Perú / www.lanacion.com.py / 26 de Octubre de 2016.
El ministro de Educación Enrique Riera, participa en Perú como expositor del Coloquio Internacional “Educación y Desarrollo Hacia el 2021”, junto con otras personalidades tales como, el presidente de ese país Pedro Pablo Kuczinsky y el ministro de Educación, Jaime Saavedra, entre otros. El encuentro es organizado por la Universidad de San Ignacio de Loyola y culmina hoy martes.
Ante el selecto auditorio, Riera inició su ponencia diciendo que “Paraguay tiene un plan 2024 en Educación, buscamos una formación inclusiva y accesible a todos. Estamos enfocados en capacitar a reos, campesinos e indígenas en su propia lengua, como también implementamos los concursos públicos y la meritocracia en la educación”, declaró.
Mencionó que la política educativa pasa por formar jóvenes innovadores, capaces de improvisar, emprender y compartir con los demás. “Tenemos estructuras del siglo XIX, maestros del XX y alumnos del siglo XXI”, mencionó el titular del MEC.
Habló además de los avances que se están dando e hizo mención al RUE. “Desarrollamos un Registro Único del Estudiante, desde sus inicios hasta que egresa de la universidad y que nos permitirá ver de manera objetiva todo el historial académico del estudiante para tener diagnósticos certeros sobre este aspecto de la educación”, sentenció.
A su vez, Jaime Saavedra, titular de Educación del Perú, destacó que se tienen muchos retos y oportunidades en pro de la educación, “pero requerimos el compromiso de todos y como país tenemos que invertir mucho más y asegurarnos en incrementar los estándares de calidad”, dijo Saavedra.
El programa continua hoy con visitas a varias instituciones educativas de Alto Rendimiento, entre ellos el Colegio República del Paraguay y se estima también un encuentro con pedagogos y educadores.
Chile / entornointeligente.com / 26 de Octubre de 2016.
Presupuesto fiscal 2017 y reforma a la educación superior «…en los últimos cinco años se han revertido las prioridades y hemos comenzado a privilegiar la gratuidad en la educación superior a expensas de la ‘gratuidad’ en los colegios subvencionados…». Carlos Williamson B. Profesor Instituto de Economía UC Investigador Clapes UC El deteriorado panorama fiscal, con un presupuesto público 2017 deficitario de 3,3% del PIB, es decir, unos US$ 8.500 millones, y una deuda que sigue creciendo, obligan a poner paños fríos en algunos gastos de corto y mediano plazo que a estas alturas se ven irrealizables. Es el caso de la gratuidad en la educación superior, donde es urgente frenar su ímpetu. Hay dos razones. La más sustantiva es que la gratuidad está abriendo caminos que, por ahora, no estamos en condiciones de seguir transitando. Desde luego, porque la ampliación de la gratuidad reduce los espacios para el crecimiento del gasto en educación escolar, que es donde Chile necesita imperiosamente invertir para cerrar brechas sociales de inequidad.
Para tener un punto de comparación, en 2012 se gastaban en becas (gratuidad) en la educación terciaria US$ 1.500 por alumno y en subvenciones escolares, US$ 1.950 por alumno. El presupuesto 2017 consolida un cambio radical; compromete gastos en subvenciones escolares por US$ 2.250 por alumno, pero en gratuidad en la educación superior hay un salto significativo: el gasto se eleva a US$ 2.850 por alumno. Por lo tanto, en los últimos cinco años se han revertido las prioridades y hemos comenzado a privilegiar la gratuidad en la educación superior a expensas de la «gratuidad» en los colegios subvencionados.
La segunda razón es que la masificación en el acceso a la educación superior, sin duda que valiosa para jóvenes meritorios y vulnerables, no requiere de la gratuidad: quienes están en condiciones de ingresar a la educación superior de hecho acceden con el actual esquema de becas y créditos subsidiados. Sostener lo contrario es otro de los mitos que circulan.
Pero hay otras lecciones que se extraen del Presupuesto 2017. Desde luego, a pesar del salto en los fondos para gratuidad, porque se amplía la base, los aportes fiscales por alumno se mantienen y no alcanzan a cubrir los aranceles reales de los estudiantes beneficiados. Las universidades adscritas, como sucedió este año, deberán recurrir a ahorros o a deuda para financiar las brechas entre el arancel regulado y el arancel efectivo. Por otra parte, la desaparición del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) no se compensa con una transferencia equivalente, lo que merma los recursos disponibles, afectando especialmente a las universidades no estatales del G9, lo que no ocurre con las estatales que gozan de una línea especial de financiamiento.
Asimismo, el apoyo en ciencia y tecnología se mantiene estancado, postergando una vez más el compromiso asumido al comienzo de esta administración de inyectar nuevos recursos.
Esta realidad presupuestaria es un precedente que arroja luces para la discusión del proyecto de ley de reforma a la educación superior. Este proyecto sigue ampliando la gratuidad y transforma lo que, por ahora, ha sido una glosa en exigencias y gravámenes permanentes lo que puede conducir a una asfixia financiera en las universidades de mayor prestigio y trayectoria.
Aún no se conocen las indicaciones que hará el Ejecutivo a este proyecto en materia de financiamiento público y regulación. Solo se han hecho comentarios irrelevantes sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE). Nada se ha dicho sobre lo más preocupante: el proyecto de ley vulnera seriamente la autonomía económica y compromete la calidad al reducir las fuentes potenciales de financiamiento; por ende, es un proyecto defectuoso y necesita una reformulación profunda.
Chile / www.wlm otrador.cl / 26 de Octubre de 2016
Muchas son las personas que llegan a Chile en busca de trabajo y educación, pero al tener dificultades para regularizar sus documentos, afectan a la posibilidad de mandar a sus hijos al colegio como cualquier otra familia chilena.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece estándares mínimos universales que todos los países deben respetar sin considerar fronteras. Sin embargo, la Constitución chilena es clara al decir que los hijos e hijas de «extranjeros transeúntes», residentes pero indocumentados, a pesar de haber nacido en Chile, no pueden obtener un RUT, lo que les impide optar a servicios sociales básicos como salud y educación.
Pese a que esta normativa se cambió en marzo de 2014, según el Departamento de Extranjería, en términos de «criterio», en la práctica administrativa, no se ha asimilado lo necesario para cumplir con el estándar internacional y siguen apareciendo casos de discriminación, que dificultan aún más la adaptación de estos niños a su nueva realidad.
Este 27 y 28 de octubre se realizará el VII Congreso Regional de Educación Ambiental – CREA 2016, en la ciudad de Huancabamba, en donde se espera la participación de 350 personas aproximadamente entre las delegaciones de las 12 Ugeles, padres de familia, docentes, autoridades y alcaldes, además de expositores e invitados.
Este evento evalúa el enfoque ambiental que desarrolla el sector desde la escuela y la comunidad, siendo el mejor trabajo realizado que desarrolla cada institución educativa a lo largo del año, el que representa a la Ugel expone en el Congreso Regional de Educación Ambiental.
Este año el VII CREA tiene por lema: “Conservando los páramos y bosques de neblina, para una vida saludable”,y tendrá por escenario el salón parroquial San Pedro, y su carácter descentralizado busca sensibilizar a la comunidad educativa en su conjunto sobre la importancia de trabajar con las herramientas que el Sistema de Gestión Ambiental.
En esta ocasión ha comprometido su participación la municipalidad provincial, el empresariado local y los distritos, en la medida que esperan mostrar el trabajo que se realiza desde las instituciones educativas con los gobiernos locales. También mostrar las bondades turísticas y de desarrollo que tiene esta provincia
Ecuador / www.losandes.info.ec / 26 de Octubre de 2016
La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, representó al Ecuador en el Seminario Internacional “Hacia una mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que se desarrolló en México y fue organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Rosero socializó allí las políticas de desarrollo infantil e inversión en la niñez que ha llevado a cabo el gobierno durante estos 10 años y aseguró que se ha ratificado el compromiso con la infancia por medio de acciones que centran al ser humano por sobre cualquier otro interés. “Las políticas en Ecuador van de la mano con la inversión social», enfatizó.
Habló de la Estrategia Infancia Plena, que se ejecuta desde 2012 a través de un trabajo intersectorial y complementario de los ministerios de salud, educación y desarrollo con el fin de brindar una atención integral a la infancia desde el enfoque de derechos. “La inversión del sector social en Primera Infancia pasó de 307,4 millones de dólares en 2008 a 801,7 millones en 2015, es decir se invirtió 2,6 veces más”, manifestó.
En este punto, señaló que dentro de la estrategia se consideran los diversos contextos territoriales, la interculturalidad y el género, a través de la implementación de un modelo de articulación intersectorial que asegura el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a las niñas y los niños.
Otro de los ejes abordados fue la importancia de que en cada país el desarrollo no solo se centre en la infraestructura, sino también en la atención de calidad. En cuanto a la corresponsabilidad, Rosero indicó que esta es una de las falencias que aún existe en Ecuador, “para que toda política funcione, el Estado, la sociedad y la familia deben promover el desarrollo integral de las niñas y niños”, instó.
Entre los resultados de la estrategia Infancia Plena destacó la asesoría nutricional homologada, a madres, padres, cuidadores, y técnicos de instituciones gubernamentales; el monitoreo del consumo de micronutrientes- chispas en Unidades Operativa; la tecnología de Desarrollo Infantil Integral (TDII) para las y los funcionarios que prestan servicios en centros infantiles.
A esto se suma la formación continua a profesionales de primera infancia para fortalecer los servicios en sus distintas modalidades y la iniciativa de otorgar automáticamente cupos a niñas y niños de 3 años que son parte de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y el programa Creciendo con Nuestros Hijos, permitiéndoles acceder directamente a los servicios de educación inicial en las unidades públicas del sector
Según Rosero, Ecuador le apuesta a la construcción de un Estado garante de derechos y justicia “en donde se consolide el sistema de inclusión y equidad social a lo largo de la vida”, lo cual se encuentra instaurado en la Constitución, en donde se “establece que niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos comunes del ser humano además de los derechos específicos de su edad”.
Y dijo que para alcanzar los derechos óptimos es necesario “fortalecer las capacidades de todos los niveles de gobierno y caminar hacia objetivos conjuntos”. Además, manifestó que tanto la banca multilateral, como la cooperación internacional, pueden apoyar al Ecuador a mejorar las condiciones institucionales que le permitan cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El seminario, que se desarrolló el lunes y martes tuvo como objetivo proporcionar un foro para el diálogo e intercambio en donde los participantes abordaron los avances y los desafíos para el financiamiento público y privado de la Agenda Post 2015, en temas relacionados con la infancia.
Al encuentro asistieron representantes de América Latina y el Caribe; organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, empresas, centros de investigación, instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo regional.
Además estuvieron presentes miembros del Comité de los Derechos del Niño, y otros expertos internacionales de diversas organizaciones de la sociedad civil, así como centros de investigación de alto nivel, academia, y autoridades de Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en la región y en México.
26 de octubre de 2016 / Fuente: http://www.lanacion.com.ar/
Por: Eduardo Levy Yeyati
El avance de las máquinas en el mercado laboral dejará cada vez más trabajadores afuera; obliga a pensar en nuevas formas de protección social que ayuden a atenuar los efectos de la desigualdad tecnológica
Una línea invisible va de la innovación tecnológica a la sustitución del trabajo y de la falta de trabajo a la inequidad. Una línea que amenaza con convertir el sueño de abundancia de la cuarta revolución industrial en una distopía poscapitalista. El recorrido de esta línea invisible es más o menos así.
¿En qué consiste este ahuecamiento? En que si un robot hace por 5 pesos el trabajo que un trabajador de calificación media hace por 10, a este trabajador le quedan dos opciones: trabajar por 5 pesos o dejar su trabajo al robot. De modo que cae el salario o la cantidad de empleos (o ambas cosas) en ocupaciones digitalizables, ahuecando la demanda laboral en este segmento y empobreciendo a la clase media.
Y el proceso se acelera: drones inspectores y robots delivery, médicos digitales y cirujanos mecánicos, traductores y editores online, incluso ciberartistas y cibercompositores. Y no sólo en países desarrollados: por ejemplo, la gran apuesta china para recuperar su ventaja competitiva a medida que agota su arsenal de mano de obra barata es la robotización masiva de sus plantas.
Lo que nos lleva al final de la línea invisible: la implosión del capitalismo. ¿Cómo es esto? Los economistas sabemos desde hace mucho que los ricos consumen relativamente poco. Tienen de más, se saturan, ahorran para la vejez interminable, los hijos, la política, el legado. Por eso, si la economía se vuelve muy desigual, se empacha de ahorros y se estanca: si la empresa no tiene a quien vender lo que produce, no tiene por qué producir.
En un intercambio célebre (y probablemente apócrifo) entre Henry Ford II, dueño de la automotriz Ford, y Walter Reuther, líder de los trabajadores automotrices de los Estados Unidos, Ford decía: «Walter, ¿cómo vas a hacer para que estos robots paguen los aportes al sindicato?», a lo que Reuther contestaba: «John, ¿cómo vas a hacer para estos robots compren tus autos?». Más allá de la humorada, lo cierto es que el mismo sistema capitalista que sustituye empleo con robots necesita que los trabajadores sustituidos sigan consumiendo.
Una respuesta instintiva a este dilema de la abundancia sin empleo sería reducir la jornada laboral. Dividiendo, por ejemplo, cada empleo de 40 horas semanales en dos empleos, cada uno de 20 horas (un argumento similar al de la semana de 35 horas del socialismo francés de los años 80). Pero trabajar media jornada implica ganar medio salario. Por eso, aunque la jornada reducida ayuda a distribuir la menguante demanda de empleo, no termina de resolver el problema de la concentración del ingreso.
De ahí que hoy vuelva a surgir con fuerza, entre tecnólogos y pensadores sombríos, una idea a la vez antigua e innovadora: un ingreso universal que complemente un trabajo de menos horas y menos salario y que atenúe así la desigualdad tecnológica, a la vez que ayuda a sostener la demanda, motor esencial del capitalismo.
La Argentina es tierra particularmente fértil para implementar una propuesta de esta naturaleza, por dos razones, una negativa y otra positiva.
La razón negativa es que atrasamos en dos ejes esenciales: aún no incorporamos mucha tecnología (por lo que su impacto sobre el empleo aún está por sentirse) y tenemos un sistema educativo desactualizado que no está preparado (ni nos está preparando) para el empleo del futuro (ni para el del presente). Es cierto que la educación argentina está en proceso de cambio y que la tecnología puede generar en el futuro productividad y abundancia. Pero incluso una revolución educativa exitosa demorará en dar sus frutos y compensará sólo parcialmente la inequidad tecnológica. Y la distribución de la abundancia que tanto entusiasma en el discurso suele decepcionar en la práctica.
La razón positiva es que no estamos lejos. Un ingreso mínimo universal, el primer paso hacia el ingreso básico, sería la continuidad natural de estos 15 años en los que elevamos nuestro estándar de protección social: la sociedad argentina está preparada para abrazar este nuevo piso. Instrumentalmente, no parece tan difícil: ya contamos con asignación por hijo y pensión universales, y con asignaciones familiares y un seguro de desempleo remozado. Faltaría llenar los huecos (por ejemplo, haciendo que el seguro de desempleo convergiera al ingreso mínimo) y armonizar los programas (para evitar duplicaciones e incentivos perversos). Y, fundamentalmente, faltaría reformar el sistema tributario, para hacerlo más progresivo y extensivo, de modo de asegurar que los ingresos fiscales solventen el ingreso mínimo de manera permanente, ya que de nada sirve asignar anticipadamente recursos con los que aún no contamos.
No será hoy ni mañana; es un camino largo que hay que recorrer con visión y responsabilidad. Pero es un norte: en un futuro no muy lejano, el ingreso universal será un elemento esencial para alcanzar nuestro objetivo de prosperidad compartida.
Las 38 Universidades y 18 Institutos y Colegios Universitarios que conforman la Asociación de Rectoras
y Rectores Bolivarianos (ARBOL) con una matrícula de 2.700.000 estudiantes en todo el territorio
nacional, manifestamos públicamente nuestro total apoyo al Gobierno del presidente constitucional
Nicolás Maduro Moros y a las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las
cuales buscan alcanzar los fines esenciales, valores, principios y garantías definidos por la mayoría del
pueblo venezolano en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar la
continuidad y el desarrollo de los objetivos generales y estratégicos previstos en la Ley del Plan de la
Patria, 2013-2019.
En tal sentido, acuerda:
Apoyar incondicionalmente la decisión del máximo tribunal del país en el apego a la legalidad vigente y
la constitucionalidad del Decreto N.° 2.452 emitido por el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mediante el cual decreta el Estado de Excepción y Emergencia
Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden
constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y
ciudadanas habitantes de la República, a fin de adoptar las medidas urgentes, contundentes,
excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el
orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales
para la vida.
Apoyar el Decreto del Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional, entre
ellas, que la Patria se encuentra ante una guerra económica que afecta la producción, distribución y
abastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes y servicios indispensables para la vida y el
bienestar del pueblo, expresada en acciones coordinadas entre monopolios apátridas e intereses
extranjeros, que han impulsado la baja en los precios del petróleo, el contrabando de extracción
organizado, la escasez programada y el alza especulativa y generalizada de los precios de bienes y
servicios, causando malestar y graves daños a la población e impidiendo el disfrute pleno de sus
derechos, con el fin último de lograr objetivos políticos y económicos.
Apoyar incondicionalmente la decisión emitida por la Sala Constitucional de ordenar al Ejecutivo
Nacional la presentación del presupuesto nacional ante esa máxima instancia de la jurisdicción
constitucional, bajo la forma de decreto con rango y fuerza de ley sujeto a las normas y principios que
rigen la materia y al control constitucional, a fin de garantizar al Pueblo de Venezuela la estabilidad
económica y financiera para el ejercicio fiscal del año 2017.
Manifestar ante el mundo, que el pueblo venezolano continúa disfrutando sus derechos fundamentales
a la vida, a la información, al debido proceso y especialmente los derechos a la educación gratuita y a
elegir democráticamente a sus gobernantes, hecho que se comprueba con la realización de más de 19
procesos para la elección de cargos públicos (presidenciales, regionales, legislativos, municipales)
durante los 17 años de Revolución Bolivariana bajo la atenta mirada de observadoras y observadores
internacionales que han dado testimonio de la fiabilidad de todos ellos.
La publicación del presente comunicado en los medios de difusión de cada una de las Universidades,
Institutos y Colegios Universitarios agrupados en la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos
(ARBOL) y hacerlo llegar a las instancias nacionales e internacionales para recordar el derecho de nuestro
pueblo a elegir democráticamente su gobierno y a dirimir sus asuntos políticos internos dentro del orden
constitucional.
Nos declaramos en defensa permanente de nuestra Constitución, del orden constitucional vigente que
de ella emana, de la Paz, de la Democracia Participativa y Protagónica y de la Revolución Bolivariana,
contra todo intento de vulnerar su independencia, autodeterminación y soberanía.
Caracas, a los 23 días del mes de octubre de 2016.
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