Por: Andrea Kohen.

No tiene ninguna justificación recurrir a la violencia en un país como Chile

La educación en Chile tiene problemas. No son exclusivamente curriculares sino de cultura. Resulta que el adoctrinamiento estatal de años ha traído como resultado, la adhesión de miles de jovenzuelos a movimientos que entienden la democracia como un pase libre para la violencia y un derecho irresponsable de aplastar a quienes consideran indignos de respeto, entre ellos autoridades y compañeros que se atrevan a discrepar con sus puntos de vista.

Lo curricular se puede arreglar, pues cientos de países efectúan cambios constantemente para estar al corriente con las mejores técnicas de enseñanza aprendizaje y las habilidades necesarias para enfrentar el futuro. Por ese lado, se puede hacer mucho y ese es un debate serio que propende a la obtención de calidad. Sin embargo, el problema en Chile tiene otras características.

Resulta que el proyecto de ley “aula segura” fue rechazado por  la comisión de constitución del senado, por 3 votos contra 2. Obviamente los votos en contra fueron de oposición, declarando que la iniciativa les parece inconstitucional por la ausencia de debido proceso, ya que acorta  de 25 a 5 días el tiempo de expulsión de un estudiante sorprendido en conductas delictuales tales como destruir mobiliario escolar con violencia, rociar con combustible a profesores o lanzar molotovs.

Los parlamentarios insistieron en que falta especificar las instancias de defensa del alumno. Es como si ignoraran que ese privilegio que tienen los colegios privados de tener clases en un contexto de seguridad, es un mínimo del cual se debe partir para avanzar en educación y que la violencia escolar no amerita proceso sino expulsión. Sin embargo, bien por el gobierno que insistirá en su aprobación pese al bloqueo izquierdista.

Que no se desviste un santo para vestir a otro y que estos alumnos igual tendrán que ser recibidos por otro establecimiento fuera de la comuna afectada. El punto es que no necesariamente esa tiene por qué  ser la resolución.

También existe la posibilidad de dar exámenes libres, lo que implica una especie de home school, también se pueden abrir centros especiales para jóvenes con serios problemas de disciplina y esto no es estigmatizarlos, sino enseñarles a tiempo, que las acciones tienen consecuencias.  (a falta de padres sensatos que se lo enseñen) condenar al estudiante a tratamiento psicológico o psiquiátrico de ser necesario, añadir trabajo comunitario, para que salgan del enorme ego en el que viven y así, no negarles el derecho a la educación ni a la movilidad social tan necesaria para que ojalá, cuando maduren y tengan familia, sepan educarla mejor de lo que ellos lo fueron.

Es que el debido proceso no es perdonarles sus delitos indefinidamente o aplazar una decisión sensata como la expulsión, pues se trata de delitos flagrantes. No hay defensa posible para ello, pues no existe contexto que la pueda justificar.

Debido proceso es post expulsión y eso se puede perfectamente establecer en la misma normativa que le permite a los establecimientos expulsar a los estudiantes violentos por la seguridad no solo de su personal sino del resto del alumnado que sí necesita aprovechar su oportunidad de educarse para mejorar sus opciones en la vida.

La idea de que no existe contexto posible para establecer un “debido proceso” previo expulsión, es porque el debido proceso es la expulsión misma frente a un acto directo de violencia. No tiene ninguna justificación recurrir a la violencia en un país como Chile.

Chile es un país libre y democrático. Sí, libre, con una economía de mercado que nos permite tomar decisiones sin coerción, pero que también nos deja asumir las consecuencias. En este sentido, si alguien está descontento con la calidad de la educación, bien puede pedir vía carta, misiva colectiva, conferencia de prensa, cita en el congreso, etc. La consideración de mejoras educativas que se orienten a la movilidad social. No hay absolutamente ninguna excusa para recurrir a la violencia de ningún tipo.

En Chile los estudiantes no son oprimidos. Incluso muchos que no tienen gratuidad universitaria, entienden que la educación es una importante inversión que la vida laboral les devuelve con creces y que la calidad solo puede mejorar cuando el nivel ofrecido por ellos como estudiantes mejora al exigirse, al forzarse a ser mejores.

Es triste que todo este escenario de benevolencia legislativa hacia obvios infractores de la ley, no sea más que una extensión de una generación de padres complacientes que no educan ni dejan educar, que para contrarrestar su ausencia y desinterés, fuerzan al sistema a pintarles de color de rosas la vida a sus hijos.

Que ni se le ocurra al sistema enfrentar a los niños a cualquier tipo de fracaso, porque no tienen ganas de ser padres responsables y enseñarles que los fracasos son lecciones para mejorar, para auto exigirse y lograr objetivos. Abundan estos padres con la mentalidad de que hay que premiar por participar y no por ganar algo.

Quieren a sus hijos ricos y exitosos, pero sin enseñarles la disciplina necesaria para ello. Solo buscan atajos para los nenes pues no tienen tiempo ni ganas de realmente educarlos para la vida.

Simplemente les enseñan que tienen derecho a todo por existir, así en su ausencia, los “niños” podrán sortear sus obstáculos con berrinches infantiles obligando a los adultos a ceder solo porque el ruido es molesto.

Eso es más fácil que sentarse a explicarles que el amor implica dar el 100% de lo que los hijos necesitan y por su propio bien, solo el 20% de lo que quieren, haciendo que se esfuercen y trabajen por sus anhelos, pues esto les provee metas de corto, mediano y largo plazo y conseguirlas es constructivo para el carácter.

Muchos de los padres actuales, solo tienen hijos para chequear la lista de cosas por hacer en la vida, pero no para generar valor en la sociedad al heredar hijos que aporten y contribuyan al desarrollo.

La ley aula segura no es inconstitucional pues resguarda el contexto mínimo de paz necesario para el proceso de enseñanza aprendizaje y la obstrucción legislativa de la oposición solo revela su mezquindad con aquellos que dicen defender. Los más pobres son los más afectados por no poder estudiar en paz y esa santurronería dela izquierda buenista, con sus perdonazos y obstrucciones politiqueras, solo les disminuyes sus legítimas posibilidades de movilidad social.

Fuente del artículo: https://es.panampost.com/andrea-kohen/2018/10/13/educacion-en-chile/?cn-reloaded=1