El Parque Colegio Santa Ana de Valencia es uno de los afectados por la propuesta de planificación de la Conselleria de Educación para el próximo curso 2017-2018, que prevé eliminar 31 unidades educativas concertadas en 1º de Bachillerato. Ante la carta que recibió el colegio del conseller de Educación, Vicent Marzà, en la que se le comunicaba la supresión de una de las dos unidades concertadas de Bachiller, los alumnos decidieron responder con un vídeo elaborado por ellos mismos y subirlo a la plataforma Youtube para difundirlo.
La comunidad educativa del centro (padres, alumnos y docentes del centro) exigen libertad para elegir la enseñanza y, sobre todo, protestan ante la situación que dejará a la mitad de los alumnos de 4º de la ESO sin la opción de entrar en el próximo curso en el mismo colegio que sus amigos con los que han compartido todos los años desde que comenzaran las clases de pequeños. «De 90, solo 35 podrán ser aceptados el año que viene en 1º de Bachiller», explica para ABC uno de los alumnos.
Para este sábado, 6 de mayo, la Federación de asociaciones católicas de padres de alumnos y el sindicato USO han convocado una manifestación para reclamar a la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà que revoque el decreto de conciertos para Infantil, Secundaria y Bachiller. Una protesta a la que los alumnos de este colegio valenciano animan a sumarse con el vídeo difundido en Youtube y viralizado en las redes sociales.
Además, la Plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, formada por diversas organizaciones en favor de la educación concertada, ha iniciado una peticion plataforma de Change.org contra el cierre de aulas concertadas en la Comunidad Valenciana, para la que ya se han recogido más de 29.000 firmas.
Link del video: blob:http://www.abc.es/4e1d0959-2a9e-4bcd-9214-d29444292117
Fuente de la noticia: http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-youtube-educacion-libre-y-concertada-video-viral-unos-alumnos-contra-decreto-marza-201705051928_noticia.html
Fuente de la imagen: http://www.abc.es/media/espana/2017/04/30/1verdu-krdB–300×168@abc.Jgp
Se abre un frente contra el acoso a los colegios religiosos por la defensa del derecho a elegir.
Por: Jose Cejudo.
El sesgo ideológico que la Junta de Andalucía imprime a la enseñanza en la comunidad, dando prioridad a los centros públicos laicos en detrimento de los concertados, la mayoría de ellos pertenecientes a congregaciones de la religión católica, ha levantado una polvareda de inquietud coincidiendo con el proceso de renovación de los conciertos, donde la Junta esgrime el argumento del descenso de la natalidad para llevar a cabo un supuesto cierre de aulas concertadas para propiciar el traspaso de su alumnado a las de titularidad pública. Sostiene el departamento que dirige Adelaida de la Calle que ningún nuevo colegio será objeto de convenio, y en las localidades donde convivan las dos enseñanzas no se autorizarán unidades concertadas que no sean necesarias para asegurar la escolarización, lo que conllevará al cierre de esas aulas.
En la práctica, si en una localidad donde conviven los dos modelos de centro, la bajada de natalidad reduce la ratio por unidades, el sacrificado será el centro concertado, vulnerándose el principio de libre elección de centro que ampara la Constitución.
Según confirmó ayer a ABC la Consejería de Educación, «la prioridad del Gobierno andaluz es fortalecer y defender la escuela pública». No obstante y en desarrollo del artículo 3 de la Ley de Educación de Andalucía, se mantiene una red formada por centros públicos y privados concertados, por medio de un régimen regulado por leyes estatales y los módulos económicos de los Presupuestos Generales del Estado.
Se prevé que en la próxima convocatoria, en lo que resta del mes de enero y los primeros días de febrero, sostiene la Consejería, «se resuelvan favorablemente los conciertos sólo para aquellos centros docentes ya concertados anteriormente con la Junta, por lo que ningún nuevo colegio será sujeto del convenio».
En este sentido añade Educación que «solo habrá concierto para las unidades estrictamente necesarias para asegurar la escolarización del alumnado en cada ámbito territorial».
La Consejería de Educación, insiste en que «está analizando con rigor y objetividad la demanda»
La Consejería de Educación, insiste, «está analizando con rigor y objetividad la demanda prevista en los 124 municipios en los que existe enseñanza concertada y optimizará los recursos públicos para asegurar la escolarización de todo el alumnado». Como se sabe, la convocatoria general de conciertos educativos está sujeta a las condiciones impuestas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que, según la Junta «introduce un giro hacia la privatización de la Educación que la Consejería pretende contrarrestar».
Asociaciones de padres de centros concertados consultadas por este periódico han mostrado su inquietud por los planes de la Consejería de Educación, si bien se encuentran a la espera de que culmine el proceso de renovación de los convenios con los diferentes colegios para dar una opinión oficial. En cualquier caso, se muestran a favor de cuantas medidas de presión se pueden ejercer para que la Junta de Andalucía dé un giro de ciento ochenta grados y atienda las posiciones de las familias que optan por que sus hijos se eduquen en centros privados o concertados.
Cambio de criterio
Subraya la Consejería que la Lomce amplía el periodo de concierto, que deberá tener una duración mínima de seis años para Primaria y de cuatro para el resto de los casos. «Esta ley –sostiene Educación– modifica el criterio de planificación, que ya no se basa en las necesidades educativas de la población sino en la demanda social, lo que podría otorgar prioridad a las entidades privadas frente a los centros públicos».
Recuerda la Junta que mantiene desde hace más de 30 años un modelo de convivencia educación pública-concertada estable en torno al 81-19%. «Las cifras –concluye– avalan la apuesta por la educación pública en esta comunidad, que cuenta con 40.936 unidades en centros docentes públicos frente a 9.597 en centros concertados».
Contra la vulneración de un derecho constitucional
Europa/España/11 de agosto de 2016/Fuente: cadenaser
El gobierno de Cifuentes va a incrementar el número de aulas en los centros privados sostenidos con fondos públicos el curso que viene. Desde la llegada de la ex consejera Fígar a Educación, en los últimos 8 años, el crecimiento de estas unidades ha sido del 13%. Según los datos del PSOE, en todo este tiempo, los centros públicos han perdido al menos 200 unidades.
En 2008 eran 13.500 las aulas concertadas que había en la Comunidad de Madrid. El curso que viene serán casi 15.300. El aumento ha sido del13% en los últimos 8 años. En total, 1.776 aulas más que el gobierno regional sostiene con fondos públicos en colegios e institutos privados. En concreto, el curso que viene, 2016-2017, la Consejería de Educación aumentará en 250 las unidades concertadas, algunas menos que el curso pasado en el que se aprobaron 300 nuevas aulas con concierto.
La Comunidad de Madrid justifica que el curso que viene el aumento del número de unidades concertadas sea menor que en años anteriores: «En el marco de los principios de economía y eficiencia, la escasez de recursos disponibles justifica que el número de nuevas unidades escolares a concertar sea limitado«, señala la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM), «dicho límite permite exclusivamente el crecimiento de las unidades que son impresindibles en centros ya concertados para posibilitar la evolución natural de aquellos que deben completar progresivamente su configuración, incluídos los que han accedido recientemente al régimen de conciertos, o que son necesarias para atender la demanda de esolarización en determinados municipios o zonas de la Comunidad».
Por primera vez, el gobierno regional ha denegado todas las solicitudes que han presentado una veintena de centros privados para convertirse en concertados el próximo curso y, por segundo año consecutivo, la Comunidad no pondrá en marcha ningún nuevo colegio concertado en la región.
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Gíner de los Rios cree que con este nuevo aumento de aulas con concierto, el ejecutivo de Cifuentes está siguiendo la estela y las políticas que ya pusieron en marcha los anteriores gobiernos del PP. «El nuevo incremento y la reducción de unidades en la escuela pública fuerza un trasvase de alumnado entre las redes y con ello también un traspaso de fondos de la red pública a la privada-concertada», asegura José Luis Pazos, presidente de la FAPA Gíner de los Rios, «continuamos ante las mismas políticas que no buscan otra cosa que no sea la privatización del sistema educativo madrileño y que nosotros rechazamos«.
Menos aulas públicas
Ya en junio, el PSOE alertó en un informe de la desaparición de 78 aulas en centro públicos de la Comunidad el curso que viene. De todas estas unidades, 32 se localizan en la educación infantil, la puerta de entrada de los alumnos en el sistema educativo. El otro grueso de unidades se concentra en la Formación Profesional, donde el PSOE ha consignado al menos 44 aulas menos. Por zonas, el este y el sur de la región se llevan la peor parte y también los distritos del sur de la capital, que son los lugares, según el informe, con mayor concentración de población con necesidades educativas más acuciantes Se han abierto nuevas aulas, apuntan, aunque el saldo es claramente negativo. Entre 2008 y 2015, denuncia el PSOE, la Comunidad de Madrid ha cerrado más de 200 aulas de educación secundaria obligatoria.
Particularmente preocupante es la situación a la que llegan el curso que viene algunos distritos de la capital. Es el caso del Ensanche de Vallecas donde, según el PSOE, faltan más de 100 plazas en Educación Infantil que ni siquiera los concertados pueden satisfacer. Se debe, dice el informe, a la falta de planificación a medio plazo de la Comunidad. En 2016, la consejería de Educación ha presupuesto para mejoras y ampliaciones de centros 56,8 millones de euros, 16,1 millones menos que en 2015. Además, en los dos últimos años, se han dejado sin ejecutar más de 50 millones para construcción de nuevos centros (21 de ellos en 2015)
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