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El Salvador: Escuela chica pero con lío grande en caserío de Jucuarán

América Central/El Salvador/19-08-2022/Autor@s: E. Chacón/ Iliana Ávila y Fuente: www.elsalvador.com

Sin clases están los 70 alumnos del centro educativo del caserío La Ringlera. El portón de la escuelita está cerrado. Y sobre todos los docentes está pendiente una orden de traslado.

La situación al interior del Centro Escolar Caserío La Ringlera, de Jucuarán, es compleja, delicada y hay más de una versión de lo que ocurre. Y es tan delicado, que muchos de los habitantes del caserío no quieren hablar con extraños sobre el asunto, el cual llegó este martes a los medios de comunicación.

Mientras en San Salvador, los líderes de Bases Magisteriales exponían un lado de la situación, señalando que personal de la municipalidad cerró con candado la escuelita y que el personal docente se siente acosado laboralmente; una comitiva con representantes del Ministerio de Educación y miembros del Consejo Directivo Escolar (CDE) realizaban una auditoria al interior del centro educativo, en el cantón el Jícaro, del municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután.

Entre los hallazgos encontrados durante la auditoria están unos 20 uniformes deportivos nuevos, así como 40 uniformes de uso diario e igual número de pares de zapatos, todos localizados en la dirección del centro de estudios, de acuerdo con personas que participaron en esa inspección.

Desde el sindicato.
El sindicato de docentes Bases Magisteriales denunció en conferencia de prensa, “la toma del Centro Escolar Caserío la Ringlera” y señaló públicamente que fue el jefe de catastro de la municipalidad, junto a otras personas, quienes pusieron la cadena y el candado al portón de la escuela rural.

“El motivo es que a juicio del alcalde de dicho municipio, el síndico, el secretario y el presidente de la Adesco consideran que en dicho centro escolar hay maltrato al alumnado”, denunciaron.

El sindicato expusó que de ser cierta la acusación “debieron denunciar a los docentes en la Junta de la Carrera Docente respectiva, al Conna o a Derechos Humanos. Los funcionarios del Concejo Municipal no son la policía educativa; ese concejo debe dedicarse a sus funciones tales como recolección de basura, reparación de calles, mercados”.

De acuerdo con los dirigentes sindicales las personas que cerraron la escuela cometieron un delito tipificado en el artículo 345 -B del Código Penal, que se refiere a ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo. Bases Magisteriales informó que acudirá a la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar la situación del centro educativo.

Alcaldía sin ahondar en el tema
Se buscó conocer la versión del alcalde de Álvaro Rodríguez, pero, la llamada telefónica era enviada a buzón de voz.
Personal de Comunicaciones, dijo no estar autorizado para hablar sobre el tema y que como institución se mantenían al margen de esa situación, “es la comunidad y la Adesco que están actuando al respecto, se encontraban compañeros (de trabajo) que tienen hijos y que viven en la comunidad” fue el único comentario hecho.

“Ellos (trabajadores de la alcaldía) se presentaron porque son personas de acá que trabajan en la alcaldía que tienen alumnos, estuvieron ellos, adesco y la comunidad. El el jefe de catastro pasó y vio a la gente y se bajó a preguntar”, comentó Joel García, presidente de la Adesco.

Lo que dicen el CDE
Ninguno de los 70 niños matriculados en la escuelita está asistiendo a clases desde el lunes, cuando pusieron la cadena y el candado al portón.

Pero la acción para los miembros del Consejo Directivo Escolar (CDE) es válida y tiene una justificación.

Ellos alegan que hay señalamientos que van desde acoso sexual, amenazas a padres, expulsión injustificada, robo de alimento, maltrato a los niños, pérdida de implementos escolares como computadoras e incumplimiento al horario laboral.

“Esta escuela está en abandono como que no vinieran los niños. Todo no sirve. El año pasado que se aprobó (presupuesto) dijeron que era para reparaciones leves; preguntamos qué se iba hacer con esos $300, se construyó la acera. Acá no se celebra el Día de la Madre ni del Padre, acá los niños de parvularia nunca han tenido una graduación”, comentó la madre de un alumno y miembro del CDE.

Joel García, en su calidad de presidente de la ADESCO, expusó que envió una carta a la Departamental de Educación de Usulután exponiendo el malestar de la comunidad con la administración del centro educativo.

La carta fue enviada el 10 de mayo. El 17 de ese mismo mes, el Director departamental llegó hasta el centro educativo y ordenó el traslado del matrimonio de docentes, narró García.

Pensaron que éramos una comunidad de gente tonta, por eso no los dejamos que entraran (el pasado lunes). Dijimos que abriríamos el portón hasta que llegara el director departamental, porque él dijo que (los profesores) ya tenían su traslado. Tuvo que venir el MINED de San Salvador y les quitaron las llaves (al director)”, narró García, en referencia a lo ocurrido a inicios de esta semana.

La situación al interior del Centro Escolar Caserío La Ringlera, de Jucuarán, es compleja, delicada y hay más de una versión de lo que ocurre. Dirigentes de Bases Magisteriales narran su versión de los hechos.

Antecedentes. En voz del sindicato
Los representantes sindicales, basados en la comunicación que enviaron los profesores, narraron que el 13 de mayo pasado, a las 10:00 de la mañana llegó a la escuela del caserío el director departamental de educación y su equipo de trabajo. Uno de los miembros de esa comitiva entró a una de las aulas, en donde se impartían clases e interrogó a los alumnos si eran maltratados y cuál era su horario de clases. Similar situación se repitió en otras aulas.

Añaden en el relató que se les ordenó a los docentes que despacharan a los alumnos . Luego los profesores fueron reunidos a las 11:30 de la mañana. A esa reunión llegó el alcalde y el síndico municipal de la localidad, quienes dijeron a los maestros que también llegaría el presidente de la Adesco a esa reunión.

Continúan la narración de hechos diciendo que los educadores desconocían el motivo de la reunión. Fue ahí donde les dijeron que había una denuncia de maltrato hacía el alumnado, de acuerdo con lo expuesto por el presidente de la Adesco al alcalde.

“El alcalde junto al de la Adesco le piden al director departamental el traslado de los 3 docentes inmediatamente. Una de las dos maestras no soportó el acoso de tantas personas y dijo que estaba de acuerdo que los trasladaran. La otra docente respondió algunas preguntas luego se le subió la presión y se puso a llorar. Luego levantaron acta en el libro de visitas donde ellos dejaron los acuerdos de traslado, la cual aprovechándose de la confusión de los hechos que nos estaban acusando, nos dijeron que firmamos a continuación de ellos, esa acta no cuenta con sello de los visitantes porque dijeron que no lo andaban”, se expone en el comunicado donde se exponen los hechos.

Sobre acoso. Versión CDE
Los miembros del CDE manejan información de un caso, de hace algunos años, de acoso dentro de la institución.
Unos de los casos, aseguran, llegó hasta la oficina Departamental de Educación en Usulután, de acuerdo a miembros de la comunidad educativa. La madre interpuso la denuncia respectiva pero posteriormente salió junto a su hija rumbo a Estados Unidos, “él llegó hasta la casa de la persona que lo denunció y la testigo, las amenazó”, aseguró el presidente de la Adesco.

Al interior de la escuela.
El centro escolar del caserío La Ringlera atiende a 70 alumnos, en dos jornadas. Por la mañana atienden parvularia integrada, tercero y cuarto grado integrado, quinto y sexto grado integrado; y por la tarde primero y segundo grado integrado. El alumnado es atendido por tres profesoras y un director.

La llegada de una de las maestra al centro escolar fue hace unos 30 años, luego llegó su esposo. Ambos están, ahora, a un lapso de jubilarse y en discordia con parte de la comunidad.

“Ya es mucho, si no hubiera sido malos que se jubilaran y pasaran todos sus años acá, pero que hubieran trabajado bien, han sacado muchos maestros como no estaban de acuerdo como trabajan ellos”, dijo este martes la madre de un alumno.

Situación actual. Versión CDE
A los ojos de los miembros del CDE la infraestructura escolar está dañada. No hay mejoras pese a tener un presupuesto escolar mensual de $1,500, según los miembros del CDE.

Mabel Romero es la tesorera del CDE del centro escolar y recuerda que durante las reuniones, el director solicitaba dinero para diversas reparaciones o compras que se tenían que realizar, pero poco de eso se ejecutaba; incluso dice que hay señalamientos de solicitar a las personas que ejercían como tesoreros firmarán cheques en blanco.

“Hace un mes llegó a la casa y me dijo que le firmara un cheque, vaya le dije y le hice ver que el cheque estaba en blanco. Él me dijo: ¿ pero por qué desconfías Mabelita? ¿yo qué te voy hacer? y luego me dijo fírmame este otro por si se equivocan, y los firme. Uno se atemoriza y da miedo, porque cuando uno no cae bien, pagan los niños”.

Romero dijo que siente temor de que existan represalias judiciales en su contra y en otros miembros de la comunidad.

“Yo tengo temor por firmar esos cheques, y se lo dije a la gente del ministerio porque uno lo hace inocentemente, porque uno confía en ellos, porque todos estos años atrás han sido otros tesoreros e igual siempre los hacen firmar cheques y la firma de la secretaria que era la maestra”, declaró.

Página colocada en el portón de la escuela del caserío de Jucuarán.

Versión desde el sindicato
“Todo esto lo vemos con tintes políticos porque hablan de una denuncia , la cual no se encuentra en ninguna de las entidades respectivas. Nosotros nos sentimos acosados laboralmente”, exponen los docentes a través de Bases Magisteriales.

A través del sindicato también sacan a luz pública que el 12 de agosto, el director de dicho centro escolar recibió órdenes para que “siguiendo los acuerdos de la visita del 13 de mayo subutilice a las 2 maestras”, sin embargo “el director respondió que no estaba de acuerdo en ser trasladados a otras instituciones”.

Bases Magisteriales señaló que existe un proceso para el traslado de docentes, pero que ese no ha sido realizad en el caso de la escuela rural en mención.

Pero la acción realizada el lunes 15 de agosto no ha dado más alternativa a los maestros que retirarse del centro educativo.

García agregó que entre este miércoles o jueves se podrían presentarse los maestros interinos.

“Solo queremos que les enseñen a los niños; si no se portan bien igualmente ellos van a recibir estos mensajes, nos vamos a reunir el CED y la directiva y les vamos a decir que se porten bien y si no van para afuera”, declaró García.

Mientras, los dirigentes de Bases Magisteriales dijeron ayer que ellos se reunirían, el martes por la tarde, con autoridades del Ministerio de Educación para tratar el caso;también que llevarían la denuncia ante la Fiscalía y Derechos Humanos.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/escuela-en-caserio-jucuaran-alcaldia/988157/2022/

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La ASF se postra

Por: Carlos Ornelas

Rematé mi artículo de la semana pasada con el apunte de que al sector educativo le llueve sobre mojado. Referí al anuncio de la Auditoría Superior de la Federación de que no ejecutaría la Auditoría de Desempeño 1514-DS, que corresponde a la Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México; la publicó en el Diario Oficial de la Federación (11/02/22).

Lourdes Mendoza y Darío Celis, en El Financiero (18/02/22) y Pedro Flores-Crespo en su columna “Universidad Crítica”, analizaron con detalle los entretelones de cómo David Colmenares Páramo, el lánguido auditor se postró ante la Secretaría de Educación Pública. Mientras que Laurita Toribio (Excélsior, 21/02/22) reporta que sí entregó la evaluación de Aprende en Casa II, programa en el que la SEP tuvo un presupuesto de casi 200 mil millones de pesos.

Darío Celis apunta que el gobierno protege a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pero ella no fue responsable del gasto en 2020. Mas hay bastante credibilidad en su afirmación de que “Luciano Concheiro y Juan Pablo Arroyo, subsecretarios de Educación Superior y Media Superior respectivamente, presionaron”.

Lourdes Mendoza exhibe copia del oficio de cuatro páginas que estos altos funcionarios le enviaron al auditor. Le dan lecciones de lenguaje y metodología; también apuntan errores conceptuales y equívocos. Al final, lo conminan a que cambie su veredicto.

Atención, ciertas de las precisiones que hacen Concheiro y Arroyo indican deficiencias de los auditores. Si sus respuestas son correctas, implica que los evaluadores no son profesionales de la educación, quizás contadores y economistas que desconocen el funcionamiento del sector.

Empero, la respuesta, como apunta Flores-Crespo, fue áspera. Y tuvo consecuencias; el auditor, según Lourdes Mendoza, cedió con una ilegalidad, se inventaron una “recalendarización”. Además, cavilo que, de cualquier manera, las recomendaciones del auditor quedarían en buenos deseos. La SEP no las tomaría en cuenta, la opacidad es la marca de la casa

Un libro que reseñé de Melanie Ehren y Jaqueline Baxter, Trust, Accountability and Capacity in Education System Reform: Global Perspectives in Comparative Education (Nueva York: Routledge, 2020) ofrece casos de reformas educativas que tuvieron consecuencias saludables en la preparación de los estudiantes, la profesionalización de los docentes y el desempeño general del sistema.

Uno de los componentes fundamentales para el logro de resultados favorables, incluso en el aprendizaje de los estudiantes, es la transparencia en el manejo de recursos y en acciones de la burocracia. La rendición de cuentas genera confianza y le permite al funcionariado —y al magisterio— desarrollar capacidades.

La reacción desmesurada de los subsecretarios muestra que no hay disposición para entregar cuentas y exponer que hacen su trabajo. Quizá su respuesta fuera más eficaz si hubieran esperado a que el auditor rindiera el informe y luego debatir sus inconsistencias.

Si la crítica que Concheiro y Arroyo hacen al informe es robusta y tiene asideros, un debate posterior con los auditores y tal vez en el Congreso, sentaría precedentes benéficos; las auditorias descuidadas tampoco generan confianza.

Si el auditor David Colmenares Páramo ya había revelado docilidad ante las embestidas del presidente, ceder ante dos subsecretarios reduce aún más su estatura profesional. Ya trascendió que se rebajó ante la SEP, no hay garantía de que no haya hecho lo mismo con otras dependencias. En especial en la revisión del gasto de los programas favoritos del presidente.

En suma, con Colmenares Páramo, la ASF se encamina hacia la irrelevancia. Es probable que en dos años no exprese lo que gasta la SEP para poner en marcha su nuevo marco curricular.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-asf-se-postra/

Imagen: mohamed Hassan en Pixabay

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Identifican a maestros dominicanos que cobraban sin dar clases

Centro América/República Dominicana/12 Agosto 2017/Fuente: Prensa Latina

El ministro dominicano de Educación, Andrés Navarro, informó hoy que una auditoría a la nómina de docentes permitió identificar a tres mil 929 maestros que cobraban salarios sin dar clases.
La investigación se realizó por una comisión técnica que recorrió las 18 regionales de Educación del país, y la suspensión de quienes no realizan ninguna labor permitirá ahorrar más de 117 millones de pesos (dos millones 455 mil dólares) mensuales, añadió.

Como parte de la auditoria a la nómina, los salarios de unas 835 personas fueron bloqueados en un primer momento y los de otras siete mil 263 personas en una segunda disposición, para un total de ocho mil 98 bloqueos de salarios, indicó.

Luego del proceso de verificación se comprobó que cuatro mil 169 de esos maestros si prestan servicios aunque estaban laborando en otro lugar diferente al de su nombramiento y tres mil 929 se mantendrán fuera de nómina porque se constató que no laboran, aseveró.

Aseguró que esta auditoría presencial también permitió determinar cuáles docentes cumplen con sus labores, pero prestan servicio en un plantel y aparecen en el listado de otro.

Seguidamente, Navarro dispuso el desbloqueo salarial de todos los docentes que estaban laborando en otro lugar diferente al de su nombramiento y que se comprobó que trabajaban, con lo cual quedó resuelto un problema creado por debilidades de la institución, dijo.

‘Como ministro de Educación tengo la obligación de actuar con transparencia y no puedo permitir que personas que no laboren sigan registradas en la nómina docente’, aseguró en una rueda de prensa.

Insistió en que la carrera docente debe ser fortalecida y respetada, comenzando por la gestión rigurosa de la nómina.

Enfatizó que tiene el compromiso de manejar con transparencia y eficiencia los recursos presupuestarios del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado dedica a la Educación.

Las declaraciones de Navarro respondieron a exigencias de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que reclamaba pagos retenidos a los docentes y había dado un plazo hasta el día 15 de este mes para que el ministerio diera los resultados de su auditoría.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=106633&SEO=identifican-a-maestros-dominicanos-que-cobraban-sin-dar-clases
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¿Qué sigue de la auditoría a la nómina docente?

Méxicanos Primero

Pablo Velázquez*

Esta semana el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los resultados de una auditoría a la nómina magisterial federalizada llevada a cabo en coordinación con la SEP y los estados.

A raíz de las reformas al marco legal para la educación en 2013, el gobierno federal se allegó de herramientas que le proporcionaron mayor información sobre la operación de las escuelas como, en este caso, la nómina docente pagada con recursos federalizados.

Sin embargo, los números a nivel nacional nos señalan que las irregularidades conocidas y evidenciadas por la ciudadanía desde hace décadas persisten, aunque en menor medida.

El primer punto a destacar es la burocracia administrativa pagada con recursos que, en teoría, están dedicados al salario de maestros y directivos. La SEP señala que existen 14 mil 00 plazas (plazas, no personas) docentes y directivas en funciones administrativas.

El problema no es nuevo: a partir de la descentralización en 1992 y el incremento en la demanda del servicio educativo, las plazas de administrativos transferidos a los estados resultaron insuficientes –
según las autoridades estatales – y por tanto, a los estados les resultó fácil asignar a tareas administrativas a los maestros. Situación no ilegal, pero irregular a la vista: pagamos a gente para que sean maestros, pero realizan otro trabajo.

El número identificado por este ejercicio de auditoría de la SEP, sin embargo, resulta bajo ante la evidencia de otras fuentes: tan sólo el año pasado la Auditoría Superior de la Federación señaló que existían al menos 44,220 personas en esta condición y nuestros análisis realizados con información de la nómina del primer trimestre de 2017 muestran 33 mil plazas en esta situación.

Este problema en particular debe ser abordado con bisturí. Reubicar a estas personas a las escuelas – la solución más propuesta – puede resultar dañino en dos vías: por un lado, podríamos demandar a personas que hace décadas no son maestros a enseñar en el aula sin formación previa al mismo tiempo que desplumamos oficinas administrativas (algunas de las cuales sí necesitan personal
operativo) de elementos para seguir funcionando. Ojo: es una irregularidad y se debe corregir, pero debe hacerse bien para evitar otro tipo de problemas en el futuro.

La auditoría de la SEP señala otras irregularidades que tampoco son nuevas: 17 mil 262 plazas de comisionados y licencias, 1,361 plazas cuyos titulares ya causaron baja pero se siguen pagando y 10,553 plazas que nadie sabe qué hacen. Estos números pueden sonar desalentadores pero bien vale la pena recordar como era en el pasado.

En 2009, la nómina magisterial era el Triángulo de las Bermudas: no sabíamos quién cobraba, cuánto y la razón. Después de muchos esfuerzos de la sociedad civil y de instancias como la Auditoría Superior
de la Federación, hoy conocemos quiénes son pagados de la nómina magisterial federal así como sus conceptos de pago. Esta situación favoreció que el gasto irregular haya disminuido 84% entre 2009 y 2015.

Todavía falta información, pero la exigencia no la vamos a disminuir. Por ello, hacemos un llamado a los gobiernos estatales a que repliquen estos ejercicios de auditoría en sus nóminas locales, se transparenten y ordenen sus procesos administrativos, y se apliquen sanciones a los responsables.

Las nóminas estatales siguen siendo una oscura neblina donde se replican sin supervisión las viejas prácticas que identificamos a nivel federal. Asimismo, el llamado es a la propia SEP para que: 1) sistematice estos ejercicios y publique sus resultados y; 2) transparente la nómina magisterial de la Ciudad de México. Es tiempo de que el
buen juez empiece por su casa.

Hemos avanzado sí, pero la brega no termina. Un peso malgastado representa mucho en este país tan necesitado de oportunidades.

*El autor es investigador en Mexicanos Primero

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/que-sigue-de-la-auditoria-a-la-nomina-docente.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2016/11/06/581fc386388cb.jpg

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Kenia: Three universities face closure for engaging in malpractices

Kenia / 22 de febrero de 2017 / Por: OUMA WANZALA / Fuente: http://www.nation.co.ke

Three universities could be shut down as the Education ministry is not willing to renew their licences.

They submitted their request for renewal of their letter of interim authority but an official hinted at the possibility of their closure.

“The institutions stand accused of academic malpractices,” said a source at the ministry who requested anonymity.

Commission for University Education (CUE) chief executive David Some said reports on the universities had been presented to Cabinet Secretary Fred Matiang’i.

“We did our audit and submitted the reports and it is upon the CS to decide. We have made our case,” Prof Some told the Nation.

A CUE audit report released last week indicated that some universities award degrees to students without following laid-down procedures, enrol unqualified students and offer courses not approved by the commission.

According to the law, a university with a letter of interim authority is required to apply for renewal after four years. The renewal can only be granted by the minister on the recommendation of CUE.

Universities shut down by the commission are Inoorero, Obama, Kenco and Landmark.

The audit showed that some learners enrolled for degree courses scored D+ in their Kenya Certificate of Secondary Education examination while others graduated without supervisors’ approval.

The minimum entry grade for degree courses in Kenya is a C+.

The report said accelerated programmes were being abused. In some cases, it took just nine to 12 months for one to get a bachelor’s degree.

PUBLISH ACADEMIC PAPERS

The audit also revealed that only seven of 70 universities have been using 10 per cent of their resources to equip their libraries.

It also showed that there was very little evidence of research in many institutions.

“Out of the 66 universities that provided information on research fund allocation, only 19 complied with the law,” the report said.

Universities are required to use at least two per cent of their operational expenditure on research.

CUE said doctorate students would be required to publish at least two academic papers before graduating.

At the same time, a joint working group has been formed to monitor implementation of the audit report.

CUE chairman Chacha Nyaigotti-Chacha said the team would comprise chancellors, vice-chancellors and university council chairpersons.

Prof Nyaigotti-Chacha said regulations and standards would be aligned with amendments to the Universities Act.

“Stakeholders will work on the regulations within six months,” he said.

He added that universities had 30 days to provide a road map on corrective measures they would take to implement the report.

Fuente noticia: http://www.nation.co.ke/news/education/Three-universities-face-closure/2643604-3819798-6axlv2/index.html

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Paraguay: Levantan toma de colegio en Luque

Paraguay / 12 de octubre de 2016 / Fuente: http://www.paraguay.com/

Tras la mediación del MEC, alumnos del Colegio Nacional Teniente Herrero Bueno de Luque levantaron la toma de la institución luego de sentar acuerdos que tiene como fin principal auditar la administración saliente.

La Coordinadora del Departamento Central, Mirian Fernández y supervisores de la zona, fueron hasta el centro educativo ubicado en la compañía Itapuamí en donde se reunieron con los alumnos y los padres a fin de escuchar sus inquietudes.

El principal malestar de los estudiantes estaba dirigido hacia el manejo de los fondos de la institución. Además, reclamaban mejores espacios para desarrollar las clases ya que incluso una sala era compartida por dos cursos y solo estaba dividido por una cortina.
Entre otras irregularidades, mencionaron supuestos casos de nepotismo e incluso maltratos por parte de la directora y otros docentes.
Tras la mediación, se logró firmar compromisos como la apertura de una auditoría a la directora saliente de la institución, la designación del profesor Silvio Ayala como Encargado de Despacho, también se realizará la reingeniería de rubros del colegio.
Por otra parte, la Dirección de Educación Media realizará con celeridad la nominación del Encargado de Despacho como uno de los puntos más importantes para levantar la toma.
Los supervisores se comprometieron para realizar un acompañamiento cercano para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
Fuente noticia: http://www.paraguay.com/nacionales/levantan-toma-de-colegio-en-luque-152319
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Colombia: Plan de mejoramiento en la UNAD se ejecutó en un 87%

América del Sur/Colombia/Septiembre de 2016/Fuente: MENC

El Ministerio de Educación Nacional acata la decisión adoptada por el Consejo de Estado, en el auto de la sección primera del 15 de septiembre de 2016, respecto a la suspensión de las medidas preventivas que ordenó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – en agosto del año 2015, como resultado de las visitas administrativas realizadas por el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

En dichas visitas, se detectaron diversas irregularidades de carácter institucional, administrativo, financiero y de contratación que afectaban las condiciones de calidad de la prestación del servicio educativo y que motivaron la implementación de un Plan de Mejoramiento que actualmente tiene una ejecución del 87%.

Algunas de las anomalías detectadas y denunciadas en su momento fueron:

  • La UNAD Florida tenía sus propios órganos directivos. Se verificó que no desarrollaba actividades académicas y administrativas, así como tampoco cumplía funciones de docencia, investigación ni extensión en su condición de prestadora del servicio educativo.
  • Pese a esto se verificó que recibió dineros públicos redireccionados por la UNAD Colombia, provenientes, entre otros, de convenios suscritos con entidades territoriales.
  • Al regirse por la normatividad del Estado de la Florida y no por la normatividad colombiana, ninguno de los programas ofertados allí contaba con registro calificado del Ministerio de Educación Nacional.
  • En lo que se refiere a la UNAD Colombia, el Ministerio estableció que no se habían proveído las vacantes de representantes de directivas académicas, específicamente la del Director del Instituto y del Director de Educación Continuada.
  • Se encontró que la designación del representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario se habría dado de manera irregular, al tener una vinculación laboral con la Universidad en contra de lo establecido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
  • Para la contratación de la plataforma tecnológica con la firma Robogroup, que ascendió para la fecha a $1.400 millones, no agotó el procedimiento establecido en el Manual de Contratación.
  • Algunos contratos suscritos no contaban con las pólizas de cumplimiento necesarias. Entre ellos figuraba el de Robrogroup.

Ante la existencia de estas irregularidades, el 6 de agosto del año 2015, el Ministerio de Educación Nacional ordenó medida preventiva consistente en la presentación y ejecución de un Plan de Mejoramiento y la fijación de unas condiciones para solucionar los hallazgos relacionados con hechos y omisiones de carácter institucional, administrativo, financiero y de contratación.

Ejecución del Plan de Mejoramiento deja resultados favorables

El Plan de Mejoramiento de la UNAD fue adoptado por la misma Institución en el Consejo Superior y estableció unas acciones y actividades tendientes a superar las situaciones encontradas para el fortalecimiento institucional.

Actualmente el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la UNAD arroja un resultado del 87%, lo cual denota una evolución en sus procesos y evidencia que este tipo de medidas ayudan a que las Instituciones de Educación Superior presten un mejor servicio con altos estándares de calidad.

Es de anotar que este tipo de medidas, adoptadas también con otras instituciones, como la Fundación Universitaria San Agustín y la Corporación Universitaria Rafael Núñez, en un trabajo conjunto con el Ministerio, han permitido superar los hallazgos. Dichas instituciones vieron la medida con carácter preventivo como una oportunidad de fortalecimiento.

En el caso específico de la UNAD, la implementación del Plan de Mejoramiento permitió:

  • Que la Universidad reconociera a la UNAD Florida, reglamentariamente como una seccional.
  • Definió el control interno, articuló la gestión académica, administrativa y financiera e incluyó los recursos de la UNAD Florida al Presupuesto General de la UNAD en Colombia.
  • Estableció la responsabilidad en cabeza del Consejo Superior y del Rector sobre la aprobación y el giro de los recursos hacia esa seccional en el exterior, estableció que la información financiera de la seccional de la Florida se integrara a la información financiera de Colombia, logró la protección de los activos en caso de liquidación, definió un control estricto de la operación de esa seccional por parte del Consejo Superior y formuló un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los directivos y contratistas de esa Seccional.
  • Logró que no siguieran transfiriendo millonarios recursos sin control de la máxima autoridad directiva de esa Institución.

Actualmente, todos los giros de recursos públicos al exterior para esa Seccional deben estar proyectados dentro de la planeación institucional, incorporados en el Presupuesto General, bajo responsabilidad del Consejo Superior y del Rector, y supervisados por la Oficina de Control Interno de la UNAD Colombia, con lo cual, se demuestra que la medida logró garantizar transparencia en los procesos que se llevan a cabo en esa seccional.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional ratifica que seguirá adelantando las acciones de Inspección y Vigilancia que ordena y regula la Ley 1740 de 2014. Vale la pena destacar que la Corte Constitucional en Sentencia C-491 del 2016 reitera que «la facultad del Ministerio de Educación Nacional para adoptar medidas preventivas, en ejercicio de la función de vigilancia especial de las Instituciones de Educación Superior, no vulnera el principio de legalidad ni el debido proceso. El reemplazo temporal de los directivos y administradores de una de estas instituciones que incumpla, impida o dificulte la implementación de esas medidas, no desconoce la autonomía universitaria, la cual puede limitarse de manera legítima y razonable por el legislador, para hacer efectiva la función de vigilancia del estado del servicio público de educación».

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-358157.html

Imagen: http://www.elcomercio.com/actualidad/presupuesto-2015-distribucion-ministerios-ecuador.html

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