América del Sur

Fuente CLADE / 27 de junio de 2016

El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país.

Actualmente, el artículo 212 de la Constitución brasileña determina que el gobierno federal debe aplicar en educación, anualmente, nunca menos del 18%, y los estados, el Distrito Federal y los municipios el 25% de los ingresos recaudados en impuestos. Este mecanismo de vinculación de recursos fue una conquista fundamental, que consta en las Constituciones del país desde 1934, y que fue suspendida únicamente durante los períodos dictatoriales.

La PEC 241/2016 que quiere instituir un nuevo régimen fiscal, también conocida como la “PEC del techo”, si se aprueba, reducirá fuertemente los recursos que se invierten actualmente en salud y educación, pues determina que el valor máximo para el gasto público en las distintas esferas de gobierno debe condicionarse al valor asignado el año anterior, corregido apenas por la inflación anual, tomando como base el año 2016. Esta regla se aplicará durante los próximos 20 años como mínimo, lo que suspende en la práctica la vinculación mínima de recursos que garantiza la Constitución.

La PEC, además, establece que, en caso de que el poder público extrapole el límite máximo de gastos públicos estipulado, estará prohibido de conceder aumento salarial o cualquier otro beneficio a sus servidoras/os públicas/os. Esta prohibición también abarca la creación de nuevos puestos, la apertura de concursos públicos e incluso la estructuración de carreras que impliquen en aumento de gastos.

Estas medidas que defiende el actual gobierno interino podrán afectar gravemente las mejorías y la ampliación del acceso que requiere el sistema educativo nacional, y el cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE). Por ejemplo, será imposible crear 3,4 millones de nuevas matrículas en la educación de la primera infancia, 700 mil plazas en la pre-escuela, 500 mil en la enseñanza fundamental, 1,6 millones en la enseñanza media, 14 millones en la alfabetización de personas jóvenes y adultas, 4 millones en la enseñanza técnica y profesional y 2 millones en el nivel superior. Asimismo, será imposible garantizar el pago del piso salarial del magisterio y promover la necesaria valoración de esta carrera profesional, así como implementar el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), que debería ponerse en marcha a partir del 24 de junio de 2016.

Según cálculos del profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) João Sicsú, el presupuesto para la educación en el año 2015 fue de 103,8 mil millones de reales (lo equivalente a 30,62 mil millones de dólares). De acuerdo a los límites para el gasto público que establece la PEC 241/2016, el mismo presupuesto hubiera sido de apenas R$31,5 mil millones (9,29 mil millones de dólares), lo que representaría un valor 70% menor. En concreto, si aprobada la nueva regla, habrá una interrupción de un proceso de crecimiento en el gasto educativo.

De 2008 hasta hoy, los recursos aplicados en educación aumentaron el 117% por encima de la inflación, y el año pasado superaron en un 28% el mínimo obligatorio estipulado por la Constitución. Ese crecimiento que venía ocurriendo tendría que sostenerse de modo a cumplir la meta del Plan Nacional de Educación que determina destinar el 10% del PIB para la educación hasta el 2024.

Además, los recursos que se retirarían de la salud y de la educación con esta PEC se gastarían en el pago de intereses y demás encargos de la deuda pública del gobierno brasileño, beneficiando a los bancos y creedores.

Por todas estas razones, rechazamos la actual propuesta del gobierno interino. Son medidas que fragilizan a la democracia, violando el principio de la no regresividad de los derechos humanos, y que aumentarán las actuales desigualdades económicas y sociales, afectando la calidad de vida y la dignidad de la mayoría de la población brasileña.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) apoya los posicionamientos recientes ya manifestados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en contra de la PEC 241 y demanda que el Congreso Nacional no apruebe esta propuesta. Además, convoca a toda la comunidad educativa y activistas por el derecho a la educación a que se opongan vehementemente a la PEC 241, con miras a garantizar las conquistas sociales alcanzadas.

Para más informaciones y adhesiones, envie un mensaje a fabiola@campanaderechoeducacion.org