En 2018 el presupuesto para la salud y la educación para Ecuador será mayor al pago de los servicios de la deuda externa.
Ecuador destinará 8.640 millones de dólares para cubrir el sector salud y educación en año 2018, informó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre.
El presupuesto en salud y educación para el 2018 será superior al pago de los servicios de la deuda externa, la cual se ubica en 6.459 millones de dólares.
El ministro de la Torre detalló que para las universidades se destinará 1.212 millones de dólares, 100 millones de dólares más que en 2017. Asimismo, explicó que la inversión del próximo año también incluirá el pago de los salarios para la Fuerza Armada, profesores y médicos.
Mientras que el presupuesto para obras públicas se reducirá casi mil millones de dólares. i
Por su parte, el secretario de Planificación y Desarrollo (Senplades), Andrés Mideros, señaló que para la educación técnica universitaria se invertirán 103 millones de dólares, con el fin de ampliar cupos y construir nuevos institutos.
Por último, el ministro ecuatoriano de economía indicó que se destinarán recursos económicos para el Plan Ternura, Mis Mejores Años y el Plan Mujer, y a través de la banca pública para Casa para Todos y el proyecto Agua Segura.
América del Norte/México/ 11.11.2017 / Fuente: Acnur.org.
El acceso a la educación es un derecho humano básico. Sin embargo, para las personas refugiadas, ingresar al sistema educativo y conseguir la revalidación de estudios en el país de asilo no siempre ocurre de manera automática. A nivel global, el 61% de los refugiados tienen acceso a la educación primaria, mientras que solo el 23% de los adolescentes refugiados pueden asistir a la secundaria. En México, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político contempla el derecho a la educación y a la revalidación de estudios para las personas refugiadas. Sin embargo, en estados como Chiapas esto representa un gran reto.
Este verano en Tapachula, se graduó la primera generación del proyecto de educación alternativa ‘SubCentros de educación para adultos’ coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, los Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chiapas y el ACNUR. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) también colabora al ofrecer información sobre el programa a potenciales beneficiarios.
En esta primera generación, 15 jóvenes refugiados obtuvieron la certificación de sus estudios de primaria tras asistir a clases durante un semestre en el Centro de Día del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Chiapas. A finales de 2017, se espera que se gradúe la siguiente generación tanto con el título de primaria como de secundaria.
El proyecto ofrece a las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiados reconocidos un modelo de estudio semi-escolarizado con certificación oficial de los grados de primaria y secundaria, mediante el cual los alumnos asisten a clases dos días de la semana y se gradúan en seis meses. Este tipo de modelo tradicionalmente conocido como Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), son ideales ya que pueden acceder a los servicios educativos y certificarse independiente de su situación migratoria.
“Este modelo es ideal tanto para adolescentes y adultos refugiados que dejaron sus estudios inconclusos en su país, como para personas que no pueden realizar los trámites administrativos para la revalidación de sus estudios de país de origen”, destacó Valentina Duque, Oficial de Protección del ACNUR en Tapachula.
Por otro lado, la maestra Magdalena Domínguez, comentó que: “Como supervisora de los Centros de Educación para Adultos, además de cumplir con lo establecido en las Normas de Registro y Certificación, siento una gran satisfacción de trabajar por la educación de personas vulnerables de la comunidad refugiada facilitando y promoviendo su desarrollo educativo.
Este tipo de proyectos favorece a que se integren en la ciudad y se reduzca la deserción escolar por razones vinculadas a su situación migratoria. Estoy muy agradecida con ACNUR y COMAR que son los enlaces directos para la atención de esta población”.
Para la alumna refugiada Olga Paredes de 18 años de edad, “[…] gracias a este proyecto tengo la oportunidad de volver a creer en sueños que creía perdidos”.
Fuente de la noticia: http://www.acnur.org/noticias/noticia/primera-generacion-de-solicitantes-y-refugiados-centroamericanos-obtienen-el-reconocimiento-de-educacion-basica-en-tapachul
América del sur/Perú/11 noviembre 2017/Fuente: Rpp
El acceso a la educación aún es limitado para las mujeres. Las mayores carencias se dan en poblaciones rurales.
María tiene 16 años, es ayacuchana y quechuahablante. Desde que acabó su educación primaria, hace casi dos años, se dedica a las actividades de pastoreo y tejido. Ella quiere ser profesora, pero sabe que para eso tendría que continuar con su educación secundaria y el colegio más próximo se encuentra a dos horas de su casa. La ruta para llegar es insegura.
El papá de María tiene la posibilidad de mandar a su hija a la ciudad, en donde terminaría con su educación escolar, pero no lo hace. El embarazo, el descontrol de la adolescencia o un noviazgo son sus principales miedos. Piensa que ser mujer es un riesgo y que sus hijos hombres sabrían manejar mejor la situación.
Cerca de 207 mil adolescentes entre 15 y 19 años en el Perú abandonan el colegio cada año. En la mayoría de los casos es porque quedan embarazadas. Volver a clases es un paso difícil. Según Promsex, no solo deben enfrentar el bullying de sus compañeros, sino que la dirección de algunos colegios se niega a recibirlas porque piensan que son un mal ejemplo.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la igualdad de género significa que “las mujeres y los hombres gozan de la misma condición y tienen las mismas oportunidades para hacer efectivos el disfrute pleno de sus derechos humanos y su potencial”.
En el Perú, la brecha entre hombres y mujeres aún es enorme y especialmente notoria en la educación. Sin embargo, se ha avanzado. Según el estudio de Brechas de Género del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2016, la asistencia en educación inicial y primaria de las niñas supera al de niños entre los 6 y 11 años.
Pero en secundaria el problema persiste, principalmente en las zonas rurales. Solo el 63.7% de niñas entre los 12 y 16 años están matriculadas en los colegios. Además, un estudio del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) determinó que las niñas que viven en el campo son las que más abandonan la escuela. Solo el 35% de ellas la termina.
Muchas comienzan a trabajar para aportar recursos a casa, otras se quedan cuidando a sus hermanos menores. Algunos padres desisten de mandarlas al colegio porque el camino es largo e inseguro. Otras quedan embarazadas producto de una violación o tienen un matrimonio precoz.
Largo camino
Si la desigualdad en el Perú tuviera un rostro sería el de una adolescente andina, campesina, quechuahablante, embarazada por violación y que no sabe leer ni escribir. En el 2002, el analfabetismo a nivel nacional en mujeres era del 15% y en hombres del 5%. En la zona rural, la cifra se disparaba: 26.2% de mujeres son analfabetas frente a solo un 8% de hombres.
Según el INEI, en el 2015 la cifra a nivel nacional bajó a 9% en mujeres y a 3% en hombres. La proporción de 1 a 3 persiste.
Representatividad en falta
La notoria desigualdad en los colegios peruanos se refleja en las universidades. En el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de 2012 se presentaron 12,803 postulantes. Solo 2,564 fueron mujeres.
Históricamente, la ingeniería y las ciencias han sido vistas como campos masculinos, pero las cosas están cambiando de a poco.
En el 2016, el 52% de los 2,923 postulantes a la Universidad Nacional Agraria La Molina fueron mujeres. Aunque hay avances importantes, la batalla por lograr una plena igualdad de género está lejos de acabar.
“Así como hay problemas para las alumnas, lo hay también para las maestras. De los 59 mil docentes universitarios en el Perú, solo 19 mil son mujeres. Si miras las carreras relacionadas a ciencias, la brecha es mucho mayor”, explica Magally Alegre, doctora en Filosofía y actual investigadora en materia de Equidad de Género de la Universidad Pontificia Católica del Perú.
La misma cifra se repite en otros campos. En el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), solo un tercio de inscritos son mujeres.
“Es un círculo vicioso. Por eso hay más mujeres en la facultad de Educación que en la de Ingeniería”, explica Alegre. “¿Qué posibilidades tiene una estudiante de sentirse identificada en una facultad de Ingeniería en donde no tiene una sola profesora a la cual mirar cómo modelo? Es ahí en donde se cortan algunas aspiraciones”.
Un ejemplo
Ada Lovelace (1815-1852) fue una matemática y escritora británica conocida como la primera programadora de la historia. Además, fue la primera persona en ver la capacidad de los ordenadores más allá de los simples cálculos matemáticos. El periodista Walter Isaacson le dedicó el libro Los Innovadores, sobre los pioneros y figuras de la era digital.
En Latinoamérica, solo un 13% de las mujeres cuenta con estudios superiores; mientras que en Europa y Estados Unidos esa cifra sube a un 23%.
La información se desprende del Índice de Progreso Social de las Mujeres en América Latina, elaborado por Incae Business School y que fue presentado este jueves.
En el acceso a universidades, la región obtuvo un puntaje de 48, de 100 posibles.
En educación, el estudio identificó tres problemas importantes para las mujeres: hay poco conocimiento sobre las becas y apoyos existentes, no consideran la educación en ciencia y tecnología como prioridad, y tienen limitaciones para desarrollar una carrera docente.
El índice se elaboró para identificar el potencial de desarrollo de las mujeres de la región y las oportunidades de mejora en cuanto a las políticas y acciones de impacto.
El instrumento se diseñó y validó con una prueba piloto a finales del 2016 y se aplicó en una plataforma durante el primer semestre del 2017.
En total, se obtuvieron unas 5.469 respuestas de mujeres profesionales o emprendedoras de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.
El Ejecutivo pondrá el acelerador y se asegurará que la iniciativa sobre financiamiento se vote en lo que resta de administración.
El Gobierno descartó dividir la reforma educacional para agilizar su tramitación, pese a que no hay apoyos suficientes para que se apruebe en el Congreso.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que «por ningún motivo» se accederá a la petición del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez y dejar para un próximo gobierno el financiamiento estudiantil y la regulación de los aranceles de las universidades.
«Nosotros ya hicimos una división del proyecto en términos de separar las universidad estatales del resto del proyecto. El resto del proyecto no es sumamente complejo, se han escuchado muchos actores y llegó el momento de incorporar parte importante de lo que se ha escuchado y poder hacer la presentación y que el proyecto se vote», dijo la secretaria de Estado.
El rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, se mostró a favor de la propuesta de Sánchez.
“A nivel de universidades del G9 no hay un acuerdo explícito. Yo, en lo personal, comparto el planteamiento del rector Sánchez, por un tema de realismo porque se van acortando los tiempos desde la perspectiva de la duración del gobierno”, dijo.
Documental que evidencia las dificultades de niñas en escuelas rurales.
Sur America/Peru/Fuente:UNICEF
El documental pone en evidencia los desafíos para que niñas y adolescentes de áreas urbana y rurales asistan a colegios.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Embajada de Canadá presentaron el documental “La Escuela del Silencio” que muestra los diversos obstáculos que encuentran las niñas y adolescentes que asisten a los colegios de las áreas urbano marginales y rurales para culminar sus estudios de primaria y secundaria.
El documental relata la historia de niñas que a pesar de vivir en entornos muy distintos – comunidades amazónicas, alto andinas y un asentamiento humano de Ventanilla – tienen un sueño común y enfrentan similares barreras para cumplirlos.
Ellas anhelan culminar la escuela y convertirse en profesionales. Estas niñas a su corta edad deben asumir el cuidado de sus hermanos menores y labores domésticas. Además deben trabajar para colaborar con la economía familiar; y día a día soportar la discriminación de género y la violencia en sus casas y colegios.
Por este entorno en el que viven miles de niñas y adolescentes, hay graves consecuencias como la deserción escolar, repitencia, bajos logros de aprendizaje y maternidad precoz suelen ser el resultado de esta situación.
Durante su participación Paul Martin, Representante de UNICEF, señaló que desde la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, hace 25 años, se han producido importantes progresos para garantizar el derecho a la educación de calidad de las niñas, pero que todavía no se ha concluido la tarea.
“Hoy las niñas y los niños acuden a la escuela primaria en similares porcentajes. Lo hacen en condiciones distintas que sus congéneres de las zonas urbanas. Conforme crecen las brechas se acentúan, y las niñas rurales y de barrios periurbanos van quedando rezagadas, con menos posibilidades de hacer realidad su proyecto de vida”, señaló.
Nicaragua/Noviembre de 2017/Autora: Ivette Munguía Argeñal/Fuente: La Prensa
La educación no puede esperar a tiempos más estables, debe ser garantizada en todo momento, en todo lugar y de todas las formas posibles, dice la Unesco.
Ante el aumento de los desastres naturales, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicó la guía Reconstruir sin Ladrillos, un documento en el que provee a los Estados de elementos para el desarrollo de políticas educativas en contextos de emergencia.
“En la ocurrencia de desastres la educación históricamente ha sido abordada a mediano y largo plazo, en lugar de ser activada desde la primera fase de respuesta en una emergencia. Y la educación no puede esperar a tiempos más estables, debe ser garantizada en todo momento, en todo lugar y de todas las formas posibles como un derecho humano fundamental”, dice la guía de la Unesco.
En el caso de Nicaragua, que es un país vulnerable ante el cambio climático, esta guía cobra vital importancia ya que usualmente en esta nación las clases son interrumpidas cuando ocurren sismos, fuertes lluvias y hasta por los simulacros ante terremotos, que se realizan una vez al mes en todos los colegios del país.
Desarrollar un plan B para mantener la educación
Para el director del Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH), Jorge Mendoza, esta guía de la Unesco plantea la necesidad de concertar la educación entre la comunidad y las autoridades nacionales. Además, indica a los Estados que pueden hacer uso de las tecnologías para continuar educando fuera de las aulas de clase.
“Es decir, si los chavalos no pueden ir a la escuela (porque hay un desastre natural), la familia debe convertirse entonces en una alternativa para seguir desarrollando los procesos de aprendizajes. Tal vez en una cuadra con tres o cuatro chavalos que no pueden ir a clases porque el río está crecido, pero si la comunidad constituye un espacio seguro en una iglesia o en una casa comunal (utilizados como albergues) pueden seguir enseñando”, dijo Mendoza.
Según la Unesco, otra forma de continuar educando en un contexto de emergencia es desarrollar guías de trabajo para que los estudiantes realicen cuando no puedan asistir a la escuela y luego hacer una valoración de los avances que logren los escolares.
“El gobierno de Nicaragua no solamente debe suspender las clases cuando las situaciones de emergencias lo ameritan, sino que ya deberíamos de estar teniendo plataformas digitales, utilización de redes sociales, elaboración de guías de trabajo para que los muchachos elaboren en casas. Establecer rúbricas de evaluación cuando los muchachos regresen para valorar cuánto han avanzado en el proceso de clases”, subrayó Mendoza.
Menos clases de lo normal
Aunque la Ley 582, Ley General de Educación establece que el curso escolar de Nicaragua será de 200 días lectivos conforme a los convenios internacionales que el país ha suscrito, cada año en el país el ciclo lectivo es reducido, entre otras razones, por los fenómenos naturales.
Recientemente el experto en Educación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Alex Bonilla, dijo a LA PRENSA que en este ciclo lectivo “no hubo clase 44 días, que equivalen a un poco más de dos meses, porque cada mes tiene veinte días clase”. Según el Mined las clases finalizan el 29 de noviembre.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 14
Total Users : 35460793
Views Today : 28
Total views : 3420015