América del Sur

Las legislaturas deberían descartar proyectos y leyes discriminatorias y apoyar a los docentes.

Legisladores y otros funcionarios públicos del ámbito federal, estatal y municipal en Brasil han empleado estrategias políticas y jurídicas perniciosas con el fin de socavar, e incluso prohibir, la educación sobre género y sexualidad, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 77 páginas, “‘Sentí miedo; eso era lo que buscaban’: Medidas para prohibir la educación sobre género y sexualidad en Brasil”, analiza 217 leyes y proyectos legislativos presentados entre 2014 y 2022 que fueron diseñados para prohibir de manera explícita la enseñanza o la divulgación de contenidos relativos a educación sobre género y sexualidad, o prohibir la supuesta “ideología de género” o “adoctrinamiento” en escuelas municipales o estatales. Human Rights Watch también documentó acciones a nivel político orientadas a desacreditar o limitar la educación en género y sexualidad, impulsadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien personalmente amplificó este mensaje por intereses políticos, incluso de manera reciente en marzo de 2022.

“Estos intentos hostiles de suprimir enfoques integrales sobre educación en sexualidad responden a prejuicios y afectan los derechos a la educación y la no discriminación en Brasil”, explicó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch. “Los legisladores deben revocar las leyes y descartar los proyectos de ley que violen los derechos de niños y niñas y, en lugar de ello, asegurar que los estudiantes reciban una educación sexual integral, en consonancia con lo establecido por el derecho brasileño e internacional”.

Human Rights Watch entrevistó a 56 docentes de escuelas públicas, expertos en educación, representantes de departamentos de educación estatales y organizaciones de la sociedad civil. Las entrevistas con 32 profesores de escuelas públicas de 8 estados en Brasil revelaron que sentían incertidumbre y temían abordar las temáticas de género y sexualidad en el aula a causa de los esfuerzos políticos y jurídicos para desacreditar esos contenidos.

Diversos docentes señalaron haber sido hostigados por abordar cuestiones de género y sexualidad, incluyendo hostigamiento por parte de miembros de la comunidad y funcionarios electos. Algunos profesores enfrentaron procesos administrativos por tratar estos contenidos, mientras que a otros se los citó para prestar declaración ante la policía y otras autoridades.

A principios de 2020, Alan Rodrigues, docente de una escuela secundaria pública de Río de Janeiro, recibió un correo electrónico anónimo después de organizar una campaña contra la violencia sexual junto con sus estudiantes: “¡Pare con el adoctrinamiento a los estudiantes! ¡Lo dejamos pasar en 2019! ¡Los maestros como tú deberían morir! ¡Te estamos observando! ¡Solo te lo advertiremos una vez!”. Rodrigues denunció haber recibido amenazas desde 2014 por abordar en el aula temas relativos a género y sexualidad.

Virginia Ferreira, profesora de inglés de una escuela pública en Vinhedo, estado de São Paulo, fue acusada por funcionarios del municipio de “adoctrinamiento” y “menoscabo al aprendizaje de los estudiantes” tras haberle pedido a sus alumnos de octavo grado que investigaran sobre la violencia de género y el feminismo en ocasión del Día Internacional de la Mujer en 2019. Ferreira dijo que debió afrontar dos años de procesos disciplinarios, así como publicaciones y amenazas en las redes sociales con el fin de desacreditarla profesionalmente.

Docentes y expertos en educación afirman que las leyes y los proyectos legislativos, la retórica política y el hostigamiento generan un “efecto inhibitorio” en la predisposición de algunos docentes a conversar sobre temáticas de género y sexualidad en el aula.

Damares Alves, quien dimitió como ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en marzo de 2022 para postularse a elecciones, ha atacado la educación en género y sexualidad, y denunció el “adoctrinamiento” y la “sexualización” de niños y niñas.

Los ministros de educación del gobierno de Bolsonaro emplearon una retórica discriminatoria con el fin de desacreditar la educación sobre género y sexualidad. Milton Ribeiro, quien renunció en marzo luego de enfrentar acusaciones de corrupción, expresó que la educación sexual y de género es un “incentivo” para que la juventud tenga relaciones sexuales. Ribeiro también afirmó que los niños y niñas homosexuales provienen de “familias disfuncionales”. También hay otros antecedentes de ministros anteriores que formularon comentarios similares.

En 2020, el Supremo Tribunal Federal emitió una serie de fallos emblemáticos mediante los cuales derogó ocho leyes que prohibían la educación en género y sexualidad. El tribunal sostuvo que dichas prohibiciones cercenaban los derechos a la igualdad, a no ser discriminado y a la educación, entre otros. Al menos otros cuatros casos similares se encuentran en trámite.

El Supremo Tribunal Federal actuó como freno ante tales leyes, incluso en un período en que el presidente Jair Bolsonaro ha intensificado sus esfuerzos por intimidar al tribunal y ha amenazado e insultado a magistrados de esa institución, dijo Human Rights Watch. No obstante, algunos consejos municipales siguen aprobando leyes que prohíben la educación en género y sexualidad.

En marzo de 2022, por citar un ejemplo, la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, sancionó una ley que prohibió a los docentes brindar información sobre “ideología de género”, orientación sexual y derechos sexuales y reproductivos en las escuelas municipales.

En Brasil, funcionarios públicos electos y grupos conservadores han recurrido a la retórica de la “ideología de género” para impulsar alegaciones de que se “adoctrina” a niños y niñas en las escuelas con ideas “políticas” y “no neutrales” relacionadas con género y sexualidad. Al infundir el temor de que los niños y las niñas estén en riesgo, estos actores utilizan la educación como arma para lograr una ventaja política entre un segmento conservador de la población.

Las leyes y directrices educativas de Brasil, tanto en el ámbito federal como de los estados, exigen que se brinde instrucción en materia de género y sexualidad. Conforme al derecho internacional, el derecho de niños y niñas a la educación sexual integral es un elemento esencial del derecho a la educación. Básicamente, la educación sexual integral consiste en planes de estudio con rigor científico y apropiados según la edad que puedan contribuir a promover prácticas informadas y seguras para prevenir la violencia de género, la desigualdad de género, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.

Los altos niveles de violencia de género en Brasil, incluida la violencia contra mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBT, son indicadores de que existe una necesidad crítica de incluir esa formación en las escuelas, observó Human Rights Watch. Diversos estudios y expertos en educación vinculan la educación sexual integral con numerosos resultados positivos en las vidas de los jóvenes, como la postergación del inicio de la actividad sexual y el incremento en el uso de preservativos y métodos anticonceptivos, un mayor conocimiento sobre estrategias para prevenir la violencia sexual y de género, y actitudes positivas hacia la diversidad y la equidad de género.

Los legisladores de todos los niveles del gobierno de Brasil deben retirar de manera inmediata los proyectos de ley y revocar las leyes que cercenen los derechos de los estudiantes a aprender sobre género y sexualidad, apuntó Human Rights Watch. Los funcionarios del ámbito federal, estatal y municipal deben dejar de politizar la educación en género y sexualidad, y de utilizarla como bandera política.

El Ministerio de Educación y los departamentos de educación municipales y de los estados deben respetar las directrices y leyes vigentes, el derecho internacional de los derechos humanos y las decisiones del Supremo Tribunal Federal que protegen el derecho a la educación sexual integral. Como parte de esto, se debe asegurar que la dirección, docentes y el resto del personal de las escuelas comprendan y se sientan apoyados al enseñar y llevar a cabo actividades con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el tema.

“En definitiva, el uso indebido del género y sexualidad como estrategia política perjudica de manera directa a los jóvenes y docentes brasileños, que son quienes más necesitan esa información”, explicó González. “Brasil debe enfocar sus esfuerzos en procurar que todos los jóvenes cuenten con información inclusiva en materia de género y sexualidad, que es esencial para una vida segura y saludable”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2022/05/12/brasil-ataques-contra-la-educacion-sobre-genero-y-sexualidad