La JEP ha acreditado que entre las víctimas existe una prevalencia de hechos de aborto forzado, anticoncepción forzada y acceso carnal violento o abusivo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anunció este viernes (11.02.2022) que investigará discriminaciones y violencias a personas del colectivo LGBTI dentro de uno de los macro casos abiertos tras el final del conflicto, en concreto el de reclutamiento y utilización de niñas y niños.
De esta forma, el tribunal transitorio de paz abrió una «sub-línea de investigación» dentro del Caso 07 sobre discriminaciones y violencias en contra de niños con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el marco del reclutamiento.
Hasta el momento, la JEP ha identificado a 400 personas como víctimas en este caso, de las cuales 68 -además de haber sido reclutadas siendo niños o niñas- sufrieron diferentes tipos de violencia. Precisamente, las agresiones contra personas LGBTI se incluirán dentro de la línea de violencia sexual y de género.
La relatora del Caso 07, la magistrada Lily Rueda, anunció la apertura de esta investigación durante la entrega del informe A nadie le deseo lo que viví: informe sobre reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el conflicto armado en Colombia.
Rueda celebró que las víctimas de reclutamiento con una orientación sexual diversa «por primera vez en su vida se acercan a un sistema de administración de justicia a contar su historia». El anuncio, además, se da en las vísperas de la celebración del Día de las Manos Rojas, que conmemora la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La JEP tiene reportes de que las FARC reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a por lo menos 9.870 adolescentes de 15, 16 y 17 años como parte de «su política expresa y formal de reclutamiento». Para las personas menores de 15 años tiene registros de al menos 5.691 niños y niñas.
Hasta el momento, la investigación del tribunal de paz ha acreditado que entre las víctimas de violencia sexual y de género existe una prevalencia de hechos de aborto forzado (42,6 % de los casos), anticoncepción forzada (35 %) y acceso carnal violento o abusivo (53 %).
El caso 07 es uno de los siete macrocasos que esta jurisdicción especial tiene abiertos y que buscan investigar grandes y graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado por las partes del conflicto. Está previsto que entre febrero y septiembre de 2022 se tomen 81 versiones a exintegrantes de las FARC-EP en el marco del Caso 07, 73 de ellas individuales, siete colectivas de bloque y una nacional con exintegrantes del Secretariado y el Estado Mayor Central.
La práctica de agresión física o sexual sigue presente en México al momento de la detención de mujeres, según revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), en la que 15,5 por ciento de mujeres denunciaron agresiones físicas y sexuales por parte de la policía o autoridad que las detuvo.
De acuerdo con la información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aunque las mujeres privadas de su libertad encuestadas representan el 5,7 por ciento de la población privada de su libertad en penales mexicanos, casi 4.000 mujeres, el cinco por ciento, dijo haber sufrido violencia sexual durante la detención.
La ENPOL 2021 se realizó en 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas que concentraron 95,5 por ciento de la población privada de la libertad entre junio y julio de 2021.
En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36,2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17,2 por ciento.
La encuesta consideró entonces una muestra de 678.584 personas mayores de 18 años, privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales, la cual incluyó a la totalidad de la población femenil, que a junio de 2021 representó 5,7 por ciento del total.
Al incluir a la totalidad de la población de mujeres privadas de la libertad, será posible realizar análisis para este segmento de la población con un 99 por ciento de precisión estadística sobre las variables incluidas en el cuestionario de la encuesta, lo cual permitirá reflejar de una manera más clara y detallada sus condiciones de detención, presentación ante el Ministerio Público, proceso judicial, vida al interior del centro penitenciario y expectativas de reinserción social.
Otros resultados
De la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19,1 por ciento fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9,3 por ciento fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.
La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39,5 por ciento. De igual forma, 36 por ciento de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.
El 48,6 por ciento de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. El 38,4 por ciento de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23 por ciento mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.
Las mujeres, como ya se indicó, también recibieron agresiones físicas y sexuales durante su detención.
Solo el 27,8 por ciento de la población privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia. De esta población, 39,2 por ciento lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que 24,8 por ciento ha estado recluida entre uno y dos años.
De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 29,8 por ciento fue condenada por homicidio -no se especifica el porcentaje de detenidos por feminicidio- y 12,2 por ciento por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en 32,7 por ciento.
Sin especificar el sexo de las personas, INEGI señala que durante 2021, 25,9 por ciento de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34,1 por ciento de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87,7 por ciento sufrió el robo de objetos personales y 4,6 por ciento fue víctima de hostigamiento sexual.
En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36,2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17,2 por ciento.
Toda la información que deriva de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 se encuentra disponible en la página de Internet del Instituto: https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
Una encuesta hecha para la BBC en varios países y territorios del mundo árabe arrojó un resultado inesperado. En Irak, más hombres que mujeres informaron haber sufrido acoso sexual verbal y alguna agresión sexual física. ¿Puede ser esto cierto?
Sami tiene 13 años
Sami estaba en el baño de su escuela cuando tres estudiantes mayores, de entre 15 y 17 años, lo acorralan contra una pared y comienzan a toquetearlo.
Al principio, Sami se paraliza, queda en shock. Pero reacciona.
«Empecé a gritar», dice.
La conmoción alertó a otros, que llamaron al director de la escuela.
La institución educativa decidió expulsar a los agresores pero nunca informa a los padres la razón o la naturaleza del ataque.
A Sami (que no es su nombre real) lo llamó el director a su oficina. Lo que sucedió allí, según lo sintió él, es un segundo ataque.
Le dijeron que la escuela trataría el hecho como un incidente sexual consensuado y que tenía suerte de no ser expulsado junto a sus atacantes. Sami tenía «otra oportunidad» para quedarse.
«Todos pensaron que actuaba en connivencia con ellos», dice.
Conmocionado y abrumado por el ataque, Sami decide no contárselo a su familia, guardándoselo a sí mismo y apenas comunicarse durante meses.
Esta fue la primera vez que Sami fue atacado sexualmente.
Sami tiene 15 años
Es 2007 y el padre de Sami había fallecido hacía poco más de un año. La pérdida de quien llevaba dinero a la casa es un gran golpe para toda la familia.
Al crecer en una ciudad típica en la provincia de Babilonia, a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad, Sami tuvo una infancia feliz.
Se despertaba a las 7 de la mañana, iba a la escuela y regresaba alrededor del mediodía. Por las tardes estudiaba y pasaba tiempo con su hermano o hermana. Y por las noches la familia visitaba a sus abuelos para cenar.
A veces ayudaba en la tienda de dulces donde su padre trabajaba para ganar donas como pago.
Pero la muerte de su padre significó que Sami tenía que salir y trabajar. Consiguió un empleo en una tienda en el mercado local.
Fue entonces cuando volvió a pasar.
Sami se sintió incómodo con la cantidad de atención que recibía del dueño de la tienda.
Un día, cuando estaban solos, lo acorraló y trató de besarlo y acariciarlo.
Sami actuó impulsivamente y le partió un frasco de vidrio en la cabeza. Salió corriendo.
Él no sabe lo que el dueño de la tienda fue diciendo, pero le tomó un año conseguir otro trabajo.
Sami tiene 16 años
Su madre y sus hermanos están lejos y un primo mayor vino a de visita. Sentado junto a Sami, su primo saca su teléfono y comienza a mirar imágenes pornográficas frente a él. Entonces, de repente, lo agarra, lo golpea y abusa sexualmente de él.
El ataque es demasiado doloroso para que Sami hable. Si lo recuerda demasiado, tiene pesadillas.
Sami ya no podía quedarse en la casa de su infancia.
«Logré convencer a mi familia para que nos mudáramos de casa y de barrio.Cortamos lazos con nuestros parientes y amigos del vecindario», dice.
La familia se dirigió a Bagdad donde todos encontraron trabajo.
BBC
Si denunciara que fui violado, es probable que la policía no me vea como una víctima, sino que incluso me mande a la cárcel»
Pero el trauma de los ataques siguió, lo que llevó a Sami a evitar las relaciones románticas.
Más tarde, a medida que creaba confianza con nuevos amigos en la ciudad, Sami toma la decisión de no seguir llevando la carga de su experiencia solo.
Empieza a contar a un pequeño grupo de amigos cercanos lo que le había pasado. Y la reacción fue inesperada. Sami se dio cuenta de que no estaba solo en esta experiencia.
Muchos de sus amigos también habían sufrido acoso o alguna agresión sexual.
Resultados sorprendentes
La encuesta para la BBC en diez países árabes, incluidos los territorios palestinos, encontró que en Túnez e Irak un mayor número de hombres que mujeres reportaron haber sufrido alguna agresión sexual, verbal o física.
En Túnez, el margen es pequeño, solo el 1%. Pero en Irak la diferencia es llamativa. El 39% de los hombres dijeron que habían experimentado acoso sexual verbal, en comparación con el 33% de las mujeres.
Y el 20% de los hombres iraquíes dijeron que habían experimentado violencia sexual física, en comparación con el 17% de las mujeres iraquíes.
Un mayor número de hombres iraquíes también informaron haber experimentado violencia doméstica.
Estos resultados sorprenden, teniendo en cuenta el grave estado de los derechos de las mujeres en el país: el artículo 41 del código penal iraquí incluso establece que no es ilegal que un hombre golpee a su esposa.
Subestimar el acoso
La doctora Kathrin Thomas, del Barómetro Árabe, la red de investigación que realizó la encuesta, advierte que las mujeres que sufren violencia sexual pueden preferir permanecer calladas.
Primero, «las personas tienden a subestimar el acoso, ya que puede ser vergonzoso y desagradable para ellas hablar del tema» y segundo «denunciar el acoso puede tener consecuencias negativas para ellas».
«Las mujeres pueden ser más propensas al acoso (…) en comparación con los hombres», solo que no está documentado, advierte.
Belkis Wille, investigadora en Iraq para Human Rights Watch, está de acuerdo.
«Las mujeres a menudo son reacias a admitir y clasificar sus experiencias como violencia doméstica o sexual. Incluso la terminología puede ser desconocida», dice.
Esta tendencia se ha notado en los hospitales iraquíes, señala. Por ley, los hospitales tienen policías presentes en todo momento y los médicos están obligados a informarles si una mujer dice que es víctima de abuso.
«Es muy frecuente que las mujeres mientan y protejan a los perpetradores,especialmente si es una persona conocida, ya que tienen miedo de desencadenar una investigación criminal que podría ponerlas en riesgo», dice.
Human Rights Watch también tiene conocimiento de casos de violencia sexual perpetrada contra hombres homosexuales y mujeres trans en Irak, aunque parece que estos casos tampoco son denunciados a la policía.
«Los hombres gay y transexuales siguen sufriendo acoso sexual en Irak. Los que lucen y suenan más ‘femeninos’ (basados en estereotipos locales) a menudo son objeto de violencia sexual», dice Amir Ashour, fundador de IraQueer, una ONG con sede en Suecia que se centra en las experiencias de las personas LGBT en Irak.
«Estos crímenes continúan siendo menos denunciados porque las normas sociales no permiten que los hombres hablen sobre estas cosas y el hecho presentar esas denuncias también podría revelar que las víctimas son homosexuales, lo que podría conducir a más violencia y discriminación».
Sami coincide con esto y agrega que a pesar de que la violación masculina es ilegal, la policía y la sociedad en general tienen poca simpatía por las víctimas.
«Si alguien presenta una denuncia ante la policía por la violación de un hombre, es probable que el policía se ría de ti», dice.
La encuesta de la BBC
Más de 25.000 personas participaron de la encuesta en 10 países de Medio Oriente y África del Norte: Argelia, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Sudán, Túnez y Yemen, y los territorios palestinos.
Esta es la encuesta más grande que se hizo de la región por número de personas entrevistadas, por número de países cubiertos y en cuanto al alcance de las preguntas.
Fue realizada por Arab Barometer, una red de investigación con sede en la Universidad de Princeton.
BBC
La ley está de mi lado, pero quienes deben hacer cumplir la ley no lo están».
Sami recuerda la experiencia que tuvo en la escuela a los 13 años, cuando fue culpado por ser víctima de un ataque, y dice que podría volver a suceder en la actualidad.
«Si denunciara que fui violado, es probable que la policía no me vea como una víctima sino que incluso me mande a la cárcel porque me verían como parte de eso, que se consideraría un acto homosexual, que es ilegal», dice.
«La ley está de mi lado, pero quienes deben hacer cumplir la ley no lo están».
La policía iraquí emitió una declaración al respecto en un comunicado: «Nuestra puerta está abierta a todos los ciudadanos. Los acosadores sexuales fueron arrestados después de que las víctimas reportaron incidentes».
La declaración agrega que se adoptó una nueva estrategia en 2003, en línea con la nueva política del país sobre derechos humanos, y que se había contratado a oficiales especializados para tratar esos casos.
Sami tiene ahora 21 años
La vida es mejor ahora. A Sami le gusta vivir en Bagdad.
Tiene una carrera en una gran empresa internacional y un grupo de amigos que lo conocen y a los que no les oculta lo que le ha pasado.
Espera que al contar su historia a la BBC, anime a otros hombres a hablar sobre sus experiencias.
Pero todavía no ha podido superar del todo el pasado. Todavía no siente que esté preparado para una relación.
Tal vez algún día encuentre una pareja, dice, cuando él y la sociedad iraquí hayan cambiado.
Dice que lo pensará de nuevo cuando tenga 35 años.
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