Reseñas

Natalia De Agustín, de 17 años, no ha acabado este año el curso en su instituto de Madrid. Ha dejado los estudios porque no podía soportar más la situación de acoso que, según ha ido denunciando, sufre desde hace nueve años. Es un relato complejo, de una niña que empieza a tener problemas en un centro, cambia a otro, y luego se traslada también de distrito, pero se encuentra de nuevo con las mismas compañeras que le hostigaban, o con otras que conocen a las primeras y toman el relevo. Así hasta en cuatro centros.

Primero una o dos niñas que la insultaban, luego un grupo, acoso en las redes sociales. Mensajes del tipo:»Me han contratado para matarte». Persecuciones por la calle, palizas mientras la grababan con el móvil. Pasó dos meses ingresada en el hospital. Un rosario de denuncias en la policía, reuniones en los centros, dos juicios. Todo inútil, según su experiencia. Al final, el pasado mes de febrero, Natalia lo dejó. La historia que cuenta su familia es la de un sistema que no funciona, no sabe atajar el problema y, es más, según ellos, trata de ocultarlo. “El sistema no te da soluciones, y si no aceptas lo que hacen te acaba expulsando, que es lo que ha acabado pasando a nuestra hija”, acusa su padre, Luis De Agustín, que hace tres años, junto a su madre, Raquel Rodríguez, y la propia alumna, ya denunciaron lo que estaba ocurriendo a este periódico.

El suicidio de un menor de 13 años, en Getxo, el pasado 16 de junio, que había denunciado sin éxito acoso escolar durante años ha vuelto a demostrar que a veces estos casos se subestiman. La madre de ese chico ha escrito un duro mensaje en redes sociales contra el colegio: “Yo lo avisaba. Ellos miraron para otro lado. Ahora que no me vengan con chorradas”.

“A ver si te suicidas”

En 2017, cuando dos chicas agredieron a Natalia, una le dijo: “A ver si te suicidas de una vez que es lo que queremos todas”, según su relato. Tras un juicio, las dos menores acabaron condenadas a trabajos sociales e indemnizaciones en 2018. En otro, pendiente ahora del recurso, otras dos menores fueron absueltas. Aunque su padre afirma que siete agentes municipales y la directora del instituto testificaron a su favor, y que una de las menores reconoció que había pegado a su hija y la otra, que había sido expulsada del centro.

¿Qué ha fallado en el caso de Natalia para que deje de estudiar? Para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, nada. Esto es lo llamativo, muy representativo de los continuos choques entre familias e instituciones sobre el acoso escolar. La consejería cuestiona a la menor y a su familia. No considera que en el episodio del último instituto, el que la ha llevado a dejar de estudiar, se haya producido acoso, y no entrar a valorar lo ocurrido a Natalia en los años anteriores. Asegura que se abrió el protocolo y se cerró al considerar que no existía. Es más, apuntan que la menor “lleva desde febrero sin acudir a clase, sin justificar” y que tuvo problemas en el centro donde estuvo antes.

Se refiere al caso pendiente de sentencia definitiva: precisamente una de las acusadas se matriculó en el centro donde estaba Natalia y pese a sus advertencias, acabó en su misma clase. El centro argumentó que no podía hacer nada porque no había una condena contra ella. Luego empezaron los problemas.

«La consejería, en el momento en el que tiene conocimiento de un supuesto caso de acoso actúa inmediatamente enviando a los equipos de inspectores y psicólogos a los centros. Y allí es donde se recaba la información y se determina si es un caso de acoso o no. Ni se tapan casos ni se minimizan», afirma. «Somos los primeros interesados en que esta lacra desaparezca. De ahí el decreto aprobado hace unas semanas sobre convivencia escolar, que determina incluso sanciones para todos aquellos que no desvelen la existencia de un caso de estas características”.

La Comunidad argumenta que los casos bajan, pero porque cree que la mayoría no lo son: en el curso 2015-2016 se presentaron 573 denuncias y solo se admitieron 179, el resto se desestimaron; en 2017-2018 se recibieron 407 y solo se estimaron 83. La conclusión de la consejería es que los casos de acoso escolar se han rebajado en un 54% en la última legislatura.

Al margen de quién tenga razón, es sintomático que un grave problema de menores degenere en un enfrentamiento tan hosco entre una familia y la Administración. Pero son más familias y se repite en toda España. Los cursos con mayor potencial de riesgo son quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria.

En 2015, también causó una gran conmoción el caso de Diego, un alumno de un colegio de Villaverde, en Madrid, que se suicidó tras dejar una carta a sus padres: «Ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir». La reflexión de su padre, Manuel González, que en los tribunales no consiguió que se reconociera el acoso escolar, también es muy amarga: “Mi experiencia, como la de los padres de Natalia, como la de la mayoría de la gente, es que la Comunidad de Madrid nunca ve nada, todo les parece bien, solo piensan en taparlo”.

La Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar (Amacae) es igual de contundente: “El caso de Natalia es el más sangrante que hemos tenido en cinco años, es de manual. La consejería de Educación solo quiere tapar todo, es lo habitual”, asegura María José Fernández. Sus datos son muy distintos: en 2016-2017 atendieron 500 casos; al año siguiente, 700; y en el primer trimestre de este año llevan 100, el doble que el año pasado. “Cuando llegan aquí ya están desesperados, porque nadie hace nada. Y si dejan de ir a clase se arriesgan a una multa por absentismo y hasta un expediente de tutela de los servicios sociales. Si denuncias, te persiguen”. En su opinión, hay un problema de fondo: “El sistema culpabiliza a la víctima, minimiza, dicen que hay un conflicto, no lo tratan como acoso, lo disfrazan. Se han gastado un montón de dinero en un programa de convivencia y quieren hacer ver que funciona y bajan las estadísticas. ¿Cómo es posible, si estamos todas las asociaciones de España desbordadas? Estamos como en la violencia de género hace 30 años”.

Igual de severo es el informe que acaba de presentar Amnistía Internacional sobre el acoso escolar en España. Concluye: “Son miles los casos de acoso escolar que no se documentan como consecuencia de la ausencia de datos, una formación inadecuada y una rendición de cuentas deficiente”. Asegura, en resumen, que las cifras oficiales no son reales. “Es totalmente cierto que se tapan los casos. En Extremadura, por ejemplo, el porcentaje oficial de casos es del 0,02%, eso es imposible”, explica Koldo Casla, uno de los autores del informe. Amnistía ve un abismo de cifras según quién las dé: los últimos datos de la OMS, de 2014, hablan de un 7,5% de niños y un 4,3% de niñas, una media inferior a la europea. Pero muy lejos del 0% y el 1% que sostienen las comunidades autónomas. El 96% de las denuncias que llegaron al teléfono de acoso del Ministerio de Educación en 2017 no se remitieron a la inspección. Amnistía realizó 125 entrevistas y dos profesores, uno de Badajoz y otro de A Coruña, les dijeron lo mismo: “Si un director dice que en su centro no hay acoso, es que o no sabe lo que pasa en su colegio o está mintiendo”.

La primera toma de conciencia del problema en España, por su impacto social y mediático, fue el caso del niño Jokin, en 2004, en el País Vasco. A partir de ahí se desarrollaron los protocolos de acoso en todas las comunidades autónomas, aunque pasar del papel a la sensibilidad real ha costado mucho más. “Desde hace cinco años hemos visto un cambio. Antes era un tabú total y los centros no querían hablar de acoso, no querían abrir el protocolo, mucho menos los privados, que son más herméticos. Va cambiando. Ahora ya en algunos casos es casi es al revés, se denuncia enseguida, y a veces lo ven donde no hay, son problemas de convivencia mal gestionados”, explican tres de los 170 agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid, que intervienen en estos casos. “Te llegan padres con niños de tres o cinco años que hablan de acoso, y a esa edad es imposible”, certifican especialistas de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, con 217 delegaciones en España.

“Es más fácil de demostrar el ciberacoso, por los pantallazos, y el físico, por las secuelas, y también si se somatiza o hay testigos. Si es psicológico o de aislamiento, es más difícil”, reflexionan las agentes de Policía Nacional. La parte más difícil es implicar en la solución a todos los involucrados en el problema. “Los padres del presunto acosador lo niegan siempre y no aceptan que su hijo puede necesitar ayuda. Luego les enseñas los whatsapp y se desmoronan o le dan un guantazo allí mismo. Y eso que a veces estos niños tienen rasgos de líder, con habilidades sociales, pero mal canalizadas», explican los agentes municipales. Al final, si no hay avances, la solución de muchos padres simplemente es cambiar de colegio, como ha hecho Natalia De Agustín durante años.

Muy pocas condenas

Una instrucción de la Fiscalía General del Estado de 2005 aconsejó resolver los casos en el propio centro, pero cuando los padres presentan una denuncia el asunto se judicializa. Entonces entra en otra dimensión, la penal, más árida y que habitualmente crea más descontento. Porque además de ser una experiencia desagradable, solo una pequeña parte de lo que llega acaba en condenas. “Nos llega una avalancha de denuncias, pero el acoso escolar no existe en el Código Penal. Hay que probar otras cosas: lesiones, delitos contra la integridad moral…”, explican portavoces de la Fiscalía de Menores de Madrid. Su último informe anual apuntaba con preocupación que en 2017 tramitó 192 denuncias y archivó 81, el 42%, porque los implicados eran menores de 14 años y, por tanto, sin responsabilidad penal. Aunque consideraba que estos casos no eran acoso, sino “conflictos propios de la convivencia en el ámbito escolar e, incluso, desavenencias de los progenitores de los menores con el centro escolar”.

Por eso la Fiscalía de Menores también es objeto de fuertes críticas de los padres: “Te sientes tratado como un delincuente, están acostumbrados a asuntos más graves y para ellos esto son tonterías de críos”, acusa Luis De Agustín. Natalia relata que la primera vez que fue a declarar el fiscal vio su voluminoso expediente y le dijo: “Mira, yo no me voy a leer el Quijote”. Su padre contó el episodio en un programa de televisión y el funcionario le llamó para disculparse. La Fiscalía asegura que su personal está formado y es sensible al problema. En cuanto al fiscal que atendió a Natalia, dejó el puesto tras la polémica.

Y Natalia, ¿qué va a hacer ahora? «No sé, vivir, curarme, y no callarme más. Fue duro dejar el instituto, pero decidí no sufrir más. Ahora pienso en volver a pisar un instituto y es muy doloroso, verte rodeada de gente y sentirte indefensa».