El Director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, lanzó un llamado al magisterio del País, para que se resistan a la aplicación de la evaluación diagnóstica de los estudiantes de educación básica.
Advirtió que dicha evaluación va contra los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
Cómo se recordará, Arriaga Navarro criticó a Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), por dicha evaluación, la cual dijo es estandarizada y contradictoria a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
Desde su cuenta de X, el funcionario advirtió que se está obligando a las maestras y maestros a aplicar la evaluación diagnóstica, cuando ésta es voluntaria, según lo señala la propia SEP.
“La participación será de carácter voluntario para todas las escuelas públicas y privadas del país, así como para los servicios educativos que ofrezcan educación preescolar, primaria y secundaria. Esta disposición excluye a los planteles de Educación Básica Comunitaria (CONAFE)”, fue el texto que compartió Arriaga Navarro el cual obtuvo de la página http://planea.sep.gob.mx/Diagnostica/Aplicacion/
En ese sentido señaló lo que actualmente sucede en las escuelas que se está obligando al magisterio a aplicar la evaluación diagnóstica “neoliberal de MEJOREDU”.
“¡RESISTAN! No permitan que la NEM se convierta en un producto. Recuerden, ese ejercicio neoliberal de MEJOREDU es ¡VOLUNTARIO!”, expresó en su cuenta de X.
De urgencia, como respuesta a la escalada de agresiones en Líbano, así se reunirá hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York, después de casi un año de citas en las que no se ha conseguido detener el genocidio en Gaza, y tras varios días de ofensiva israelí contra el país vecino, que ha dejado cientos de víctimas mortales en poco más de una semana.
Ayer, en su discurso ante los estados miembros, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres alertaba de que “Líbano está al borde del colapso”, y calificaba a Gaza de “pesadilla interminable que amenaza al resto de la región”, “el mundo no se puede permitir otra Gaza”, alertaba. Poco después, en su última intervención ante las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Joe Biden defendía su “determinación” desde el 7 de octubre por “evitar una guerra más amplia que afecta a toda la región”, mientras insistía, en que “aunque la situación haya escalado “una situación diplomática aún es posible”.
Mientras se repiten discursos ya conocidos, ante la inminente asamblea extraordinaria de Naciones Unidas, el primer ministro, Benjamin Netanyahu se prepara para viajar a Estados Unidos, pues se dirigirá ante la Asamblea General de la ONU el próximo jueves. Según publicaban las noticias del Channel 12 israelí, recogiendo el testimonio de miembros del gobierno, este viaje de Netanyahu ha despertado críticas al considerar que se ausentará del país durante un momento crítico, gesto que consideran “irresponsable”.
Más allá de la retórica y de las llamadas a la desescalada, lo cierto es que una vez más Israel es quien está cometiendo el grueso de las ofensivas: un cálculo elaborado por Al Jazeera refleja que desde el 8 de octubre, Israel habría realizado 8.300 ataques contra Líbano, cuatro veces más que los lanzados por la milicia, que raramente dejan víctimas mortales.
De hecho, durante la jornada de ayer, el conteo de víctimas libanesas de la ofensiva israelí no paraba de aumentar hasta llegar a las 569, un goteo que no ha cesado durante el día de hoy, mientras el ejército sionista continua con sus bombardeos. La ofensiva también dejó al menos 1.835 heridos. Hezbollah por su parte ha incrementado el número de cohetes lanzado contra Israel, llegando a enviar 300 de estos artefactos durante la jornada del martes. También disparaba un misil tierra-tierra contra los cuarteles generales del Mossad en Tel Aviv, interceptado por el escudo antimisiles de Israel.
Si el aumento continuo en el recuento de víctimas libanesas recuerda al escenario gazatí, también lo hace la proliferación de personas buscando refugio, muchas tras haber recibido mensajes del ejército sionista empujándolos a la “evacuación”. En los últimos días miles de personas se dirigen hacia el Norte, hacia las montañas y hacia Beirut, especialmente después de que Nasser Yassin, ministro de Medio Ambiente, anunciara la apertura de 252 escuelas para las personas desplazadas, donde ya se refugian 27.000 personas. Ya en agosto, Naciones Unidas hablaba de más de 110.000 residentes libaneses del sur desplazadas.
También se repite el argumentario israelí para fijar los objetivos de su ofensiva: del mismo modo que el Estado sionista lleva casi un año insistiendo en que continuará su “guerra contra Hamás” hasta que hayan vuelto todas las personas hechas prisioneras el 7 de octubre, el ministro de defensa Yoav Gallant visitaba ayer las tropas desplegadas en el Norte de Israel, provenientes de Gaza, anunciando que la ofensiva seguiría hasta que los israelís pudiesen restablecerse en las ciudades y asentamientos del Norte, mientras se puso sobre la mesa una invasión terrestre al Líbano, según recogía The Israel Times. En un post dirigido a Antonio Guterres, el ministro de Gallant le contestaba “la pesadilla de la que habla ya es un hecho”, y acusaba a las Naciones Unidas de no cumplir su obligación de evitar los ataques de Hezbollah.
Los ataques israelís se han cobrado esta semana también en Líbano la vida de dos periodistas, el cámara de Al-Manar TV, Kamel Karaki asesinado en la ciudad Qantara del Sur del Líbano, según reportaban los medios locales, y el periodista Hadi al-Sayed, quien trabajaba en el canal de televisión libanés Al Mayadeen, y fue asesinado en su casa por un bombardeo israelí. Estas dos últimas víctimas se sumarían a los otros tres periodistas muertos bajo fuego israelí desde el 7 de octubre, según reporta la Federación Internacional de Periodistas.
La violencia israelí contra Líbano ha generado la indignación de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, cuya secretaria general, Agnes Callamard, señalaba ayer en una entrevista en Al Jazeera: “Israel está cometiendo violación tras violación de la ley internacional”, tras enumerar los ataques indiscriminados en Gaza, el asesinato de trabajadores humanitarios o de periodistas. Callamard señalaba también a los gobiernos que siguen armando al estado sionista, especialmente Estados Unidos, donde ayer miles de manifestantes se concentraron en las principales ciudades exigiendo el cese del apoyo militar a Israel por parte de la superpotencia y un embargo de armas.
El genocidio en Gaza no cesa
No por estar desplegando su violencia contra la población libanesa Israel ha aflojado su ofensiva contra Gaza, al contrario, el ejército sionista ha recrudecido los ataques contra el centro de la franja, y la ciudad de Khan Younis en el Sur, cuya parte oriental ha sido totalmente arrasada. También el campo de refugiados de Nuseirat ha sido objeto de múltiples ataques aéreos. Desde el castigado territorio llegan testimonios sobre familias enteras masacradas. Entre ellas, una mujer embarazada y sus cuatro hijos, asesinados en Rafah en el bombardeo de una vivienda.
Y es que, según denuncia la Defensa Civil palestina, Israel está intensificando la destrucción de edificios residenciales. Esta organización denuncia el bombardeo de ocho viviendas y la muerte de 53 palestinos entre Khan Younis y Rafah solo el martes. Mientras, las cifras de personas asesinadadas en Gaza es de al menos 41.467 con por lo menos cerca de 100.000 personas heridas, apuntan los datos del Ministerio de Salud.
Incursiones y arrestos en Cisjordania
Mientras bombardea Líbano y Gaza, Israel ha hecho de Cisjordania un campo de incursiones militares continuas, como las que ayer martes, en las inmediaciones de Hebrón, de Nablús o de Belén, se tradujeron en la detención de varios palestinos, según la agencia de noticias Wafa.
En total son ya casi 500 los y las palestinas asesinadas en Cisjordania, 116 de ellas niñas, unas 3.500 las personas desplazadas, y 11.000 las detenidas desde el 7 de octubre. El territorio ocupado vive un deterioro sin precedentes, con una crisis económica que se deja sentir sobre los hogares palestinos.
Por otro lado, el pasado domingo, soldados enmascarados israelíes invadieron las oficinas de Al Jazeera en Ramallah, acusando a la redacción de incitar al terror, y entregando una orden de cierre por 45 días. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, han denunciado la acción, calificándola de “censura sin precedentes”.
Diversas colectividades llaman a movilizarse el día jueves 26 de septiembre del año en curso, a diez años de la desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, así como por las diversas agresiones que del crimen organizado, en colusión con el Estado mexicano, realizó contra la población aquel día. La cita será en el Ángel de la Independencia, a las 3:40 pm.
¡JUSTICIA PARA AYOTZI, JUSTICIA PARA TODXS!
26 de septiembre de 2014, Iguala Guerrero, Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. «Jóvenes fuertemente reprimidos de la Normal de Ayotzinapa por integrantes del Ejército», era el mensaje que se empezaba a leer en chats aquel día, pasaron 10 segundos, 10 minutos, 10 días, 10 meses y hoy 10 años. El sabor amargo del crimen de Estado no se ha ido, fue este hecho el que impulsó que la sociedad internacional exigiera justicia, que sobre ese clamor genuino, el gobierno actual se montara oportunistamente para llegar al poder. Hoy a 10 años, se comprueba el descaro y cinismo de todos los gobiernos, la impunidad de la que han gozado los actores principales: Ejército, policía, medios de comunicación, gobiernos de los tres niveles viejos y nuevos, instituciones que dicen impartir justicia, jueces, crimen organizado.
Crimen de un Narco-Estado, cuyas bases se anclan en la lógica de acumulación de un inmundo sistema capitalista, que mantiene desaparecidos a nuestros compañeros normalistas, con ello desaparecen también la justicia y la esperanza, pero también desaparece la credibilidad de que la justicia puede venir de un cambio de gobierno, de unas elecciones. Esa noche desaparecieron a 43 estudiantes, asesinaron a 3 más, dejaron a uno en estado de coma y con agresiones psicológicas a quienes escaparon de esa traumática emboscada. Ese es el mensaje de la verdad histórica: ¡No hay justicia para los pobres! Por eso a 10 años de Impunidad no solo exigimos justicia, la vamos a lograr.
¡Ni perdón, Ni olvido!
¡Presentación con Vida de los 43 normalistas desaparecidos y miles más!
¡Castigo a los culpables intelectuales, materiales y encubridores del crimen de Estado!
COMBATIVAMENTE
Coordinadora de Colonias de Ecatepec; Comité en Defensa de la Energía Eléctrica en Atlacomulco de Ciudad Nezahualcóyotl; Casa de los Pueblos México; Centro Cultural Ricardo Flores Magón; Movimiento Social en Defensa del Cerro del Elefante Tlapacoya; Colectivo de Ilusionistas Sociales; UNICOL Espacio Nómada; Ilusionista Sozialen Mintegia ISM-UPV/EHU; Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta; “Mitotzin Resiste-UACM“; La Voz del Anáhuac – Sexta en Rebeldía; UNIVIDA; Plantón Contra la Termoeléctrica de Huexca; Colectiva de Colores; Radio Rebelde; Asamblea Delegacional del SITTAUNAM en la Facultad de Arquitectura; Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos y el de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Zapateando Medios Libres; Sexta Por La Libre Yucatán; Mínima Galería Íntima; Morada Tropikal El Teatrito Yucatán.
Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.
En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.
Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.
Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.
Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.
Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:
• Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.
• Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.
• Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.
• Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.
• La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.
• Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.
• Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.
Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.
ATENTAMENTE. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Data Cívica Fondo Defensores Grupo de Periodistas Independientes.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.
Para mayor información contactarse a: Citlalli Hernández Saad 614 130 6883 mexico.ipri@iprights.org Nataniel Hernández Núñez 56 4160 1225 proteccion@redtdt.org.mx
El año escolar 2024-2025 va a iniciarse en un nuevo contexto político para todos: somos víctimas de arbitrariedad y transgresión a los derechos humanos. Y los educadores, formados en la democracia, debemos reforzar la formación de ciudadanos para una convivencia que preserve los valores y principios de un Estado Democrático de derechos y de justicia.
En una de sus obras educativas, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa decía que “si un Estado es fascista, la escuela es fascista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista. Y si el Estado es democrático, la orientación de la escuela necesariamente tiene que ser democrática”. Por tanto, el desconocimiento de la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio (siendo uno de los valores democráticos que debemos enarbolar) y la represión contra los ciudadanos que exigen sea respetado dicho resultado por todos sabido, dan cuenta de un Estado que contradice lo establecido en la Constitución Nacional.
Es imperativo que la sociedad toda comprenda que la existencia de un sistema moderno de justicia, fundamentado en los principios de soberanía del pueblo, libertades públicas, elecciones libres, respeto a los derechos humanos, participación e igualdad de oportunidades, es esencial para garantizar una educación democrática. En otras palabras, sin democracia ni respeto a todos estos valores, la educación para la democracia es letra muerta y el ejercicio de la docencia se verá seriamente comprometido, siendo los educandos los más afectados ante la actual coyuntura de violación masiva de los derechos.
Por otro lado, los educadores, debemos promover el libre debate, la confrontación de ideas, el respeto a la diversidad política y la tolerancia, ya que esto permitirá que la educación refleje la riqueza de la sociedad y forme a los ciudadanos para interactuar de manera crítica y constructiva en el ámbito público.
Sólo en democracia se puede garantizar el derecho a una educación científica, gratuita y de calidad para todos. Solo en democracia se combate la discriminación y la exclusión social. La crisis humanitaria compleja se agudiza hoy, sin que el estado actúe dándole su justo valor.
El sistema y la educación democráticos son dos caras de una misma moneda. Sin un sistema democrático que garantice las libertades públicas, la educación se ve amenazada en su misión de formar ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos con la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es fundamental, en este nuevo escenario, que nos impone un Estado violador de los derechos humanos, defender y fortalecer la democracia como el cimiento sobre el cual se edifica una educación verdaderamente humana.
No es posible educar en un ambiente de miedo, de terror y persecución a jóvenes estudiantes, a sus docentes y ciudadanos. Se requiere un clima de respeto a los derechos y garantías constitucionales. Se requiere un espacio de tranquilidad, de paz para que sea eficiente y efectivo el proceso enseñanza aprendizaje.
Como educadores, estamos en el deber de oponernos a la pretensión de convertir la educación en un instrumento de control social y político por parte del Estado/Gobierno. Llamamos al magisterio a fomentar el pensamiento crítico, la pluralidad de ideas, el respeto y la defensa de los derechos humanos. En otras palabras, llamamos a fomentar la democracia y a luchar para que en la educación no se siga entronizando la pobreza.
En palabras de Paulo Freire, pedagogo brasilero: “Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar del humanismo y negar a los hombres, es una mentira.”
¡Viva la Democracia!
¡Salvemos la Educación!
¡Libertad para todos los menores que se encuentran presos!
Asistimos a importantes conflictos docentes provinciales ante la dura caída salarial y presupuestaria por la fuerte subejecución de partidas educativas del gobierno de Milei (ver nota) y los ajustes de los gobernadores. Con el avance de una reforma laboral que ataca los Estatutos Docentes y regímenes de licencias, al imponer arbitrarios “presentismos” para cercenar el derecho de huelga en Chubut o en Santa Fe, provincias gobernadas por la derecha del PRO; además de Neuquén que generó una enorme lucha, o en Córdoba con el PJ de Llayrora y su ítem de Profesionalidad Docente.
Mientras Kicillof viene de castigar duro a miles de docentes al ponerles arbitraria e ilegalmente “inasistencias injustificadas” ante los masivos paros realizados con la Multicolor, y descargar duros descuentos. Son medidas que ya se aplican en distritos de la extinta Juntos por el Cambio, por el PRO o la UCR en la Ciudad de Bs. Aires, en Jujuy o en Mendoza con su nefasto Ítem Aula. Pero que también las propuso Massa en su campaña y las defienden desde Grabois (ver nota) a Cristina.
La docencia enfrenta también, junto a los estatales, las perversas reformas jubilatorias en Entre Ríos y Santa Fe que aumentan la edad para jubilarse y llevan los descuentos al 20% del salario. Esto en el marco del déficit 0 de Milei, que no gira la plata para las cajas provinciales desde que asumió, junto a su repudiable veto a un magro aumento para millones de jubiladas y jubilados.
A lo que se agrega una reforma anti educativa en distritos como la Ciudad o la provincia de Buenos Aires en Secundaria y en otras áreas. Más las carencias en infraestructura, comedores o la falta de cargos. Todo ese combo genera claras medidas de paro docente y movilización en varias provincias, y en todas se parará este jueves 26.
El 26, apoyemos las luchas provinciales y a la universidad
En La Rioja entraron en su 5ta semana de conflicto, con paro de 96 hs y movilización esta semana ante el ajuste de Quintela y el PJ; más las 72 hs de paro en Chubut; 5 días de paro en Entre Ríos; 48 hs de paro en Río Negro y el paro de este jueves 26 en Misiones con el MPL y la UTEM, gremios que integran la FND, Federación Nacional Docente, y el de GDA en Formosa.
Mientras las Seccionales y la Multicolor de SUTEBA convocan a marchar este jueves 26 a Educación en La Plata para reclamar aumento salarial, en defensa del derecho de huelga y que se reviertan las faltas “injustificadas” a los paros, así como el resguardo efectivo y un protocolo para las situaciones de violencia como la sufrida en el Jardín 924 de Tigre, concentrando 11 hs en Plaza Moreno de la capital bonaerense.
Solo esa realidad de conflictos en gremios que integran la CTERA, amerita que convoquen a una acción nacional para coordinar, unir y apoyar esas luchas el 26 para que triunfen. En ese marco, el plenario de ATE Nacional anunció una jornada de paro y movilización ese día a Plaza de Mayo y se sumarán a la marcha nacional del 2 de octubre.
Este jueves 26 y ante una caída salarial del 50% con Milei, más la fuerte subejecución presupuestaria y el anuncio del veto a la Ley de Financiamiento Universitario (ver nota), aprobada por amplia mayoría en el Congreso, los gremios universitarios convocan a paro el 26. El que es parte del plan de lucha nacional que vienen realizando y tendrá continuidad en una nueva Marcha Federal el miércoles 2 de octubre.
Estas medidas están instaladas en las escuelas, jardines, secundarias y profesorados, y las va conociendo la comunidad, ante el ajustazo a la universidad pública. Y esta convocatoria a enfrentarlo de docentes, no docentes y estudiantes universitarios, por lo que se plantea la demanda de coordinar y nacionalizar toda la lucha educativa.
Así cobra fuerza la agenda de la Coordinación Nacional Docente de gremios, la FND, Seccionales y agrupaciones combativas, al plantear a las conducciones de CTERA y los gremios docentes de la CGT que llamen a paro nacional el 26, en unidad con los universitarios. Y el 2 de octubre se concrete una nueva y multitudinaria Marcha Federal Educativa a Plaza de Mayo y cada plaza del país, como se votó en febrero en CTERA, pero la burocracia Celeste nunca concretó.
Sumarnos nacionalmente a la Jornada de este jueves
Si estas conducciones no convocan, se impulsa una Jornada Nacional de Lucha este jueves 26 con paros, movilizaciones y protestas, que empalma con los conflictos en Chubut, La Rioja, Río Negro y Entre Ríos, todos con gremios de base de la CTERA. Además del paro de este jueves en Misiones y Formosa, más el cese de tareas y jornada de protesta en las escuelas de AMSAFE Rosario.
En ese marco, desde la Coordinación Nacional Docente se rechazó también la criminalización de la protesta educativa, ya que ¡luchar no es delito! Por lo que se exige la absolución inmediata de Daniel Murphy y Carlos Magno, dirigentes docentes de la ATECH en Chubut.
Se planteó también la necesidad de un paro nacional cuando se trate en el Senado el antipedagógico proyecto de educación como supuesto “servicio esencial”. El que no plantea ni una mejora de salarios ni en aulas o escuelas ni en becas ni material didáctico porque, como reconocen, solo quieren regimentar el derecho de huelga de docentes y auxiliares.
CTERA, mucha denuncia y ninguna acción
En esa realidad, la Celeste de CTERA lanzó una denuncia por “el gravísimo ajuste a la educación pública en la Argentina”, diciendo que el “Presupuesto 2025 presentado por Milei significa una pérdida del valor real del 50% para los programas educativos con respecto a lo destinado en 2023”.
También rechazan la decisión de incumplir el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) que fija un presupuesto desde el nivel Inicial al Superior, no menor al 6% del PBI. Además de liquidar el Fondo Nacional para la Educación Técnica (Ley 26.058, artículo 52º), cuyas partidas subejecutan fuerte este año (ver nota). Y van a incumplir también el aumento presupuestario para Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614, artículos 5º, 6º y 7º).
A lo que CTERA agrega: “se ven seriamente afectadas las partidas de Formación Docente (-63%), la construcción de Jardines de Infantes (-59%), las Becas estudiantiles (-64%), la Infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras”. Por todo esto concluyen: “la Educación Pública no se vende, se defiende”. Y cabe preguntar, ¿cómo…?
Pero es imposible saberlo ya que ese documento no lo dicen ni mencionan ninguna medida de lucha. Entonces, para apoyar los conflictos provinciales y la unidad con el reclamo universitario, es necesario hacer asambleas en las escuelas y distritos para exigir a las conducciones nacionales que convoquen. Y para sumarse a la Jornada de este jueves 26 con la Coordinación Nacional Docente.
Plata hay, que vaya a salario, educación, salud y trabajo
Para decir basta de ajuste a la universidad y la escuela pública. Porque la educación es un derecho, no un servicio. Lo esencial es el presupuesto para infraestructura, becas, libros, comedores y salarios. Para reclamar además la devolución del Incentivo, su aumento, el pago de la deuda y que pase al básico con fondos aportados por Nación, al igual que con todos los fondos nacionales subejecutados (ver nota).
Plata hay: ni voucher ni subsidios a las privadas. Fuerte impuesto a la riqueza para que paguen los que más tienen. Milei quiere su déficit 0 para pagar la estafa de la deuda al Fondo y los bonistas buitres, luchemos para que toda esa plata vaya a salarios y a las partidas educativas, para salud y trabajo.
Es necesario coordinar y unir el conflicto educativo, también con la lucha del hospital Garrahan, con Aerolíneas Argentinas, por los despidos en el SUTNA y las jubilaciones. Porque sufrimos una brutal caída de ingresos, ataques a derechos y represión, pero el gobierno sufrió también derrotas y hay crisis por arriba. Podemos pararles la mano, como hicimos al derrotar su nefasta Ley Ómnibus.
Para lograrlo, se debe exigir a la CGT y las CTA que llamen a paro general y plan de lucha para que estos conflictos triunfen y avanzar en derrotar el ajuste y la entrega de Milei. Es ahora y en la calle.
México ha logrado avanzar en algunos aspectos educativos; como el vínculo entre la escuela y el trabajo. Pero todavía existen retos importantes para que la educación sea un derecho universal. Especialmente existen obstáculos para quienes pertenecen a grupos vulnerables: las mujeres, los migrantes, los pobres, los rurales, los indígenas.
En México, la educación es insuficiente y desigual; todavía miles de niños y jóvenes en edad escolar están excluidos del sistema educativo. Especialmente quienes pertenecen a grupos vulnerables; los más pobres, los rurales, los indígenas o quienes enfrentan contextos de inseguridad y violencia.
En el informe sobre Panorama sobre Educación 2024, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) destacó que los indicadores sobre desempeño académico en México son significativamente más bajos en comparación de economías de tamaño similar.
También se destaca cómo las desigualdades sociales y la pobreza se interseccionan para limitar el acceso de los estudiantes a la educación en todos los niveles; y cómo pueden impactar negativamente en su desempeño académico.
Aquí te presentamos algunos gráficos sobre la situación educativa de México.
1. Piso disparejo para la población indígena
México es uno de los países de la OCDE que presenta las brechas educativas por razón étnica más amplias: la escolarización básica es apenas la mitad entre quienes se identifican como indígenas que entre la población no indígena.
Este resultado se explica principalmente por la falta de infraestructura educativa (escuelas con servicios e instalaciones básicos) y personal docente en las comunidades indígenas.
Otra de las barreras que enfrentan los estudiantes indígenas es la casi inexistente oferta de materiales y programas escolares adaptados a sus lenguas maternas, lo que limita, total o parcialmente, el aprendizaje de estas poblaciones.
La pobreza, económica y social, también es otro de los factores que contribuye a la desigualdad educativa entre las poblaciones indígenas y no indígenas.
2. Capas de vulnerabilidad que expulsan a los estudiantes de la escuela
Así como la condición de pertenencia a grupos indígenas, los jóvenes que pertenecen a otros grupos vulnerables también encuentran dificultades para acceder efectivamente a la educación. Esto produce que su desempeño académico muestre diferencias respecto de sus compañeros; es el caso de las mujeres, los pobres y los migrantes.
En el aprovechamiento académico en matemáticas, una de las áreas evaluadas con las pruebas PISA, se observa que un porcentaje ligeramente mayor de hombres (7 puntos arriba) registró las competencias mínimas requeridas para estudiantes de 15 años.
Pero en los casos de las variables de migración e ingresos las brechas fueron significativamente mayores; de 30 y 35 puntos respectivamente.
Esto se explica principalmente a que las poblaciones más pobres o quienes han sido desplazados de sus lugares de origen enfrentan complicaciones para alimentarse, transportarse. En algunos casos sus comunidades presentan inseguridad pública y son más propensos a vivir violencia doméstica. Todos estos son factores que impactan negativamente en el desempeño académico.
3. Uso de tecnologías es todavía bajo; particularmente en zonas rurales
Otras brechas importantes que se presentan son las del uso de las tecnologías como soporte en la educación. En México, aunque ya se han logrado conectar 81% de su población, la mayoría de esta población es urbana. Además, el uso de tecnologías de la información se concentra en la consulta de redes sociales y la mensajería instantánea; el uso de las TICs para procesos más complejos es muy bajo.
De acuerdo con las cifras de la OCDE, sólo el 22% de la población urbana en México ha descargado, instalado o configurado un software, por ejemplo la paquetería de Office o la paquetería de Adobe. Éstas son algunas de las habilidades fundamentales para la formación educativa.
En comunidades rurales el uso y aplicación de estas tecnologías es incluso menor; sólo el 8% ha realizado alguna de las actividades relacionadas con sofwares.
Los niveles de uso educativo o profesional de TICs en México son significativamente más bajos en comparación con los promedios de los países de la OCDE, que son hasta del doble.
4. México logró disminuir su poblción de «ninis»
Uno de los indicadores que sí han presentado mejoras en el ámbito educativo es el de los jóvenes «ninis», que no estudian pero tampoco están insertados en una actividad remunerada. Esto refleja una mayor vinculación entre el desarrollo académico y la inserción en el mercado de trabajo.
La comparación que hace la OCDE de los jóvenes que no estudian ni trabajan entre países muestra que México fue uno de los pocos latinoamericanos que lograron reducir esta población. Sólo entre 2016 y 2023 este grupo de jóvenes se redujo 10 puntos porcentuales.
Pese a este avance, todavía cerca de 16 de cada 100 jóvenes de 18 a 24 años no tiene ninguna ocupación.
Los programas sociales y las mejoras registradas en materia laboral durante los años recientes son algunos de los factores que han explicado este nivel mayor de conexión.
5. Pocos estudiantes logran llegar a la educación superior
En México, asistir a la escuela y tener un buen desempeño es un privilegio que no tienen muchos niños y jóvenes. Y conforme avanzan en el nivel educativo, se pone más complejo; las desigualdades sociales conforman uno de los principales retos para el acceso de los estudiantes a una carrera técnica, la universidad o el posgrado.
En México sólo el 22% de los adultos de 25 a 64 años cuentan con estudios superiores. De este porcentaje, la mayoría estudió una licenciatura o ingeniería y un porcentaje muy pequeño alcanzó a terminar estudios de posgrado, como maestrías o doctorado.
Destaca que, aunque los niveles todavía son bajos si se compara con otros países similares como Chile, Argentina o Costa Rica, en los años recientes se ha registrado un avance en la matricula de las escuelas de educación superior.
La OCDE destaca que uno de los retos para México es la disponibilidad y accesibilidad de estas unidades: más universidades públicas, ubicadas en regiones históricamente marginadas y mejores parámetros para medir la calidad.
Los indicadores educativos muestran que, pese a los avances, el acceso universal y efectivo a la educación sigue siendo uno de los grandes retos para la política pública de desarrollo social.
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