América del Sur

Por Leandro Albani

El 2 de septiembre, las fuerzas armadas de Paraguay asesinaron a dos niñas argentinas en un supuesto operativo contra la guerrilla. El gobierno paraguayo busca reforzar la impunidad ante las crecientes denuncias por lo ocurrido.

“Es impostergable el desmantelamiento de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), que, en palabras de los propios pobladores del norte del país, tanto daño han hecho a las comunidades campesinas e indígenas”, afirmó a La tinta Lizzy Osorio, comunicadora y activista de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia del Paraguay.

De esta manera, Osorio se refirió a la fuerza responsable de los asesinatos de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos niñas argentinas, de 11 años, ocurrido el pasado 2 de septiembre en un supuesto operativo contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el distrito de Yby Yaú, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay.

Luego de que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez anunciara como un “éxito” el operativo, y de viajar hasta el lugar de los crímenes para tomarse fotos con los soldados, lentamente, se fue conociendo lo que el Ejecutivo tanto intenta ocultar: que las niñas fueron asesinadas, sus ropas cambiadas y enterradas, violando todas las leyes nacionales e internacionales.

Ante esta situación macabra, Osorio afirmó que “es necesario que la comunidad internacional, y me refiero tanto a instituciones como organizaciones sociales no sólo de la Argentina, expresen su solidaridad y se coloquen como observadores de estos hechos, de manera que se pueda esclarecer y aplicar las medidas necesarias para castigar a los responsables”.

Desde la cancillería argentina, ya se pidieron explicaciones al gobierno de Paraguay, aunque las respuestas, hasta ahora, fueron reticentes. Al mismo tiempo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó con dureza el operativo realizado por las fuerzas armadas paraguayas. La respuesta gubernamental a la ONU fue la negación del hecho.

—¿Cómo calificarías la postura del gobierno paraguayo con respecto al asesinato de las dos menores de edad argentinas?

—El gobierno de Abdo Benítez evidencia su política neoestronista y es la continuidad del régimen totalitario de Alfredo Stroessner, que no cayó en febrero de 1989, ya que sus fuerzas militares y toda la estructura siguen estando al servicio de los mafiosos, corruptos y asesinos. Lo sucedido en Yby Yaú fue un infanticidio, un crimen de lesa humanidad, que demuestra la magnitud de violación a los derechos humanos que estamos viviendo en nuestro país. Lo repudiable es que hasta el propio presidente festeje y catalogue como “exitoso” un operativo donde asesinaron a dos niñas. Ante esto, tanto Mario Abdo Benítez, los ministros de Defensa y de Interior, y el alto mando de la Fuerza de Tarea Conjunta son responsables de este hecho, que no debe quedar impune.

—¿Existe algún imputado o acusado en la justicia por los asesinatos?

—La Fiscalía General, como es una práctica en un Estado terrorista, no ha realizado ninguna imputación, pese a que estamos ante graves violaciones del derecho internacional. La actuación de los militares de la FTC supera toda racionalidad al manipular pruebas del sitio, al quemar la vestimenta de las niñas, que iban a contribuir con la investigación El gobierno, con el fin de querer tapar los hechos, rápidamente procede a enterrarlas sin siquiera identificarlas. Ante este ultraje, y gracias a la insistencia de la comunidad internacional, luego de tres días, se ha procedido a la exhumación de los cuerpos y el peritaje de los mismos, sin que la otra parte -abogadas, Cancillería argentina- tenga garantías de que las mismas no hayan sido torturadas por parte de los militares.
Es importante resaltar la complicidad del Poder Judicial con respecto a crímenes de la Fuerza de la Tarea Conjunta desde sus inicios, en 2013: atropellos con armas de guerra en instituciones educativas donde acuden niños campesinos, torturas a pobladores de los departamentos sitiados, restricciones para la realización de reuniones políticas, entre otros. Como antecedente, en la zona en la que hoy opera la FTC, se produjeron otros graves hechos, como el asesinato a una persona sordomuda por parte de la policía nacional, en 2012, alegando que era parte de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, hecho absolutamente desmentido por la comunidad que acompañó este lamentable caso.

—¿Cómo está reaccionando la sociedad paraguaya ante lo que ocurrió?

—Al igual que el régimen totalitario de Alfredo Stroessner, que tenía como característica instalar el medio y la zozobra en población, quedando como patrón cultural de la sociedad paraguaya, el gobierno fraudulento de Abdo Benítez coloca, a través de los medios empresariales de comunicación, un “enfrentamiento entre las FTC y dos guerrilleras”. Frente a esto, se observa un repudio ciudadano por la ejecución de estas niñas, sumado a que la supuesta inteligencia de las Fuerza de Tarea Conjunta dispone de un presupuesto anual que supera los 17 millones de dólares anuales, según la Sociedad de Economía Política de Paraguay. Esto sucede en un país en que su población pobre supera el 50 por ciento, con políticas de despidos y que se sostiene a base de ollas populares.

Estas expresiones de hartazgo de individualidades llevaron a acciones no violentas contra uno de los patrimonios culturales materiales de la capital del país. Esto desembocó a que esa misma clase política mafiosa, ese sector dominante como la Unión de Gremios de la Producción, entre otros, manifiesten su solidaridad con las paredes del Panteón de los Héroes, pero no así con las niñas asesinas.

Las organizaciones de derechos humanos, como la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, han solicitado a las instituciones públicas encargadas de velar por la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, a realizar todas las acciones para lograr una investigación amplia y eficaz, además de poner de vuelta en el debate público el rol de las FTC en el norte del país, y el carácter inconstitucional de las leyes de la Ley N° 5.036/13 que modifica y amplía la Ley N° 1.337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, ya que autoriza el empleo de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna.
—¿Cuál es la situación represiva general en Paraguay?

—El Estado paraguayo tiene una deuda, que pretende quedar en la absoluta impunidad, con respecto a varios crímenes cometidos durante la tiranía político-militar de Stroessner y los hasta ahora 31 años de la supuesta democracia, o “transición” como la llaman. Justamente, para no quedar en esa impunidad es la insistencia en la necesidad del juicio y castigo a los torturadores y perpetradores de estos atropellos a la dignidad humana.

Paraguay es un Estado terrorista por este tipo de actuar de las instituciones que deberían velar por la seguridad. Pero, al contrario, son quienes propician estos hechos con graves consecuencias en lo que respecta a violaciones de los derechos humanos.

El gobierno títere de Abdo Benitez ha profundizado la criminalización de la lucha social, la persecución y el hostigamiento a referentes campesinos y campesinas, indígenas, estudiantes, personas LGBTI+, presos políticos, entre otros sectores. La militarización del país, con el empleo de fuerzas como la FTC, el Grupo LINCE o civiles armados en comunidades indígenas y campesinas al servicio de la oligarquía, comprueba la situación de un Estado fallido. La tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes siguen acrecentándose en numerosas denuncias que presentan las organizaciones de derechos humanos.

—¿Cómo están actuando los grandes medios de comunicación del país frente al asesinato de las dos niñas?

—Los grupos empresariales de medios de comunicación están al servicio de la narcopolítica paraguaya. La concentración de los grandes medios está en manos de comprobados contrabandistas, como el ex presidente Horacio Cartés Jara y el Grupo A.J. Vierci, ambos relacionados con partidos tradicionales como la Asociación Nacional Republicana. Esto demuestra que, en Paraguay, se viola el derecho a la información objetiva y eficaz.

Desde la agencia mediática, no existe intención alguna de propiciar el esclarecimiento del asesinato de las niñas por parte de la FTC, sino que se impone la lógica oficial del discurso del gobierno de que esto se trata de “inteligencia y lucha contra el crimen organizado”, sabiendo que el crimen organizado es justamente perpetrado por esos mismos dueños de esos medios de comunicación.

La Tinta