quien convocó a los jóvenes para rechazar las restricciones presupuestarias en el sector, defender su autonomía universitaria y rechazar el proyecto Future-se, propuesto por Bolsonaro.
Trabajadores y movimientos sociales se sumaron a la jornada para repudiar la reforma de pensiones que se impulsa en el Congreso.
Fuente de la noticia: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/marchas-en-brasil-por-la-educacion-y-pensiones/
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