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Guatemala: La hora del retorno

Por: Carolina Vásquez Araya

 

La esperanza no muere, pero conquistar espacios secuestrados es tarea difícil. 

La ciudadanía guatemalteca se debate entre el estupor y el entusiasmo por los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales, en donde se alzó la presencia de un candidato a la Presidencia cuyo perfil escapa por completo a la tendencia de la política doméstica actual. A pesar de la opacidad del evento electoral, Bernardo Arévalo, con el respaldo del movimiento Semilla -una fuerza política relativamente nueva- se alzó con la segunda posición y aseguró su participación en el balotaje a celebrarse en agosto. Atrás quedaron los candidatos financiados por la cúpula empresarial, por las organizaciones criminales y por el propio Estado, a través del saqueo perpetrado por las recientes administraciones.

Arévalo trae consigo la expectativa de cambio con una magistratura orientada hacia políticas sociales, marginadas desde hace generaciones. Esto contrasta de manera frontal con las propuestas tradicionales de partidos políticos de cacicazgo, carentes de ideología y cargados de compromisos con sus financistas. Las reacciones contra su presencia en el balotaje no se han hecho esperar y la derecha tradicional, aliada con el pacto de corruptos -que mantiene su hegemonía sobre todas las instituciones del Estado- ha iniciado contra este personaje una campaña de desprestigio cargada de odio.

Hijo de Juan José Arévalo Bermejo, un mandatario excepcional que dejó huellas profundas en el Estado de Guatemala, este candidato viene no solo con la carga de la herencia, sino también con el más difícil de los retos: imponer la decencia en la administración pública. Sin embargo, en caso de vencer en las votaciones de agosto, la tarea tendrá el gran obstáculo de enfrentar a una mayoría de congresistas aliados con la actual administración y con las fuerzas políticas más oscuras de los últimos tiempos, dificultándose de manera sustancial cualquier iniciativa tendente a la depuración de las instituciones actualmente secuestradas.

Para una gran mayoría de ciudadanos, esta será la hora del retorno. Retorno a la decencia, retorno a la institucionalidad, retorno a las esperanzas de desarrollo y retorno a la democracia. Guatemala merece la oportunidad de liberar a sus instituciones del daño perpetrado por una serie de personajes mediocres, quienes por medio del engaño se han apoderado de sus riquezas condenando a la población a la pobreza y a sus nuevas generaciones a una emigración sin esperanzas.

Las próximas semanas serán la prueba de fuego para este proceso lleno de incertidumbre y amenazas. Quienes hoy detentan el poder -a la cabeza su élite empresarial de pensamiento estancado en las prácticas de la Colonia- intentarán obstaculizar el arribo de Arévalo al poder. El miedo a la acción de la justicia será el incentivo para cometer toda clase de actos de intimidación, amenaza y provocación por medio de sus lacayos y sus centros de desinformación. Para ello cuentan con las inmensas fortunas robadas, durante décadas, a la población guatemalteca.

La gran expectativa es ver cómo la ciudadanía recupera el espíritu de lucha y logra rescatar su libertad de pensamiento, su energía positiva y, sobre todo, la certeza de encontrarse frente a un cambio trascendental y ser parte protagónica del giro histórico que se avecina.

La juventud tiene la oportunidad de dar un golpe de timón, ejerciendo su voto.

Fuente de la información: www.carolinavasquezaraya.com

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Guatemala: Ideología de la desconfianza

Ideología de la desconfianza

Por Carolina Vásquez Araya *

El ejercicio de la política no es sucio por sí mismo; su aura contaminada y opaca ha sido producto de un mal desempeño de quienes poseen la autoridad para tomar decisiones que afectan a la comunidad a la cual representan.

Es evidente que la política, como actividad y como sistema de gobernanza, es un recurso indispensable en la vida de cualquier sociedad organizada cuyo bienestar dependa de una visión inteligente sobre la distribución de sus riquezas, el equilibrio de poderes entre sus instituciones y la transparencia en la gestión de sus autoridades.

En nuestro continente, con su cauda de conflictos armados, violaciones de derechos humanos, sumisión ante el poder de imperios económico-corporativos y el generoso patrocinio de la droga a candidatos a gobernantes, la palabra “política” se ha ido transformando en sinónimo de corrupción. El abuso de autoridad y la violación impune de leyes y tratados, con la consecuente generación de una especie de ideología de la desconfianza cuya fuerza afecta al presente y futuro de las naciones, ha provocado un ambiente de escepticismo entre la juventud actual, la cual ya no cree -con mucha razón- en el sistema.

A los jóvenes no solo los han engañado una y otra vez, restándoles oportunidades de acceso a una vida mejor; también les escatiman las herramientas capaces de proporcionar información necesaria y confiable sobre las distintas opciones y sobre el escenario electoral. Los sistemas educativos -los cuales, de paso, dependen de políticas públicas- han sido empobrecidos para satisfacer los intereses de las élites económicas, las cuales dependen de empleos mal remunerados y de la imposición de su propia agenda.

A ello es imprescindible sumar el entarimado de leyes creadas por las asambleas legislativas a su propia medida con el fin de mantener el control sobre el poder político partidista, a espaldas de la ciudadanía. Estos sistemas han obstaculizado el acceso de líderes populares a las altas magistraturas, han impedido la reformulación de las leyes electorales y han criminalizado toda oposición utilizando un discurso populista con atisbos de las tácticas de la Guerra Fría. Es decir, el ejercicio de la política se ha ido consolidando como un arma de ataque contra las sociedades a las cuales debe rendir cuentas.

Son pocos los países de nuestro continente en donde todavía existen instituciones capaces de generar un nivel aceptable de confianza en el ejercicio del poder. Pero, en su mayoría, han sido invadidos por individuos incapaces, corruptos, aliados con las élites económicas y sometidos a la voluntad de países más poderosos, cuyos intereses priman por encima de los de nuestros pueblos. Esto, sin contar con las presiones de organizaciones criminales de narcotráfico, trata de personas y control de prisiones cuya presencia ominosa está infiltrada hasta en los más elevados estratos de los gobiernos.

Las primeras víctimas de este ambiente de escepticismo y pérdida de credibilidad son los procesos electorales. En ellos se evidencia con fuerza el desgaste de sistemas supuestamente democráticos que hoy no resisten el menor análisis. Es en estas supuestas “fiestas cívicas” en donde queda de manifiesto el grave empobrecimiento del poder ciudadano y la ausencia de propuestas políticas capaces de dar la vuelta de tuerca al desprestigio que hoy impera.

Un gobierno corrupto tiende claramente hacia el establecimiento de una dictadura.

(*) Periodista, editora y columnista chilena. Vive en Guatemala.

El Quinto Poder

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2023/06/ideologia-de-la-desconfianza-por-carolina-vasquez-araya/

 

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Guatemala: La política, ¿cosa de adultos?

La política, ¿cosa de adultos?

 Carolina Vásquez Araya

Desde la infancia nos han mantenido al margen de nuestro destino.

En algún momento de nuestra vida nos convencieron de las ventajas de abstenernos de la participación política. De hecho, nuestras sociedades y muchas alrededor del mundo, han mantenido a las mujeres al margen de esa actividad cívica, desde la cual se deciden las normas que afectan su presente y su destino. Del mismo modo, se ha impuesto toda clase de obstáculos al involucramiento de los jóvenes bajo la premisa de su falta de madurez, conocimiento o inteligencia suficientes para participar en este ejercicio tan complejo.

En esa sutil manipulación se intenta convencer a las nuevas generaciones de las supuestas ventajas de dejar las decisiones más importantes -como el manejo de la cosa pública- a los adultos experimentados. Así es como se ha conformado una especie de cártel político-partidista en manos de un puñado de individuos que se alternan en las cúpulas del poder y quienes, gracias a la marginación de las mayorías (mujeres y jóvenes representan más de la mitad de la población en todos nuestros países latinoamericanos) se han apoderado de los mecanismos eleccionarios.

En las próximas semanas, dos países de nuestro continente enfrentan elecciones generales: Guatemala, el 25 de junio y Ecuador, el 20 de agosto. Ambos con un historial político complejo y plagado de retrocesos y ambos, también, con una población mayoritariamente joven, femenina y con una amplia presencia de pueblos originarios, todos ellos deseosos de participar y marcar su protagonismo. El desafío para estas dos naciones ricas en patrimonio y en cultura, es romper las estructuras que les impiden avanzar hacia un desarrollo sostenible. Esa meta, sin embargo, se presenta obstaculizada por los elevados índices de desconfianza por parte de una gran proporción de sus electores, lo cual sin duda repercutirá de manera sustancial en los resultados de las votaciones.

La estrategia utilizada por los partidos tradicionales, en ambos casos, se ha basado en la premisa de mantener a la juventud alejada de la política, gracias a una educación exenta de los fundamentos teóricos esenciales para comprender sus complejidades. Es así como las grandes masas ignoran -por no haber tenido acceso- los textos constitucionales en donde se determinan la estructura y el manejo del Estado. Ignoran, por la misma excluyente razón, las bases ideológicas de sus representantes en las asambleas legislativas. Creen, porque así les han enseñado, que la política es una actividad reservada a unos pocos, contradiciendo de ese modo la esencia misma de la democracia.

Todo lo anterior revela hasta qué punto el ejercicio político se ha ido convirtiendo en un reducto hermético, blindado contra la enorme fuerza ciudadana residente en los grupos más afectados por su ejercicio: los sectores de infancia, juventud y de mujeres, representativos no solo de la mayoría poblacional, sino también de la clave del desarrollo y del bienestar general. En este reducto, ajeno a las aspiraciones de sus representados, imperan tanto intereses económicos de las élites como la infiltración de organizaciones criminales capaces de torcer, con un golpe de puño, los destinos de las naciones. La incorporación activa -empezando por los procesos electorales- de los grupos marginados, es la única acción capaz de enderezar esas líneas torcidas de la política secuestrada.

La participación activa de jóvenes y mujeres puede cambiar el curso de la Historia.

Fuente de la Información: https://www.aporrea.org/internacionales/a322550.html

 

 

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Guatemala: El lado correcto de las cosas

El lado correcto de las cosas

Carolina Vásquez Araya

Uno de los mayores misterios en el comportamiento humano es la tendencia ciega a aceptar como ciertos algunos arquetipos establecidos como verdades absolutas. Uno de ellos es aquel que nos indica en dónde está el “lado correcto”. Con este nebuloso orden de pensamiento, cuya validez no admite contraposición, hemos construido todo un sistema moral, político y social incuestionable y rara vez sometido a juicio. De este vago concepto han derivado, sin excepción, todas las formas de violencia bélica en las cuales se ha dado por legítima su dudosa pertinencia. El más preciso mecanismo de detección de esta trampa conceptual es la respuesta inmediata a la pregunta: “¿de qué lado estás y por qué?”.

El lado correcto de las cosas

Casi sin excepción, se puede percibir la impronta del desconocimiento histórico en tan amplios segmentos de las sociedades que, prácticamente, los cubre todos. La repetición de conceptos despreciativos como forma de demonizar al enemigo elegido desde un centro de poder al cual no tenemos acceso, para colocarlo en el foco de atención como el objetivo a destruir, ha sido una estrategia altamente efectiva.  De este modo se genera un sentimiento colectivo de respaldo a tácticas opuestas a la lógica tanto como a leyes y acuerdos sobre derechos humanos pero, sobre todo, se instala el factor emotivo capaz de anular la capacidad de los pueblos para cuestionar los motivos detrás de estas acciones.

¿Cuál es el mecanismo mental que nos obliga a adscribirnos a campañas que, con un pequeño esfuerzo de reflexión, rechazaríamos de manera tajante? ¿En qué etapa del desarrollo se considera válida la destrucción de una nación o el genocidio de un pueblo por motivos religiosos, económicos o geopolíticos a cuyas circunstancias no tenemos el menor acceso? Pero, lo más importante, ¿de dónde hemos obtenido la certeza absoluta de que hay un lado bueno y otro malo? Son estas las cuestiones a plantearse como un ejercicio de la más elemental sensatez, pese a que escarbar en las fuentes de información de las cuales no sabemos su confiabilidad, es un ejercicio de fuerza mayor y su acceso se reduce a unos pocos iluminados con habilidades complejas o posiciones de privilegio.

Es cuando viene al caso mencionar el desarrollo de la Inteligencia Artificial -IA-, como unos de aquellos avances espectaculares a los cuales ya nos tiene acostumbrados la industria de la tecnología. Es otro de esos brincos históricos que nos muestra -cual juego de luces- la maravilla de interactuar con una máquina capaz de responder a nuestras preguntas de modo coherente. Es decir, un pequeño brinco hacia la ciencia ficción.

La posibilidad de experimentar esta nueva herramienta, la cual funciona a partir de algoritmos, análisis de datos y reconocimiento de patrones -todo ello parte de un sistema creado por humanos- puede parecer interesante aun cuando tiene con el potencial de incidir en el establecimiento de patrones de pensamiento desde centros de decisión ubicuos, anónimos y ajenos al escrutinio público, pertenecientes a compañías poderosas con intereses particulares. El punto aquí es: ¿cuándo dejaremos de actuar deslumbrados por mecanismos desconocidos capaces de incidir en nuestro pensamiento? ¿Cuándo, por fin, seremos capaces de someter a juicio todo cuanto nos afecta?

Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/bloggers/El-lado-correcto-de-las-cosas-20230408-0001.html

 

 

 

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Guatemala: Los ladrones al poder

Los ladrones al poder

Carolina Vásquez Araya

Si durante la campaña electoral que ha comenzado -incluso desde antes de dar el toque de salida- el pueblo tuviera una bola de cristal capaz de mostrar el futuro, probablemente exigiría que los comicios se declararan desiertos, como se hace con los concursos en los cuales ninguno de los competidores tiene nada bueno que ofrecer. Es lo mínimo que puede esperarse de una ciudadanía harta de los abusos pero que no logra hacerse escuchar, ya sea porque su voz es inaudible o porque, simplemente, ni siquiera se ha manifestado explícitamente sobre la amenaza que se cierne sobre su destino.

Ya no es vergonzoso. Es aberrante la manera como algunos funcionarios, mientras saquean al país, se dan maña para construir todo un entarimado -supuestamente legal- con el propósito de impedir la inscripción de candidatos idóneos para los cargos de elección popular. ¿El motivo detrás de esas maniobras escandalosas? Muy simple: es porque esas opciones constituyen una amenaza contra sus intentos de mantenerse libres de una más que merecida acción de la justicia por los delitos cometidos a la sombra del poder.

Quienes han jurado defender la Constitución y las leyes, justifican sus actos de corrupción bajo el argumento de ser víctimas de persecución política, aun cuando es más que evidente cómo, durante las sucesivas etapas de mandatos presidenciales y parlamentarios, han logrado acabar con la poca credibilidad de las instituciones, apañar los delitos de sus cómplices en otras instancias y, lo que es aún más grave, han usado todos los mecanismos a su alcance para perpetuar su dominio sobre los recursos del Estado.

Las amenazas y atentados contra la libertad de prensa, por lo tanto, no son una mera casualidad, han surgido como respuesta a investigaciones y denuncias sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos durante su gestión, así como las maniobras perpetradas a la sombra -dado que ni siquiera se cumple con el libre acceso a la información pública- con las cuales se pretende ocultar delitos cuyos castigos -de existir justicia- llevarían al Presidente, su gabinete y sus cómplices en las Cortes, directo a la cárcel.

Mientras el gobierno de Guatemala se blinda contra cualquier intento de retornar hacia un régimen democrático, como demuestra el esfuerzo de partidos de oposición para llevar a las elecciones a candidatos con un perfil acorde con las necesidades de cambio, el mandatario y sus huestes protegen a lo más granado de la podredumbre política: candidatos aliados con las organizaciones criminales (narcos, traficantes de personas, saqueadores del Estado y otras joyas de catálogo). Eso, porque ha sido tal el abuso de poder de las dos últimas administraciones, que solo transando con ese tipo de candidatos mantendrán la impunidad sobre sus actos.

Por eso y mucho más, su arma se ha centrado en el encarcelamiento o el exilio forzoso de quienes -desde la prensa o desde el sistema de justicia- representan voz de alerta, denuncias basadas en hechos comprobables o acciones decididas contra quienes han hecho de los actos de corrupción un remedo de gobierno. Guatemala merece una limpieza a fondo de las lacras que la conducen al desastre total. Los listados de candidatos a cargos de elección popular demuestran que el país ha alcanzado ya la más profunda degradación política.

Guatemala se debate impotente ante la realidad de un sistema colapsado.

Carolina Vásquez Araya

Periodista y analista política chilena, con más de 30 años de experiencia. Radica en Guatemala. Su columna se publica desde 1993 en el periódico más influyente de Guatemala y está centrada en derechos humanos, justicia, ambiente, derechos de la niñez y violencia de género.
Visite su bitácora en: https://carolinavasquezaraya.com

Fuente de la Información: https://www.aporrea.org/actualidad/a320296.html

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Guatemala, la batalla de los pueblos originarios por la ciudadanía

Guatemala, la batalla de los pueblos originarios por la ciudadanía

OLLANTAY ITZAMNA

En otras palabras, la negativa del Estado de Guatemala de permitir derechos políticos a indígenas y campesinos, y la acción ante tribunales y en las calles por parte de comunidades y pueblos originarios en Guatemala, es un asunto mucho más trascendente que el “simple” hecho de permitir o no la participación a indígenas en una contienda electoral. El asunto devela la situación real de la ciudadanía o no para las grandes mayorías del país. Y esto, a su vez, manifiesta la condición antropológica o no de las grandes mayorías de Guatemala.

El pasado 16 de febrero, miles de indígenas y campesinos de origen Maya y Xinca, junto a colectivos mestizos, desde las 6 de la mañana, ocuparon y protestaron en cerca de 20 puntos geográficos del territorio nacional exigiendo la restitución del ejercicio de sus derechos políticos de “elegir y ser electos como gobernantes” en un país con mayoría demográfica indígena.

Desocuparon los caminos tomados, al promediar el medio día, anunciando que volverán en unos días con más acciones colectivas de protesta por el reconocimiento de su ciudadanía en un país cuyos ancestros estuvieron desde antes de la Colonia española y, por supuesto desde antes de la actual Colonia republicana.

¿Qué ocurrió?

En Guatemala, con más 44% de población indígena (según censo nacional 2018), están abiertas las elecciones generales para junio del 2023. Allí se elegirá presidente, vicepresidente, 160 diputad@s, 20 representantes al PARLACEN y 340 alcaldes municipales y consejales.

Los pueblos originarios y campesinos de Guatemala, al igual que en el resto de los países del Continente, en los doscientos años de República, jamás participaron con organización política propia, ni candidaturas propias, en ninguna elección general.

En 2016, las comunidades rurales organizadas en resistencia, frente a los abusos de las corporaciones extranjeras en sus territorios, articulados en el movimiento CODECA, decidieron crear su propia organización política para participar en las elecciones, llegar a ser gobierno y realizar “cambios estructurales en el país racista”.

En 2018, las comunidades en resistencia, lograron crear e inscribir en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP. Lo denominaron instrumento político.

En 2019, sin tiempo y sin recursos económicos, participaron en las elecciones generales, y ocuparon el cuarto lugar con su candidata presidencial Thelma Cabrera, originaria maya mam. Pero, de manera asombrosa, el TSE únicamente les permitió una diputación en el Congreso de la República.

Desde entonces, las comunidades y pueblos en resistencia continuaron organizando, formándose bajo su horizonte del Estado plurinacional y el Buen Vivir, con la ilusión de ser por primera vez en la historia de Guatemala “ciudadanos plenos” con derecho a elegir y ser electos.

Elecciones generales 2023. TSE les impide participar con candidatura propia

Llegó el proceso electoral 2023. MLP, cumpliendo todos los requisitos exigidos por Ley, realizó su Asamblea Nacional para ratificar sus decisiones comunitarias, proclamó a Thelma Cabrera y a Jordán Rodas (ex procurador de Derechos Humanos) como su binomio presidencial. Pero, para sorpresa nacional e internacional, el TSE se niega a inscribir dicha candidatura argumentando: “invalidez del finiquito” de Jordán Rodas.

El finiquito es un documento filtro que Contraloría de Cuentas extiende a funcionarios públicos certificando que el portador carece de cuentas pendientes con la Ley. Y, efectivamente, según portal web, el finiquito de Rodas existe, y está vigente.

MLP coloca al Estado de Guatemala entre la Ley y las calles

Ante esta situación el MLP, decidió colocar al TSE, y al propio Estado, entre la “Ley y las calles”. Realizan todos los procedimientos de amparos legales ante tribunales correspondientes, pero al mismo tiempo, las comunidades en resistencia se autoconvocan para tomar las calles exigiendo el “reconocimiento de la cualidad de ciudad de indígenas y campesinos”.

Ahora, el Estado de Guatemala, mediante su aparato judicial, se encuentra en una encrucijada histórica: O anula legalmente la cualidad de ciudadanía que en teoría había otorgado a indígenas y a campesinos del país en 1953 (Decreto n. 900, liberación de la servidumbre indígena), o ratifica la ciudadanía plena a indígenas y campesinos, permitiéndoles participar en las elecciones 2023, con muchas posibilidades de ser gobierno. En cualquier caso, las élites fácticas del país se encuentran en situación difícil.

Exigen reconocimiento real de su ciudadanía

Indígena campesino, junto a su comunidad, en la toma de caminos, exigiendo inscripción del binomio presidencial de MLP

Portavoces de MLP, en reiteradas oportunidades expresaron: “Nosotros no somos electoreros. No queremos sólo ganar elecciones, y ser gobierno. Nosotros queremos realizar los cambios hacia un Estado plurinacional para el Buen Vivir mediante el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.

Es estas palabras, y en las acciones colectivas que realizan, lo que propugna MLP es el reconocimiento de la ciudadanía plena para indígenas y campesinos que, en los hechos, jamás fueron reconocidos como ciudadanos con derecho a elegir, ser electos y a ejercer función pública. El o la indígena, en los hechos, para existir para el Estado, estaba obligado a guatemaltizarse: dejar su idioma y hablar castellano, cambiar su apellido indígena por uno mestizo, asumir estéticas y hábitus misticriollos…

En otras palabras, la negativa del Estado de Guatemala, mediante el TSE (ente llamado a promover la ciudadanización universal y democratización plena del país), y la acción ante tribunales y en las calles por parte de comunidades y pueblos originarios en Guatemala, es un asunto mucho más trascendente que el “simple” hecho de permitir o no la participación a indígenas en una contienda electoral. El asunto devela la situación real de la ciudadanía o no para las grandes mayorías del país. Y esto, a su vez, manifiesta la condición antropológica o no de las grandes mayorías de Guatemala.

Porque si se les niega la cualidad de ciudadanía (impidiéndoles el derecho a elegir y ser electos, ejercer función pública), se les niega la cualidad humana. En la lógica occidental, sólo los humanos pueden elegir, ser electos, y ejercer función pública. No los animales, ni las plantas… Entonces, en Guatemala, las y los indígenas, ¿Son ciudadanos? ¿Son seres humanos? Ésta son algunas cuestiones de fondo.

 

Fuente de la Información: https://ollantayitzamna.com/2023/02/18/guatemala-la-batalla-de-los-pueblos-originarios-por-la-ciudadania/#more-3696

 

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Ni olvido, ni perdón

Para mí, el 8 de marzo no es un día de saludos y parabienes. Es un día para conmemorar una de las tragedias más crueles e impactantes ocurridas en nuestro continente: la condena a muerte de 56 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, perpetrada por el Estado guatemalteco bajo la presidencia de Jimmy Morales, quien dio directamente la orden de mantenerlas encerradas y de ese modo las condenó a una muerte atroz, quemadas vivas.

Ese día, el Congreso permaneció en silencio. También la Corte Suprema de Justicia, la Policía y el Ministerio Público. Todos cómplices de un acto incalificable. Las pantallas de televisión lo mostraron todo en detalle pero, hasta la fecha, los culpables han escapado a la acción de la justicia, comenzando por el ex mandatario.

Durante los días subsiguientes, los comentarios se dividían entre quienes experimentaban el horror por la tragedia y quienes, haciendo eco de los prejuicios atávicos de una sociedad dividida, culparon a las víctimas por su propio holocausto.

Esas niñas, como había denunciado la periodista Mariela Castañón en detallados reportajes en el diario La Hora, eran víctimas de abusos en una institución administrada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, cuya misión es proteger a niños y adolescentes de una situación de maltrato y abandono.

En denuncias posteriores, se comprobó que las niñas eran violadas y sufrían castigos extremos, además de privación de alimentos y atención en salud y educación. También se denunció que ese centro se había transformado en un sitio de tráfico sexual, en donde las internas eran sometidas a la prostitución y el silencio.

Esto sucedió un 8 de marzo y no podemos olvidarlo. Ese día 41 niñas murieron calcinadas y apenas 15 sobrevivieron, si acaso se puede llamar supervivencia a la condena de vivir cubierta de quemaduras y con graves consecuencias físicas y psicológicas y quienes, como colofón al abuso sufrido, han recibido amenazas para impedir que hablen sobre los verdaderos hechos que las llevaron a protestar.

El 8 de marzo no es un día de felicitaciones ni mensajes edulcorados. Es una fecha para recordar cuánto camino falta para alcanzar la igualdad de derechos, para detener el abuso contra mujeres, adolescentes y niñas en un marco de sociedades patriarcales indiferentes a su situación de inequidad. El 8 de marzo es un día para avergonzarnos por nuestra sumisión ante un sistema patriarcal, retrógrado y perverso.

Es hora de asumir nuestra responsabilidad en este escenario de injusticia y luchar contra la falta de sensibilidad humana de quienes, desde el poder, permiten tragedias como esta.

Fuente: https://rebelion.org/ni-olvido-ni-perdon-3/

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