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El senado de Brasil aprobó este jueves la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, tras meses de enfrentamientos que nacieron del enojo por la corrupción y la decadencia económica, arrastrando al mayor país de América Latina a la incertidumbre política a solo unos meses de los Juegos Olímpicos.

Los enfadados partidarios de Rousseff consideran que la iniciativa es un golpe de Estado y amenazaron con protestas a gran escala y huelgas. Sus enemigos, por su parte, insisten en que violó la ley y que los profundos problemas políticos, sociales y económicos del país solo pueden atajarse con ella lejos del poder.

La votación, que salió adelante con 55 votos a favor y 22 en contra, supone que el vicepresidente y otrora aliado de Rousseff, Michel Temer, asumirá como presidente interino del país más tarde el jueves y se mantendrá en el cargo mientas dure la suspensión. El Senado tiene 180 días para celebrar el juicio y decidir si la mandataria debe ser apartada definitivamente de su puesto.

«¿Alguien piensa que llegaremos a 2018 con una recuperación con este gobierno? Imposible», dijo José Serra, que optó sin éxito a la presidencia por el Partido Socialdemócrata en 2010, el año en que Dilma llegó al poder. «El impeachment es solo el inicio de la reconstrucción».

La impugnación de Rousseff pone fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), reconocido por haber sacado a unos 35 millones de brasileños de la pobreza abyecta en los últimos años pero vilipendiado por estar al mando del país cuando supuestamente se desviaron millones de la petrolera estatal Petrobras.

Analistas sostienen que Rousseff se metió en problemas por sus bruscas formas y la percepción de su reticencia a trabajar con legisladores que podrían haberse convertido en aliados. La presidenta, sin embargo, sugirió que el sexismo en una Cámara de Diputados dominada por hombres jugó un papel en el proceso en su contra.

Temer, un político de carrera de 75 años, prometió recortar el gasto público y privatizar muchos sectores controlados por el Estado. Durante semanas ha estado trabajando discretamente para formar un nuevo gobierno ante la posibilidad de su ascenso al poder, algo que molestó a los partidarios de Rousseff, que lo acusan de formar parte de un complot para derrocarla.

Durante el debate, Humberto Costa, líder del Partido de los Trabajadores en el Senado, alzó una fotografía de Dilma en su época de guerrillera marxista durante la dictadura militar del país, entre 1964 y 1985. En la imagen aparece durante un juicio militar en su contra.

Costa dijo que el impeachment es el segundo juicio injusto que enfrenta Rousseff, y que el proceso es un intento de las clases que tradicionalmente gobernaron el país para recuperar su poder y terminar con las políticas del PT en favor de los pobres.

«La élite brasileña, la clase gobernante, que sigue tratando a este país como su dominio hereditario, no aprecia la democracia», manifestó Costa.

Rousseff, de 68 años, fue impugnada por supuestamente maquillar el presupuesto federal. Sus detractores afirman que utilizó trucos contables para ocultar un déficit disparado y reforzar a un gobierno en problemas. La mandataria, la primera mujer en ocupar el cargo y que fue torturada bajo la dictadura militar (1964-1981), ha descrito varias veces el proceso en su contra como la versión moderna de un golpe, afirmando que no se la acusa de ningún crimen y que presidentes anteriores emplearon maniobras similares.

Cuando el proceso de juicio político comenzó el año pasado en el Congreso, estaba considerado como una apuesta improbable. Incluso en febrero, consultoras como Eurasia estimaban que ni siquiera saldría del comité de la cámara baja.

Pero la iniciativa fue ganando impulso a lo largo de los meses, mientras crecía la indignación de los brasileños por los sucesivos escándalos de corrupción relacionados con Petrobras y las noticias diarias sobre recortes de empleo aumentaban la desesperación. Se espera que la economía se contraiga casi un 4% tras un dato igual de malo en 2015, mientras que la inflación y el desempleo rondan el 10%. Los datos subrayan un brusco declive en la potencia sudamericana, que disfrutó de un crecimiento estelar durante más de una década.

La votación en el Senado se produjo después de que la cámara baja se inclinara el mes pasado a favor del juicio político, por 367 votos a favor y 137 en contra.

Los sondeos indican que la mayoría de los brasileños están a favor de impugnar a Rousseff, aunque también indican que el público tiene reparos hacia los legisladores que están en la línea de sucesión.

Temer se ha visto implicado en el caso de corrupción de Petrobras, al igual que Calheiros, presidente del Senado y que ahora es el número 2 en la línea de sucesión. El expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que estaba en segundo puesto, fue suspendido de su cargo este mes entre acusaciones de obstrucción a la justicia y corrupción.

Rousseff ha negado con vehemencia que las maniobras financieras de su gobierno sean un delito y afirma que sus predecesores utilizaron tácticas similares sin sufrir repercusiones. Ha insistido en que, a diferencia de muchos de los que han presionado para impugnarla, ella no afronta acusaciones personales de corrupción.

El proceso de impeachment, afirma Rousseff, equivale a un golpe dirigido a desbaratar programas sociales que han sacado a unos 35 millones de brasileños de la pobreza en los últimos años.

Temer, del centrista Partido Movimiento Democrático, insiste en que expandirá los populares programas sociales, aunque también ha dicho que hace falta rigor presupuestario para sacar a Brasil de su agujero fiscal.

Para agravar las preocupaciones económicas de los brasileños, la investigación sobre una trama multimillonaria de sobornos en Petrobras implica a docenas de políticos y empresarios de todo el espectro político. Aunque la propia Rousseff no se ha visto implicada, miembros destacados de su partido sí se han visto envueltos en el escándalo y eso ha manchado la reputación de la presidenta.

La presidenta «está pagando por todo», afirmó el senador Telmario Mota de Oliveira, alegando que no se la puede acusar de todos los problemas de Brasil.