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El nuevo Gobierno de coalición deberá hacer frente al gran reto ecológico y conseguir que el Sistema Nacional de Salud sea capaz de dar una respuesta eficiente a una sociedad cada vez más envejecida
Una de las principales prioridades para Gobierno en materia educativa es disminuir el porcentaje de abandono temprano de la educación, que se había fijado como objetivo para España en 2020 en el 15%. Pero esa meta es probable que no se se alcance, ya que la última Encuesta de Población Activa (EPA) señala que la tasa de abandono escolar se colocó en un 17,3%. Por lo tanto, llegar al 15% en 2020 será prácticamente imposible. El otro reto es bajar el porcentaje de alumnos que con 15 años ha repetido al menos una vez. También es importante recuperar la FP Media, que a diferencia de la FP Básica y la Superior, está estancada en los últimos años. Por otra parte, el Gobierno debe impulsar los estudios de ciencias y desarrollar el estatuto de la profesión docente. En cuanto a la formación docente, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, aseguró en junio del pasado año que había acuerdo entre los partidos al menos en «esencia de un MIR educativo».
Sostener una sociedad envejecida
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene como principal encargo sostener la Sanidad universal. Con un ministerio sin competencias y mucha visibilidad, deberá gestionar con las autonomías y el resto de sectores de la sanidad los retos de una población envejecida que demanda grandes recursos sanitarios y unos profesionales –tanto médicos como enfermeros– muy precarizados. Además de la irrupción de una medicina personalizada con tratamientos que pueden alcanzar el medio millón por habitante.
Revolución climática sin perjudicar a la población
Las emisiones brutas de gases de efecto invernadero en España son hoy un 15,5% mayores que en 1990, y las cifras están lejos de las metas del Acuerdo de París. Para dar impulso a la agenda «verde», Pedro Sánchez creó un «superministerio» de energía y medio ambiente, ahora elevado a vicepresidencia, ha declarado la «emergencia climática», y ha terminado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo último texto incluye un aumento del recorte de emisiones del 21 al 23% para 2030. Teresa Ribera se ha comprometido a llevar ya a las Cortes su Ley de Cambio Climático, con la neutralidad climática en 2050 y medidas que afectan a la energía, la automoción, la edificación, la agricultura o las finanzas y que se enfrentan al reto de no ahogar ni al tejido industrial español ni a la población. Lo más polémico sigue siendo la creación de un parque móvil sin vehículos contaminantes. También se «revisarán» los «beneficios fiscales» a productos energéticos de origen fósil, algo que apunta al impuesto al diésel y al recuerdo de los chalecos amarillos en Francia.
Toda una planificación por hacer sobre el agua
Una nueva sentencia en materia de agua, una multa, la configuración de los nuevos planes hidrológicos y la enésima guerra por el trasvase Tajo-Segura se han sumado en dos años al escenario hidrológico de España, con todo por resolver. La decisión del Gobierno de dejar sin provisiones para riego al Levante durante dos meses ha sublevado al sector y el Libro Verde del agua, un documento-guía no vinculante, ha alimentado el miedo entre los regantes al rescatar la idea del «canon» y de la desalación. Todo ello, en plena preparación de los planes hidrológicos, que deberían tener su primer borrador a finales de este año y que, en el caso del Tajo, debería recoger el dictamen del Supremo, en el que se estableció la necesidad de aumentar los caudales ecológicos. Mientras, España sigue pagando una multa millonaria impuesta por la Comisión Europea por depurar mal el agua. Todo apunta a que se alargará, al menos hasta 2023.
Lucha contra la desigualdad
La brecha de género en los sueldos podría tardar unos 87 años en repararse. La diferencia se intensifica en las edades donde se concentra la maternidad y el cuidado de los mayores. Las tasas de pobreza también son preocupantes, ya que alcanzan al 21,7 por ciento d e la población. El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal obstáculo de las familias españolas, que ven incrementado el salario mínimo pero con más dificultades que nunca para conseguir un techo. El FMI acaba de denunciar que el gasto social en España no ayuda a las personas más pobres y que los jóvenes son los que han salido más perjudicados de la crisis.
Fuente: https://www.abc.es/espana/abci-lograr-espana-verde-y-sanidad-sostenible-202002020138_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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