América del Sur

Por: Claudio Vilardo-Docente de Educación Media

Transitamos el claroscuro de la época conviviendo con los “monstruos” gramscianos hace ya varios años. Estos monstruos rememoran un pasado muy muy lejano, soltando proyectos, leyes y discursos agrietados por el tiempo, pero revitalizados por la crisis, tanto económica como de representación política. La “renovación” enmascara su expresión más decadente. Trabajar 12 horas legalmente, puede anunciarse como un proyecto de “modernización”, pero confiesa como el agua clara, la intención del régimen de imponernos un siglo de atraso.

El 9 de diciembre, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley de “Libertad educativa” trás reuniones con el Consejo de Mayo (Consejo de Mayo) . Muy probablemente filtrado intencionalmente días antes (Reformas en ciernes en educación. Análisis del documento “Ley de libertad educativa”), para medir reacciones opositoras y voluntades allegadas (Tribuna Abierta. “Ley de libertad educativa”: educación a la medida de la reforma laboral). Una suerte de pre-negociación. Con el viento de cola que le dió las últimas elecciones, y un peronismo dispuesto a entregar hasta las más elementales conquistas sociales, el futuro de la posible ley solo puede pesarse en la calle. Por ese motivo, creemos importante repasar de qué trata la reforma y qué objetivos persigue.

El proyecto

En la primera página del proyecto aparece ya su piedra de toque al leerse en el artículo 3, lo siguiente:

b) Rol preferente de la familia, como agente natural y primario que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos conforme a su identidad cultural y convicciones;
c) Subsidiariedad del Estado, que actúa como garante del derecho a la educación, asegurando acceso y validez, sin sustituir la responsabilidad familiar ni la iniciativa social;
Y así, los monstruos del claroscuro, arrían la bandera de sus adalides, Sarmiento y Alberdi, para izar la de Estrada, y retrotraernos a un debate pre 1420.

Si hay algo en que el proyecto hace énfasis, es en la subsidiariedad del Estado y el rol primario de la familia como agente natural para la educación. Y esta idea principal se reitera una veintena de veces durante sus 48 páginas. Pero, donde pareciera decir que “el Estado no debe imponer”, debe leerse “el Estado no se va a hacer cargo”. Recordemos que este proyecto sale de las luminarias que decían meses atrás que “Libertad es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”.

Por supuesto, hace siglos que la formación docente dicta que la escuela es sólo un agente más en la enseñanza. La educación, como la cultura, son eminentemente sociales y, cualquiera sea el núcleo familiar de una persona, tendrá una influencia decisiva en su formación. La escuela nunca suplantó -ni podría hacerlo- ese rol en su totalidad. Lo que sí debería garantizar la escuela es la socialización de las infancias y un crecimiento progresivo de saberes específicos. Y esto es precisamente lo que esta ley busca modificar y poner en lugar subsidiario. En buena medida, el problema es “de caja”.

Desde los discursos libertarianos, suele decirse que “nada es gratis”. Que la educación “gratis” no existe ya que “alguien la tiene que pagar”. Y, en efecto, son los trabajadores quienes producen las ganancias para pagar la educación. De hecho, la escala impositiva es bastante regresiva de modo que son quienes menos tienen los que más aportan a la educación.

Pero, volvamos al proyecto para ver hasta qué punto es un problema “de caja”, que no persigue en nada mejorar la calidad educativa de las mayorías. En primer lugar, se conserva la descentralización del gasto educativo:

Responsabilidad. Reconoce que la financiación de la Educación Básica es un deber de las jurisdicciones. El Estado nacional financia las acciones propias de la política educativa nacional en el marco de la legislación vigente. (Artículo 78, inc. d).

Se habilita a que cualquier institución, pública o privada, pueda formar parte del Sistema Nacional de Educación. Se entiende por Sistema Nacional de Educación al conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado, destinadas a que toda persona acceda a una formación integral y continua que la prepare para el ejercicio responsable de su libertad en la vida personal, social y cívica. (Artículo 2).

Para fomentar toda “empresa educativa” paraestatal, la Ley obliga a: Respetar y proteger la libertad educativa, la autonomía institucional y el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. (Artículo 13, inc. d). Esto promueve a que instituciones que quieran imponer un “ideario” y tengan la capacidad económica para hacerlo, tengan plena libertad de establecer una educación formal. Con el propósito de garantizar el derecho de los padres o tutores a optar por una educación acorde con sus valores y convicciones según el orden constitucional argentino, las autoridades jurisdiccionales deben implementar un sistema de aportes económicos regulares a las instituciones de Educación Básica privadas. (Artículo 80).

Sobre este punto, cabe resaltar que el derecho a la educación debe garantizar la pluralidad de contenidos (que menciona este proyecto una sola vez y al pasar), pero en este caso queda supeditado al ideario familiar. Suponer que la familia es “propietaria” de la educación de los menores, violenta la subjetividad de las infancias y las coloca en un rol completamente pasivo en el proceso de aprendizaje. Muy por el contrario al principio de “libertad” del que gustan esgrimir. Pero, principalmente, traslada a las familias la carga y responsabilidad formal y económica, de la educación.

Y, como todo el proyecto busca transformar un derecho en un bien de mercado, se busca que las escuelas adquieran la forma empresarial: Con el alcance y gradualidad que cada jurisdicción establezca para garantizar una transición progresiva hacia un esquema de gestión institucional y pedagógica autónoma… (Artículo 44). Esta idea responde al principio de “competencia” que, según los teóricos del mercado, haría funcionar mejor a las escuelas.

El Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades. Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje. (Artículo 83).

En todo el proyecto se explicita la idea de un financiamiento “al mérito”, aplicando indicadores y evaluaciones supuestamente “objetivas”. Pero la escuela no es el mercado. Financiar las escuelas más “demandadas”, genera una brecha, un desfinanciamiento sistemático de las escuelas más desfavorecidas, seguramente de TU escuela, ya que, en el mercado, nunca hay lugar para todos.

Por supuesto, de la mano de la “escuela-empresa” va de suyo el cercenamiento de derechos laborales para sus trabajadoras/es. Parte de esta ley es eso, y declara la esencialidad de la educación. A los efectos de la presente ley, la Educación Básica es considerada ser vicio esencial, debiendo garantizarse durante toda medida de fuerza o conflicto laboral la continuidad mínima del servicio educativo y el derecho de los alumnos a recibir educación. (Artículo 48).

Menos derechos para trabajadoras/es de la educación. Y menos derechos, también, para estudiantes, que verán habilitadas las puertas de salida del sistema educativo para ser reemplazadas por educaciones de segunda categoría.

a) Educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas;
b) Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje o Sistema Digitales Integrales… (Artículo 49).

Sumado a esto, las innumerables referencias al “derecho de admisión y permanencia de las y los estudiantes en los establecimientos.

Proyecto flojo de papeles

Es llamativo (aunque perfectamente comprensible) que la centralidad de este proyecto de ley educativa se ubique en “la familia” y no en las y los estudiantes. Y resulta comprensible, porque el proyecto no busca mejorar ninguna educación. Plantea, sin velos, una educación más segregada que la actual. No se trata simplemente de un recorte más, es un salto cualitativo en la futura conformación del entramado social. Por eso, no es una concesión menor cuando Grabois avala la “esencialidad de la educación” o cuando Cristina Fernández propone una “educación dual” para el futuro. Lo que se intenta recortar, es la educación de las hijas e hijos de la clase trabajadora.

En los años que la derecha evoca con nostalgia, de los conservadores de fines del siglo XIX, se saldó ese debate en un sentido completamente opuesto. Y, no está de más recordar que Argentina estuvo a la vanguardia mundial, con la gratuidad y laicidad de la educación. La contradicción resulta en que la escuela hoy “necesita” ser otra cosa de lo que fue. Así como en su momento, se necesitó de un Estado totalizante, que diezmara culturas enteras con tal de garantizar un ejército de mano de obra para el Capital en su época de expansión, hoy en día, los representantes políticos del Capital se golpean las cabezas contra las paredes de los ministerios para intentar administrar un sistema en el que no puede admitirse a todos. Más aún, en un sistema que requiere la expulsión deliberada de una porción muy grande de la sociedad, superflua para el Capital, hacia la precarización y superexplotación y -como contraparte- una minoría que requiere cada vez más científica y mejor preparada.

Se juega, pues, un retorno a la barbarie, un “descenso social”, al que llaman “libertad”. Ejemplos de “su” libertad los han manifestado públicamente: libertad de morirse de hambre, de despedir sin causa, de trabajar 12 o 14 horas. Lo que busca este proyecto, no se basa en ningún anhelo de libertad para las mayorías, sino en desligarse del gasto que implica el derecho a la educación.

¿Educación liberadora?

En todo el proyecto de “libertad educativa”, en ningún momento se emplea la expresión “la educación libera”. Claro que la educación no rompe cadenas de hierro, necesariamente, pero no existe “libertad” sin educación. Como tampoco existe libertad si hay opresión. Creemos que sí debe haber un cambio, pero en el sentido opuesto al que plantea este proyecto. Colocar el lugar del aprendizaje en la órbita de la “competencia” es lo contrario a construir conocimiento. Es, en definitiva, una escuela mucho más precaria. Por eso, es importante partir de rechazar este proyecto con toda la fuerza.

No basta con una oposición, sino que hay que poner en valor los lazos que la escuela genera, así como quedó demostrado en la gran marcha nacional educativa, en defensa de la Universidad Pública y en las tomas de universidades. Y, en paralelo al rechazo del proyecto de “Libertad educativa”, movilizar de manera contundente contra la reforma laboral, corolario necesario de una educación que buscan cada vez más precarizada.

https://www.laizquierdadiario.cl/Proyecto-nacional-de-Ley-de-libertad-educativa-Educacion-vs-Libertad