Centro América

Puerto Rico / www.elnuevodia.com / 24 de Mayo de 2017

La paralización de procesos en el pleito Rosa Lydia Vélez preocupa a los padres y madres de niños con impedimentos

“Educación tiene una sentencia, tienen multas, sanciones, una monitoría y aún así incumplen con dar servicios adecuados, ¿qué pasará ahora que el pleito está paralizado?”, dijo la portavoz del Comité de Padres de Niños con Impedimentos, Carmen Warren. (Teresa Canino)

El secretario asociado de Educación Especial del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, aseguró ayer que los servicios a los estudiantes con impedimentos y condiciones de salud no se verán afectados a raíz de la paralización de los procesos que se llevan a cabo en el tribunal en torno al pleito de clase Rosa Lydia Vélez.

“Lo que está sucediendo ahora en el tribunal no impacta la operación actual de Educación Especial, es un asunto judicial. Tanto la secretaria de Educación (Julia Keleher) como este servidor tenemos un compromiso con la continuidad de los servicios a nuestros estudiantes”, expresó Ramos Parés.

El viernes pasado, el Departamento de Justicia -que representa a Educación en el pleito de clase- notificó que el caso se paralizaría a raíz del proceso de reestructuración de deuda en el que entró el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley federal PROMESA. Dicha legislación establece una paralización automática de todas las reclamaciones contra el Estado radicadas antes de la fecha del 3 de mayo, día en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acudió al tribunal para iniciar el proceso.

Padres, madres y encargados de estudiantes de Educación Especial han expresado preocupación por las implicaciones de esta paralización, que abarca tanto la fase interdictal -la cual obliga a Educación a dar servicios adecuados e incluye una monitoría constante de estos- y la fase de reclamación de daños.  Existe una preocupación particular por la continuidad de los servicios que ofrecen mediante el recurso extraordinario conocido como remedio provisional, una alternativa que fue creada precisamente por una orden judicial como parte de pleito de clase.

“Educación tiene una sentencia, tienen multas, sanciones, una monitoría y aún así incumplen con dar servicios adecuados, ¿qué pasará ahora que el pleito está paralizado?”, sostuvo la portavoz del Comité de Padres de Niños con Impedimentos, Carmen Warren.

La Secretaría Asociada de Educación Especial tiene la responsabilidad de proveer evaluaciones, pruebas y terapias -lo que se conoce como servicios relacionados- a los estudiantes que así lo necesiten. Cuando no puede ofrecer los servicios relacionados a través de los proveedores que tiene contratados, los padres pueden contratar especialistas para que los provean y Educación paga por ellos a través del remedio provisional.

El remedio provisional se creó en 1992, pero desde 1997 es administrado por Educación, forma parte de la estructura de la agencia y es costeado con sus fondos, destacó Ramos Parés. Ante esto, el funcionario sostuvo que la paralización judicial no impactará las terapias de los menores.

“No tenemos planes de detener absolutamente nada, vamos a seguir cumpliendo con los servicios a los niños”, expresó el secretario asociado. “La quiebra nos permite mantener la continuidad de los servicios. El hecho de que el Estado haya pedido a la Junta la intervención del tribunal en este proceso nos permite continuar pagando y dando servicios”, añadió Ramos Parés.

No obstante, esto no tranquiliza a los padres y encargados de estudiantes de Educación Especial, pues el aviso presentado por el Departamento de Justicia es “sumamente amplio”, expresó el representante legal de los demandantes en el pleito de clase, José Torres Valentín.

“Una de nuestras preocupaciones es saber cómo el Gobierno entiende la paralización. El propósito e interés del Gobierno es, en la medida de lo posible, mantener los servicios a los estudiantes de Educación Especial, es lo que han dicho. En cuanto al aspecto técnico y judicial, eso lo continuamos evaluando”, indicó el abogado.

A raíz de esto, ayer en la mañana se dio una reunión en La Fortaleza entre abogados de pleito y el secretario de Asuntos Públicos del Ejecutivo, Ramón Rosario.

“A petición del gobernador hubo una reunión con los abogados del caso de Rosa Lydia, de Educación Especial donde le reiteramos el compromiso del señor gobernador de que el caso es uno particular. Cuenta con el compromiso del señor gobernador de seguir cumpliendo”, expresó Rosario.

La paralización abarca tanto la fase interdictal -la cual obliga a Educación a dar servicios adecuados e incluye una monitoría constante de estos- y la fase de reclamación de daños. Ante esto,  los padres y adultos con impedimentos que reclaman una indemnización por la negligencia del Estado y la falta de servicios quedan en un limbo, señaló Torres Valentín.

De acuerdo al calendario establecido por la jueza María M. Cabrera, estos padres y adultos tienen hasta el 7 de junio para presentar sus demandas de reclamación de daños. Este paso es criticado por la clase, recordó Warren, pues conlleva unos gastos adicionales para familias que -en su mayoría- no cuentan con los recursos para hacerlo.

Fuente: http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/educacionaseguraqueserviciosaninosdeeducacionespecialseguiran-2323799/