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Europa/España/6 Mayo 2017/Fuente: El mundo

«Es raro el año en que no te encuentras a un profesor pasota. De esos que te dicen que hoy no pueden ir a clase porque tienen un acto o algo relacionado con su investigación. Cuando esto pasa, él y los alumnos acabamos firmando y nos vamos». Son palabras de Víctor, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), justo antes de aclarar que «son pocos, siempre los mismos» docentes los que «trampean» la asistencia para priorizar otras actividades sobre sus obligaciones con la enseñanza.

Ante estas situaciones «puntuales», reconoce que una hoja de firmas «no parece un método demasiado efectivo» para vigilar la presencia de esos profesores en las aulas. Esta experiencia es el reflejo de una realidad existente en gran parte de España. La mayoría de las universidades públicas carece de sistemas objetivos de control horario que midan con precisión la entrada y salida de quienes imparten clase.

Desde el año 2003, el Tribunal de Cuentas ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de sustituir los procedimientos actuales, basados, sobre todo, en la rúbrica en un papel, por otros más avanzados, que permitan escrutar el absentismo docente con exactitud y evitar excesos de confianza como los denunciados por algunos universitarios. «A veces, algunos profesores se aprovechan del colegueo con los alumnos, porque saben que muchos no se van a quejar de que ese día se marchen», dice María, también estudiante de Ciencias Políticas en la facultad de Somosaguas.

Una ‘bula’ para catedráticos

En un informe de fiscalización realizado a las universidades en 2012, el mencionado tribunal, responsable de inspeccionar las cuentas y de la gestión económica del Estado, ponía de manifiesto la existencia del problema. Según el documento, «el sistema de control de presencia y del cumplimiento del horario fijado por la práctica generalidad de universidades públicas para el Personal Docente e Investigador (PDI) consiste en un mero control de firmas, o similar, para la docencia».

El estudio argumentaba que esta situación impide «un exacto cumplimiento de la normativa aplicable». En ella, se exige diferenciar, «en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada», en aquellos casos en los que no se justifican las ausencias y que comportan una «deducción proporcional de retribuciones».

El órgano fiscalizador subraya, además, que la realidad es similar a la que ya él mismo percibió en 2003. El hecho de que las universidades no dispongan «de un servicio de inspección de personal docente, órgano de supervisión y de disciplina académica» provoca, según explica en el texto, «que se debilite todo el sistema disciplinario» contemplado en el régimen del profesorado.

A juicio del presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ángel Tristán, si estas consignas «ya se están aplicando al Personal de Administración y Servicios, ¿por qué no se aplican a los profesores?«. Aunque dice ser consciente de que, en España, la mayoría de los profesores «son cumplidores y trabajadores vocacionales», no duda en afirmar que ha encontrado varios casos que ponen de manifiesto el problema: «Yo mismo he estado presente en el despacho de un decano al que se presentaron veintitantos alumnos de informática quejándose de que su profesor no había fichado».

Al respecto, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, comenta que «esa falta de rigor por parte de un profesional que, teóricamente, tiene que ir a dar una clase y que durante un cierto tiempo no iba y no pasaba nada, o mandaba al becario, cada día es menos frecuente«. Para él, esta práctica que «antes era como una especie de bula para los grandes catedráticos, algo que se podía hacer aunque no estuviera escrito en ningún lado», es hoy algo anecdótico.

Un sistema digital para ‘fichar’

No obstante, tal como asevera Tristán, en este país no hay datos fidedignos acerca del comportamiento del profesorado. «En el ámbito universitario no se puede hablar de oídas. La eficiencia sólo se puede conseguir con un sistema inteligente que aporte las mayores variables posibles», comenta.

En ese sentido, una de las pocas entidades de enseñanza superior que, a día de hoy, cuenta con un procedimiento de medición precisa es la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Desde hace cinco años, un sistema de control de asistencia digital registra con exactitud cada entrada y salida de sus docentes. Su rector, Javier Ramos, explica que, si bien es cierto que «la mayor parte de las universidades han implementado métricas, muchas de ellas subjetivas, para valorar la calidad del profesorado, esta universidad ha ido más allá con medidas objetivas».

El sistema tiene una base de datos que permite notificar al profesor si ha tenido alguna falta para que justifique su ausencia. Ramos deja claro que el absentismo de los profesores «es un problema residual». Sin embargo, añade, los registros confirman que «se ha mejorado en la puntualidad» desde que cambiaron el procedimiento de vigilancia. Javier Pérez, quien fue director de Comunicación de la URJC cuando se implantó este sistema digital, afirma que la decisión se debió a una combinación de varios factores: «Quejas de estudiantes, una renovación tecnológica y el hecho de que, si al personal se le somete a estos controles, es razonable que se haga igual con el profesorado».

De esta forma, dice un alumno de la UCM que prefiere mantener el anonimato, «se evitarían malos hábitos, como la costumbre que algunos profesores tienen de llegar siempre con 15 o 20 minutos de retraso, o que se escapen antes de la hora». Aun con todo, desde 2005, su universidad complementa el sistema de firmas usual con un informe de seguimiento de la actividad docente. Por medio de un muestreo de alumnos seleccionados aleatoriamente dentro de cada centro, éstos responden a distintas preguntas sobre un día lectivo elegido al azar. Después, los datos pasan a la Inspección de Servicios del centro académico para elaborar un barómetro del curso.

A diferencia de la universidad madrileña, en la ULPGC han optado por un sistema eficiente «muy similar» al de la Universidad Rey Juan Carlos, según explica Ángel Tristán. Existen varios sistemas, pero el presidente del Consejo Social destaca dos. Por un lado, la Facultad de Veterinaria cuenta con un panel «parecido al de un aeropuerto» que informa sobre la hora, el aula, grupo de alumno, asignatura y profesor. Por otro, la Facultad de Informática dispone de un sistema de firmas digitales en un pequeño monitor, «diseñado por un becario», cuyo éxito ha acabado por extender el modelo a otros centros como Empresariales y Derecho.

«A veces me dicen que hay temas más importantes que esto. El más relevante es la suma de todos los factores juntos, y el control horario es uno de ellos», apostilla Tristán. Para él, «no es cuestión de si el problema es pequeño o no, sino de saber que se está aplicando la Ley Orgánica de Universidades tantos años después de su aprobación [en 2001], y de que ese servicio de control interno no dependa del gerente o del rector«.

La docencia no tiene ‘premio’

Expertos en educación y representantes de estudiantes coinciden en que una de las razones principales del absentismo entre quienes imparten clase está relacionada con el desequilibrio de incentivos que éstos tienen en su labor como investigadores y como docentes. El profesorado universitario es evaluado mediante procedimientos periódicos en los que se valora su rendimiento. En el caso de su trabajo como investigador, se realiza por periodos de seis años (sexenios), y en el de su rol de docente, por periodos de cinco (quinquenios). De esta forma, una valoración positiva se traduce en un complemento incentivador.

Sin embargo, estas retribuciones están descompensadas. El director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria, Francisco Michavila, asegura que «existe una dualidad entre la docencia y la investigación porque, mientras los sexenios suponen un premio con prestigio y con impacto económico, la enseñanza no se valora«. En esta misma línea, el vicepresidente del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune), Juan Antonio Montero, explica que «el problema con los quinquenios es que en la última modificación estatal que se hizo en Educación, la docencia perdió aún más valor».

Por eso, añade que «muchos profesores prefieren compatibilizar los créditos ECTS que están obligados a impartir [las unidades para medir el tiempo total de trabajo del alumno] con otras ocupaciones, y priorizar la investigación a la docencia». Montero califica esta situación como «un problema», porque «al final, todo esto se traduce en absentismo».

El presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), Alejandro Delgado, opina que «existe una trampa muy grande, porque los profesores se ven obligados a publicar para impulsar su carrera como docentes, mientras que, al contrario, no pasa igual». Esta ambigüedad supone, denuncian, una causa flagrante de incumplimiento en las aulas. Por ello, según Tristán, «no hay nada de malo en que exista una radiografía de los horarios en las facultades. La política universitaria debe sustentarse en la ciencia, y no en la apariencia o en el rumor».

Fuente: http://www.elmundo.es/f5/campus/2017/05/03/5908ba03ca4741c0598b4603.html