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Colombia: Historias de madres adolescentes que encuentran en la educación una salida

Reseñas/América del sur/Colombia/21 Mayo 2020/elpais.com

Romper el círculo de pobreza de las madres menores de edad en contextos vulnerables y enseñarlas a ser agentes de transformación social y económica en su propio terreno: esta organización en Cartagena (Colombia) lo está consiguiendo

“Esta es la condición”. Cuando Ana María Salas, madre adolescente de una niña de dos años, vecina de Cartagena de Indias (Colombia), entró a la Fundación Juanfe, se lo explicaron así, según recuerda: “Te podemos ofrecer formación técnica, y la oportunidad de conseguir un trabajo digno, con una condición: evita embarazarte por segunda vez en los próximos cinco años”.

Es una de las características más llamativas del modelo con el que trabaja esta organización. En sus inicios, hace 18 años, contribuyó a reducir la mortalidad infantil en Cartagena y, actualmente, se centra en romper el ciclo de la pobreza de madres menores de edad en contextos vulnerables y acompañarles a ser agentes de transformación social y económica.

Catalina Escobar, fundadora de la Juanfe (el nombre proviene de su propio hijo, Juan Felipe Gómez Escobar, que murió en el año 2000), explica cómo surgió la necesidad de este modelo de trabajo: “El embarazo adolescente hace que el país sea más pobre y menos sostenible. En Colombia, cuando una joven se queda encinta, con menos de 15 años, hay un 83% de probabilidades que antes de los 20 años tenga ya tres hijos. Aquí, el 74% de las menores están por debajo de la línea de pobreza”. Catalina es una emprendedora social muy conocida en círculos empresariales y políticos del país.

Ana María Salas vive en esa otra Cartagena que contrasta con la del centro histórico o de la línea de costa que frecuentan los turistas. Como ella, muchos habitantes de esta ciudad caribeña habitan en “casas de invasión”, construcciones precarias levantadas sin licencia por familias en espera de conseguir legalizarlas o de tener que mudarse a otro barrio. Esta muchacha estudia un curso de servicios hoteleros, una de las salidas laborales de más demanda en la ciudad. El período en el que la Fundación desarrolla sus programas de atención en salud, educación e integración al mercado laboral, suele durar unos dos años. Ana María conoció la Juanfe por el boca a boca de algunas amigas.

Al vivir en una casa de invasión, no dispone de todos los servicios básicos. El agua, por ejemplo, llega mediante una tubería a la que se han enganchado. Su madre, que trabaja de cocinera en un centro infantil y cobra unos 450.000 pesos mensuales (121 euros aproximadamente), es la fuente principal de ingresos de esta casa con espacios muy reducidos y que alberga a cinco familiares, incluyendo a Ana María y su hija de dos años y su hermano mayor, Adrián, de 22 años. Él no tiene trabajo formal, ni está estudiando.

“Me quedé embarazada a los 15 años”, relata Ana María. “Pero yo al menos pude estudiar la secundaria en cursos sabatinos. Creo que la fundación me ha ayudado a ser mejor persona, y a fijar metas, metas que voy a lograr”. Quedarse embarazada tan joven no fue algo que le preocupase en demasía, según confiesa. Su madre la tuvo a los 17 años. Pero ahora piensa que fue una equivocación.

Para la fundadora de la Juanfe, centrar el trabajo en las madres adolescentes es fruto del aprendizaje de errores iniciales: “Al principio quisimos trabajar con más ahínco en la prevención del primer embarazo. Pero no nos funcionaba, puesto que muchas de las jóvenes que atendíamos son hijas, nietas y biznietas de mujeres que dieron a luz muy temprano. Es muy difícil evitarlo. Es un trabajo de escala nacional que debe reforzarse desde el sector público. Nosotras queríamos un modelo replicable, sostenible, escalable y que rompiera ciclos de pobreza. Entonces, decidimos prestar más atención. Entrar a los barrios, y escuchar”.

Y escucharon a las mujeres de más edad. “Ellas fueron una fuente de información clave. Nos ayudaron a entender los problemas de las potenciales beneficiarias, así como sus verdaderas necesidades. Cambiamos el enfoque y todo empezó a ir mejor”, reconoce Catalina. “Las adolescentes empezaron a empoderarse a través de la formación y el trabajo, y así evitaban embarazarse por segunda vez. Entonces vimos los buenos resultados que ello supone en la reducción de la carga de la pobreza en el país”.

Uno de los compromisos que se pide a las madres aceptadas es que no vuelvan a quedarse embarazadas en cinco años.ver fotogalería
Uno de los compromisos que se pide a las madres aceptadas es que no vuelvan a quedarse embarazadas en cinco años. LEAFHOPPER PROJECT

Antes de entrar a la Juanfe, Ana María tuvo que pasar los exámenes de ingreso: pruebas de lectura y escritura, entrevistas y test de personalidad. Un filtro riguroso que, según explica Eunice Cortecero, del equipo directivo del centro en Cartagena, hace que cada año entren 300 jóvenes, seleccionadas de unas 1.000 solicitudes, aproximadamente. La fundación trabaja anualmente con un total de 850 madres, sumando las de nuevo ingreso, provenientes de los barrios más vulnerables de la ciudad. “Nuestra intervención les ayuda a recuperar el hábito de estudiar, de formarse para trabajar. Las que no entran en una primera ocasión, tienen la oportunidad de volver a intentarlo, siempre que no se embaracen por segunda vez. Sólo un 5% de las jóvenes que inician el programa de la Juanfe lo abandonan”, afirma Eunice.

Hay un dato aún más revelador: el 99,7% de las jóvenes que entran a la Juanfe optan por no tener otro bebé durante el período de formación, y aún varios años después.

Tener un hijo antes de los 18

En Colombia, aproximadamente una de cada cinco embarazadas es adolescente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del Ministerio de Salud y Profamilia, aunque la tendencia es a la baja en los últimos años. Esta situación está ligada a menores niveles educativos y socioeconómicos: el 48% solo había cursado la educación primaria.

Adrián, el hermano de Ana María, también tienen una niña pequeña que vive con su madre, de la que él se separó. Durante un tiempo estuvo limpio, pero con la separación recayó en las drogas, que llevaba consumiendo desde los 12 años. Lleva un par de semanas en proceso de desintoxicación. Mira a su hermana “como un ejemplo a seguir, una buena influencia”.

Los habitantes de Cartagena cuentan que es frecuente que no se utilicen métodos de planificación ni de protección en las relaciones sexuales. Adrián indica que su expareja se había quedado embarazada en diferentes ocasiones. ¿Qué método utilizaban para evitarlo?: “La hice abortar varias veces”.

Entonces, ¿por qué su pareja dio a luz a la niña (que hoy tiene dos años)? “Porque mi mamá es muy creyente. Va a una iglesia. Me convenció de que era un pecado. Así que le dije a mi pareja que, por esta vez, sería mejor que tuviéramos al bebé”.

En sus inicios, la fundación demostró que podía reducirse la mortalidad infantil en Cartagena. Desde los años noventa, era una de las ciudades donde más niños morían por causas evitables. Catalina se puso a estudiar esta situación, desde su experiencia en el sector empresarial y económico, tras la muerte de su pequeño.

Su familia estaba vinculada al negocio del acero. “Yo no iba a dejar el sector empresarial y un horizonte de éxito por algo que no valiese la pena arriesgarlo. Así que esto no es una ONG de una madre que perdió a su hijo. Esto es un modelo económico de desarrollo. Y la economía del desarrollo tiene el reto de demostrar su eficacia en el campo, en contextos reales”.

“El paseo de la muerte” le llamaban, en la Cartagena de aquellos años, al periplo que recorrían las madres con sus hijos enfermos de hospital en hospital sin poder recibir la atención necesaria. Y a ello, se unía la corrupción que penetró en las instituciones públicas y privadas de la ciudad. “Desde 2002, durante los primeros siete años de trabajo de la fundación, contribuimos a reducir en un 81% la mortalidad infantil en la ciudad. Podemos decir que salvamos la vida de unos 5.000 niños y atendimos a 20.000 por desnutrición crónica y severa, sin ayudas estatales”, afirma Catalina.

Cartagena de Indias es una ciudad de contrastes, desde las zonas turísticas hasta los barrios vulnerables.ver fotogalería
Cartagena de Indias es una ciudad de contrastes, desde las zonas turísticas hasta los barrios vulnerables. LEAFHOPPER PROJECT

Durante esa experiencia, la fundación constató que alrededor del 30% de los partos que se producían en la ciudad eran de mujeres menores de edad. Fue entonces cuando viró su enfoque de trabajo: conseguir que las madres adolescentes rompieran el ciclo de dependencia y pobreza.

Actualmente, este modelo de intervención atrae la atención de diversas instituciones y centros de investigación como la Universidad de los Andes, o el Banco Interamericano de Desarrollo que han colaborado con la Juanfe en la medición de impacto de sus programas.

La financiación de la Juanfe depende principalmente de eventos y recursos privados fundamentalmente, como los que aporta la Fundación Mapfre. Además, cuentan con iniciativas de autosostenimiento, como la panadería que opera en el centro de la fundación en Cartagena. Actualmente, el modelo se está exportando a otras ciudades de Colombia, como Medellín, y también a la de otros países, como Panamá, Santiago de Chile y Guayaquil.

Desde 2014, 1.200 mujeres jóvenes formadas en la Juanfe han obtenido la certificación laboral. 700 de ellas ya trabajan en el sector de la hostelería y el turismo, principalmente. El 70% de las jóvenes que consiguen un empleo formal, continúan trabajando en la empresa que les contrató después del primer año, según datos de la fundación.

El bono de impacto social

Un ejemplo de ello, es Mabel Cecilia Iriarte. Tiene 21 años, y nació en Caracas, aunque su familia es colombiana. Mabel vino a Colombia con otros 3 hermanos, cuando tenía 11 años. Sus padres se quedaron en Venezuela durante mucho tiempo, desde donde les enviaban remesas, y los niños vivieron con parientes cercanos. Actualmente reside en el barrio Olaya Herrera, un lugar que para algunos significa violencia, pandillas, tráfico de drogas, aunque para otros no es un sitio tan peligroso como se dice.

Mabel es bailarina de música afrocaribeña y contemporánea. Transpira optimismo, es una pura sonrisa. Ahora vive con sus padres, que regresaron de Venezuela hace pocos años. Ella se quedó embarazada antes de los 18, aunque asegura que tomaba precauciones. Desde que entró a la Juanfe no ha vuelto a quedarse embarazada, y tampoco ha vuelto a tener pareja. “Hasta que tenga mi propio camino recorrido, hasta que esté más segura”, dice.

Ella es una de las 17 jóvenes de la Juanfe que trabajan en el Centro Comercial La Serrezuela. Es el único mall que se ha levantado en el entorno histórico, respetando la arquitectura de una antigua plaza de toros, y tiene un convenio con la Juanfe para contratar a las jóvenes que finalizan el período de formación. El salario de Mabel está algo por encima del mínimo en Colombia, y llega al millón de pesos (unos 270 euros, con las horas extras). Para ella representa un cambio exponencial.

Catalina Escobar es conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, y aborda el gran reto de la sostenibilidad de ONG como la suya. “Una buena forma de atraer recursos”, dice, “son los bonos de impacto social. La sostenibilidad en las ONG depende de estrategias muy diversas. La nuestra es empresarial. Una empresa no invierte sin retorno. Todos los proyectos en los que trabajamos se basan en la economía de escala, utilizando el principio de Pareto: un 20% de inversión para un 80% de impacto y retorno”, dice Catalina. “El resultado de la inversión es una ciudad con menos madres adolescentes abandonadas y sin empleo. Y a la vez, muchas de ellas se integran a la vida económica y aportan su esfuerzo y capital para el desarrollo del país”.

Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes con el apoyo del BID, en 2017, este modelo de intervención es rentable en un tiempo de 31 meses, lo que implica que se produce un beneficio social costo-efectivo y que aumenta exponencialmente a partir del segundo año y medio de la intervención.

En la Juanfe también se cuida de los niños de las madres que se están formando. En su centro infantil de desarrollo integral, se atiende semestralmente a unos 120 bebés. Ahora han ampliado una decena de plazas para hijos de madres venezolanas o colombianas que han regresado de la crisis del país vecino. En el centro trabaja Yorelis Figueroa. Tiene 26 años. Fue beneficiaria de la Juanfe, después de quedarse embarazada a los 16 años. Aquí se formó como técnica de atención a la primera infancia. Y desde entonces, no ha vuelto a quedarse embarazada. “Tengo aún muchas metas. Entre ellas, la de seguir estudiando. Me gustaría ser una investigadora judicial”. A Yorelis le motiva poder ayudar a esclarecer y prevenir casos de violencia y abuso. “He visto muchos en estos barrios, y me duele ver a mujeres en situación tan vulnerable”.

La fundación atendió a 30 casos de abuso sexual en un solo semestre del pasado año, comenta Eunice. “Las víctimas son niñas de entre 9 y 11 años. Un 2% han tenido un embarazo, resultado del abuso. Otro dato alarmante, en este último año es que se ha disparado la atención a personas con tendencias suicidas, muchas veces, a causa de la violencia intrafamiliar”. Es un trabajo difícil, pero Eunice afirma que, en este contexto, “lo difícil es ser indiferente”. Ella tiene un compromiso personal que parece un lema de muchos que trabajan en esta fundación: “No perder nunca la capacidad de asombrarse”.

La visita al centro se realizó antes de que las medidas de confinamiento con motivo de la pandemia se extendieran en Colombia. “La pobreza en el país se está agravando y se empieza a ver la desesperación”, afirma Catalina Escobar. Toda la actividad de la Juanfe se está desarrollando ahora de manera virtual. “El personal docente se ha reinventado y continúa con su labor para que las alumnas sigan las clases. Por ello hemos distribuido smartphones para garantizar la conexión. Hay 3.000 personas más 100 empleados que dependen de la Juanfe. Nuestra prioridad ahora es que a ninguna de las jóvenes que atendemos, muchas en condiciones extremas de pobreza, no les falte un plato de comida en la mesa”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/23/planeta_futuro/1584958428_459337.html

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El corto trecho entre coronavirus y mutilación genital

Reseñas/21 Mayo 2020/elpais.com

Las medidas de confinamiento son una trampa para mujeres y niñas. Un estudio sobre el aumento de la ablación a causa de la nueva pandemia confirma que el cierre de escuelas y programas en zonas vulnerables provocarán dos millones más de casos en la próxima década

Algunas veces, las coincidencias pueden ser realmente extrañas. El 28 de abril, el Gobierno de Sudán anunció una ley que por fin convertirá en delito la mutilación genital femenina, en uno de los países africanos con mayor número de víctimas de esta cruel tradición patriarcal (Unicef considera que el 87% de las mujeres del país la ha sufrido). Sudán era, hasta ahora, uno de los más reacios a considerar delito lo que para muchos grupos étnicos sigue siendo un sello de pureza indispensable para cualquier chica que aspire a un buen matrimonio.

En las mismas horas en que activistas de todo el mundo celebraban esta victoria histórica por los derechos de las mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), inició un estudio sobre la posibilidad de que la mutilación genital femenina se propague en todo el mundo a causa de la pandemia en curso. Es uno de los numerosos efectos secundarios de la covid-19: las medidas de confinamiento, el toque de queda y el cierre de las actividades económicas y de las escuelas, decretado en toda en África para detener el virus pueden ser una trampa para muchas mujeres y niñas, que serán aún más vulnerables frente a la violación de sus derechos.

Según los expertos del UNFPA, que han publicado el análisis en colaboración con la ONG Avenir Health, la universidad estadounidense Johns Hopkins y la universidad australiana Victoria, la prolongación del confinamiento podría provocar en la próxima década dos millones más de casos de mutilación genital femenina respecto a las cifras previstas, además de 13 millones de matrimonios forzosos para niñas menores de 10 años.

¿Las razones? En primer lugar, el retraso en la aplicación de los programas contra la mutilación genital femenina, que se basan en encuentros con las comunidades, la sensibilización de los jefes de las aldeas, las reuniones y el intercambio continuo de informaciones. Todo ello ha quedado en suspenso debido a los cierres causados por la covid-19 y la restricción de movimientos.

La mutilación genital femenina afecta a 200 millones de mujeres en el mundo y tiene consecuencias psicológicas y sanitarias devastadoras, según el último informe de Unicef. La mayor concentración se produce en África, donde 27 Estados siguen registrando distintos porcentajes de esta violencia de género, incluidos aquellos que la declararon ilegal mucho antes que Sudán. Estos porcentajes varían del 95% de mujeres que han sufrido la mutilación en Guinea al 76% de Burkina Faso; del 65% de Etiopía al 24% de Senegal; hasta países donde la práctica es marginal, pero aún no se ha erradicado, como Benín (9%) y Togo (3%).

“Los nuevos datos muestran el impacto catastrófico que la covid-19 podría tener pronto en las mujeres y las niñas de todo el mundo”, afirma la directora del UNFPA, Natalia Kanem. Aunque son solo cálculos: “Las proyecciones ofrecen una visión alarmante sobre el futuro de las mujeres y las niñas, a menos que se hagan urgentemente esfuerzos para garantizar su bienestar y sus derechos”.

Cuatro mujeres sudanesas caminan juntas por un barrio de la capital del país, Jartum, el pasado 5 de mayo de 2020, pocos días después de que Sudán prohibiese por ley la práctica de la mutilación genital femenina.
Cuatro mujeres sudanesas caminan juntas por un barrio de la capital del país, Jartum, el pasado 5 de mayo de 2020, pocos días después de que Sudán prohibiese por ley la práctica de la mutilación genital femenina. ASHRAF SHAZLY AFP

Es probable que las mutilaciones genitales femeninas aumenten también debido a la crisis económica y la consiguiente pobreza, que es el principal motor de los matrimonios infantiles que, en países en los que se sigue esta tradición, van precedidos del “corte” de la niña para que llegue pura a la boda. “Las familias pobres tienen más probabilidades de casar a sus hijas en tiempos de estrés económico, para aliviar la carga que supone cuidarlas”, subraya Natalia Kanem.

Judy Gitayu, coordinadora regional en África de la campaña Equality Now, ha observado que también el cierre de las colegios durante la pandemia puede ser perjudicial, y no solo desde el punto de vista educativo. “Las escuelas, en general, son lugares seguros para las niñas”, asegura, “y aquellas que no asisten a clase son más vulnerables a la violación de los derechos humanos, incluida la explotación sexual y laboral, la mutilación genital, el embarazo precoz y el matrimonio infantil. Además, las escuelas suponen un canal para denunciar violaciones o amenazas y tomar medidas; la pandemia ha bloqueado esta importante fuente de salvaguardia, lo que seguramente se traducirá en una menor protección para las niñas y una menor responsabilidad para los autores del delito”.

También hay quienes aprovechan el encierro para retomar de nuevo campañas a favor de la mutilación genital femenina, que se presenta como una tradición cultural típicamente africana que debe mantenerse para preservar su identidad étnica. Lo denuncia, en Nairobi, en Kenia, Everlyne Komba de la red EndFGM: “En las comunidades donde la mutilación genital femenina está profundamente arraigada, la niña no tiene otra opción, no puede negarse sin pagar un precio social, físico o cultural muy alto. En situaciones de emergencia como la que estamos experimentando debido al virus, esas consecuencias degeneran en intolerancia extrema o en etnoterrorismo, o incluso en sanciones sociales como la marginación dentro de la comunidad, el abuso psicológico, o la maldición, la excomunión y las amenazas de muerte”.

Tomemos el ejemplo de Kenia, considerado el país más avanzado del África subsahariana en la lucha contra la mutilación genital femenina, con un porcentaje de víctimas en constante disminución (actualmente, el 21%). El Gobierno de Uhuru Kenyatta se ha comprometido a suprimirla por completo de aquí a 2022, es decir, ocho años antes que el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. “Una meta muy ambiciosa”, comenta Komba, que ahora se enfrenta a un movimiento pequeño pero decidido que se opone a la criminalización de esta práctica.

«La pandemia ha creado las condiciones ideales para que estas personas persigan sus motivaciones perversas, aprovechando que las instituciones están completamente enfocadas en responder a la covid-19 y, por lo tanto, prestan menos atención a otros asuntos». La activista africana comunica que ha recibido noticias directas de niñas a las que mutilaron clandestinamente (en Kenia se considera un crimen desde 2001), y lo mismo cuenta la psicoterapeuta y feminista de origen somalí Leyla Hussein, que ha fundado en Reino Unido, donde vive, varias asociaciones que brindan apoyo psicológico a las víctimas de la mutilación genital: “En este período, estoy dando apoyo a través de Internet a muchas activistas de África”, explica. “Una de ellas me dijo que en su aldea mutilaron a 45 niñas en una mañana. Por supuesto, la pandemia está matando a muchas personas, pero creemos que, en el mundo, cada 11 segundos se le corta el clítoris a una niña. ¿Por qué no podemos preocuparnos también por esto? Sin embargo, el aumento de esta violencia contra las mujeres tendrá un gran impacto en comunidades enteras”.

De hecho, en toda África se alzan voces que invitan, en este período de covid-19, a no bajar la guardia en lo relativo a los derechos de las niñas. En Ghana, la actriz Yvonne Ossei, protagonista de una serie de televisión que habla precisamente de la mutilación genital femenina, no pierde ninguna ocasión de recordar públicamente a sus compatriotas que no se escuden en la pandemia para no denunciar los abusos contra las mujeres. En Kenia, en el condado septentrional de Samburu, Bernadette Loloju, del organismo gubernamental Anti-FGM, declaró a la agencia Reuters que el cierre de escuelas desde el 16 de marzo ha provocado un aumento de la mutilación genital. “Se ha detenido incluso a una madre que hizo que mutilaran a su hija de 12 años”, refiere, “y las autoridades nos pidieron a los técnicos y a los jefes de la aldea que visitáramos las comunidades rurales del condado para vigilar”.

En el sureste de Nigeria, Kenneth Ehouzou, del UNFPA, ha observado que durante el confinamiento es casi imposible vigilar a las comunidades, y que el alto riesgo de mutilación genital también se debe a la falta de apoyo social a las niñas, obligadas a recluirse en su entorno familiar. En otras palabras, si los padres deciden mutilar a su hija, ella no puede pedir ayuda a nadie.

En Tanzania, la ONG Hope reunió a expertos internacionales (todos a través de Internet) para buscar la mejor manera de lidiar con el posible aumento de las mutilaciones clandestinas debido al nuevo coronavirus: “En la región de Mara”, señalan desde Hope, “el 32% de las mujeres han sufrido la mutilación genital. Hope ha abierto dos casas refugio para niñas que huyen de esta práctica: llegan por la noche, con lo puesto, y les ofrecemos seguridad, educación y esperanza. Ahora nos preguntamos cómo equiparnos para un posible aumento de casos”.

En Nigeria, donde más de 40 millones de mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sufren la herida de una mutilación genital, durante un foro organizado en Lagos por la fundación Think Right, varias asociaciones han pedido al Gobierno federal que, durante esta pandemia, redoble sus esfuerzos contra esta forma de violencia. “Nunca quise circuncidar a mi hija de 10 años, a pesar de la presión de la familia de mi marido”, contaba la activista Foluke Olowoyo durante el foro, “pero cuando fuimos a visitarlos con ocasión de un funeral en el estado de Ekiti, al suroeste del país, los parientes cogieron a la niña y la mutilaron a la fuerza, y luego trataron de aplacar nuestra ira diciendo que el clítoris es un tabú y que una niña no circuncidada sufrirá graves consecuencias en la vida. Mi hija desarrolló una infección y poco después murió. Esta es la realidad de la mutilación genital femenina”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/05/11/planeta_futuro/1589200091_762767.html

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Educación en casa: ¿Y si no hay computador cómo hacemos?

Reseñas/Colombia/21 Mayo 2020/semana.com

Julieth Bustamante acompaña a su hija Nicole a sus clases por medio de un celular. Las tareas le llegan por Whatsapp, pero la clase de excel le toca hacerla con regla y colores en un cuaderno.

“Sé que hay gente sufriendo mucho por el coronavirus, pero al menos por esto ya no gasto seis horas al día en Transmilenio para ir y regresar del trabajo, antes prácticamente ni veía a mi hija, llegaba de trabajar y ya estaba dormida”, cuenta Julieth Bustamante, quien desde 2014 llegó a la capital para buscar mejores oportunidades, ya que en Cimitarra no era fácil encontrar un trabajo para una persona en condición de discapacidad, ya que cuando apenas tenía 7 años perdió una pierna, “en mi pueblo me ofrecían 300 mil al mes, así no vive una familia”.

Si bien Julieth ahora pasa más tiempo con su hija Nicole Andrea, estudiante de quinto en el colegio distrital Altamira, y la pude apoyar en algunas de las tareas que le envían a casa, el poder continuar tanto sus actividades laborales, como las escolares de su hija han acarreado gastos adicionales. Aunque en su hogar, donde también vive su hermano y su compañero sentimental, no tenían computador, en la Unidad, donde Julieth debe contestar las llamadas de víctimas y asesorarlos en algunos procesos, les dieron la posibilidad de llevar a casa el de la oficina. No obstante, para seguir con sus labores le exigieron contratar un servicio de internet, “son 100 mil adicionales y ahora no recibimos auxilio de transporte”. Aún cuando su hija ha podido sacarle provecho a este nuevo servicio para enviar algunas tareas por el celular de Julieth, este nuevo gasto, sumado a que su compañero y su hermano que trabajan en el sector de la construcción no reciben ingresos desde hace más de mes y medio, los tiene, al igual que a millones de familias en todo el país, en serios aprietos económicos, ya que solo de sus ingresos debe sostener las cuatro personas en su hogar.

Por la cuarentena, cambió la cotidianidad de millones de familias, que ahora, como Julieth, deben cumplir un doble rol, el de trabajadores y de tutores, ya que en los colegios están enviando tareas a los estudiantes mediante diferentes vías. A las 7 a.m Julieth debe estar conectada en su trabajo, a esa misma hora, a su Whatsapp comienzan a llegar las tareas de las cuatro materias que Nicole tiene al día. Los profesores piden que antes de terminar el día envíen las fotografías de escritos o dibujos que se pidieron de las actividades, o videos de exposiciones, dramatizaciones y lúdicas explicando algunos temas, tareas en las que requiere apoyo y no siempre puede dárselo inmediatamente debido a su empleo.

Aunque Nicole y su familia ahora tienen internet y ella puede enviar muchas de las tareas desde el celular de su mamá, en otros hogares dar continuidad por esta vía es casi imposible, Por poner un ejemplo, al igual que Nicole, en quinto de primaria hay 665.409 estudiantes matriculados y solo el 37% tiene acceso a internet o un computador en su casa, según cifras del laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que además precisa que hay decenas de municipios donde ningún estudiante reportó tener computador o internet. La Pedrera, Puerto Santander y Puerto Arica (Amazonas), Pisba y Busbanzá (Boyacá), Cacahual, La Guadalupe, Morichal y Puerto Colombia (Guainía), Contadero (Nariño), Yavaraté (Vaupés), Sácama (Casanare), Río Iró (Chocó), Miraflores (Guaviare) y Norosí (Bolívar), son solo unos de ellos.

Pese a que el hogar de Julieth ya hace parte de la estadística de quienes sí tienen internet, aún existen grandes brechas tecnológicas. Por ejemplo, en la clase de informática de Nicole están aprendiendo Excel, pero en su casa no cuentan con este programa, razón por la que debe aprender en una hoja de papel con regla y colores.

Con hoja, papel y colores, Nicole aprende Excel en el colegio, ya que el computador de la oficina de su mamá solo puede ser usado durante el horario laboral. Foto: Esteban Vega – Semana.

El profesor y director de curso de Nicole, Mauricio Fonseca, reconoce que muchos de sus estudiantes no tienen forma de hacer algunos trabajos que se piden por vías tecnológicas, pero no por eso el maestro debe tomar el camino fácil y dejarlos de lado. En el caso de los estudiantes cuyas familias no tienen un celular inteligente, les deja las guías y tareas en una tienda del barrio, donde los padres deben recogerlas y dejarlas resueltas por sus hijos al día siguiente.

Para aquellos estudiantes cuyas familias tienen celular pero no conectividad, el docente les hace pequeñas recargas para que puedan enviar los vídeos y fotografías, “en estos momentos la clave es la flexibilidad, aunque los escenarios han cambiado y la calidad se afectará, como docentes debemos hacer lo posible para que los estudiantes puedan seguir con algunas actividades. Cuando volvamos a clases si debemos reforzar todos los temas, los reforzaremos”, concluye el docente.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-en-casa-como-es-estudiar-en-casa-si-no-hay-computador-o-internet/669579

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Libro (PDF): La crisis de la pubertad y sus consecuencias pedagógicas

Reseña: CLACSO

La crisis de la pubertad y sus consecuencias pedagógicas constituye uno de unos primeros textos argentinos donde se problematiza la adolescencia y se la convierte en una cuestión social y de estudio. Para Víctor Mercante, la pubertad es un retroceso en el desarrollo evolutivo, un momento de «pereza intelectual» con oscuras amenazas que deben ser encauzadas por el currículo y la pedagogía. Publicada originalmente en 1918, esta obra integró el corpus del movimiento que defendía la reforma educativa impulsada por el entonces ministro Carlos Saavedra Lamas. Dentro de ese movimiento, Mercante muestra una posición a la vez conservadora y cientificista.

 

Autor/a:  Dussel, Inés – Otra  Mercante, Víctor   

Editorial/Editor: UNIPE

Año de publicación: 2014

País (es): Argentina

Idioma: Español.

ISBN :   978-987-27761-8-3

 

Descarga:   La crisis de la pubertad y sus consecuencias pedagógicas

Fuente  e Imagen:   http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?novedad=si&c=ar-050&d=13520

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Webinar de CLADE. La comercialización y el lucro en y desde la educación: Perspectivas globales y regionales de América Latina y el Caribe

Por: CLADE.

 

Durante panel virtual organizado por la CLADE, especialistas analizaron los procesos y tendencias hacia la privatización y el lucro en la educación de la región

Chile, Haití y Paraguay son los tres países de América Latina y el Caribe que poseen legislaciones claramente inductoras a la generación del lucro y a la privatización en y desde la educación. A su vez, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú poseen legislaciones permisivas al lucro en la educación. Estos son algunos de los hallazgos preliminares del estudio “Lucro y educación en los marcos legales de América Latina y el Caribe”, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando.

Algunas de las conclusiones de la investigación fueron presentadas por Teise Garcia, del Grupo de Estudios e Investigaciones en Política Educativa (GREPPE) de Brasil, durante el panel virtual “La comercialización y el lucro en y desde la educación: Perspectivas globales y regionales de América Latina y el Caribe”. El debate se realizó en el marco del CIES 2020, el 15 de abril.

“En ninguno de los países [entre los Estados de la región que son analizados en el estudio] encontramos una prohibición completa, que impida el incentivo público al lucro en la educación de manera categórica. Solamente Argentina merece un destaque, pues prohíbe acuerdos bilaterales y multilaterales relacionados a la obtención de lucro”, afirmó Teise García.

Al lado de la investigadora, participaron en el panel: David Archer, de ActionAid International; y Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE). Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, y Toni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hicieron cargo, respectivamente, del debate y de la moderación.

Organizado por la CLADE, el panel tuvo el objetivo de impulsar reflexiones y diálogos sobre los procesos de privatización y lucro en la educación de la región, así como sus impactos negativos en la realización de la educación como un derecho humano de todas las personas.

Mira la grabación del diálogo:

 


Falta de financiamiento y generación de la pobreza

Para David Archer, de ActionAid, la ascensión de la comercialización y del lucro en la educación se debe fundamentalmente a la falta de financiamiento público para este derecho, problema en que desde su perspectiva educadoras/es, activistas y gestoras/es deberían se enfocar.

“La cobertura educativa pública insuficiente, combinada con un déficit estructural y creciente en el financiamiento de la educación pública, ha abierto camino para el surgimiento y la consolidación de un mercado de educación privada con fines de lucro, que se presenta cada vez más como norma en la región”, afirmó.

Añadió que la falta de financiamiento adecuado para el derecho a la educación se debe, en gran parte de los casos, a la deuda externa de los países y a la ausencia de justicia tributaria. “Hay una nueva crisis de la deuda externa. En este momento, hay 60 países que destinan más de 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) al pago de la deuda externa. Eso significa que el pago de la deuda es más grande que el financiamiento de la educación y la salud, lo que representa un absurdo en este contexto de la crisis del COVID-19 que enfrentamos”, señaló.

Según Cecilia Gómez, la falta de financiación de derechos por los Estados y, consecuentemente, la privatización de los servicios públicos generan pobreza. “Considero que este modelo neoliberal que en nuestros países se traduce en privatización – del agua, de la energía, de la educación, etc. – lo que genera es un incremento impresionante de la pobreza, un empobrecimiento de la gente que ya era pobre y se ha convertido en casi miserable”.

 

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/cies-2020-ninguno-de-los-paises-latinoamericanos-y-caribenos-prohibe-categoricamente-el-incentivo-publico-al-lucro-en-la-educacion/

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Webinar: Génesis y actualidad de las educaciones y las pedagogías latinoamericanas

Por: Universidad Pedagógica Nacional. Educadora de Educadores. 

 

A propósito del libro: «Educación Popular. Raíces y travesías, de Simón Rodríguez a Paulo Freire» de Marco Raúl Mejía

María Rosa Goldar, (Universidad Nacional de Cuyo-Argentina)

María Teresa Esteban (Universidad Flumiense-Brasil)

Luis Bonilla-Molina (Director Internacional del Portal Otras Voces en Educación-Venezuela)

Marco Raúl Mejía (Planeta Paz. Expedición Pedagógica Nacional- Colombia)

Modera: Crisanto Gómez (Universidad Pedagógica Nacional-Colombia)

Martes, 19 de mayo

2:00 pm Colombia

3:00 pm Venezuela

4:00 pm Argentina y Brasil

 

Fuente de la reseña: Equipo de Ove

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