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La CIDH exige al Estado proteger a las niñas de la violencia sexual y el embarazo forzado

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La CIDH urge al Estado de Bolivia cumplir con su obligación de proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Bolivia a proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar por completo su proyecto de vida. La Comisión observa que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral.

En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad. En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud, y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos. El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones.

Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.

Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.

Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años; y según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil se reportaron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.

Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que la continuación forzada del embarazo puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este contexto.

Ante el escenario del incremento de la violencia de género contra niñas y adolescentes, la CIDH considera fundamental que los Estados desarrollen políticas y programas que faciliten el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad y a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, garantizando su participación y el acceso a la información. En particular, insta al Estado de Bolivia a desempeñar su mayor esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada y garantizando el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

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Educadores uruguayos en paro denuncian persecución sindical

Telesur TV

La denuncia se realiza en el marco de un paro de 24 horas en reclamo de garantías laborales, entre otras exigencias.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenaes) de Uruguay, que este jueves realiza un paro general de 24 horas, denunció lo que llamó persecución político sindical, luego de la recomendación de las autoridades de destituir a dos de las profesoras de una escuela por presunto proselitismo político.

La Fenapes y la Asociación de Trabajadores de Secundaria (ATES), entre otras, se unieron a la protesta para reclamar mejores condiciones de trabajo y rechazar el subempleo, que afecta a cerca de 2.000 docentes.

En el marco de la movilizacíón, trascendió que la Fenapes no descarta denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución político sindical a dos profesoras.

La denuncia refleja la situación de un grupo de docentes del Liceo 1 del departamento de San José (sur), a quienes en febrero pasado se les realizó un sumario, con separación del cargo y retención del 50 por ciento de sus haberes, por tomarse una fotografía en la institución con pancartas contra la reforma “Vivir sin miedo”.

De acuerdo con la Fenapes, se trata de un hecho sin precedentes desde el llamado retorno a la democracia en Uruguay, y que vulnera los derechos humanos, en especial la libertad sindical y las libertades civiles de opinión y expresión del pensamiento.

La Fenapes asegura que se trata de un accionar que consideran dudoso y reñido con las garantías del debido proceso.

En tal sentido, la organización gremial manifestó su más absoluto rechazo a un proceso de persecución política sindical, que retrotraen a prácticas que Uruguay ya sufrió en el pasado  y durante la dictadura fascista en la educación pública.

El sindicato manifiesta que promoverán las denuncias y acciones pertinentes en cuanto ámbito internacional sea necesario, de no existir resoluciones que pongan fin a estos hechos. En particular,  mencionaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente de la información e imagen: https://www.telesurtv.net

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El Salvador: Salvadoreña defensora de derechos humanos es finalista para secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD. HH.

Noticias

América Central/El Salvador/05-02-2021/Autor: Ricardo Avelar/Fuente: www.elsalvador.com

Celia Medrano, con amplia experiencia en defensa de derechos en El Salvador y la región, se coló a la lista de finalistas para este importante cargo hemisférico. La decisión se conocerá en mayo y la persona ganadora empezará el 1 de junio.

Celia Medrano está en la lista de cinco finalistas para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Periodista, investigadora y defensora de los derechos humanos, Medrano es salvadoreña y la única centroamericana en formar parte de la lista final de aspirantes a este importante cargo hemisférico. Con ella compiten un chileno, una colombiana y dos candidatas mexicanas.

Medrano tiene una amplia experiencia defendiendo los derechos humanos en El Salvador y en toda la región centroamericana. Desde los años ochenta, fue parte de la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, fue parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y fue la coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los DD. HH. en Centroamérica (Codehuca).

Celia Medrano, defensora de derechos humanos y periodista salvadoreña, es una de las nominadas para ocupar el cargo de Secretaria Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En Cristosal, fue directora regional de programas y desde ahí condenó atropellos a las garantías fundamentales de los gobiernos salvadoreños, al tiempo que abogó por las personas más vulnerables del país.

Medrano estudió Periodismo en la Universidad de El Salvador y cuenta con posgrados de Educación para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y de Administración Pública en el Instituto Especializado De Educación Superior Para La Formación Diplomática de El Salvador.

Vencer el militarismo: reto para la región

Tras conocer que Medrano está en la lista de cinco finalistas para la secretaría ejecutiva de la CIDH, El Diario de Hoy buscó su reacción. Al respecto, dijo que esto supone una enorme responsabilidad pero también un reconocimiento a la titánica labor de los defensores de derechos humanos en Centroamérica “que han dejado y continúan dejando huella”.

A su juicio, uno de los retos principales de la región es “no perder lo ya ganado”, particularmente en lo que respecta a mantener a los militares alejados de la deliberación política en la región.

Esta es una de sus preocupaciones principales para El Salvador, al cual no quiere ver transitar una nueva senda de autoritarismo y militarismo como ya vivió hace décadas.

“Habíamos logrado, al menos en Centroamérica, dejar en claro que las fuerzas militares tenían que ser apolíticas, no deliberantes, estar sujetas al poder civil”, destaca la exdirectora de Cristosal.

Sin embargo lamenta que ahora nuevamente “la fuerza militar por sí misma está dominando los planos políticos de nuestros países”, algo que considera “sumamente peligroso”.

Finalmente, advierte que este poder es cooptable y corruptible, por lo que el riesgo no es solo la militarización de la política, sino que esto luego se preste a una captura del Estado por medio de grupos criminales.

Medrano espera que, independientemente del resultado en la secretaría de la CIDH, esta cobre más fuerza para aplicar sus medidas cautelares y sus iniciativas para defender los derechos humanos en la región. En mayo se conocerá el resultado y la persona elegida iniciará funciones el 1 de junio.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/celia-medrano-salvadorena-finalista-secretaria-ejecutiva-derechos-humanos-cidh/802907/2021/

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México: CIDH, ONU, defensores y comunidades exigen reconocer derechos indígenas y detener megaproyectos

Noticias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas y defensores de organizaciones indígenas y campesinas exigieron el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y el respeto a sus territorios, durante el foro internacional «La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México».

En el foro virtual, convocado por la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA), la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, Antonia Urrejola, señaló que la entrega de concesiones para instalar megaproyectos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos «suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas».

De igual forma, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, manifestó su preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan los derechos de los pueblos indígenas, así como enfatizó que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos.

Por su parte, Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC) y defensora Me’Phaa de Guerrero, llamó al Congreso estatal a que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios.

Finalmente, el integrante del Colectivo Maya de los Chénes, Jorge Oziel Pech, exigió desde la ALDEA que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

A continuación el comunicado completo:

Con la participación de pueblos, comunidades indígenas y distinguidas autoridades internacionales, la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA) llevó a cabo el Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”. Desde la voz de los pueblos de la Aldea, la organización Flor y Canto ofreció una ceremonia de bienvenida a los participantes y una ofrenda para sus buenos trabajos y el éxito de esta nueva Alianza que aglutina a comunidades y organizaciones indígenas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a los pueblos Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, en articulación con organizaciones civiles.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que esta Alianza busca que “las voces y los corazones de los pueblos indígenas de México lleguen aún más lejos”, para ser escuchadas y respetadas por los gobiernos y traducida en cambios en políticas y leyes concretas, ya que durante las últimas décadas se han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos colectivos de las comunidades. Inspirado en el rito inaugural, pidió fortaleza a la Madre Tierra para que brinde luz a los pueblos por lograr su autodeterminación y autonomía y el respeto de la integridad de sus territorios. Exhortó al Estado mexicano a mantener un canal de diálogo respetuoso con los pueblos de esta Alianza para el avance de las reformas pendientes.

Por su parte, la Comisionada, Antonia Urrejola, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó que, el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas. Asimismo, recordó los señalamientos por actos de criminalización de defensores y defensoras indígenas en la defensa de su territorio y la falta de una “perspectiva cultural” y de un “acceso efectivo a la justicia”. Describió cómo el derecho a la libre determinación se ha ido profundizando a lo largo de los años en el sistema interamericano de Derechos Humanos, generando una obligación de los Estados a respetarlo y garantizarlo, e hizo un llamado al Estado mexicano a llevar a cabo un diálogo intercultural efectivo con los pueblos y comunidades. Informó, como nota relevante, que la CIDH estará desarrollando un informe especial sobre el tema de libre determinación para 2021, con el objetivo de dotar este derecho fundamental con mejores herramientas de protección y defensa. Por último, comentó que la Relatoría a su cargo tiene como propósito dar asistencia técnica al Estado mexicano para que la Reforma Constitucional impulsada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se apegue a los estándares internacionales. Por su parte, Efraín Avilés, Vocero del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, expresó que a pesar de todo el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, en la realidad estos son violados y sus sistemas propios son criminalizados, al grado que actualmente tres defensores de su comunidad están encarcelados. En este sentido, pidió a legisladores y al gobierno pasar del discurso a la acción y aprobar la Reforma Constitucional pendiente para que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como “sujetos de derechos público”, con la participación activa de los pueblos y que se tome en cuenta la agenda de 10 puntos 1desde la ALDEA.2

Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC), mujer y defensora indígena Me’Phaa de Guerrero, hizo un recuento histórico de los logros del sistema de seguridad y justicia comunitaria creado hace 25 años. Habló de su lucha como mujer indígena para ejercer posiciones de mando en una organización tradicionalmente masculina. Resaltó que aunque se encuentra amparados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Mexicana y aporta paz y seguridad a sus comunidades, los integrantes de la CRAC-PC, han sido criminalizada por el Estado. Por ello, exigió al Congreso estatal que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución del estado de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios. Desde los Valles Centrales de Oaxaca, el Presidente de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Andrés Odilón, y la secretaria de la Red, Dolores Cruz, manifestaron que luego de 4 años de iniciada la consulta en Valles Centrales, y a un año de haber logrado firmar un acuerdo que garantice su participación en la administración del agua como pueblos, para preservarla y su acceso colectivo para subsistencia. “el Estado Mexicano no ha cumplido y se ha negado a proporcionar información, no responde a nuestras solicitudes y tampoco nos reciben, nos ignoran y discriminan”. Plantearon que “ahora que se ha mandatado al Congreso emitir una Ley de Consulta, lo importante, es garantizar nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, así como nuestro derecho a definir nuestras prioridades de desarrollo”. De igual manera, exigieron que la actual Legislatura cumpla su obligación de aprobar una nueva Ley General de Aguas que incorpore los derechos de los pueblos indígenas.

Por parte, del pueblo Maya, Jorge Oziel Pech, integrante del Colectivo Maya de los Chénes, destacó el proceso de defensa del territorio maya frente a la agroindustria transgénica de Monsanto. Explicó cómo, a pesar de obtener una sentencia de la SCJN en 2015 en la que se ordenó una consulta sobre la siembra de soya transgénica en su territorio, el proceso de consulta ha sido violatorio de todos los parámetros internacionales, y que el actual gobierno no hizo más que replicar las prácticas de la administración anterior y llevar a cabo una consulta a modo. Resaltó la grave situación de las comunidades indígenas de Yucatán frente a los embates de la agroindustria, de parques solares y eólicos, y finalmente del Tren Maya, vulnerando sistemáticamente su derecho a la autonomía y la libre determinación. Hizo un llamado desde la ALDEA a que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

Ante este complejo panorama, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, comentó que las demandas expresadas por las comunidades coinciden con las diversas recomendaciones de la Relatoría. En particular, en el último informe sobre México su predecesora, Victoria Tauli-Corpuz, señalaba como pendiente la necesidad de adecuar la legislación en materia de industrias extractivas, aguas, en materia agraria con apego a los derechos reconocidos a nivel internacional. Manifestó preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan a derechos de pueblos indígenas y fue enfático en que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos indígenas, que históricamente han vivido en condiciones de marginación y discriminación. También, se pronunció por la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres indígenas. Por último, el nuevo representante de la OACNUDH para México, Guillermo Fernández- Maldonado, comentó que se han emitido múltiplesrecomendaciones al Estado Mexicano desde las Relatorías especiales sobre pueblos indígenas, de Agua, de Defensores, así como de los Comités de Derechos Humanos, de las que el Estado debe dar cuenta de su cumplimiento. Comentó que, si bien existen grupos de intereses económicos y políticos que ven a los pueblos y comunidades como obstáculo por lo que emplean la violencia, también existe un gran desconocimiento hacia los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo al servicio público.Consideró que es papel también de su gestión y en coordinación con los demás mecanismos internacionales brindar y proporcionar asistencia técnica en esta materia al Estado mexicano, además de las acciones de denuncias que tradicionalmente se hacen.

Desde la ALDEA seguiremos trabajando para construir estrategias colectivas que sumen a fortalecer el marco jurídico para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, luchando por el reconocimiento y garantía de derechos colectivos en la legislación mexicana y ante el actual Gobierno. El Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”, puede verse completo aquí.

#HacemosALDEA

Datos de contacto:

Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Serapaz 55 54049045 l comunicación@serapaz.org.mx

Mariana Gurrola Y. Comunicación Fundar 5540136188 | marianag@fundar.org.mx

1 https://www.facebook.com/FundarMexico/photos/basw.AboaAWiK-2JE9-0JMw5fBvfR8uskEcZ3XwQ19RAOACD22RDX0rYiOR4F_kVLHxDxOe0q7209sddNCQLFTABNBgPoZXXkHjM1g51MZeEHCdgGHmRrGhawhoxgs7xBfeKWWBG-WzHeWOfJaqcZ51lepwKM.3076937969083149.1190236801370487.10220631173942121.10220631175182152.10220631175262154.10220631174142126/3076937969083149/?type=1&theater

2 https://serapaz.org.mx/alianza-por-la-libre-determinacion-y-la-autonomia-aldea/?fbclid=IwAR2bmqB78Ow1N3drzO94GW50AO5pbJduiOMSVvIkI6qz-ohcFtprDcVFm8w

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/cidh-onu-defensores-y-comunidades-exigen-reconocer-derechos-indigenas-y-detener-megaproyectos/

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CIDH pide a los estados de la región acelerar políticas de acceso universal a internet durante la pandemia del COVID-19

Noticias

Por: https://diariolalibertad.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia (SACROI COVID-19), manifiestan preocupación por las serias limitaciones en la falta de acceso a internet en la región de los sectores más vulnerables de la población y la consiguiente limitación para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que afecta de forma diferenciada a comunidades indígenas, población afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores, entre otros grupos.

En el contexto actual de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, el acceso de las personas a una Internet de calidad adquiere una centralidad insoslayable. A partir de las medidas de aislamiento y/o distanciamiento social impuestas por los gobiernos a nivel global y su extensión en el tiempo, la conexión a internet aparece como la herramienta por excelencia para continuar con las tareas cotidianas que anteriormente requerían el contacto presencial, además de ser crucial para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. El acceso a Internet tampoco debe ser interrumpido con bloqueos, filtros de páginas o caídas de servicio por razones políticas o discriminatorias.

La infraestructura y el nivel de alfabetización digital requeridos para afrontar la denominada “nueva normalidad” presenta grandes desafíos en la región. Las últimas cifras publicadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) a fines de 2019 señalan que a nivel global solo el 53.6% de la población (4.1 billones de personas) tiene acceso a internet, mientras que el restante 47% (3.6 billones de personas) aún se encuentra desconectado. En las Américas, casi un 23% de la población no cuenta con acceso a Internet; al mismo tiempo, se observan distintos niveles de acceso según países, subregión y comunidades. En América Latina y el Caribe se calcula que al menos 300 millones de personas no tienen acceso a Internet, encontrándose los mayores índices de desconexión principalmente en países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur.

La CIDH y su Relatoría Especial han identificado que las comunidades indígenas, las mujeres, los afrodescendientes, los niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos con necesidades específicas, están sufriendo limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales. Esta brecha digital refuerza las desigualdades preexistentes que sufren estos grupos de personas y que han sido ampliamente documentadas.

Llamamos también la atención respecto a la inexistencia de cifras oficiales y estudios sistemáticos respecto a cómo impacta la falta de acceso a internet en comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto se debe a que la variable étnica aún no es considerada en muchos de los reportes más importantes a nivel mundial que analizan las desigualdades de acceso a las tecnologías digitales. La variable de género se encuentra más presente en las estadísticas sobre acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, aunque falta aún sistematización a nivel regional.

No obstante, el hecho de que esta información no sea recabada y sistematizada de forma oficial no quiere decir que no exista como problema. En este sentido, la ITU ha reconocido que “los pueblos indígenas, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidades y las mujeres, los jóvenes y niños de ambos sexos” constituyen algunos de los grupos con necesidades específicas a atender. Asimismo, numerosas organizaciones de la sociedad civil y activistas en el continente están intentando proveer información sobre esta brecha digital.

La CIDH y su Relatoría Especial llaman especialmente la atención a los Estados respecto al problema de la desconexión de estos grupos de los tendidos de redes de Internet, lo que supone dificultades para acceder derechos, incluyendo las ayudas financieras que los gobiernos están ofreciendo para paliar las necesidades derivadas de la pandemia. En general los organismos públicos utilizan la web para difundir información sobre estas ayudas, y en la mayoría de los casos las solicitudes requieren de registro y seguimiento en línea. En otros casos, aunque la población pudiese acceder a tal información, se encuentran con barreras de lenguaje, ya que por ejemplo existe escasa o nula información sobre Covid-19 en lenguas originarias.

El acceso a Internet también tiene un vínculo directo con el acceso a la educación. Según UNICEF, en América Latina y el Caribe aproximadamente 154 millones de niños, niñas y adolescentes –más del 95% de los matriculados en la región– se encuentran temporalmente fuera de las escuelas a causa del Covid-19, y un gran porcentaje de ellos no tienen forma de acceder a los contenidos educativos de manera virtual. Esta situación se extendió más de lo esperado inicialmente, y podría aumentar el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente de los niños y niñas más vulnerables.

Por estas razones, las medidas de urgencia para garantizar el acceso a Internet deben privilegiar la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos de personas, de modo que puedan contar con la posibilidad de acceder a servicios básicos como educación, atención médica, oportunidades de trabajo remoto y contacto con sus familias.

La CIDH reconoce las medidas positivas que distintos gobiernos y reguladores del continente han adoptado para garantizar el acceso y continuidad del servicio de acceso a internet y telecomunicaciones. Algunos Estados, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador, han impedido a las empresas prestadoras de telefonía móvil o fija, Internet y TV por cable la suspensión o el corte de los servicios en casos de mora o falta de pago hasta una determinada cantidad de meses. En El Salvador se aprobó el pago diferido de los servicios de telecomunicaciones.

También se han implementado aplicaciones de educación virtual bajo la modalidad zero-rating, que no consumiría datos, para permitir que los y las estudiantes no se vean perjudicados en su formación y puedan continuar con sus clases de manera virtual sin costos extras. Es el caso, por ejemplo, de los portales “Colombia Aprende” y “Seguimos Educando” en Argentina. Los proveedores ofrecen la navegación en esta plataforma educativa de manera gratuita desde todos los teléfonos móviles, sean prepagos o pospago. Aunque es una medida que de sostenerse en el tiempo podría ser problemática en términos de pluralismo, parece ser adecuada y proporcional durante una emergencia como la del Covid-19.

En políticas de educación y cultura digital, Uruguay se presenta como uno de los países mejor preparados de la región. El Plan Ceibal, creado en 2007 para democratizar el acceso de las tecnologías digitales, permitió que el cierre de establecimientos educativos en marzo no afectara la continuidad de las clases; al inicio de la pandemia, la plataforma virtual ya contaba con un ecosistema de más de 173.000 recursos educativos.

No obstante, estas medidas transitorias para garantizar el acceso a Internet requieren ser acompañadas de planes y políticas públicas sólidas, planificadas, de largo plazo y con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad. También son cruciales la generarción de información pública respecto a la falta de acceso a Internet y sus impactos diferenciados; las acciones y medidas que adopten otros actores del ecosistema digital, como empresas privadas de telecomunicaciones o prestadores de servicio en internet; y el rol de la sociedad civil y la academia, en materia de capacitación, así como en la investigación que permita ofrecer soluciones alternativas –sin fines de lucro, de carácter social y comunitarias– para hacer efectivo el derecho a la información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se suman a los esfuerzos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), y la UNESCO en la promoción de políticas de ampliación de acceso a las TICs y reducción de la brecha digital, como así también en la visibilización y concientización del problema de falta de acceso a internet. En este sentido, la CIDH y su RELE se encuentran trabajando en una guía sobre el estado de situación del acceso a internet en la región y el especial impacto de la brecha digital en el contexto de la pandemia, que reunirá además recomendaciones para que los Estados, las empresas, el sector privado, y la sociedad civil avancen hacia una mayor y mejor inclusión de las personas en las carreteras de la información y comunicación.

Frente a este contexto, y en línea con la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos la CIDH y su Relatoría Especial refuerza el llamado a los Estados a garantizar el acceso a una internet asequible y plural a todos sus ciudadanos y ciudadanas, en especial aquellos grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, e instamos a que lleven a cabo medidas positivas para reducir las brechas digitales. Además de permitir interacciones descentralizadas, instantáneas, sin bloqueos y sin límites de frontera, internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como la libertad de expresión y opinión, de asociación y reunión, así como el acceso a los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la cultura.

*Fuente: https://diariolalibertad.com/sitio/2020/08/cidh-pide-a-los-estados-de-la-region-acelerar-politicas-de-acceso-universal-a-internet-durante-la-pandemia-del-covid-19/

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Fuerzas armadas y seguridad pública

Carlos Fazio

Por: Carlos Fazio

El 11 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente (sic) para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regularizada, fiscalizada, subordinada y complementaria, con vigencia hasta el 27 de marzo de 2024. Ese día, en un pronunciamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que, conforme a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública corresponde a las autoridades civiles en los tres órdenes de gobierno, aunque es posible el uso de las fuerzas armadas (FFAA) para atender problemas de seguridad ciudadana, siempre y cuando siga una lógica de última razón y se encuentre limitada dentro de parámetros específicos.

Según la CNDH, el acuerdo gubernamental es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos: extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, por lo que se falta al principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de las FFAA, lo que podría configurar una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y la garantía de los derechos humanos. En su carácter de organismo constitucional autónomo, la CNDH insistió en que la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifiquen dicha intervención. Y según el organismo, el acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición.

Además, esa participación debe ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad pública, y estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos de uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

A la luz de los abusos, las violaciones flagrantes y la impunidad de miembros de las FFAA por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones físicas, sicológicas y sexuales, detenciones ilegales y tortura, el acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos. Por lo que resulta indispensable asegurar una estricta fiscalización de la intervención castrense en tareas de seguridad pública por el Congreso de la Unión y la sociedad mexicana, incluida la propia CNDH como órgano civil competente y autónomo.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidió en que la participación de las FFAA en seguridad pública debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso. Y añadió que la sola mención al carácter extraordinario de la participación de las fuerzas militares sin la información sobre las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida, es insuficiente. Destacó, asimismo, que contrario a la obligación de que el papel de las FFAA se supedite a las autoridades civiles, el acuerdo establece una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares.

La Oficina del Alto Comisionado recordó la sentencia del caso Alvarado de la CIDH (2018), que estableció que la supervisión de la participación de las FFAA en seguridad deberá realizarse por órganos civiles independientes, competentes y técnicamente capaces; sin embargo, adujo, el acuerdo fija que esa supervisión será realizada por el órgano interno de control de la dependencia de la fuerza armada que corresponda (Ejército o Marina), lo que resulta insuficiente (además de situarse fuera del marco fijado por la CIDH); contradice los elementos de control civil de la seguridad pública establecidos en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que debe regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluidas las FFAA.

Bajo asesoría del Pentágono, a partir del régimen de Ernesto Zedillo −responsable de la matanza de Acteal, en Chiapas, con participación directa de Ejército− la militarización de la seguridad pública resultó cada vez más contraria a las atribuciones constitucionales de las FFAA: la defensa de la integración territorial, la independencia y la soberanía del país, derivó en crímenes de Estado que podrían tipificarse de lesa humanidad.

Con Felipe Calderón, de la mano de la Iniciativa Mérida manufacturada en Washington, como primera autoridad en llegar al lugar de los hechos (primeros respondientes), el Ejército y otras autoridades federales manipularon la escena del crimen e inventaron verdades históricas en casos como el de los niños Almanza y los estudiantes del Tec de Monterrey; Tlatlaya; Iguala/Ayotzinapa, Tanhuato…

Esos son los riesgos que derivan de la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión, a comienzos de 2019, de las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo federal, mediante las cuales se creó la Guardia Nacional y se refrendó el uso de las FFAA en tareas de seguridad pública, ajenas a su formación y profesionalización, que es la guerra contra un enemigo. Riesgos que podrían potenciarse a corto o mediano plazos, en las áreas de los dos megaproyectos del sexenio: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/05/18/opinion/019a2pol

Imagen: https://pixabay.com/photos/police-italy-order-blue-uniform-3409448/

 

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Ascienden los heridos oculares en las protestas de Chile

Noticias

América del Sur/Chile/08-12-2019/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) informó que 352 personas sufren heridas oculares por la presunta acción de las fuerzas de seguridad, en la contención de las protestas al disparar balines de goma con escopetas.

En 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo, mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas. La cifra supone un incremento de 111 personas, respecto al anterior reporte del INDH, del martes.

Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han dejado al menos 23 fallecidos.

Los casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.

Incidentes

El INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de octubre, de las que 1.982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados.

50 DÍAS de manifestaciones llevan en Chile.Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.

El director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando «conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios», algo en lo que dijo coincidir con el informe que este viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sobre la situación en el país.

La CIDH expresó su «condena al uso excesivo de la fuerza» y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la CIDH pidió, además, a las autoridades chilenas que ordenen «el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado».

Reacción

Respecto al informe de la CIDH, el Gobierno de Chile respondió que comparte su preocupación y que su compromiso «ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando siempre los derechos humanos de todas las personas».

Así lo destacó un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que el Gobierno valoró también que la CIDH repruebe que en determinadas circunstancias grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102291515/ascienden-los-heridos-oculares-en-las-protestas-de-chile

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