Europa/Bosnia/16 Abril 2020/elpais.com

Mujeres bosnias, serbias y croatas, algunas de ellas víctimas, trabajan unidas desde 2003 para ofrecer todo tipo de ayuda a las miles de personas que sufrieron violencia sexual durante el conflicto de los Balcanes

A pesar de ocupar los bajos de un edificio, la sede de la ONG Mujeres Víctimas de la Guerra pasa completamente desapercibida en un barrio de clase trabajadora en Sarajevo. No hay ninguna placa ni cartel en la puerta de entrada y una cortina cubre los cristales de las miradas de los curiosos, o de posibles atacantes. Dentro, en una humilde oficina, un grupo de mujeres valientes, algunas de ellas víctimas, proporciona desde el año 2003 todo tipo de ayuda a los miles personas que sufrieron cualquier tipo de violencia sexual durante la guerra que desangró Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995.

«Han profanado la tumba de una de las fundadoras y hasta siete u ocho veces ha habido ataques contra la residencia de nuestra presidenta. Pero el Ayuntamiento del pueblo no ha hecho nada para protegerla. En general, el trabajo de la asociación molesta a los políticos», explica Amela Hasecic, alma de la ONG e hija de su histórica presidenta. A partir de unas de 6.000 declaraciones, la entidad ha podido identificar a más de 2.700 agresores y a más de 10.000 mujeres violadas durante la guerra. Pero se calcula que el número real de víctimas de este tipo de agresión durante el conflicto bélico oscila entre las 20.000 y 40.000.

«En el caso del ejército serbobosnio, la violación fue utilizada de forma sistemática como un arma de guerra con el objetivo de destruir las familias y llevar a cabo una limpieza étnica. Soldados de otras etnias también cometieron este tipo de crímenes, pero por decisiones individuales «, comenta Amela Hasecic, una mujer de mediana edad y una mirada llena de determinación. Su madre, Bakira Hasecic, fue víctima de las tropas serbias en Visegrado, y su testimonio fue clave en alguno de los juicios celebrados en La Haya por parte del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia.

Si bien las fundadoras de Mujeres Víctimas de la Guerra fueron una treintena de bosníacas —término usado para referirse a las personas de religión musulmana en Bosnia—, pronto se sumaron a la iniciativa mujeres croatas y serbias. En un país en el que las tensiones entre los tres grupos mayoritarios, bosníacos, serbios y croatas, están aún a flor de piel, esta entidad ofrece un bello ejemplo de cooperación multiétnica. «La única división que cuenta es entre víctimas y criminales», es uno de los mantras de la ONG.

Terapia contra el estigma social

Entre las tareas de la entidad figura recopilar toda la información posible para conservar la memoria histórica, y por ello registran las declaraciones de cada nuevo miembro. También proporcionan asistencia material, psicológica y jurídica a las víctimas y a sus hijos. Muchas de las mujeres violadas decidieron abortar, otras conservaron sus hijos, pero las hubo que los dieron en adopción o se los quedó el agresor. Algunas fueron utilizadas como esclavas sexuales durante meses.

La entidad ha identificado a 62 de estos hijos perdidos, y si lo quieren las dos partes, facilita el reencuentro. Hasta ahora, lo ha hecho ya en ocho ocasiones. Además, ha apoyado a los chavales con becas de estudio y ayudas a la inserción profesional. Con el objetivo de eliminar el estigma social que sufren estos jóvenes, colabora con una asociación nueva llamada Hijos Olvidados de la Guerra, creada por la activista Anja Jusic. Ella misma nació fruto de un estupro.

«La terapia es muy importante, porque en una sociedad como la bosnia, muchas víctimas han sufrido una muerte psicológica. Solemos trabajar con grupos de diez personas, y nos encontramos una vez por semana durante cerca de un año. Pero claro, nos adaptamos a la necesidad de cada persona «, dice Besima Catic, una psicóloga que trabaja con este perfil de víctima desde el inicio de la guerra. La asociación incluye también unos 270 hombres víctimas de agresiones sexuales, que en algunos casos incluían mutilaciones.

«Con las mujeres, el objetivo es hacer desaparecer el sentimiento de culpa y vergüenza. El trabajo con los hombres es diferente. Se trata de hacerles entender que, pasara lo que pasara, no han perdido su virilidad. A muchos, las esposas los abandonaron», añade la psicóloga, que considera más difícil trabajar con los hombres víctimas porque les cuesta más hablar de lo sucedido.

Según Catic, un momento muy importante en el proceso de cura es la declaración ante un tribunal. Cuando la ONG cuenta con suficientes pruebas, presenta una denuncia a la fiscalía. Hasta ahora, ya se han celebrado docenas de juicios. «El solo hecho de encontrarse en un tribunal, y ver el agresor en el banquillo ya tiene un efecto curativo. Ayuda a retirar el sentimiento de culpa y confirma el estatuto de criminal del violador», sostiene la psicóloga.

Catic se encarga también de preparar psicológicamente a las mujeres para el difícil momento de tener que revivir en público el trauma. Gracias a la labor de entidades como esta, una resolución del Consejo de la ONU de 2008 reconoce la violación como «un crimen de guerra». En Bosnia, las víctimas reciben una pensión del estado de unos 250 euros mensuales.

Obstáculos legales en la lucha por la justicia

En 1993, la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) para investigar y juzgar a los principales sospechosos de crímenes de guerra. En total, procesó 167 personas y se iniciaron más de un centenar de juicios. A finales de 2017, el TPIY cerró sus puertas habiendo condenado a algunos perpetradores símbolo de la limpieza étnica, como Ratko Mladic, máximo líder militar serbobosnio. Ahora son los tribunales de los diversos Estados surgidos de la antigua Yugoslavia los encargados de continuar desempeñando esta labor. “El TPIY se ocupó de los casos más graves, los “peces gordos”. Los nacionales están juzgando a los cargos medios, y a los verdugos que implementaron las órdenes sobre el terreno”, explica Hikmet Karcic, investigador de Sarajevo especializado en crímenes de guerra.

Según algunos expertos, en general, el balance de estos dos años es muy negativo. “El negacionismo, revisionismo y continuo apoyo político a quienes cometieron crímenes de guerra significa que a menudo los Estados no quieren extraditar a sus nacionales. Se han firmado protocolos de cooperación regional, pero en la práctica hay a menudo más obstrucción que cooperación”, declaró hace unos meses a EL PAÍS Natalya Clark, profesora de la Universidad de Birmingam (Reino Unido), especializada en Justicia Transicional en los Balcanes.

Karcic coincide en señalar la falta de cooperación transnacional como el principal obstáculo para poner fin a la impunidad de los agresores: “Muchos de los acusados o sentenciados en Bosnia y Herzegovina cruzan a Serbia o Croacia. Se “esconden” allí, y se escudan en formalidades para evitar la extradición, como es el caso de Novak Dukic”. En cambio, hace una valoración más positiva del trabajo específico de los tribunales nacionales de su país. “Bosnia es el Estado con más casos abiertos, varios centenares. Pero es verdad que no todos los tribunales trabajan con la misma seriedad. En la República Serbia de Bosnia, donde todo el aparato judicial es serbio, es más reticente a abrir investigaciones”, asegura este joven fornido en un perfecto inglés.

Teniendo en cuenta que muchas violaciones en grupo tuvieron lugar en territorio de la actual República Serbia de Bosnia, la falta de cooperación de las autoridades judiciales es un problema grave. En algunos casos, ya sea por vínculos personales o amenazas, los acusados son absueltos. «Es por eso que pedimos que este tipo de crímenes se persigan en tribunales estatales, no en los provinciales … En un principio, solo nos dábamos por satisfechas con sentencias duras. Ahora, la mera condena, aunque sea a pocos años de prisión, ya nos parece una victoria», comenta Hasecic con aire resignado.

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