Fue presentado el foro mundial que se realizará en paralelo al encuentro del G-20
Con la participación de académicos y dirigentes políticos y sociales de la región, el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico se desarrollará en noviembre en Ferro. El objetivo central será debatir “una visión latinoamericana de los problemas globales”.
“No nos reunimos para cuestionar lo que se va a discutir en el G-20, sino para tratar de recordarles muy humildemente a quienes nos representen que hay soluciones a muchísimos temas que ni siquiera nuestros líderes mundiales están queriendo discutir”, señaló ayer Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, al anunciar la realización del primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, que se desarrollará casi a la par del G-20, entre el 19 y el 23 de noviembre. Del encuentro participarán la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff y sus pares de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y de Uruguay José Mujica, entre una gran variedad de académicos y dirigentes políticos y sociales.
“Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”, es el lema que regirá el foro, cuya sede central será el club Ferrocarril Oeste. Participarán líderes sociales, políticos y académicos de más de cincuenta países que expondrán en cerca de siete mil ponencias. “Queremos dar una visión latinoamericana de los problemas globales y contemporáneos”, señaló Gentili, ayer, al presentar el encuentro y dar detalles de la organización. El académico explicó que la idea es desarrollar un foro académico que busque y proponga “soluciones a la pobreza, la desigualdad y la violencia”, así como “abordar los desafíos del mundo del trabajo, las consecuencias sociales del cambio climático, la discriminación de género, el racismo, la juventud y los flujos migratorios”.
Clacso realiza un encuentro internacional cada tres años desde hace 24 años. Allí se concentran académicos y líderes sociales y políticos progresistas para analizar políticas públicas y presentar soluciones para los problemas de exclusión, violencia y desigualdad en el mercado del trabajo latinoamericano. La última cita fue en 2015, en la ciudad colombiana de Medellín, en medio del proceso de paz que mantenían el Estado de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este vez, el cónclave internacional del progresismo académico latinoamericano será la antesala de la reunión del G-20, que reúne a las autoridades de las máximas potencias del mundo.
“No nos reunimos para denunciar el estado lamentable que en se encuentra el mundo, sino para realizar aportes para revertir ese estado”, aseguró Gentili. “Queremos mantener un diálogo con los líderes del G-20 poniendo el foco en los temas que no se discuten en ese ámbito”, agregó el doctor en Ciencias de la Educación. “También hay que buscar una explicación a por qué Brasil está a la espera de elegir a un neofascista en un país que por primera vez en treinta años crece la pobreza”, destacó Gentili apuntando al triunfo en primera vuelta electoral del candidato de derecha Jair Bolsonaro.
Para enriquecer la propuesta comprometieron su asistencia los ex presidentes Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, José Mujica, el colombiano Ernesto Samper y el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera. Además participarán el secretario general del partido español Podemos, Pablo Iglesias, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida, entre muchos académicos y líderes sociales y políticos.
El 19 y el 20 de noviembre se concentrará la actividad en Ferro, mientras que el 21 de noviembre se descentralizará el evento con exposiciones en la sede de Clacso, la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), la Universidad Metropolitana del Trabajo, la Universidad Nacional de las Artes, el Centro Cultural de la Cooperación, el Centro Cultural San Martín y la Universidad Nacional de San Martín. “El mundo del trabajo, uno de los principales temas propuestos por Argentina para el G-20, es importante, pero estamos viviendo en un mundo cada vez más violento, desigual y con formas de trabajo esclavo que ya creíamos desaparecidas”, señaló el organizador del foro.
Los montos que resulten de la aplicación de dicha fórmula deberán ser acordados en asambleas de padres y representantes para que se permita el buen funcionamiento de cada complejo educativo
América del Sur/Venezuela/AVN
Caracas.- Materiales e insumos de educación, costos de personal y costos indirectos son los elementos que forman parte de la fórmula para el cobro de matrículas en colegios privados, durante el año escolar 2018-2019, establecida en la Resolución 0027 del 3 de octubre de 2018, informó el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz.
«Se estableció una fórmula que contiene los insumos con los que prestan el servicio educativo, los gastos indirectos que tienen que ver con el costo del local donde funciona la escuela, suministros de limpieza, agua, entre otros, y la nómina del personal docente, obrero y administrativo que labore allí. Información que deben saber los padres», declaró Istúriz, en entrevista para la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), desde la sede del ministerio, ubicado en la parroquia Altagracia, en Caracas.
Los montos que resulten de la aplicación de dicha fórmula deberán ser acordados en asambleas de padres y representantes para que se permita el buen funcionamiento de cada complejo educativo, añadió.
Aplicación
Esta disposición reconoce el subsidio por trabajador -equivalente a medio petro (1.800 bolívares soberanos) que fue aprobado por el Ejecutivo para el sector privado por 90 días- con el objetivo de proteger el derecho a la educación frente a los factores especulativos, indicó.
Por ello, la mensualidad de cada colegio se determinará a través de una metodología que agrupará cada elemento de costo. Para establecer los gastos de personal, a la nómina mensual de cada plantel se le restará el subsidio que otorga el Estado. Asimismo, se sumarán los materiales y costos indirectos. Estos dos resultados se sumarán y luego se dividirán entre la cantidad de alumnos que estudie en el plantel.
«¿Por qué con el número de estudiantes? Porque el pago de la matrícula es por estudiante», explicó Istúriz.
En la Resolución 0027 se precisa que en los costos indirectos se incorporan los alquileres inmobiliarios, insumos de limpieza; servicios de electricidad, agua, teléfono y gas; mantenimiento de maquinarias y equipos y bienestar estudiantil como becas, comedor, servicios de salud y seguros de salud, entre otros.
Esta resolución fue firmada el pasado 3 de octubre por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y cuatro cámaras que agrupan a 5.000 instituciones educativas privadas: Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep).
Este documento incorpora las resoluciones 508 -vigente desde octubre de 2012- y la 114 -emitida en el año 2014- ambas aprobadas por el Ministerio para la Educación y que establecen la obligatoriedad de los colegios privados de convocar asambleas de padres y representantes para presentar un estimado del costo mensual de la matrícula que permita el funcionamiento de cada complejo educativo.
Responde además al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, con el fin de estabilizar los precios en las instituciones educativas privadas, según lo expresado por el presidente Nicolás Maduro.
El mandatario señaló que esperan obtener mayores recursos para esta cartera.
AméricadelSur/Colombia/Colprensa
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, reconoció este miércoles que faltan recursos para la educación superior y aseguró que entiende a los jóvenes que están protestando este miércoles por su defensa en todo el país.
“Hemos hecho la tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado, pero faltan recursos y yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Entiendo sus reclamos, y los entiendo porque quieren tener esa educación pensada en la cuarta revolución industrial”, dijo el presidente.
El mandatario aseguró que el Gobierno, durante sus ocho semanas ha hecho las operaciones necesarias para liberar recursos y para tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia, que son alrededor de $4 billones.
De acuerdo con el presidente, el Gobierno tiene dificultades para satisfacer todos los anhelos en el tiempo que lleva su mandato y se comprometió a beneficiar la educación con el proyecto de reactivación económica que adelantan.
“El año entrante vamos a darle gratuidad en educación a 80 mil jóvenes y espero que al final del período podamos tener 400 mil. Espero darle más recursos a la universidad pública”, señaló Duque.
El jefe de Estado agregó que sería irresponsable acabar con ser Pilo Paga e indicó que el Gobierno va a pagar hasta el último matriculado de ese programa.
Es profesora y su trabajo también consiste en rescatar muchachos de la violencia. Se llama Alix María Valoyes y cuando habla de los estudiantes que tiene en la Institución Educativa Oficial Multipropósito ubicada frente al cerro de La Bandera, en la ladera occidental de Cali, puede pronunciar cosas así: “Todos los días se los peleamos al mundo violento. Le hemos quitado muchos…”
Hace quince años, al llegar a la Institución, la ‘profe’ identificó rápidamente el lío de convivencia que para ese momento provocaba la coincidencia de chicos que, bajo el uniforme, continuaban los enfrentamientos que sostenían en la calle. Muchos de ellos hacían parte de pandillas enfrentadas. Entonces ella empezó su propia lucha, que derivó en la estructuración de un proyecto para la resolución pacífica de los choques escolares y la estimulación juvenil.
Hoy esa iniciativa, que se llama Multipropaz, ha permitido que en la Institución funcione una emisora desde donde siguen trabajando en la resolución de conflictos a partir de la comunicación.
Y asimismo la profe insiste desde frentes complementarios: una huerta, un periódico, semilleros de paz, un curso de manejo audiovisual para sus estudiantes. Alix, además de todo, es docente de Física y Matemática. Nació en Cali. Sus padres son chocoanos.
Desde su puesta en marcha, Multipropaz impactó un promedio de 300 chicos por año. ¿Podría decirse, entonces, que sirvió para dirimir igual número de peleas? Quién sabe.
Lo cierto es que propició el cambio. Y ahora, con el apoyo de la Alcaldía de Maurice Armitage, a través de su programa ‘ Mi Comunidad es Escuela’, el proyecto se fortaleció con nuevos espacios y nuevos semilleros, como los semilleros de matemática. De 15 años, Christofer Blandón dice que gracias al esfuerzo de la profe, su comunicación con el mundo empezó a mejorar: “Siempre fui muy tímido e inexpresivo, pero los procesos en la emisora y en el grupo audiovisual han servido para que se produzcan cambios”. Christofer habla tres idiomas. Cursa noveno. Su sueño, tras hacer parte de Multipropaz, es estudiar comunicación social en la Universidad del Valle.
Para llegar a los chicos, explica la profe Alix, usan la estrategia de pares: los instructores y talleristas son los mismos estudiantes y, en ocasiones, egresados del colegio. Ronaldo Gutiérrez, por ejemplo, regresó este semestre para ayudar: “Doy un taller de autoestima donde podemos identificar nuestras habilidades, logros, miedos y valores. Si no nos reconocemos es casi imposible proyectarnos hacia el futuro”. Esa misma enseñanza, cuenta el muchacho, fue clave para encontrar el sentido de su vida: “Yo era una persona egoísta y egocéntrica, me preocupaba solo por mis cosas, pero con esto me di cuenta que quiero dedicarme a lo social. Estoy cursando Educación Popular en Univalle”.
Multipropaz, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, como una de las 10 mejores experiencias educativas en construcción de paz en toda Latinoamérica, y una de las 12 mejores experiencias en construcción de cultura de paz en Colombia, en 2013 y 2016 respectivamente.
El programa de la Alcaldía de Cali, ‘Mi Comunidad es Escuela’, comprende 22 proyectos que empezaron a ser ejecutados este año: entre ellos hay 17 de calidad educativa (ahí se cuenta el apoyo a Multipropaz) y 5 de infraestructura, que impactan a 170 mil estudiantes de las 91 Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad. “Destinamos una inversión de 500 mil millones de pesos, que no se había hecho anteriormente para mejorar la forma de enseñar en el aula y mejorar el clima escolar”, dice la secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate. “Con el Alcalde, estamos convencidos de esta apuesta: creer en Cali impulsada por el motor de la educación”.
Por esa razón la apuesta es una línea institucional global. De modo que ‘Mi Comunidad es Escuela’ también funciona gracias al impulso de las Secretarías de Cultura, Bienestar Social, Paz y Cultura Ciudadana, Deporte, e igualmente la integración del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic), y la estrategia de Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIO.
El alcalde Maurice Armitage dice que el esfuerzo está encaminado a convertir las Instituciones Educativas en puntos de encuentro para las comunidades: “Queremos que el muchacho se sienta orgulloso de su colegio, que el padre de familia se sienta orgulloso. Que se reúna socialmente con el vecino. Así vamos a lograr una ciudad mejor”.
Recorriendo el colegio de la ladera, la profe Alix muestra carteleras con información pegada a los muros. Y sobre la información, tachaduras de lapicero, bromas y grafitis en su cuota inicial. En otras carteleras, en cambio, donde hay fotografías que recuerdan los reconocimientos que tuvieron algunos estudiantes a través del proyecto Multipropaz, todo se conserva intacto: el curso de audiovisuales promovido por la profe ha recibido dos premios de periodismo local Alfonso Bonilla Aragón, en la categoría estudiantil, por sus realizaciones. “Acá las carteleras no duran nada, las rayan siempre; pero las de Multipropaz no las tocan. Hay sentido de pertenencia”, comenta la profe Alix.
Lejos de tener un proyecto perfecto –dice ella-, lo más importante es lo que ofrece a los estudiantes: “Que exista Multipropaz no quiere decir que no existan pandilleros, que no haya embarazos o que no haya pelea.
Quiere decir que existe una alternativa para los pelados”. La meta ahora, dice la profe, es que la experiencia se replique en otros colegios. Que se propague por cada comuna y corregimiento. La educación, cómo negarlo, es el camino.
“Con la educación viene la verdadera inclusión”
Un ‘Nuevo Amanecer’ es esperado por el barrio Potrero Grande, al oriente de la ciudad, cuando sea inaugurado el nuevo colegio planeado allí por la Alcaldía de Cali, con proyecciones para albergar a cerca de 440 estudiantes. La construcción está contemplada en ‘Cali con Escuelas Dignas y Seguras’, uno de los componentes de ‘Mi Comunidad es Escuela’. La meta de la Administración Municipal es tenerlo listo en 21 meses.
“En el barrio solo tenemos un colegio para 1.400 estudiantes, pero nosotros somos más de 32 mil habitantes”, dice Zoila Rosa Valencia, una de las líderes del barrio, explicando con esa simple cuenta la importancia del nuevo colegio. El área construida de la nueva institución será equivalente a cuatro piscinas olímpicas. Tendrá cobertura para preescolar y primaria, aulas para bilingüismo, sistemas y artes, además de una biblioteca. Para ello, la Alcaldía destinó una inversión de diez mil millones de pesos.
El nombre, ‘Nuevo Amanecer’, fue escogido por la propia comunidad tras una votación popular. “Es un buen nombre”, dice la señora Zoila: “El nuevo amanecer es empoderarnos como comunidad. Con la educación viene la verdadera inclusión”.
América del sur/Colombia/11 Octubre 2018/Fuente: Semana
Cientos de miles de estudiantes y profesores se tomaron las calles de todo el país en una jornada sin antecedentes recientes en Colombia. Más allá del reclamo por mayores recursos para la educación superior pública, lo sucedido este miércoles puede tener más efectos.
Colombia vivió una jornada histórica. Este miércoles, estudiantes y profesores universitarios de las principales ciudades del país salieron a la calle a marchar para exigir al gobierno nacional mayores recursos para financiar la educación superior pública en Colombia. Por lo menos, ese era su propósito.
La manifestación, convocada y liderada por el Movimiento Estudiantil Colombiano, contó con el apoyo de universidades privadas y movilizó a cientos de miles de personas en el país. En Bogotá se estima que 45.000 personas salieron a la calle y se concentraron en la plaza de Bolívar. El principal reclamo era el incremento a 4,5 billones de pesos el presupuesto para las instituciones de educación superior pública para 2019.
A pesar de algunos episodios de vandalismo, especialmente en Bogotá, la marcha de los estudiantes de este 10 de octubre se desarrolló en calma, despertó mucha solidaridad, y hasta transcurrió entre fiesta y carnaval. Una jornada que sin duda dejará varias lecciones.
1. En el presupuesto, la pelea es peleando y la plata no alcanza Al interior del gobierno, la pelea por la distribución del presupuesto de 2019 ha sido muy dura e incluso ha provocado tensiones entre varios ministros y el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Cada uno de los ministros ha tenido que ir a ‘pelear’ las asignaciones para el próximo año, pues el gobierno tomó la decisión de mantener el presupuesto de 259,7 billones de pesos que había dejado listo el gobierno Santos. El debate que se viene es muy duro si se tiene en cuenta un gran problema: el Estado está desfinanciado en cerca de 25 billones de pesos pues los gastos programados para el año entrante superan los ingresos previstos, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
2. Cumplir “los anhelos” de los estudiantes es casi imposible
El presidente Iván Duque contestó casi de inmediato a las protestas de los estudiantes. “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos”, dijo el primer mandatario. A pesar de que en esta oportunidad, el presupuesto de Educación ha sido el más alto de la historia, las cifras no son suficientes. En esta oportunidad, con 41 billones, el sector supera a otros que tradicionalmente se han llevado los mayores recursos del Estado como defensa (33,53 billones), salud y protección social (32,29 billones) y trabajo (28,52 billones). Sin embargo, el presidente reconoció que “tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno. Hemos hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado. Pero faltan recursos”. La discusión de más presupuesto para las universidades llega en un momento difícil para la economía y ad portas de una reforma tributaria. La ministra María Victoria Angulo dio una buena noticia en el debate este miércoles en el Congreso: al presupuesto de 3,8 billones de pesos proyectado para las universidades públicas en 2019 se suman ahora estos nuevos recursos, lo que implica que recibirán el próximo año 4,3 billones de pesos. Las universidades, por su parte, piden más de 15 billones, que es la brecha histórica que consideran se les adeuda.
3. Se vienen tiempos de apretarse el cinturón
La situación económica del país llevó al gobierno a pedir a cada una de sus entidades apretarse el cinturón y ajustar los gastos del próximo año, porque en últimas, el gobierno tendrá que administrar lo mejor posible el presupuesto. Esto implica que en todas las carteras, incluida la de Educación, las restricciones presupuestales son grandes. Este miércoles, durante la discusión del presupuesto del próximo año, los congresistas y el gobierno se pusieron de acuerdo para aumentar en 500.000 millones de pesos la asignación para las universidades públicas. La destinación de la partida adicional se distribuiría así, según la ministra de Educación: 223.000 millones de pesos irían para inversión en todas las instituciones de educación superior pública; otros 55.000 millones se destinarían para funcionamiento, 121.000 millones para el ejercicio anual de gratuidad y 101.000 millones para la línea de excelencia y méritos.
4. Los problemas de las universidades vienen de décadas atrás
La magnitud de las protestas estudiantiles permitió que por primera vez en mucho tiempo las cifras de la educación superior se pusieran sobre la mesa, y que fuera evidente la deuda histórica que tiene el país con estas. La principal explicación de la desfinanciación que viven se debe a la Ley 30 de 1992. Esta determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes, que se cuadriplicó en la última década al pasar de 159.000 a más de 611.000 estudiantes. Con esto, mientras los ingresos de las universidades públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo hicieron mucho más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las universidades entraron en cuidados intensivos a nivel financiero. Como bien le explicó el rector de la Universidad del Atlántico a SEMANA, las cargas se han desbalanceado. En el caso de esa institución, en 1993 tenían 5.913 estudiantes y hoy, 24.619. Eso significa un crecimiento de 316 por ciento. Sin embargo, en materia presupuestal recibían en 1993 52.538 millones, y hoy 129.233 millones. Es decir, un crecimiento de 124 por ciento.
5. La plaza pública sigue vigente…
No es la primera vez ni será la última que las movilizaciones sociales sean capitalizadas por dirigentes políticos. Pescar en río revuelto es un lugar común entre los políticos, y las marchas y los paros son especialmente terreno fértil para ese propósito. Desde días, incluso semanas atrás, fueron numerosos los congresistas que apoyaron la manifestación e invitaron a una masiva y pacífica movilización. De forma oficial, partidos políticos –especialmente de izquierda- como el Polo Democrático, Alianza Verde, Unión Patriótica, que históricamente han acompañado paros campesinos, huelgas de trabajadores, o toda clase de protestas sociales fueron los primeros en solidarizarse con la causa de la universidad pública y anunciaron su presencia en la calle. El hilo conductor entre los reclamos de unos y el rol de estos partidos políticos es la oposición al gobierno. Por eso, los dirigentes que este martes caminaron varios kilómetros en la marcha, al lado de los estudiantes, eran precisamente de estos partidos. Este miércoles se vieron caras reconocidas como las de Jorge Robledo y otros congresistas del Polo; Angélica Lozano, Antonio Sanguino de los Verdes; Aída Avella de la UP, por citar algunos. Era lógico que políticos de los partidos tradicionales no iban a ser bien recibidos si se asomaran a las calles.
Que los políticos traten de conectarse con la movilización espontánea es una conducta legítima. De hecho el objetivo de las organizaciones políticas es precisamente ser el puente entre la calle y el poder, los que originalmente deberían ser los encargados de tramitar los reclamos del ciudadano con los que manejan las riendas de la nación. Y aunque el escenario natural pueda ser el Capitolio, el ideal es la plaza pública.
6. …y Petro sigue siendo el rey
Y es allí, en la plaza pública, donde Gustavo Petro se mueve como pez en el agua, o si se hablara en términos deportivos, donde juega de local. Desde la semana pasada enviaba mensajes invitando a las “ciudadanías libres” a sumarse a la marcha de los estudiantes, y este miércoles se asomó en la plaza de Bolívar donde fue el político más aclamado, entre otras porque los demás no se acercaron a la tarima instalada para que intervinieran los líderes del movimiento estudiantil. Era lógico que tras una campaña presidencial tan reciente, en la que encarnó la imagen de la “esperanza” frente a lo que llaman el establecimiento, su presencia iba a ser saludada. También porque muchos de las reclamos de los estudiantes de la universidad pública los había enarbolado en el debate electoral, así como en el resto de su trayectoria política.
Pero en su caso, volvió a traducir una manifestación ciudadana como un respaldo a su figura, por lo que fue criticado. Una fotografía en medio de la multitud, mientras se acercaba a la tarima de la plaza de Bolívar fue rechazada por los propios manifestantes, que se opusieron a cualquier intento de hacer política con la marcha.
De hecho, los mismos estudiantes, en su gran mayoría, fueron los primeros en atajar cualquier intento de sacar provecho político con la manifestación, y aunque la marcha tenía como claro objetivo elevar una voz de protesta al gobierno y a sus políticas en materia de educación, el presidente Iván Duque también pretendió sintonizarse con ese mensaje en su discurso al cierre de la jornada: “La educación es de todos, no es de izquierdas ni de derechas”.
7. Las redes sociales sí logran mover a los colombianos
Aunque los estudiantes siempre han salido a protestar, sus clamores se escuchan hoy más que antes gracias a Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Durante todo el día, las tendencias de esas redes sociales giraron alrededor de la marcha. Una vez más, se demostró que la idea de que la indignación que se vive en las redes sociales no se traduce en hechos reales, se desvaneció. Miles de jóvenes se agolparon en las calles con el mismo clamor. A eso se suma que gracias a este megáfono la participación que tienen los políticos es más visible, y por eso la intervención de muchos congresistas en las manifestaciones, que también era usual en el pasado, tiene hoy más eco. Por otro lado, se volvió a demostrar que los mensajes originales suelen calar y permiten que los mensajes de causas históricas como la corrupción hace unos meses o como la educación esta semana, lleguen a personas que antes no se movilizaban. En esta oportunidad, Daniel Samper puso de nuevo la agenda con un video en el que él y la actriz Esperanza Gómez compartieron sus reflexiones sobre este problema.
8. La discusión de Ser Pilo Paga no se ha acabado
Uno de los primeros pulsos que tuvo el gobierno Iván Duque fue respecto al supuesto fin de Ser Pilo Paga. El presidente salió a desmentir esa interpretación y aclaró que lo que hará es reformular ese programa.»La cobertura exige que nosotros podamos incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad y decirles a las universidades privadas que también pongan», había dicho en uno de sus talleres comunitarios. Sin embargo, ese anuncio generó malestar entre las universidades privadas que tendrán que hacer ajustes para acomodarse a la nueva realidad de recibir menos dinero del Estado. La universidad pública, por su parte, resiente mucho que esos cuantiosos recursos que se habían destinado a esas instituciones, habrían podido subsanar gran parte del problema que viven ahora. Se calcula que el Estado le girará a los centros privados 2 billones de pesos más, para que los alumnos que fueron beneficiados puedan finalizar sus carreras. La clase empresarial, que había sido gran defensor de los pilos, también le ha pedido a Duque que este se mantenga. Por eso, en la pelea del presupuesto, el programa será un eje central. La ministra anunciará el nuevo plan el próximo 20 de octubre.
9. El dilema está entre cumplirle al pasado y apostarle al futuro
El problema del sector educativo se explica en que si bien existe un alto presupuesto, la mayoría está comprometido en rubros diferentes a las universidades públicas. Cerca del 70 por ciento va para financiar la educación básica y media y solo el 10 por ciento del total tiene como destino la educación superior. Esto significa que en educación, como en otros muchos sectores, el país ha tenido que escoger entre financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro. En términos generales, el 95 por ciento del presupuesto de educación va para funcionamiento (incluidos los pagos del FOMAG y los compromisos de primas que se negociaron para levantar los paros docentes) y tan solo el 5 por ciento se destina a inversión. El rubro de pensiones supera los 9 billones de pesos.
10. Educación versus defensa, los tiempos cambiaron
Gran parte de la explicación de que el país viva esta discusión con tal intensidad es que llegaron otros tiempos. Luego de la firma del proceso de paz, muchos temas que no tenían prioridad se convirtieron en el eje de la discusión del país, como sucede en cualquier democracia en la que no existe el conflicto armado. La educación es quizás el sector en el que se vive con más intensidad ese giro. El rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Martínez, por ejemplo, propone quitarle un billón de pesos a defensa y pasárselo a educación, ciencia, tecnología y medioambiente. “Seguir aumentando presupuesto para defensa en un contexto diferente no tiene mucho sentido desde nuestro punto de vista”, dice. Esa misma tesis fue la que sostuvo Gustavo Petro en su intervención en la plaza de Bolívar. El argumento de gastar más en la educación del futuro que en la guerra del pasado inspira y convoca a muchos.
América del sur/Venezuela/11 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy el compromiso de garantizar el acceso pleno a la educación superior, gracias a las políticas implementadas durante las últimas dos décadas por el Gobierno revolucionario.
A través de un mensaje en la red social Twitter, el mandatario destacó los avances alcanzados en el sector educacional tras la llegada al poder de la Revolución bolivariana en 1999.
‘Los logros alcanzados en materia universitaria durante dos décadas de Revolución son únicos, en contraposición a la privatización de universidades públicas en países con sistemas capitalistas y neoliberales. ÂíEn Venezuela, el derecho a la educación está garantizado!’, aseguró el jefe de Estado.
Maduro precisó en una reciente alocución desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) que en los últimos 20 años el Gobierno de Venezuela fundó 45 centros de altos estudios de carácter público.
A propósito del comienzo esta semana del período lectivo 2018-2019 en la educación superior, el presidente venezolano indicó que la matrícula en ese nivel de enseñanza asciende hoy a más dos millones 853 mil estudiantes, saldo superior en cinco puntos porcentuales respecto al curso anterior.
Señaló el mandatario que el 78 por ciento del estudiantado cursa sus carreras en las 69 universidades públicas existentes en la nación sudamericana.
Significó además que Venezuela invierte en el sector educacional el 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 10 por ciento del presupuesto global.
Maduro abogó por mantener la inversión pública en todos los niveles de enseñanza, así como alinear la formación de profesionales con las necesidades del desarrollo económico de la nación sudamericana.
El problema de fondo radica en que la forma de distribuir los recursos para universidades e instituciones técnicas y tecnológicas nunca cambió. ¿Hay forma de superar esta crisis?
Es cierto que el sector educativo cada vez tiene más peso en el presupuesto. Con el paso de los años ha aumentado el monto de recursos que se destina a esta cartera, de modo que entre 2010 y 2018 la inversión general para la educación pasó de 20,8 billones a 37,5 billones y por primera vez se destinaron más recursos para la educación que para la defensa.
Sin embargo, el sector sigue en déficit. Frente a la realidad, los recursos siguen siendo insuficientes y eso se traduce en dificultades financieras para las instituciones educativas públicas, que las han llevado a pedir auxilio y a manifestar su descontento.
Rectores, docentes y estudiantes saldrán a marchar este 10 de octubre en todo el país. Su argumento es que el déficit presupuestario de las universidades públicas es de 3,2 billones de pesos (solo para poder cumplir con el pago de docentes y gastos administrativos) y de 15 billones si se quiere mantener la calidad e infraestructura.
Pese a que sí hay un claro problema de desfinanciación, la falta de inversión se explica por varias razones que van más allá de la cantidad de recursos que se destinan en el presupuesto. Semana Educación lo explica.
Cobertura
A pesar de que la cobertura para el caso de las universidades públicas aumentó 284 por ciento entre 1993 y 2016, pues pasaron de tener 159.218 estudiantes a 611.800, los aportes que le da la nación a las entidades territoriales se continúan calculando sin tener en cuenta este crecimiento. ¿Por qué? La Ley 30 de 1992, que regula las transferencias de la nación a las universidades, ajustó los recursos con base en el Índice de Precio al Consumidor (IPC). Eso quiere decir que no hay un crecimiento del recurso, sino una corrección del dinero año tras año.
Vea en video las 10 razones por las cuales salen a marchar las universidades públicas
A eso se le suma que el presupuesto nacional asignado a educación superior pasó de destinar a las universidades públicas 55,7 por ciento en 2002 a 37 por ciento en 2016. Por lo tanto, Fernando Noreña, coordinador de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE, asegura que “la fórmula establecida en la Ley 30 de 1992 ha conllevado a que las transferencias de la nación hayan disminuido significativamente en la financiación de los presupuestos de las universidades públicas, teniendo que financiar el resto con recursos propios, lo que representa un riesgo de operación para estas”.
Los ajustes
Del total del presupuesto que la nación gira a las universidades, el rubro que más ha incrementado son los servicios personales, debido al aumento de cobertura, al sistema salarial y prestacional docente (Decreto 1279 de 2002); además, por el cumplimiento de sentencias en materia prestacional para docentes ocasionales, catedráticos y administrativos. Esto ha llevado a que las universidades, para atender los gastos de funcionamiento, “tengamos que reducir costos disminuyendo la participación de los docentes de planta, pasando en un promedio general de 75 por ciento de profesores de planta en 1993 a solo 34 por ciento a la fecha. Los docentes ocasionales son el 27 por ciento y los de cátedra, el 3 por ciento”, explica Noreña.
A esto se le añade un factor que hace más presión a las universidades, según Javier Botero, especialista de Educación Superior para Latinoamérica del Banco Mundial: “El salario va incrementando si los profesores de planta se forman en doctorado, maestría o si realizan alguna especialización, ya que estas premian con incrementos salariales la formación docente”.
A la fecha, 52 por ciento de los maestros de planta tiene maestría, 37 por ciento tiene doctorado, 8 por ciento especialización y 3 por ciento solo cuenta con formación universitaria. Pero, además, las universidades también están obligadas a otorgar puntos salariales si sus profesores de planta producen artículos científicos. “El Decreto 1279 de 2002 fue una medida que obviamente ha incrementado la producción científica, pero a costa del presupuesto de las universidades porque es un rubro que los aportes de la nación no reconoce”, expresa Botero.
¿Y la calidad?
Ahora, todo este esquema de financiamiento que no da abasto tiene un elemento adicional que no se ha tenido en cuenta. En este momento, el sistema universitario, en palabras de Noreña, no tiene presupuesto para mejorar las brechas de calidad de sus instituciones. Eso quiere decir que están atados de manos en cuanto a proyectos de infraestructura física, tecnología, bases de datos, etcétera, pues son temas que requieren inversiones adicionales periódicas que no están planteadas en ninguna parte.
Efectivamente, para cerrar esas brechas de calidad, el SUE realizó un estudio en el que se asegura que para que las universidades actualicen y fortalezcan sus estándares de calidad, se necesitan alrededor de 15 billones de pesos. “Le planteamos al gobierno la importancia de tener estrategias de inversión que nos ayuden a mitigar la problemática. De esas conversaciones nació en 2015 el impuesto sobre la renta para la equidad, CREE”, explica Noreña.
A partir de este impuesto ya existente y planteado en la Reforma Tributaria como Impuesto a la Renta y Complementarios, se dispuso alrededor de 325.000 millones de pesos anuales para realizar inversiones que empezaron a generar un impacto muy positivo en las IES desde 2015. Sin embargo, estos recursos comenzaron a destinarse prioritariamente a programas de créditos y becas. Según Noreña, “en la presente vigencia, solo se asignaron a las universidades públicas 100.000 millones de pesos de 650.000 millones recaudados, es decir 12,7 por ciento; el resto se invirtió en becas y créditos”. Para el presupuesto de 2019, a la fecha no existe partida en el anteproyecto de presupuesto que hace trámite en el Congreso de la República.
Eso mismo ocurrió con los recursos del 40 por ciento de medio punto del IVA establecidos en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 para el financiamiento de la educación superior pública, por el cual las IES públicas esperaban recibir cerca de 460.000 millones, tal como lo estableció la ley. Sin embargo, de allí se obtuvieron 195.000 millones de pesos que han permitido financiar parte de las necesidades descritas, pero los 270.000 millones restantes fueron nuevamente destinados a costear programas de becas-crédito.
¿Cómo siguen aguantando?
A pesar de que el gobierno saliente facilitó esta adición presupuestal para suavizar la falta de recursos, la comunidad académica asegura que aún son insuficientes, pues su evolución es inminente. Necesitan presupuesto para el impulso a la investigación, la formación de sus docentes, los programas de movilidad e internacionalización y la ampliación de la oferta educativa, en especial de doctorados.
Pero si las universidades están en bancarrota, ¿cómo siguen funcionando? Según Botero, es muy probable que las instituciones de educación superior estén haciendo las cosas mejor. Es decir, que ahora sean más eficientes y más profesionales con la manera de administrar y gestionar el recurso. “O que, por otra parte, ese déficit no sea del todo real, porque entonces no habrían aguantado más de 20 años”.
Sin embargo, algunos rectores consultados dicen que se han mantenido gracias a otras fuentes de financiación. Por ejemplo, las estampillas prouniversitarias que son impulsadas por los departamentos y aprobadas por el Congreso para invertir en infraestructura. En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por medio de esta estampilla recibió 1 por ciento de los contratos del Distrito hasta 2018, eso significó 200.000 millones de pesos más. “Ahora, con la nueva estampilla, contamos con el 1,1 por ciento, pero esta vez se incluyó a la Nacional”, explicó Ricardo García, rector de la Distrital. Los otros recursos provienen de servicios de consultorías y de otras estrategias que no representan una fuente permanente.
No todos los departamentos tienen los mismos recursos que Bogotá. Por lo tanto, algunos de los expertos consultados aseguran que es necesario revisar el esquema de financiación de la educación superior. No obstante se requiere un cambio de raíz, es decir, reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el fin de hacer una ampliación de la base presupuestal: el IPC más un porcentaje adicional. Pero, aunque esta es una discusión necesaria, es escandalosa, ya que al tocar esta ley se abre la puerta a otros cambios más difíciles de abordar como la calidad y la autonomía universitaria. Esto quedó demostrado con la propuesta de reforma fallida del expresidente Juan Manuel Santos en 2011.
A la luz de un nuevo gobierno, Botero asegura que este esquema que hoy asfixia las universidades públicas y a las instituciones técnicas y tecnológicas se puede reformar sin tocar la Ley 30. Por el momento hay una propuesta, que será presentada en los próximos meses por el Banco Mundial ante el MEN, tiene como objetivo hacer más eficientes los recursos e incrementarlos. Aunque Botero prefirió no dar más información por el momento, es claro que el sistema no da espera. Las manifestaciones ya se han empezado a sentir.
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