Organizaciones indígenas de Ecuador entregaron a la Corte Constitucional más de 365.500 firmas de respaldo recogidas en todo el mundo, para que se les garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre los planes de actividades extractivas –sobre todo en minería y petróleo- en sus territorios en la Amazonía.
Representantes de las nacionalidades Cofán y Waorani, entre otras, llegaron a la Corte para mostrar el respaldo internacional a su reclamo de consulta sobre las concesiones mineras y petroleras que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso pretenda celebrar en la Amazonía.
Lasso, emitió en julio pasado un decreto para intentar duplicar la producción petrolera del país, acción calificada de «inconstitucional» por organizaciones sociales, que le acusan de hacerlo sin mediar la obligatoria consulta a las comunidades que podían ser afectadas. Se espera que la Corte Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre la demanda, apoyada por organizaciones sociales ecuatorianas e internacionales.
«No queremos explotar nuestro bosque, ni mineros, ni maquinaria pesada. Queremos que sea como antes, que el río y bosque estén sin contaminación», declaró Víctor Quenamá, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que acompañó a las bases amazónicas, dijo que esta acción forma parte de una lucha contra el cambio climático que se produce por los excesos «del sistema de explotación capitalista». Isa exigió detener esta «forma de desarrollo criminal» que atenta sobre la forma de vida de los pueblos indígenas de la selva amazónica.
Iniciativas como «Quienes Deben Decidir», «Wao Resistencia» y «Stand With Sinangoe» recogieron cientos de miles de firmas de apoyo que fueron entregadas a la Corte Constitucional junto a una carta en la que se pide escuchar a los pueblos indígenas y que se «garantice» su derecho a decidir sobre sus territorios.
«Nos sentimos respaldados de todo el mundo por nuestra lucha y resistencia», aseguró Silvana Nihua, presidenta de una organización Waorani, y dijo confiar en que la Corte Constitucional dará el paso «histórico» en beneficio de las comunidades que habitan en la región amazónica y en el país entero.
“El mundo tiene sus ojos sobre Ecuador debido a los históricos casos de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza, que vencieron al poder empresarial y al Estado ecuatoriano que entregó concesiones mineras y petroleras en sus territorios ancestrales, sin la debida consulta”, expresa la petición.
Por su parte, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), Marlon Vargas se refirió al precedente que sentó la comunidad del A’i Kofán y subrayó que la corte tiene “la oportunidad histórica” de emitir un fallo favorable que garantice el derecho de las comunidades autóctonas a la consulta y “el consentimiento previo, libre e informado”.
Como parte de esta iniciativa, las comunidades que habitan junto a los ríos Coca y Napo presentaron un centenar de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de Judicatura de Puerto Francisco de Orellana, en el corazón de la región amazónica del país, ante el avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, catalogada como un peligro inminente a los derechos de estas comunidades a vivir en un ambiente sano, a la salud, la alimentación, el acceso a la información y la justicia.
A inicios de abril pasado se produjo en esta región la rotura de los principales oleoductos ecuatorianos: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Poliducto Shushufindi–Quito. La avería y posterior derrame de miles de barriles de crudo al suelo y cauces de los ríos afectó a más de 100 comunidades kitchwa con una población de al menos 27.000 personas.
Las comunidades denunciaron que detrás de la rotura estaba la negligencia de las empresas y otras entidades públicas, que no adoptaron medidas preventivas pese a que alertaron sobre las consecuencias de la erosión regresiva, unido a la inestabilidad geológica, la actividad sísmica y volcánica de la región.
Para evitar futuras averías y derrames, las comunidades demandan la inmediata suspensión del bombeo, el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, la reparación ante posibles inundaciones y otros daños, y la provisión de agua y proteína animal de manera estable hasta que los cauces del Coca y el Napo recuperen su normalidad.
El Ejecutivo ecuatoriano ha afirmado que las políticas aprobadas por el Gobierno de Lasso, que buscan intensificar la producción petrolera y minera en el país, tienen como objetivo impulsar la economía y reducir la pobreza que afecta, entre otros grupos sociales, a los indígenas.
Pero las organizaciones indígenas aseguran que su experiencia, a lo largo de décadas de extracción petrolera en el Amazonía, pone de manifiesto que los beneficios de dichas actividades extractivistas no llegan a las comunidades y que, además, entrañan el alto riesgo de desastres irreparables para la naturaleza y la vida de los pueblos originarios.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos respaldan la campaña “Detén la Extracción en la Amazonía”.
Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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