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Retos en educación superior

Ángel Pérez Martínez

Por: Angél Peréz

«Ser Pilo Paga no fue una propuesta del Presidente Santos en la campaña presidencial, no se discutió con la academia, tampoco el MEN cuando proyectó el programa, en el primer año del Gobierno, planteó una discusión con los voceros de las universidades públicas, sus rectores y representantes de los consejos directivos.»

En el país existe un interesante debate sobre la eficiencia del gasto en educación y la propuesta del programa Ser Pilo Paga, dados los esfuerzos publicitarios, de gestión y de recursos comprometidos por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, y el ICETEX.

Un problema de la política pública y educativa de este país es que ésta tiene origen en funcionarios que recién llegan a cargos de dirección del sector, quienes actúan con escaso análisis y sin la intervención de los actores responsables de los procesos o de la ejecución. En los últimos 20 años, los únicos 2 ministros de educación que conocían el sector, antes de posesionarse, fueron Jaime Niño Diez y Cecilia María Vélez. Además, cada directivo del gobierno llega con su propia cuadrilla y hace un lado a los equipos técnicos de las entidades, esto pasa en el MEN y en las secretarías de educación del país, se pierden esfuerzos de formación y continuidad.

Ser Pilo Paga no fue una propuesta del Presidente Santos en la campaña presidencial, no se discutió con la academia, tampoco el MEN cuando proyectó el programa, en el primer año del Gobierno, planteó una discusión con los voceros de las universidades públicas, sus rectores y representantes de los consejos directivos. Acepto que en el país no hay una masa crítica, donde quien gobierna tenga 10 o más iniciativas preparadas por centros de investigación o grupos de pensadores de política educativa. Por ejemplo, para dónde coger en educación superior, somos buenos para diagnosticar y describir realidades, pero con poco ánimo propositivo, además acosados por la incertidumbre de los recursos. Sin desconocer, que desde los diferentes niveles de gobierno existe un ánimo autoritario, nada de consensos, por lo tanto, subordinación y obedecimiento; aunque todas las teorías de política pública sostengan lo contrario, incluyendo las recomendaciones de OCDE, Banco Mundial Y BID.

Reconozco que la pregunta: ¿por qué una parte de los mejores bachilleres del país, según las pruebas SABER 11, se quedan sin acceder a la educación superior? es un reto que debe concitar todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad por encontrar un camino razonable para ellos (los pilos), también para el resto de bachilleres de familias con bajos ingresos que nunca acceden a la educación superior (más de 2 millones de jóvenes entre 17 y 21 años) y cuyo destino casi que se decide en la cuna, con una incidencia negativa en la calidad de la educación y en la permanencia de los adolescentes en la educación básica y media, quienes con 13 o 14 años empiezan a avizorar que da igual ser bachiller o no. No irán a la Universidad.

Como este gobierno ya no avanzó en una solución estructural de la educación superior, el país debería empezar a discutir opciones de política educativa para determinar en el corto plazo caminos y alternativas para utilizar recursos públicos escasos, sin olvidar prioridades como:

  1. Incrementar la cobertura en educación superior, para ello es necesario construir y crear nuevas universidades. El programa Ser Pilo Paga, no creó nuevos cupos. Los más de 30.000 cupos financiados por el Gobierno, desplazan a estudiantes de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la Universidad de los Andes tienen alta demanda por cupos de los estratos 4, 5 y 6 quienes pueden pagar, pero una parte de ellos son desplazados por los pilos, eso está bien para los Andes se queda con los mejores estudiantes de las familias con mayores recursos y con los mejores de los pobres a quienes el Estado paga en forma segura, a igual precio. Calidad asegurada e integración social, ideal de una sociedad, pero eso ocurre para 30.000 jóvenes. En Colombia hay 4.345.00 jóvenes, entre 17 y 21 años, de los cuales 2.150.000 no accedían a la educación superior en el año 2015, según el MEN.

Entre 2005 y 2010, México incrementó el 14% de su oferta educativa en educación superior (creó 308 nuevas universidades), Brasil 7% (creó 308 nuevas universidades) y Perú 6,5% (creó 74 universidades); Colombia aumentó su oferta educativa en 19% entre 2007 y 2015, 10% gracias a la incorporación de los estudiantes del SENA, pero no creó nuevas universidades (Adriana Camacho, The Expansion of Higher Education in Colombia: ¿Bad Students or Bad Programs?, 2017)

  1. Crear universidades para Jalonar el desarrollo del sector rural y promover posibilidades de mejoramiento de calidad de vida para los niños y jóvenes del sector rural. El campo en Colombia será productivo y eficiente cuando existan los componentes tecnológicos y técnicos capaces de sustituir cultivos, exportar y competir, para ello el país y las regiones deben preparar y formar a sus jóvenes. Propongo crear nuevas universidades de excelencia en 4 o 5 regiones con extrema pobreza y violencia que lideren nuevos polos de desarrollo y asentamientos urbanos, a partir de capacidades y visiones de desarrollo con conocimiento y equidad. Este tipo de inversiones, y en lugares remotos, sólo las puede hacer el Estado.  Apuesto a que la mayoría de los pilos de los Andes, una vez se gradúen no vuelven a sus regiones de origen.
  1. Fortalecer la educación superior pública actual, no se ve un país bien cuando su Universidad Nacional y otras se caen a pedazos, se requieren recursos para mejorar infraestructura, dotaciones y pagos de profesores, tener docentes con doctorado, que investiguen y publiquen es más costoso. El Banco de la República publicó un estudio donde muestra que las Instituciones de Educación Superior públicas mejoran los resultados de los estudiantes en 11 de 12 programas analizados y sostiene que: “podría ser socialmente beneficioso ampliar la provisión pública en algunos de los programas públicos de educación superior que agregaban más valor que las privadas”.

Fuente: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/retos-en-educacion-superior-por-angel-perez/242833

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El Mico del sistema nacional de educación terciaria.

Paola Galindo

Por: Paola Galindo.

En el mes de enero las alarmas de la Comunidad educativa y científica de las Instituciones de Educación Superior del país se encendieron a causa del anuncio, por parte de los Ministerios de Educación y del Trabajo, de implementar vía Fast Track el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), bajo el argumento de desarrollar el punto de educación rural de los acuerdos de paz.

En el marco de esta coyuntura, se adelantó una Audiencia Pública sobre el tema convocada por el Representante a la Cámara del PDA, Víctor Correa, en la que, en consideración de los argumentos expuestos por la comunidad académica, el Ministerio de Educación Nacional echó para atrás su intención de presentar esta iniciativa empleando la vía rápida de implementación. Lo que no moderó fue su postura frente a la necesidad de un sistema de Educación Terciaria, orientación consignada tanto en la política pública de educación superior 2034 como en el Plan Nacional de desarrollo.

La propuesta de implementar el Sistema Nacional de Educación Terciaria no es una novedad, es apenas la reglamentación de algo que viene sucediendo «de hecho» y que en palabras del profesor Andrés Felipe Mora bien puede resumirse de la siguiente manera: “La expansión de la educación superior en Colombia se ha fundamentado en el estímulo a niveles educativos distintos a los estudios universitarios y se ha correspondido con la estructuración de un sistema de educación terciaria segmentado y jerárquico (…)” (Mora, 2016: 47).

Así por ejemplo, y teniendo como fuente datos del CESU (2014) y las proyecciones del DANE (2005), mientras que en “(…) el año 2002 del total de la matrícula de Educación Superior la educación técnica y tecnológica representaba el 19,5%. Para el año 2014 ese porcentaje ascendió a un 37,1%; [Por otro lado] mientras que en el año 2002 la matrícula en educación profesional ascendía al 80,5%, en 2014 disminuyó a 62,9% (Mora, 2016:47).

Este comportamiento de la matrícula en Educación Superior no es azaroso, es producto de una tendencia histórica de reproducción de esquemas de desigualdad, en la que las familias con menores ingresos se conducen obligadamente a los segmentos educativos de educación y formación para el trabajo, mientras que, quienes tienen la capacidad adquisitiva o en su defecto, de endeudamiento, acceden a los segmentos más altos.

¿Cuáles son las razones de esta situación?: el lugar dónde se nace, la pertenencia étnica o cultural y los ingresos económicos determinan la modalidad de la educación superior a la cual se ingresa.

El SNET sin duda refuerza esta tendencia ya que todos los términos, procesos o niveles de enseñanza superior son subsumidos a la Categoría de

«Educación Terciaria», es decir se equipara «Educación Superior» con la «Educación terciaria» al definir esta última como “Toda aquella educación y formación, posterior a la educación media, [comprendiendo] los programas educativos y formativos de los niveles de pregrado y posgrado” (Proyecto de Decreto Ley SNET, 2017).

De este modo la educación para el trabajo es la categoría estructurante del sistema y el criterio de definición del conjunto de la oferta educativa y del proceso de evaluación de la calidad sin garantizar posibilidad de elección, esto es, que incluso en las áreas más alejadas del país –aquellas denominadas áreas rurales dispersas-, se cuente con el total de la oferta educativa y con la posibilidad de acceso, por igual, a cada una de ellas.

Que las universidades campesinas y los componentes de investigación sean posibles en estas áreas dónde el conflicto ha actuado con fuerza, permite que la creatividad sea la alternativa que haga florecer elecciones voluntarias y no imposiciones del mercado.

Fuente: http://www.contagioradio.com/el-mico-del-sistema-nacional-de-educacion-terciaria-articulo-37562/

Imagen: http://www.contagioradio.com/wp-content/uploads/2017/03/acuerdo-superior-770×400.jpg

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Analizando el modelo de educación de Finlandia.

Ramiro Campos

Los niños finlandeses no comienzan la escuela hasta la edad de siete años, cuando están preparados para aprender.

Por: Ramiro Campos.

Finlandia inició la reforma de su sistema educativo hace unos cuarenta años. Hoy en día, el sistema escolar finlandés está entre las mejores naciones desarrolladas, según el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). El aspecto más interesante de su sistema educativo es que Finlandia logró su éxito al romper lo que se considera las normas de educación tradicionales.

Los niños finlandeses no comienzan la escuela hasta la edad de siete años, cuando están preparados para aprender, y la escolarización es obligatoria por sólo nueve años. Los días de escuela son más cortos y las clases son menos. La tarea es mínima. No hay pruebas normalizadas obligatorias. No hay clasificaciones, comparaciones o competencia entre estudiantes, escuelas o regiones.

Sin embargo, el 93% de los finlandeses se gradúan de las escuelas secundarias académicas o profesionales, esto es 17% más alto que en los Estados Unidos. El 66% va a la educación superior, la tasa más alta de la Unión Europea. Y Finlandia gasta un 30% menos por estudiante que los Estados Unidos.

¿Qué otros países pueden aprender de los logros de Finlandia?

Dar a los maestros cierto respeto es un punto básico, el maestro de escuela primaria es uno de los puestos más solicitados y los títulos más competitivos en Finlandia. Los programas de enseñanza aceptan sólo el 10% de los solicitantes y rechazan a miles de estudiantes anualmente. Los mejores y más brillantes candidatos tienen que pasar una serie de entrevistas y exámenes de la personalidad, diseñados para determinar su capacidad natural y unidad para enseñar. Además de los grados superiores y una disposición natural hacia la enseñanza, todos los maestros deben obtener una maestría. El requisito de un grado avanzado confiere esencialmente a los profesores finlandeses el mismo estatuto que un médico o abogado.

Debido a que sólo los estudiantes mas calificados son aceptados para la enseñanza en los programas universitarios, y los profesores están tan bien calificados y bien entrenados, son muy respetados y de confianza para los padres. Los padres tienen confianza en que los maestros harán lo que esté en el mejor interés de los niños. Los profesores, a su vez, son libres de innovar, libres de la burocracia o la regulación excesiva. Mirando puntos clave de este modelo de gestión educativa encontramos lo siguiente:

Los niños de Finlandia no comienzan la escuela hasta que cumplen siete

En Suecia, Dinamarca y Finlandia la escuela no comienza hasta que los niños tengan siete años. De hecho, a pesar del hecho de que los escolares ingleses empiezan a los cinco años de la mayoría de los niños en Europa comienzan la escuela más tarde. Según un estudio reciente de la Cambridge Primary Review: ‘La hipótesis de que una edad temprana de inicio es beneficioso para el logro posterior de los niños no está bien apoyada en la investigación y, por tanto, sigue abierto a la preguntas’.

Todos los maestros deben tener una maestría

Todos los maestros deben estar calificados al menos a nivel de maestría, con el grado totalmente subvencionado.

El sistema escolar está completamente financiado por el Estado

Las escuelas de Finlandia están financiadas con fondos públicos. No hay escuelas de gramática, escuelas privadas, escuelas religiosas o academias. También son dirigidas por expertos en educación en lugar de posiciones políticas y empresarias. Según una reciente encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): ‘La igualdad es la palabra más importante en la educación finlandesa’.

El 96% de los profesores finlandeses está sindicalizados, según el New York Times. El salario inicial para los profesores es relativamente modesto, pero los profesores de secundaria con 15 años de experiencia representan el 102% de lo que otros graduados de la universidad finlandesa hacen .

Lo que sí nos queda de reflexión es que este modelo es digno de imitar para cualquier nación.

Fuente: http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/analizando-modelo-educacion-finlandia/23990241

Imagen: http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/05/04/150504151709_fin2_624x351_gettyimages.jpg

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¿Un conflicto sin salida?

Diario El Día

La pulseada con los gremios docentes se torna cada vez más dura.

Por: El Dia.

¿Cómo se desanda el camino de tensiones y desencuentros entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes? Nadie tiene la respuesta. Ayer el conflicto escaló un paso más. Y la perspectiva de un acuerdo parece cada vez más lejana.

La administración de Vidal asegura que ya ha hecho el máximo esfuerzo posible para mejorar la oferta salarial. Los gremios la rechazaron y anunciaron la continuidad del paro. Todo parece encaminarse hacia un punto de difícil retorno.

En este contexto, el Gobierno parece apostar ahora a que la medida de fuerza entre en una zona de desgaste que obligue a los gremios a replantear su estrategia de negociación. Hay un dato que destacan los funcionarios: “La adhesión al paro disminuyó a lo largo de la semana”. Hablar de porcentajes de acatamiento es meterse en un terreno resbaladizo. Las cifras del Gobierno y la de los gremios se contraponen. Hacer una medición “imparcial” es prácticamente imposible. Sí puede corroborarse que, al menos en La Plata, la medida de fuerza no tiene una adhesión absoluta.

La dinámica propia de cualquier conflicto sindical hace que una huelga prolongada se termine debilitando, inexorablemente. Sin embargo, no está claro cuál es el costo final del conflicto ni cómo se reparte. A esta altura, ni los gremios ni el Gobierno parecen estar en una posición cómoda.

Las encuestas que manejan en despachos oficiales coinciden en un punto: la mayoría cree “injusto” que los chicos paguen las consecuencias del conflicto y se queden sin clases. Pero también considera que el reclamo de los maestros es justo y debería ser atendido.

Es un conflicto complejo. Los intentos por simplificarlo (como si todo se redujera a una pulseada entre Vidal y Baradel) no parecen reconocer los matices y la magnitud de la situación.

Más allá de su pertenencia o no a un determinado sindicato, hay un consenso casi unánime entre los docentes: consideran que su tarea no está bien remunerada y que además deben cumplirla en condiciones penosas.

El Gobierno busca hacer equilibrio: reconoce esa realidad; trata de explicar que no está en condiciones de revertirla inmediatamente y confronta exclusivamente con la dirigencia sindical, a la que acusa de estar embarcada en una estrategia política con intereses inconfesables.

¿Logrará la administración de Vidal trazar una raya entre “los docentes” y los “sindicalistas docentes”? Es otra pregunta que no encuentra respuesta.

Hay que decir, sin embargo, que los dirigentes sindicales tienen un termómetro fiel que marca el humor de las bases. Las escuelas están en virtual estado de asamblea permanente.

¿Hasta cuándo aguanta una familia con las escuelas de paro?

Hay una variable -mientras tanto- difícil de medir con precisión: el impacto de la medida entre los padres. ¿Hasta cuándo aguanta una familia con las escuelas de paro? ¿Cómo se digiere un conflicto que parece no tener salida? ¿Cómo se canaliza y hacia dónde la presión de la opinión pública frente a un litigio tan sensible?

En los próximos días el panorama sería más grave. Para muchos chicos será ya la segunda semana sin clases; pero además deben empezar los secundarios, que también se verían afectados por la continuidad de la medida de fuerza, sobre todo la que decretó Ctera con alcance en todo el país.

El conflicto ya no es sólo bonaerense. Ha adquirido una dimensión nacional. Es un problema para la Gobernación pero también para la Casa Rosada.

La discusión, mientras tanto, se ha estrechado hasta alcanzar un minimalismo extremo: la máxima aspiración es que empiecen las clases con normalidad. Cuestiones como la calidad educativa, el saneamiento de un sistema con desequilibrios de todo tipo y la reformulación de la escuela pública, todavía siguen esperando.

Fuente: http://www.eldia.com/nota/2017-3-11-2-30-51–un-conflicto-sin-salida

Imagen: http://cdn1.eldia.com/032017/1489210262102.jpg?&cw=960

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Choque de valores.

Ian Vásquez

«El problema radica en que el modelo monopólico de la educación estatal solo admite un currículo y una manera de educar».

Por: Ian Vasquez.

La ministra de Educación, Marilú Martens, ha dicho que la igualdad de género se incluye en el currículo nacional para promover “el respeto para todos”. Quienes se oponen la acusan de “impregnar una cultura homosexual a la sociedad peruana a través de la niñez y la juventud”, como declaró la abogada Beatriz Mejía. 

Dudo que esa última aseveración sea cierta y me parece bien una agenda educativa que promueve la igualdad de derechos para todos, incluyendo los homosexuales. Pero afirmar, como lo hizo la ministra, que la norma educativa promueve los derechos iguales de todos no puede ser cierto. De allí que las quejas de los críticos cobran legitimidad. 

 El demonio está en los detalles y basta hacer algunas preguntas para ver el problema. ¿Es aceptable que a los niños se les enseñe que es normal tener padres del mismo sexo, o que si un niño declara pertenecer a un género distinto a su sexo, hay que reconocerlo como algo razonable y tratarlo de acuerdo con su declaración? El Ministerio de Educación tendría que decir que sí. Sin embargo, para muchas personas –no me incluyo entre ellas– la respuesta a ambas preguntas es no. Es más, para muchos padres, aceptar que se eduque a sus hijos de esa manera va en contra de su religión. 

Tenemos entonces una situación donde la sociedad reconoce la importancia de la libertad de credo, porque se trata de los valores más fundamentales que puede tener la gente, mientras que el Estado obliga a muchos padres a que sus hijos se eduquen con valores contrarios. Claramente es una violación de los derechos de los padres a criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias. El Estado está básicamente declarando que algunas creencias no son legítimas y que hay que usar el dinero público para impartir otros valores. 

Ojo que no estoy diciendo que el Estado debe tratar a distintos grupos de distintas maneras, según sus creencias o religión. Todos, sin importar su religión y sin importar si su sistema de valores nos parece legítimo o no, deben ser tratados de la misma manera bajo la ley. Pero el trato igualitario ante la ley es diferente que la dudosa función estatal de impartir un sistema igualitario de valores a todos los niños. 

El problema radica en que el modelo monopólico de la educación estatal solo admite un currículo y una manera centralizada de educar a los jóvenes. Necesariamente, lo que los políticos y los burócratas deciden en Lima rige para todo el Perú, y necesariamente la enseñanza tiene que imponer un sistema de valores con el que está en desacuerdo un porcentaje de los padres. En un país tan diverso como el Perú, este problema no es menor. En vez de promover la cohesión social, la educación estatal promueve el conflicto. 

La rigidez del monopolio estatal no se limita a crear problemas respecto a temas de género o de religión. Se impone también una uniformidad respecto a ideología, valores morales independientes de la religión, textos y materia educativa, y mucho más. No hay duda de que las escuelas estatales, por ejemplo, han servido para inculcar el nacionalismo entre los jóvenes. Algunos verán eso bien –yo ciertamente no– pero me parece innegable que es el resultado de considerar a la educación pública como una fábrica de crear peruanos. 

No tiene que ser así. La educación puede ser respetuosa de los diversos valores y deseos de todos los peruanos sin vulnerar sus derechos, cosa que desafortunadamente no ocurre ahora. Se debe empezar por respetar la libertad de asociación, un derecho fundamental en cualquier sociedad libre. Eso requiere una reforma educativa que les da más autonomía a las escuelas respecto al currículo y permite que los padres escojan las escuelas en las que quisieran educar a sus hijos. Las escuelas públicas deben competir con las privadas. El uso de créditos impositivos para fomentar la educación privada o un sistema de cupones escolares que las familias puedan usar para financiar los gastos puede ir lejos para mejorar la educación y resolver conflictos sociales. 

Fuente: http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/choque-valores-ian-vasquez-noticia-1975150

Imagen: http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/6/2/5/1625407/base_image.jpg

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Suspenso en la huelga educativa.

Alfonso Ussía

Por: Alfonso Ussía.

Detrás del escaso seguimiento de la jornada de huelga educativa celebrada ayer absolutamente minoritario entre el sector docente, subyace el consenso mayoritario de que nos hallamos, una vez más, ante el oportunismo político de una izquierda radical empeñada en hacer fracasar el gran pacto por la Educación que precisa España.

Por ello, ante el enésimo fiasco de la convocatoria, no es de extrañar que en algunos centros universitarios los piquetes de huelga tuvieran que emplearse con violencia hasta obligar a la intervención de la Policía, en una prueba más de lo que entienden los radicales sobre el ejercicio de la libertad individual.

No es sólo que sus reivindicaciones, a modo de foto fija, estén completamente alejadas de la realidad, sino que el objetivo buscado sólo es compartido por esa pequeña minoría de la sociedad española que entiende la enseñanza pública como vehículo de adoctrinamiento ideológico. No otra cosa se oculta tras el taxativo rechazo a la natural coexistencia de centro públicos y concertados –que siempre presentan más demanda que oferta– y a la libertad de cátedra.

Por otra parte, estamos ante la absurda pretensión de que se derogue la actual legislación –que, por cierto, ha propiciado que España elimine la brecha educativa con los países de la OCDE y reduzca, por primera vez en la historia la tasa de abandono escolar temprano sin que se haya elaborado la ley que debería sustituirla, lo que supondría dejar en el limbo a ocho millones de alumnos y a 680.000 docentes.

Tal despropósito sólo se justifica en la táctica de la doble presión, en la calle y en las instituciones, propugnada por Podemos, para deslegitimar el trabajo de la comisión parlamentaria. Por lo demás, las organizaciones convocantes –todas ellas vinculadas a la izquierda desprecian olímpicamente los hechos para denunciar una situación de recortes en la financiación del sector de la enseñanza que ya no son tales, gracias a la recuperación de la economía española.

Así, se ha elevado la tasa de reposición de funcionarios al 100 por cien, se han reducido los ratios entre el número de alumnos y el de profesores y en el proyecto de Presupuestos para 2017 se contemplan con su financiación correspondiente el aumento de las retribuciones de los docentes, el incremento de la partida de becas y la consolidación del empleo educativo con el objetivo de rebajar las tasas de interinidad al entorno del 10 por ciento.

Con todo, como señalábamos al principio, lo más preocupante es el intento deliberado de hacer fracasar los trabajos de la subcomisión parlamentaria de la que forman parte algunos de los grupos convocantes de la huelga, cuyo éxito significaría un logro fundamental de la democracia española que, hasta el momento, no ha sido capaz de generar una Ley de Educación consensuada por los partidos políticos que esté por encima de intereses y convicciones partidarias. Si desde estas misma páginas hemos defendido que la última ley elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy la Lomce significaba un avance notable sobre la situación anterior y los resultados nos avalan, también creemos que es de la máxima importancia para el futuro de España que algo tan trascendental como es el modelo educativo se elabore desde el mayor consenso político posible.

De ahí que el ataque constante de la izquierda radical, con descalificaciones personales a quienes llevan a cabo las negociaciones, suponga una amenaza mayor para alcanzar el resultado que la mayoría de los ciudadanos desean. Si bien el derecho a la huelga no entra en discusión, sí pueden rechazarse, como en este caso, motivaciones y objetivos que no buscan el interés general.

Fuente: http://www.larazon.es/opinion/editorial/suspenso-en-la-huelga-educativa-GE14679935

Imagen: http://images.eldiario.es/sociedad/escuela-publica-plantea-general-educativa_EDIIMA20170119_0182_4.jpg

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La fondos para investigación universitaria crecen un 43%.

Jessica Mouzo

Las universidades públicas advierten que este incremento se debe a la captación de más fondos competitivos y piden «más financiación pública»

Por: Jessica Mouzo Quintans.

La investigación en las universidades catalanas empieza a remontar tras varios años de caída de fondos. Los recursos obtenidos por las instituciones públicas de enseñanza superior para la investigación y la innovación alcanzaron los 266,8 millones de euros en 2015, un 43% más que en 2013. La mejoría, no obstante, se debe, en buena medida, a la captación de fondos competitivos, que supusieron un 72% del montante obtenido, según el Informe de Indicadores de Investigación e Innovación 2016 elaborado por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP). Pese a los brotes verdes, la ACUP advirtió ayer de que es necesaria “más financiación pública”.

Los fondos competitivos los investigadores se presentan con un proyecto a una convocatoria y se disputan la partida con otros participantes han dado aliento a la investigación de las universidades catalanas, donde solo el 28% de los recursos obtenidos son no competitivos partidas públicas directas, donaciones, mecenas, etc.. “Las universidades públicas catalanas experimentaron una mejora considerable en los fondos recibidos, rompiendo con la tendencia descendente de los últimos años. Esto supone un avance para la investigación y la innovación de Cataluña”, reza el informe de la ACUP. La captación de fondos competitivos ha aumentado un 60%, pasando de 121 millones en 2013 a 193 en 2015.

El secretario de Universidades e Investigación, Arcadi Navarro, tildó de “espectacular” el avance de la investigación de las universidades y aseguró que “con el esfuerzo de todos hemos hecho que nuestras universidades sean mucho mejor”. Sin embargo, el rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y presidente de la ACUP, Jaume Casals, advirtió de que la buena marcha de la investigación “no significa que la situación de las universidades sea más saludable”. “Tanto el gobierno catalán como el español deberían establecer prioridades que favoreciesen más la investigación. El desarrollo del conocimiento está fuera de las agendas políticas en este momento”, criticó Casals.

Producción científica

Pese a que la inversión no es la deseada por las propias instituciones Casals dijo que lo óptimo sería dedicar el 1,2% del PIB y ahora se destina menos de la mitad, los resultados de las universidades catalanas en términos de producción científica siguen al alza. Cuatro instituciones catalanas están a la cabeza en el ranquin de impacto y producción científica de las universidades españolas.

La media de publicaciones por investigador en Cataluña se situó en 1,37, un 71% más que la media de los científicos de las otras universidades españolas. Además, las instituciones catalanas presentaron 96 solicitudes de patentes prioritarias, una cifra que supone un 14% más que en 2013 y se sitúa en los niveles del año 2009. Las tesis doctorales defendidas también aumentaron un 31% con respecto al curso 2010-2011.

“Las universidades catalanas generaron en 2014 el 24% de los ingresos por actividades de transferencia de conocimiento en relación con el total de las universidades del Estado español”, concluye el informe.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/09/catalunya/1489086696_753929.html

Imagen: http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2016/10/12/actualidad/1476294927_504324_1476295671_noticia_normal.jpg

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