Year: 2016

Por: Alberto Croce

El Siglo XXI ha posicionado a la humanidad frente a grandes desafíos. El desarrollo tecnológico y el crecimiento del mercado comercial internacional ha superado las previsiones más audaces. El endodesarrollo del sistema financiero, ha sido más gigantesco aún. La Agencia de Inteligencia de los EEUU (CIA) calcula que el mercado de derivados supera 11 veces al PBI global, lo que está implicando impresionantes movimientos de dinero, de origen y destino señalados como opacos por numerosos centros de investigación y activismo mundial.

En este contexto, una de las grandes y amenazantes problemáticas planetarias  es el crecimiento de una desigualdad que se va transformando, cada vez más, en un flagelo insoportable para grandes mayorías populares en el mundo entero.

América Latina no es ajena a esta situación y, muy por el contrario, luego del crecimiento que fue posible experimentar en prácticamente todos los países en la última década, lo que hoy se constata dramáticamente es el “desarrollo de la desigualdad”, que llega incluso, a amenazar a nuestros procesos democráticos.

La desigualdad -que también puede mirarse como una de sus consecuencias más directas: la “fragmentación social”- puede descubrirse en numerosos procesos sociales, culturales, económicos y, también, educativos.

Es necesario comprender, entonces, que los desafíos por la inclusión social y educativa no pueden separarse de este contexto más amplio que es el de los mecanismos globales que producen esta “desigualdad” que venimos señalando.

La exclusión social ha existido, con diversos formatos, a lo largo de toda nuestra historia. Pero también es necesario reconocer que los pueblos han luchado contra ella y han tenido logros muy importantes. En nuestro país, procesos políticos “nacionales y populares” han conquistado el reconocimiento de derechos sumamente importantes que, de hecho, implicaron procesos de incorporación de inmensas mayorías a la vida cívica, a los derechos sociales y humanos, a condiciones de vida más dignas.

Sin embargo, el desarrollo de las sociedades es dinámico y complejo. Se generan nuevas condiciones y los contextos varían, tanto a nivel local como regional y global. Nuestra hipótesis es que la problemática que hoy enfrentamos es diferente a la que en otra época debimos enfrentar, por más que se puedan reconocer esperables continuidades y que aprendizajes de ayer puedan sernos también útiles en las actuales circunstancias.

En Argentina la situación de exclusión social tiene diferentes expresiones. Una de ellas se manifiesta en la problemática de la exclusión educativa de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, especialmente de estos últimos. Quedar fuera del sistema educativo es un dramático estigma de exclusión social y un preanuncio de una vida marcada por la pobreza o por la indigencia, en los casos más extremos, así como la clausura de la puerta por la que se accede al ejercicio de los derechos más básicos de ciudadanía.

Ante esta situación, miles de organizaciones sociales de todo el país centran sus esfuerzos en la reversión de esta gravísima injusticia social. Calculamos que en Argentina, existen más de 100.000 organizaciones sociales. Algunas son conocidas, respetadas o cuestionadas, por sus campañas más o menos visibles y publicitadas. La inmensa mayoría actúa a nivel territorial y de base, muchas veces bajo la figura de “asociaciones de hecho”, sin las formalidades que el código civil exige para ser reconocidas como tales.

Estas organizaciones, que reúnen generalmente a vecinos, jóvenes, militantes sociales de base, etc. se dedican a multitud de tareas. Pero, sin duda, una de las que prevalece por sobre muchas otras es el trabajo por lograr la permanencia escolar de los niños y niñas y la vuelta a la escuela de los adolescentes y jóvenes que debieron abandonar.

En centros comunitarios, capillas de diferentes credos, galpones, clubes barriales, locales sindicales… estas organizaciones desarrollan numerosas iniciativas tendientes a luchar contra la exclusión educativa que, a veces, aparece como un mal estructural de algunas comunidades. En los últimos años, hemos ido conceptualizando estas actividades, bajo el nombre de “Espacios Socioeducativos”. El concepto reúne actividades tan diversas como el mayoritario “apoyo escolar”, pasando por acompañamiento psicopedagógico, talleres de diferente tipo, actividades deportivas, culturales, artísticas, refuerzos alimentarios, apoyo en materiales para el estudio, facilitación para acceder a la Asignación Universal por Hijo, acompañamiento de los niños y sus familias en la relación con las escuelas, apertura de centros FiNes para los adultos que quieren seguir estudiando… entre tantas otras.

Creemos que la Sociedad en su conjunto aún no valora suficientemente esta tarea cotidiana y, como tantas otras cosas importantes, la deja abandonada al esfuerzo y a la militancia de los que se dedican a ella. Desde hace años venimos luchando para que se reconozca, valore y apoye el trabajo de estos miles de voluntarios y militantes sociales que se comprometen con esta tarea.

Muchas veces, la misma escuela se siente cuestionada por esta actividad. Por una parte porque pone de manifiesto las problemáticas que existen al interior del Sistema Educativo respecto de sus dificultades de acompañar pedagógicamente el proceso de los y las estudiantes que provienen de sectores más pobres o de dar respuesta a las inquietudes educativas de adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo. La formación de los docentes no incluye suficientemente la perspectiva del trabajo conjunto con la comunidad. Más bien, se generan anticuerpos a esta mirada integradora a la que se la considera como una amenaza.

Las Organizaciones Sociales han ido logrando, en estos últimos años, que los Estados, los Ministerios de Educación y los organismos especializados, reconozcan, al menos en sus declaraciones y legislaciones, la importancia y necesidad de su trabajo.

La Ley de Educación Nacional afirma en su artículo 6:

ARTICULO 6º — El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario.

O, por ejemplo, en su artículo 82:

ARTICULO 82. — Las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos establecidos por la Ley Nº 26.061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de niños/as no escolarizados/as en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos.Asimismo, participarán de las acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil que implementen los organismos competentes.

El mismo espíritu encontramos en documentos internacionales, como, por ejemplo las Metas Educativas 2021, propuestas por el espacio iberoamericano:

META ESPECÍFICA 1: Elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con servicios de salud, y promoción del desarrollo económico, social y cultural.

En no pocos casos se ha logrado desarrollar trabajos conjuntos tan importantes como maravillosos, que han significado que miles de niños, niñas y adolescentes pudieran recomenzar sus interrumpidas trayectorias educativas. Pero los desafíos son muy grandes y están aún muy abiertos.

Ante la evidencia que plantea la realidad, las políticas educativas recurren a este inmenso tejido comunitario que se ha ido reconstruyendo con tanto esfuerzo en nuestro país en los últimos años para poder “llegar” a esta gran parte de la sociedad a la que es muy difícil impactar con las políticas públicas que se diseñan. Los más pobres entre los pobres no acceden a algunos programas básicos por efecto de la exclusión social en la que se encuentran. Y es necesario llegar a ellos a través de una presencia cotidiana muy cercana, fraterna y solidaria que les permitan reconocer que el estar incluidos socialmente, no sólo es una necesidad sino también un derecho básico. Esta presencia, no es excluyente de estas organizaciones pero sí define a la mayoría de ellas en su trabajo territorial. Y lo sería aún más contundentemente si las mismas encontrarían más apoyo concreto para desarrollar estas tareas de cercanía.

Además, muchas organizaciones sociales se han convertido en instituciones educativas “de gestión social”, reconocidas en la nueva Ley, y desde allí también se proponen generar modelos de escuelas fuertemente inclusivas en territorios de pobreza y marginación social.

Por otra parte, en estos últimos años, políticas públicas fundamentales respecto de la cuestión que venimos desarrollando, como el Plan FiNes, recurren a las organizaciones sociales para poder “llegar” en el territorio a los jóvenes y adultos que han tenido que interrumpir sus propios trayectos educativos. Día a día, en miles de centros comunitarios de diverso tipo, es posible encontrar a docentes que son “recibidos” por organizaciones comunitarias que le ofrecen un “espacio” no sólo físico, para que miles de jóvenes y de adultos se vuelvan a entusiasmar con la educación como parte de sus proyectos de vida. Y no podemos negar que nos impresiona negativamente que, ante estas acciones tan fuertes, haya sectores de la sociedad que, partiendo de fuertes preconceptos y actitudes discriminatorias, desvaloricen todo este inmenso esfuerzo conjunto entre los propios estudiantes, los docentes y las organizaciones que, en este caso, trabajan en conjunto por un mismo objetivo pedagógico-social.

Pero las organizaciones no limitan a este tipo de servicios directos y en territorio su aporte a la problemática. El trabajo directo en estos territorios y con estas problemáticas permiten que las mismas puedan contribuir también desde sus experiencias, aprendizajes que pueden-deben ser tenidos en cuenta por las políticas y por las instituciones educativas.

Como hemos dicho más arriba, la escuela tiene hoy por delante desafíos muy importantes si quiere dar respuestas al conjunto de la población de nuestros países. No se trata sólo de lograr que los estudiantes no abandonen la escuela o que regresen… se trata de que puedan encontrar en la escuela el lugar en donde construyen los aprendizajes calificados que le permitan una vida positiva en la construcción de la sociedad de la que forman parte. Desde las organizaciones sabemos que esto no es un problema meramente “curricular”. También tiene que ver con el modelo pedagógico que incluye objetivos políticos y sociales. Las organizaciones sociales también aportamos a la comprensión de lo que es la creación y fortalecimiento de los “ambientes educativos” que pueden permitir que la escuela sea realmente un lugar de aprendizaje.

No estamos hablando de supuestos o posibilidades, sino de realidades concretas que hemos vivido y seguimos viviendo en América Latina. Desde las experiencias de Paulo Freire con sus “círculos de educación popular”, que se diseminaron desde el nordeste brasilero al mundo entero, hasta las experiencias mucho menos conocidas pero no poco valiosas, que desarrollan miles de organizaciones en conjunto con escuelas formales y en centros no formales de educación, las prácticas educativas encuentran numerosísimas iniciativas pedagógicas surgidas de espacios educativos alternativos y no formales, y que hoy se pueden encontrar en el corazón de las prácticas escolares cotidianas, aún cuando sus protagonistas no tengan suficiente conciencia de su proveniencia.

Así como en otros campos de la vida social, las organizaciones sociales han contribuido a que los derechos humanos y sociales de nuestros pueblos se expandiesen, en el terreno educativo ha sucedido lo propio en cuestiones ligadas directamente a los procesos de mayor inclusión social.

Es desde las distintas organizaciones sociales que se han reivindicado los derechos de los pueblos originarios y esto ha provocado cambios muy importantes en la manera de encarar la enseñanza de los procesos históricos de nuestro continente. Y en no pocos territorios hoy se reconoce la necesidad de la educación intercultural bilingüe, causa sostenida por numerosas organizaciones sociales especializadas y comprometidas con la temática.

Organizaciones sociales han luchado por el respeto a la diversidad sexual y esto ha repercutido también al interior de las escuelas, con cambios muy importantes en la vida cotidiana de la misma y con muchos desafíos aún por delante. Una mirada diferente sobre los pueblos migrantes ha implicado también nuevas maneras de encarar la cuestión de la diversidad cultural y el respeto a las diferencias, en particular en aquellas comunidades en donde la presencia de personas provenientes de distintos países es mucho más significativa.

Algo similar podemos decir alrededor de otras cuestiones, como la inclusión de estudiantes con discapacidades o la garantización del derecho a la educación de los jóvenes que están privados de libertad.

En los últimos años, además, en varios países de América Latina, varias organizaciones han comenzado a involucrarse en las reformas fiscales y en la lucha contra la elusión y la fuga de capitales, con el objetivo de garantizar mayores presupuestos públicos que permitan más fondos para las políticas que son responsabilidad del Estado, de las que la Educación es sin duda, una de las principales y la que más recursos requiere. Otras, están comprometidas en la lucha contra los reiterados intentos de privatización sobre la educación -tanto la endo como la exo privatización- y la mercantilización que se quiere imponer como paradigma confrontando con “la perspectiva de derecho”.

Como vemos, tanto de manera directa, en el trabajo en territorio con los niños y jóvenes, como en aquellos aspectos que hacen a cuestiones de política educativa y, hasta otras, que tienen que ver con las macro políticas nacionales e internacionales, las organizaciones sociales se han involucrado en la transformación de las situaciones que producen exclusión educativa y han logrado muchas transformaciones e impactos en los Sistemas Educativos.

El debate sobre la efectividad de estas acciones, su escalabilidad, su alcance… sigue estando abierto pero no hay dudas de que no es muy diferente al que se da al interior mismo de los Sistemas Educativos Nacionales. Lo que sabemos y afirmamos es que la responsabilidad de los Estados para garantizar el Derecho a la Educación es intransferible y que lo que las organizaciones puedan hacer siempre será una contribución, más o menos importante o significativa, pero nunca competirá con lo que el Estado esté en condiciones de realizar al respecto.

El esfuerzo por lograr que los aprendizajes y las prácticas que se dan en la educación no formal pueda dialogar con los saberes y con la pedagogía del Sistema Formal es uno de los desafíos más grandes de las políticas educativas actuales. Las preguntas que hoy surgen de las prácticas institucionalizadas, no se llegan a contestar con los elementos con que cuentan las propias instituciones educativas. Preguntas sobre el sentido de la educación, su aporte a la construcción de los proyectos políticos nacionales, su perspectiva en relación con el mundo del trabajo, la producción, la investigación y la creación… aparecen cotidianamente y requieren de un diálogo profundo con la comunidad, primero, y con la sociedad toda. Las organizaciones sociales se vuelven voceros de estas realidades que acogen a las instituciones escolares, las cobijan y las sostienen. Pueden ser mediadores o interlocutores de los mensajes que la escuela necesita para poder renovarse y transformarse.

No se trata de sobrevalorar idealmente a estas organizaciones. Tienen los límites de la sociedad toda. Pero tampoco de desconocerlas y, mucho menos, de desconocer sus aportes concretos a la perspectiva de luchar contra la exclusión educativa. Su mensaje puede ser difícil de comprender y, algunas veces, molesto. Sin embargo, la escuela y los sistemas educativos pueden beneficiarse mucho -y de hecho lo hacen- cuando logran dialogar con las organizaciones y, juntos, renovar los compromisos por garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Cientos de miles de estudiantes pueden dar testimonio de esto en toda América Latina. Nosotros también.

Autor: Alberto César Croce (Argentina) Educador Popular y Maestro.Presidente de Fundación SES. Coordinador del Programa «Aportes para una Nueva Secundaria». (Artículo publicado en la Revista Novedades Educativas n° 283, Julio 2014)