Por: Khai Ring

El 1° de febrero de 2021, el ejército birmano derrocó al gobierno elegido democráticamente y detuvo a la Consejera de Estado, Aung San Su Kyi, bajo cargos falsos. En medio de la crisis del Covid-19, los niños y niñas del estado de Chin no tienen clases desde hace un año y medio. Mientras las Fuerzas Armadas utilizan las escuelas como bases militares y acosan a las organizaciones educativas no gubernamentales, los padres, maestros y estudiantes ven a la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia: “No necesitamos una educación militar esclava”.

 Seis meses después del golpe, la disposición de la Junta Militar para asesinar, mutilar y detener menores continúa siendo estremecedora. Desde junio, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) ha calculado que el número de víctimas menores de 18 años asciende a 72. Once de esas muertes han sido el resultado de heridas en la cabeza producidas por armas de fuego, lo cual indica la presencia de francotiradores en las marchas y protestas.

Más de 1000 niños han sido detenidos y dos fueron condenados a muerte luego de haber sido acusados de matar a un partidario del golpe. Los juicios se llevan a cabo en el marco del Estado de Sitio impuesto en marzo, el cual transfirió poderes ejecutivos y judiciales a los mandos militares regionales. En consecuencia, no se respeta el debido proceso. La AAPP registra dos niños asesinados en el estado Shan, uno en Kayah, uno en Mon y tres en Chin. Sin embargo, probablemente el número de muertes infantiles sea mucho más alto dada la dificultad de recolectar información en zonas habitadas por minorías étnicas, donde las edades de quienes fueron asesinados por la artillería militar y los ataques aéreos continúan sin confirmarse.

Los crímenes cometidos contra los menores son los actos más viscerales y obscenos perpetrados por la Junta Militar y quedarán grabados en la consciencia del Estado. A esto, debemos sumarle los niños desprovistos de atención médica y sin acceso a la educación. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de la Naciones Unidas ha mostrado su preocupación ya que una generación entera de menores se está viendo perjudicada por la crisis.

Asamblea escolar. En Paletwa, algunas escuelas están cerradas desde 2017 debido al conflicto en curso. Foto: DMG Newsroom

RECHAZO A LA EDUCACIÓN ESTATAL

Chin suele ser descrito como el estado más pobre y menos desarrollado de Myanmar. Aquí, la educación siempre ha sido una preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos. Junto al confinamiento por el Covid-19, el golpe provocó que los niños no tengan clases desde hace más de un año y medio. En el distrito de Paletwa Township, la interrupción educativa y el cierre de escuelas han provocado un fuerte descenso de la educación formal.

Cuando el 1° de junio, el gobierno militar ordenó la reapertura de las escuelas del país, el 90% de los niños no asistieron. Los padres se negaron a enviarlos a las escuelas de la Junta Militar: “No necesitamos una educación militar esclava”. Los docentes permanecieron comprometidos con la huelga nacional y el Movimiento de Desobediencia Civil, y muchas escuelas del estado Chin continuaron ocupadas por las Fuerzas Armadas.

En Chin, la situación de la educación se encuentra estrechamente relacionada a la idea de revolución. De los 9.667 docentes que trabajan en las 1.515 escuelas estatales, más de 4.000 han sido despedidos por la Junta Militar por haberse unido al Movimiento de Desobediencia Civil. Cuando las instituciones educativas abrieron sus puertas, no asistió ningún niño de los municipios de Kanpetlet, Mindat, Tonzang y Thantlang. El rechazo de los docentes y de los habitantes de Chin no es novedoso. El sistema educativo es considerado una imposición colonial: una herramienta de la opresión y de la asimilación cultural denominado “burmanización”.

Las estadísticas de rendimiento educativo en Chin muestran que la educación pública no termina de beneficiar a gran parte de un país que cuenta con 35 idiomas indígenas. La imposibilidad de enseñar en los dialectos maternos, la falta de financiación y una estructura educativa obsoleta han llevado a que las comunidades del estado Chin se encuentren en los niveles más bajos de escolaridad del país. Desde 2015, el porcentaje de aprobados fluctúa entre el 14% y 21%, muy por debajo del promedio nacional ubicado en el 33%.

La idea de que la educación es una esfera clave de la desobediencia civil a un gobierno dominado por la etnia bamar se encuentra fuertemente enraizada. La Fuerza de Defensa Chin en Mindat, una milicia compuesta por indígenas, ha dejado en claro cómo será evaluada la asistencia a la escuela durante el gobierno militar. En este sentido, el Viceministro de Educación del Gobierno “paralelo” de Unidad Nacional, Sai Khaing Myo Tun, declaró que a los docentes que no formen parte de la desobediencia civil les hacía falta “fuerza moral”.

Esta mirada es compartida por las organizaciones de la sociedad civil de Chin, tal como lo refleja el líder Salai Tuan Min: “A partir del golpe, todas las actividades llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil se han detenido. Algunos de los docentes se encuentran en huelga, otros con órdenes de arresto y algunos se están escapando. Como el lugar donde residen en las comunidades no es seguro, tratan de esconderse y escapar para salvar sus vidas. La educación es bastante secundaria comparado con esto”.

Niños comiendo en un campamento para desplazados en el municipio de Mindat. Foto: Comité de Gestión de Mindat.

UNA BRECHA EDUCATIVA INTERGENERACIONAL

El 1° de agosto se cumplieron seis meses del golpe. Mientras las escuelas continúan siendo utilizadas por el ejército birmano como bases militares, los docentes debieron darse a la fuga y, los pueblos y aldeas han sido evacuadas. Asimismo, el Covid-19 está arrasando los municipios del norte. Ante la ausencia de datos oficiales, las organizaciones de la sociedad civil de Chin contabilizan alrededor de 80 personas fallecidas desde agosto y más de 2.000 contagios desde febrero. Auxiliar con respiradores a los casos más graves se ha convertido en un desafío debido al deteriorado sistema de salud y las dificultades de acceso humanitario.

La falta de educación impacta psicológicamente en los niños indígenas y en el desarrollo de la región a largo plazo. Durante el asedio al pueblo de Mindat en mayo y junio, el ejército birmano utilizó las escuelas como base; atacó la infraestructura civil y bombardeó casas; detuvo y disparó arbitrariamente a la población; utilizó civiles como escudos humanos; y cortó el suministro eléctrico y de agua del pueblo. Todas estas acciones produjeron el desplazamiento de más de 10.000 personas.

El investigador de políticas educativas en Myanmar Salai Thawngsan señala: “Aquellos que deberían estar en las escuelas están huyendo y escondiéndose para salvar sus vidas. Sus opiniones podrán cambiar, pero será difícil hacer que piensen en regresar a la escuela como antes. Nunca volverán a ver a la educación como una actividad normal. Ven a la educación y la asistencia a las instalaciones escolares como un modo de apoyar las actividades militares”.

Mientras en Chin no abundan los recursos naturales, las reformas a las políticas de titularidad de tierras y el cambio climático han perjudicado los métodos tradicionales de sustento como la rotación de cultivos. Por lo tanto, el pueblo Chin había comenzado a ver a la educación como una herramienta de ascenso social y una estrategia de desarrollo local. “El estado Chin no es como otros lugares. Obstruir la educación es una forma de destruir nuestro futuro. Sin educación es difícil sobrevivir en Chin. En el pasado, el pueblo podía recurrir a la rotación de cultivos. En cambio, los jóvenes no tienen el conocimiento tradicional. ¿Qué podrán hacer sin educación?”, se pregunta Salai Thawngsan. La preocupación es que por el conflicto, la falta de educación y la imposibilidad de vivir de la tierra como lo hicieron sus padres, las nuevas generaciones migren hacia Malasia, Tailandia o India.

¿UN NUEVO AMANECER?

El gobierno paralelo ha diseñado un programa educativo domiciliario para aquellos padres que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas administradas por la Junta Militar. El programa va a existir en dos formatos, virtual y presencial, con el objetivo de alcanzar un mayor número de estudiantes. A largo plazo, se está diseñando un nuevo plan curricular que se apoya en la idea de una democracia federal, en oposición al actual sistema unitario del gobierno militar. El plan educativo también mantiene el pago de salarios a aquellos docentes que son parte del Movimiento de Desobediencia Civil.

No obstante, Salai Thawngsan sostiene que la utilización de plataformas virtuales, las clases por Zoom y los materiales descargables propuestos por el gobierno paralelo no funcionarán en el estado Chin ya que la conectividad a internet es muy baja y la disponibilidad de electricidad es limitada: “No tenemos una red de contención para la educación. Tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, pero no pueden trabajar. Al mismo tiempo, la conectividad es muy precaria, lo cual hace que la situación sea peor que en otras partes del país. Si bien el foco del gobierno paralelo es la virtualidad y la tecnología, en el estado Chin es muy difícil el acceso”.

Actualmente, el Consejo Consultivo Nacional de Chin, conformado por organizaciones que se oponen a la Junta Militar, no ha mostrado un plan para solucionar la crisis educativa. Junto al gobierno paralelo, debe enfocarse en el aprendizaje en regiones remotas y, reforzar los diálogos con los docentes y la sociedad civil. “Cada comunidad del estado Chin necesita pensar cómo educar a sus niños. De lo contrario, no habrá esperanza para el futuro. Incluso la comunidad religiosa debe priorizar este objetivo. No podremos hacerlo en cada aldea, pero necesitamos seleccionar lugares donde las aldeas puedan tener un acceso seguro”, señala Thawngsan.

Existe un refrán que se ha popularizado en las redes sociales: “La noche es más oscura antes del amanecer”. Aunque el país parezca estar en su hora más oscura, la comunidad educativa debe estar preparada para el retorno de la democracia. La sociedad post-golpe debe cumplir la promesa de “no dejar a nadie atrás” y permitir que los niños accedan a nuevas oportunidades a través de la educación.

Khai Ring, de la etnia Chin, es Director de Investigación y Políticas de una organización de la sociedad civil enfocada en la educación. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de políticas públicas y el aprendizaje basado en las lenguas maternas indígenas.

Fuente de la información e imagen: https://www.iwgia.org