Cobertura

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Gratuidad educativa en Colombia: una realidad inclusiva para los territorios

Carolina Bustamante Deja un comentario

Por Carolina Bustamante

En Colombia, anualmente se matriculan más de 3 millones de estudiantes en Instituciones de Educación Superior. De estos, el 60% en centros de formación pública según el Ministerio de Educación Nacional, pero existe un subregistro sobre grupos étnicos, afrocolombianos, población Rom y campesinado vinculado a la academia.

Saldar la deuda, equilibrar la balanza de los beneficios, garantizar equidad o simplemente justicia social, es la forma como el Gobierno de Gustavo Petro, dentro de su nueva política de gratuidad educativa ´Puedo estudiar´, pretende avanzar hacia el acceso universal de la educación y cambiar un pasado de estancamiento profesional en los jóvenes del país.

Gratuidad educativa inicia con medio billón de pesos este 2024 en busca de cubrir el 95% de los estudiantes que están en las Instituciones de Educación Superior públicas. La meta para el 2026 es llegar al 97% y a los territorios afirma el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego.

Lo anterior porque, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de los 48 millones 258 mil ciudadanos que hay en Colombia, el 6 % corresponde a comunidades étnicas, representados en algo más de 1 millón 900 mil personas que se auto reconocen como indígenas de pueblos originarios diferentes, y 4.671.160 afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rom pero, ¿cuántos de estos han tenido, tienen o podrán tener acceso a educación superior?

¿Qué población será priorizada?

Jose Hildo Pete, secretario técnico de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas – Contcepi, no duda en señalar que cientos de jóvenes no han tenido acceso a educación: “muchos de los jóvenes terminan su colegio y se van a trabajar en floristerías, en el campo o en campos a raspar coca”.

No se conoce por la Autoridad Nacional Indígena las cifras de ocupación estudiantil en universidades del país afirma Hildo, pero la desocupación preocupa a los 115 pueblos indígenas. “Los pocos jóvenes que logran ir a estudiar a zonas urbanas o ciudades principales generalmente son financiados por la comunidad, su resguardo. Pero a veces solo logran llegar a cuarto o quinto semestre y se retiran, porque no es solo tener una matrícula, es cómo sostenerse durante el tiempo de estudio. A veces resulta imposible y desertan”.

Indica el Ministerio de Educación Nacional que esta estrategia busca llevar la educación superior a los territorios “la iniciativa elimina barreras de acceso y amplía los beneficios a diversos sectores de la sociedad, se enmarca en la estrategia Universidad en tu Territorio” lo que sugiere infraestructura, capacidad técnica, docente y tecnológica que permita estar a la vanguardia de otros centros educativos del país, añade el secretario técnico de educación.

Otra de las barreras que se eliminan con esta nueva política es que podrá aplicar población de estratos 1, 2 y 3 dando especial prioridad a indígenas, pueblo Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; se suman víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, campesinos, aquellos privados de la libertad y grupos A,B y C del sisbén IV.

Una mirada desde las aulas de clase

Sara Jiménez, tiene 24 años, hace su último año de estudios en mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia donde además funge como representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.

Asegura que los estudiantes reconocen las ventajas de la política de gratuidad ´Puedo estudiar´, señala que buscar mecanismos para conocer los resultados de las convocatorias rápidamente y los porcentajes reales que se consignan a las universidades por cada estudiante permitiría al beneficiario tener un control real de el rubro otorgado.

Indica que les preocupa que la política de educación del gobierno actual no es retroactiva “(…) los estudiantes tardan más de los 10 semestres en graduarse y la política actual contempla esas demoras, pero las anteriores no y esos estudiantes que son beneficiarios de gobiernos con políticas pasadas no tendrán gratuidad en 1 o 2 semestres extra que permite la política actual y quedaron por fuera”.

También piden a la cartera de educación nacional que se haga pública la forma y los porcentajes bajo los cuales los centros de educación superior, técnicos o tecnológicos recibirán los dineros para matrículas.

La reforma a la política de educación gratuita, en sus artículos 86 y 87 correspondientes a financiación, modifican la forma de medir los montos de financiación de beneficios del Índice de Precios al Consumo IPC al Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, sin embargo, reclaman los estudiantes, bajo la vocería de Sara Jiménez, información pública al respecto porque a la fecha no se conoce.

Financiación y cobertura

Indican los estudiantes que los beneficios en educación no deben quedarse ligados a matrículas: “debería ampliarse la cobertura, es decir, porcentajes extra que permitan a las universidades públicas crecer, porque actualmente están estancadas o tienen que realizar más investigación para tener recursos. Ejemplo: en la Universidad Nacional el 40 % de los recursos son autofinanciados».

Añade la representante estudiantil que si a lo anterior se suman los ´pagos simbólicos´ como los denomina y que equivalen a matrículas de hasta 100 mil pesos para población de bajos recursos, pese a que tener a un estudiante todo un semestre cueste mucho más, esto obliga a la universidad a entrar en gastos que no asume el Estado. Consideran pertinente que el Ministerio de Educación pague por ese estudiante el costo real de su estadía en los centros de formación superior.

Pese a estas dudas y sugerencias cabe resaltar que otros de los cambios que esta política contempló están asociados a estudiantes con títulos de postgrados técnicos o tecnológicos que podrán acceder a educación gratuita. Finalmente, la comunidad educativa celebra que ya no habrá giros a instituciones educativas a través del Icetex sino directamente desde el Ministerio de Educación Nacional.

¿Cómo acceder a los beneficios?

El estudiante puede dirigirse a una de las 67 Instituciones de Educación Superior públicas del país, elegir un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), ser admitido por la institución y matricularse.

La Institución se encargará de registrar al estudiante en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES.

Los calendarios académicos son particulares para cada institución, así como los tiempos que destinen para los procesos de matrícula. Se sugiere consultar directamente con la institución de su interés.

Radio Nacional de Colombia

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El panismo y los problemas educativos de Querétaro

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

El estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad).

¿Cuáles son los principales problemas de la educación en Querétaro? ¿Cuáles han sido los procesos y los resultados de la educación pública en lo que va de la gestión del gobierno estatal (2015-2021), luego de cinco años y medio en que el panismo ejerce del poder ejecutivo, así como la mayoría en el congreso local?

El contexto político

Este año 2021 habrá cambio de gobierno (poder ejecutivo estatal) en Querétaro. También se darán relevos en las 18 presidencias municipales de la entidad; lo mismo sucederá con la integración de la legislatura local (25 escaños). Junto con las elecciones constitucionales (federales) intermedias. Este año es, sin duda, un tiempo de intensa actividad política en el territorio queretano.

Debido a que esta semana se iniciaron abiertamente las campañas políticas para dar a conocer las propuestas de las y los candidatos a los diferentes puestos de elección, conviene realizar un breve balance acerca de la situación que prevalece en el sector educativo estatal.

Retomo una parte del análisis que di a conocer a finales de 2020 (1). Según lo registrado en un documento oficial, el Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021, el gobierno estatal se propuso “…como objetivo estratégico sectorial, garantizar una educación integral centrada en el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y el acceso con equidad, mediante la articulación de los diferentes niveles, modalidades y servicios educativos, culturales y deportivos, con la participación de los diferentes sectores”. (2)

De las seis estrategias enunciadas en ese documento, derivadas del objetivo sectorial antes descrito, cuatro de ellas estaban dirigidas explícitamente hacia la Educación Básica en el estado (las estrategias 1, 3, 4 y 5): “1. Aseguramiento de la formación integral de calidad en educación básica, que equilibre la formación en valores y el desarrollo de competencias para la vida, con la participación de los padres de familia y en general de la sociedad… 3. Mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos. 4. Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación, la cultura y el deporte para todos los sectores de la población y regiones del Estado, como parte de la formación integral de los queretanos. 5. Fortalecimiento de las acciones para disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal en todos los niveles educativos”.

Calidad

Con respecto a la primera estrategia, pregunto: ¿Se ha logrado la llamada “formación integral de calidad”? ¿Cuáles son las evidencias en el avance o retroceso de esa llamada “formación integral de calidad” en la Educación Básica en Querétaro? ¿Cuáles son los indicadores de la prueba ENLACE o de la prueba PLANEA como para evaluar las políticas públicas educativas estatales, en términos de los avances en la enseñanza y en el logro de los aprendizajes escolares? ¿Hay algún instrumento de evaluación de los aprendizajes escolares, alternativo a la prueba PLANEA (que coordinó hasta 2018 el INEE) por parte del estado de Querétaro? (3)

Infraestructura

Acerca de la tercera estrategia antes mencionada, sería interesante que las autoridades educativas estatales, hoy encabezadas por Carlos Arredondo, respondieran a las siguientes preguntas: ¿El gobierno del estado de Querétaro (específicamente la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, USEBEQ), cuenta con una valoración sobre el “mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos” durante los últimos 5 años y medio? ¿Cómo se ha evaluado el avance en ese rubro? ¿Qué dicen las maestras y los maestros de Querétaro con respecto a las condiciones materiales de trabajo en sus centros educativos de básica (Preescolar, Primaria y Secundaria)? ¿Cuál es la opinión de las y los estudiantes y sus familias al respecto?

Recientemente el candidato del PAN, el empresario Mauricio Kuri, afirmó en una de sus cuentas en redes sociales digitales, que:

“La infraestructura educativa del país se encuentra en pésimas condiciones. Al contrario, el gobierno de Querétaro ha dignificado 1200 escuelas de todos los niveles, con tecnología e instalaciones de primera. Seguiremos equipando planteles, ofreciendo becas y acceso a internet.”

Recupero un comentario expresado por una maestra acerca de lo dicho por el candidato Kuri:

“Sr. Kuri. Lo invito a platicar con directores de escuelas públicas del estado de Querétaro. Las cosas no están bien como usted supone: escuelas olvidadas, saqueadas, vandalizadas, sin personal de apoyo, y un largo etc.”

Al respecto, cabe mencionar que en Querétaro hay, según el informe estadístico 2019-2020, 3 mil 089 escuelas públicas en total, de las cuales 1202 son de Educación Preescolar, 1288 de Primaria, 415 Secundarias, 130 escuelas de educación media superior y 21 de educación superior. ¿Cuáles son esas 1200 escuelas dignificadas o con “instalaciones de primera”?

Cobertura

En relación con la cuarta estrategia, relacionada con la “Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación”, conviene recordar que Querétaro se ha destacado por el incumplimiento, con creces, en la cobertura de la Educación Preescolar (específicamente en niños y niñas de 3 a 4 años). De acuerdo con datos de la estadística oficial de la SEP (2017-2018), Querétaro tenía una cobertura de alrededor del 20 por ciento en este grupo de edad. ¿Las autoridades estatales podrían decirnos cuál es el porcentaje actual, al término del sexenio, en este rubro? Y si se logró un avance ¿en qué proporción? Y si no ¿Por qué no se ha rebasado esa meta o esa cifra? Cabe señalar que la cobertura universal de la Educación Preescolar se encuentra establecida, en México, en la ley desde 2002. (4)

Exclusión, desafiliación o expulsión de estudiantes del sistema estatal

Sobre la quinta estrategia, considero que en el texto en cuestión se asoma una trasnochada concepción del “abandono escolar”. Se habla de ella como si la decisión de las y los estudiantes, implícitamente, fuera una responsabilidad o una determinación individual. Por el contrario, pienso que la exclusión, desafiliación o la expulsión del sistema educativo de las niñas, los niños o l@s jóvenes, es un proceso estructural, institucional, de características más complejas. ¿Cómo pudieron conducirse las políticas públicas educativas con este nivel anacrónico en la concepción general y específica sobre los procesos educativos? ¿Cuáles son las cifras actualizadas de la expulsión, desafiliación o exclusión social (no de “abandono”) de estudiantes de educación básica, media superior y superior en el estado luego del contexto de pandemia?

Derecho a la educación

Por otra parte, cabe señalar que en el documento referido hay sólo 10 menciones al concepto de derechos: 3 de ellas son referencias de leyes o de bibliografía, 4 se relacionan con “derechos sociales” y las demás menciones a otros, como los “derechos humanos” (en un documento de 49 páginas). Como era de suponerse (es un gobierno de origen neopanista), no aparece explícita ninguna mención a la educación como un derecho humano fundamental. No hay, por lo menos, un énfasis en esa dirección.

Privatización de la educación

Respecto al tipo de sostenimiento o financiamiento y de organización, en la educación especial, las autoridades locales informan que el 97.5% de la matrícula era atendido por instituciones públicas y sólo 2.5% por privadas; en educación básica, el 81.9% por las públicas, mientras que el 18% por las privadas. Por su parte, en la educación media superior se registraba un 73.6% de la matrícula escolar en instituciones educativas públicas y 26.4% en privadas; y en educación superior se tenía un 55.13% en instituciones públicas y 44.87 en escuelas privadas.

¿Esto significa, entre otras cosas, que para las y los jóvenes queretanos o radicados en la entidad, las posibilidades de acceder a la educación superior pública, año con año, se ven cada vez más reducidas?

Así mismo, el estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (para niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad). Veamos algunos datos: Según el reporte estadístico 2019-2020, el estado registró 10 escuelas públicas de educación inicial, mientras que el sector privado cuenta con 135. Adicionalmente y derivado de lo anterior, el 89 por ciento de la matrícula de educación inicial es atendida en escuelas privadas, mientras que sólo el 11 por ciento de esta población infantil es cubierta o está inscrita por la escuela pública.

La sociedad queretana y del país, requiere de información puntual acerca de los avances, o no, de las políticas públicas educativas aplicadas, en lo local y nacional. La eventual coyuntura del cambio de gobierno, en 2021, es una oportunidad propicia para enfocarnos en el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, no como actos de control en el vacío, sino como actos democráticos, si es que aspiramos a contar con gobiernos que se apeguen a las necesidades y demandas de la ciudadanía, y que no se sirvan de ellas.

Fuente consultada y notas:

(1) Ver: “La Educación Básica en Querétaro (2015-2020)”. SDP Noticias, 14 de octubre, 2020.

(2) Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

http://coepesqro.org.mx/static/docs/REUNIONES/2017/1RA%20SESION%20ORDINARIA/10.A%20PROSEQ%202016-2021%20v20%20FINAL.pdf

(3) En el documento referido se incluyen tres definiciones acerca de la “calidad” de la educación: Preguntas: ¿Por qué insertar tres definiciones o caracterizaciones sobre la “calidad” en el ámbito educativo? ¿Dónde queda la formación académica, educativa y pedagógica, en una sociedad del conocimiento? ¿Entre estas definiciones hay relaciones jerárquicas o de inclusión? ¿No sería conveniente insertar una sola aproximación al concepto de la “calidad” educativa o de la educación para evitar confusiones, que incluya las ideas relacionadas con la equidad y el enfoque de derechos?

(4) En Querétaro hay más de 2 mil 900 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, de las cuales un porcentaje cercano al 30 por ciento son de organización multigrado (primaria) o telesecundarias. Además, laboran alrededor de 14 mil profesores y profesoras de Educación Básica, según cifras de 2019.

Fuente e imagen: sdpnoticias

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Educación Preescolar, hoy

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

El Senado de la República y la Cámara de Diputados federal establecieron la obligatoriedad de la Educación Preescolar desde 2002. Éste es el segmento del servicio educativo público dirigido a niñas y niños entre los 3 y los 5 años de edad. Sin embrago, hoy, es un problema grave la falta de cobertura en la Educación Preescolar, sobre todo en el rango de edad que va de 3 a 4 años, en todo el país.

Pregunto: ¿La obligatoriedad en este nivel o ámbito educativo se estableció sin un estudio previo; sin una evaluación profunda sobre los factores que facilitarían o impedirían la “universalización”? ¿Una vez más, las élites políticas fallaron al legislar sin sustento y con demagogia?

Una de las respuestas a estas interrogantes, se puede encontrar en textos analíticos y de divulgación que conviene retomar. Un caso interesante es la aportación del profesor Rogelio Alonso (1), quien afirma lo siguiente sobre los procesos recientes de planificación de la educación preescolar pública:

“Al revisar las estadísticas oficiales proporcionadas por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, se advierte un crecimiento en la cantidad de alumn@s, maestr@s y escuelas de educación preescolar, del ciclo 2002-2003, momento que marcó la obligatoriedad del nivel, al 2018-2019. En el caso de los planteles, pasaron de 74 mil 758 a 90 mil 446, mientras que la matrícula se engrosó de 3,653,903 a 4,780,787 estudiantes (SEP, 2003, p. 26; SEP, 2019, p. 20).”

“La atención de niños de 3, 4 y 5 años tuvo un aumento considerable en términos absolutos desde que se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar. De acuerdo con cifras oficiales, en tan sólo cinco años a partir de entonces, se registró un sorprendente aumento de 20.9% (en la atención), pasando de 55.5% a 76.4% de alumnos atendidos en edad típica de ese nivel escolar (SEP, 2003, p. 29, p.; SEP, 2008, p. 50). El salto fue por demás importante y todo apuntaba a una universalización de la educación preescolar en el mediano plazo.”

Una pregunta más específica: Si la Educación Preescolar es obligatoria desde 2002 y las perspectivas de cobertura eran optimistas durante el sexenio pasado (2012-2018) ¿por qué en primero de preescolar (NN de 3-4 años), la cobertura nacional, promedio, es de 49-50 por ciento? ¿Qué medidas tomarán las autoridades de la SEP a cargo del gobierno actual, para cumplir con lo establecido en ley sobre esta necesaria cobertura?

Al respecto, esto indagué y escribí en 2019: Para miles de familias en México, la Educación Preescolar es el primer puente de acceso al derecho a la educación, por lo cual es un nivel educativo importante desde el punto de vista educativo, social y cultural, debido a que constituye una plataforma de desarrollo individual y social para millones de familias. (2)

Serias dificultades para lograr la universalización

Cabe recordar que “…86 por ciento de los jardines de niños operan en inmuebles construidos para este nivel educativo, pero esta situación no es igual de favorable en las escuelas comunitarias y en las privadas, pues una de cada cinco y dos de cada cinco de las segundas, funcionan en espacios adaptados… (la Educación) Preescolar forma parte de la educación obligatoria, (y) está constituida con cerca de 90 mil escuelas, 240 mil docentes y 4.9 millones de alumnos.” (3)

“…entre otras condiciones que afectan el funcionamiento escolar y el aprendizaje de los estudiantes, está la alta proporción de directoras que cumplen también con la función docente. Las maestras no reciben acompañamiento continuo: sólo una de cada tres tuvo la cantidad de asesorías externas que deberían recibir en un ciclo escolar. Por otra parte, aun cuando en una de cada cuatro escuelas se reportan niños o niñas con discapacidad, sólo la mitad de ellas cuentan con apoyo especializado…” (INEE, 2019)

Los datos más recientes, proporcionados por las autoridades educativas federales de la administración pasada, indican lo siguiente: Entre 2012 y 2017, según las estadísticas oficiales, la cobertura de primer grado de Educación Preescolar, es decir, la tasa de atención de los niños que hoy tienen entre 3 y 4 años, en promedio, pasó de 40 por ciento a cerca de 50 por ciento en México. No está por demás reiterar los datos más recientes al respecto.

Así lo expuso, el año pasado, el hoy ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP): “…Para el caso de México, durante la presente administración, entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2017-2018, la matrícula de Educación Preescolar se ha incrementado en cerca de 250 mil alumnos, superando por primera ocasión los 5 millones. En este periodo, la tasa de cobertura para el grupo de edad de tres a cinco años pasó de 70.7% a un estimado de 75.5%, es decir, 4.8 puntos porcentuales adicionales.”

“Por edad específica, para los niños de tres, cuatro y cinco años que son atendidos únicamente en Preescolar, los valores del indicador son 49.9%, 92.3% y 84.3%, respectivamente. En todos los casos, estos niveles de atención son superiores a los observados hace cinco años (40.1%, 88.5% y 83.4% respectivamente), destacando el fuerte crecimiento −de casi 10 puntos porcentuales− en la atención de los niños de tres años.” (4)

Como lo comenté hace dos años, ahora que mucha gente ha expresado preocupación sobre el asunto de las estancias infantiles (educación inicial o de la primera infancia) en todo el país, también debiera de manifestarse en contra de la falta de cobertura en la Educación Preescolar, sobre todo de los niños entre los 3 y 4 años de edad.

Esta preocupación habrá de ponerse, también, sobre la mesa central de las prioridades educativas de la SEP, en especial, debido a la crisis sanitaria y económica que empujan cada vez más, con las “cuarentenas” y el confinamiento social, hacia una crisis educativa prolongada, hecho que afectaría de manera más severa a los grupos sociales más desfavorecidos (población rural, indígena y con discapacidad).

Fuentes consultadas:

(1) Rogelio Javier Alonso Ruiz. La demorada universalización de la educación preescolar. 4 de marzo, 2020.

(2) Ver mi columna: Las Condiciones adversas de la Educación Preescolar, SDP Noticias.com, 15 de marzo, 2019.

(3) Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en (la Educación) Preescolar (2019), publicado por el INEE, es un estudio que “identifica con claridad los déficits, en algunos casos graves, que se tiene como país para garantizar condiciones mínimas (a efecto de) cumplir con el derecho a la educación de calidad en este nivel educativo.” (ver: Comunicado de Prensa No. 43, emitido por el área de Comunicación Social del Instituto).

(4) Ver: Otto Granados Roldán. “Los Retos del Escritorio”, SDP Noticias, 6 de enero, 2018.

Fuente e imagen:  SDPnoticias

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De la política de estímulos hacia la Ley General de Educación Superior

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

 

En la segunda mitad de los noventas se inició el diseño e implementación de nuevos instrumentos de política de educación superior. Primero sobre la base de la concertación entre SEP y Anuies desarrollada en la década previa y posteriormente bajo el control de la autoridad educativa federal. Se inicia la transición con la puesta en marcha de tres instrumentos con recursos financieros: el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES, 1990), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP, 1996) y los programas de estímulos al desempeño del personal docente (1999) en las universidades públicas. El propósito declarado de la triada era brindar a las universidades públicas los recursos de infraestructura material y humana para procesos y proyectos de superación académica y mejora administrativa.

Faltaba, sin embargo, el eslabón que aglutinara esos. Este llegaría al inicio del periodo gubernamental de Vicente Fox Quezada, con la formulación del Programa Nacional de Educación 2001-2006. En la coyuntura tendría la Anuies un papel relevante como instancia promotora de la política de educación superior en ese y el siguiente periodo gubernamental, es decir durante los sexenios en que Acción Nacional tuvo en sus manos la presidencia de la República.

En 1999, en preparación a las elecciones federales, la Anuies formuló y presentó a los candidatos presidenciales el documento titulado “La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo”, aprobado por la Asamblea General en noviembre de 1999. La propuesta de recogía, en lo fundamental, los planteamientos de la primera agenda global para el desarrollo de la educación superior, aquella emanada de la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París 1998). Dicha agenda insistía en la importancia de ampliar el acceso a la educación superior para mejorar los niveles de cobertura y equidad del sistema, en superar la calidad y la pertinencia de los servicios educativos, en diversificar las modalidades de enseñanza y reforzar la cooperación con el mundo del trabajo. Enfatizaba también el potencial de las entonces nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como el valor estratégico de los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad.

Palabras claves de entonces: cobertura, equidad, calidad y pertinencia. Así, el documento de Anuies proponía, por primera vez, metas e indicadores proyectados para el sexenio por venir y hacia el escenario de 2020 sobre cobertura, proporción del posgrado en el tipo educativo superior, financiamiento requerido, el cierre de brechas interestatales, el nivel de estudios deseable para la planta académica, entre otros aspectos. Dicho documento planteaba también un objetivo referido a la coordinación del sistema que señalaba, textualmente: “En el año 2001 transformar la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), dándole sustento jurídico como organismo para la concertación de políticas nacionales en el campo de la educación superior, con representación plural de todos los sectores involucrados.”

La agenda Anuies se trasladaría al Programa Nacional de Educación del sexenio por intermedio del Equipo de Transición en Materia Educativa del presidente electo. Salvo dos puntos de importancia: la pérdida de centralidad de la propuesta de coordinación, y un marcado énfasis en la planeación estratégica como base de los proyectos de desarrollo. Para llevar a cabo ese propósito se habría de construir un nuevo instrumento: el Programa Integral de Desarrollo Institucional (PIFI) y su complemento en el posgrado, el PIFOP.

Durante el sexenio de Fox, también en el del presidente Calderón, las instituciones debían contar con estos programas para tener acceso a los fondos extraordinarios. Como el modelo generó resultados positivos para la gestión del subsistema universitario, más temprano que tarde el número de fondos concursables se incrementó para atender, a través de ellos, diversos aspectos de la problemática de las instituciones. Según Javier Mendoza Rojas, “mientras en el año 2000 solamente existían el FOMES, el PROMEP y el Fondo de Aportaciones Múltiples, en 2010 operaron diez fondos de financiamiento dirigidos a las universidades públicas estatales” (en: “Una aproximación al análisis de los fondos de financiamiento extraordinario para las universidades públicas estatales”, UNAM-DGEI, 2015). Posteriormente, la cantidad de fondos se incrementaría al incorporar recursos para los subsistemas de educación superior tecnológica y educación normal.

El modelo, sin embargo, comenzó a desgastarse por dos razones. La primera por la disminución del monto destinado. Durante la segunda década del siglo se observa una disminución gradual pero sostenida de este mecanismo de financiamiento hasta llegar, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, a su práctica extinción. Una segunda razón es que el instrumento de planeación asociado alcanzó un nivel de saturación prácticamente insostenible. Lo que inicialmente era un mecanismo de planeación institucional se convirtió en otro que buscaba incidir en todos los aspectos de la gestión universitaria con un alto nivel de desagregación: el plan de la institución, el de sus dependencias académicas, el correspondiente a las unidades administrativas e incluso el de cada uno de los cuerpos académicos apoyados. No pocas autoridades y especialistas hacían notar que esa política estaba comprometiendo, en aspectos relevantes, los principios de la autonomía.

Un saldo negativo fue la dependencia económica de las IES de estos fondos. Se estima que, en su punto más alto, los recursos extraordinarios alcanzaron una cuarta parte del subsidio público total disponible para las universidades públicas de los estados. Como, en su mayor parte, eran recursos no regularizables, el sostenimiento de las inversiones provocó fuertes déficit en un número importante de ellas.

Es esta la encrucijada en que, con el cambio de sexenio y de enfoque de política universitaria, inicia el debate sobre la Ley General de Educación Superior. Veremos las soluciones que se proponen.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/de-la-politica-de-estimulos-hacia-la-ley-general-de-educacion-superior/

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El acceso a la educación superior en Uruguay: ¿azar o mérito?

Noticias

Uruguay / 11 de noviembre de 2018 / Autor: Eco. Claudio Rama, Dr. ED, Dr. DER / Fuente: República

Los países han establecido mecanismos selectivos de acceso a la educación superior en base al merito, acompañados desde los años 70 por políticas proactivas compensatorias, asociadas a la “justicia con equidad”. Uruguay a diferencia ha permitido el acceso a todos a la educación superior pública sin ningún mecanismo de selección: ni aranceles, ni exámenes evaluativos, ni cupos limitantes, ni mínimos de aprobación de créditos o tiempo de estudio.

Ello derivó en alta cobertura, pero a la vez bajos niveles de aprendizaje, alta deserción estudiantil y altos costos por titulado. Este sistema de acceso libre, sin control incluso de asistencia, refuerza su tendencia estructural a la baja calidad ante la ausencia de mecanismos externos de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, parecería estarse modificando –en parte al menos- hacia un sistema selectivo de cupos con acceso por azar, aún más trágico para el país.

En algunas carreras se han establecido cupos, pero que se distribuyen por azar y no por méritos. Se sostiene ahora que por limitaciones de espacio y de calidad, el azar es el mecanismo más democrático para seleccionar el acceso. Es un enfoque de igualitarismo de la suerte, frente a lo que llaman la desigualdad de los méritos como mecanismo de selección. El mérito es visto como herencia de clases y de los padres, y se proclama al azar como un acto democrático, y eje en la construcción de una sociedad de iguales.

Veamos los casos. El ingreso actual en la UDELAR en el área de salud a la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y en la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura (total casi 25 carreras), se realiza mediante sorteo de cupos predefinidos. Es un acceso por azar y donde los que se prepararon más tienen las mismas chances que los que no se han esforzado ellos o sus familias. Ello va a contramano de la Declaración de los Derechos Humanos que firmó Uruguay que dice que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

En el Instituto Superior de Educación Física que antes realizaba pruebas prácticas y teóricas para seleccionar a los mejores, desde el 2013, cambio la política de acceso y decidió sustituir la prueba teórica de múltiple opción por el sorteo y mantener la prueba práctica, y desde el 2014 eliminó la instancia práctica, y el azar es la única barrera para acceder tanto en Montevideo como en el interior. Igualmente tiene cupos para el sorteo por departamento y para extranjeros. Se ha llegado a sostener que “no había ningún motivo que pudiera justificar el hecho de seleccionar.

Ni a nivel práctico ni a nivel teórico porque la selección se hace únicamente por la existencia de cupos”. También se planteó que es una cuestión de clase social ya que habían clubes privados que entrenaban a los aspirantes a ingresar al ISEF y que la gente que podía pagar y que había tenido, en su etapa de estudiante escolar, acceso a piscinas iba a tener mayor posibilidad que aquellos que no. Se argumenta que el sorteo es el mecanismo más democrático de selección ante las limitaciones de recursos y la alta demanda de acceso, y que liberar el ingreso a todos implicaría que los estudios tuvieran menor calidad académica.

En el caso de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), la selección por azar es a sus 18 carreras del área de tecnología médica en las 3 sedes y no importan los méritos. El sorteo es ordenado y centralizado, y se realiza por Internet con presencia de un escribano público, como parte de una política explícita del Consejo Directivo Central (CDC) de la UDELAR, bajo el actual Rector Markarian. Existe una página web para inscribirse en esos sorteos. https://preinscripciones.udelar.edu.uy/

La Declaración de los Derechos Humanos, que firmó Uruguay, establece una concepción por la cual el mérito es el criterio central para determinar el ingreso a la universidad en condiciones selectivas y que reconoce los esfuerzos de las personas. Ello además se asocia a quienes posteriormente tienen una mayor eficiencia de titulación. Igualmente, también el mérito, por su mayor correlación a los graduados, se conforma con la mejor asignación de los impuestos de las personas, dadas las externalidades positivas para todos de los egresados.

En este cambio “anti- meritocrático” si el mecanismo de acceso estudiantil se constituye en el azar (para quienes han cumplido el mínimo de ser bachiller), también cabría que la selección de los profesores debería ser por azar entre aquellos que cumplan los mínimos niveles. El máximo y la calidad dejan ser el mecanismo de selección social y del rol educativo, para pasarse a igualar por abajo, donde el azar se conforma como el mecanismo más idóneo.

El rechazo al mérito, para algunos se apoya en que crea desigualdades en tanto pone a la competencia y el éxito individual en el centro de los vínculos entre los seres humanos, e instaura una estructura de sectores privilegiados asociado a la educación y a las competencias y habilidades del conocimiento. El azar sería una forma de anular el mérito previo, aunque éste no elimina la desigualdad que crea la propia educación.

Sin embargo, cuando uno analiza las carreras donde no hay selección y hay además gratuidad, los pobres no ingresan a la educación superior. Con la selectividad es posible asignar mejor las becas a los que no tienen ingresos, reducir la deserción y tener mejor calidad. Con el azar no.

Tienen tanta posibilidad de ingresar los mejores como los peores. Es la justicia social del azar contra el esfuerzo. Al final el azar del sorteo es casi igual que el azar de la cuna, ya que no depende de los esfuerzos personales. Es claro que una sociedad justa debe buscar compensar las desigualdades, pero no será justa una sociedad sino recompensa los esfuerzos.

Aquellas desigualdades de las que las personas no son responsables son inmerecidas e injustas, mientras que las que derivan de la responsabilidad individual y el esfuerzo si son merecidas y justas. La sociedad uruguaya estableció la gratuidad en el acceso a la educación superior pero al mismo tiempo reconocía el principio del mérito. Hoy lo está abandonando. Es la misma filosofía del cambio de los abanderados. Pero peor aún, para la educación superior.

Fuente de la Noticia:

https://www.republica.com.uy/el-acceso-a-la-educacion-superior-en-uruguay-azar-o-merito-id672852/

ove/mahv/293788

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México: Destaca SEP incremento de cobertura en Educación Media Superior

Noticias

29 Diciembre 2017/Fuente: eldiariodechihuahua/Autor:eldiariodechihuahua

El subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, informó que en los primeros cuatro años de la presente administración se ampliaron las oportunidades educativas para las y los jóvenes en ese nivel educativo; la matrícula aumentó de 4.44 a 5.48 millones de alumnos, es decir, se incrementó en más de un millón de estudiantes, de los cuales casi 700 mil corresponden a la matrícula escolarizada y 360 mil a la no escolarizada.

Durante el LVIII Consejo Nacional de Autoridades Educativas habló de los logros y retos en la Educación Media Superior y dijo, también, que en el ciclo 2016-2017 la tasa de cobertura total aumentó 16.1 puntos porcentuales entre 2012-13 y 2016-17, al pasar de 65.9 a 82 por ciento, con lo cual se superó la meta de 80 por ciento establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Explicó que entre las estrategias que contribuyeron a incrementar las oportunidades educativas están el aprovechamiento y ampliación de la capacidad instalada, la aplicación de fondos para la infraestructura y el impulso de nuevas modalidades educativas.

En este sentido, expresó que los Telebachilleratos Comunitarios iniciaron en el ciclo escolar 2013-2014, con la operación de 252 centros, los cuales se han incrementado notablemente en los últimos años hasta llegar a un total de 3,498 planteles.

Respecto a la modalidad educativa de Prepa en Línea–SEP, que inició en 2014 con poco más de 28 mil alumnos, al 8 de diciembre del presente año contaba ya con más de 119 mil estudiantes en las 32 entidades federativas del país y para el 31 de diciembre de 2018 se estima alcanzará una matrícula de 150 mil estudiantes. A ello, dijo, se suma que la Preparatoria Abierta en el ciclo escolar 2016-2017 atendió a 166,380 usuarios activos.

Fuente de la noticia: http://eldiariodechihuahua.mx/Nacional/2017/12/28/destaca-sep-incremento-de-cobertura-en-educacion-media-superior/
Fuente de la imagen: http://eldiariodechihuahua.mx/imagesnotas/2017/12/DEP134193204c4eae7
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Matrícula del sistema educativo uruguayo superó el millón de personas

Noticias

América del Sur/Uruguay/ 28.12.2017/ Fuente: ladiaria.com.uy.

1.000.372 es el número de matriculados en el sistema educativo en 2016, tomando en cuenta todos los niveles de educación y los sistemas público y privado. El dato surge del Anuario estadístico de la educación, que presentó el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), junto con el Panorama de la educación, ambos documentos elaborados por el Departamento de Estadística Educativa de la Dirección Nacional de Educación.

Primera infancia y educación inicial

En materia de matrícula, el cambio más destacado de los últimos años es el incremento de niños en primera infancia y educación inicial. De 2005 a 2016, aumentó 40,8% la cantidad de niños anotados a algún centro educativo. En 2016 se mantuvo la tendencia, ya que la matrícula creció 1,5%; hubo 2.637 niños más en instituciones educativas, lo que significa una tasa de asistencia de 61,9% respecto del total de niños en edades de cero a cinco años. Entre los chiquitos de cero a dos años, la mayoría (38.743) concurrió a centros CAIF; lo siguen los centros privados supervisados por el MEC (9.543) y los privados supervisados por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) (7.227). La relación cambia cuando los niños tienen cuatro y cinco años, ya que en esa franja la mayoría fue a escuelas o jardines de infantes del CEIP (34.171 niños). En total, entre los niños de cero a cinco años, 29,3% concurrió a CAIF.

Primaria

En primaria la cobertura se mantuvo constante, cercana a 100%, si bien la tendencia en cuanto a la matrícula es a la baja: entre 2006 y 2016 hubo 53.620 estudiantes menos. La tasa de asistencia neta ajustada es de 95,9%, y fueron en total 314.236 niños los matriculados en 2016 (80% en escuelas públicas, 18% en privadas; el resto son jóvenes y adultos que cursaron programas de alfabetización o de acreditación de la primaria).

La repetición en primaria disminuyó, al igual que lo viene haciendo desde el 2000. Respecto de 2015, la repetición de primer año a segundo descendió de 5% a 4,7%, y de primero a sexto, de 12,9% a 12,1%.

Media básica

En educación media básica se registraron 182.319 matriculados, tanto a nivel público como privado: 67% se inscribieron en liceos del Consejo de Educación Secundaria, 19% en escuelas de la UTU y 14% en liceos privados. Según los datos del Panorama en educación, entre 2006 y 2016 la matrícula creció 13,9%, en mayor medida debido al aumento que tuvo en ese período la matrícula de la UTU (que creció 35,5%).

Media superior

En 2016 más de ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 17 años asistieron a un centro educativo, independientemente del nivel educativo, y cinco de cada diez concurrió a alguna institución de educación media superior o terciaria. En 2016 los matriculados fueron 165.705 jóvenes: 73% se anotó en el Consejo de Educación Secundaria (CES), 27% en la UTU y 10% en liceos privados.

El documento señala que entre 2011 y 2016 la repetición en educación media superior pública presenta una tendencia a la baja, lo que se explica por la baja de la repetición, de 9,6 puntos porcentuales en el CES. En 2016 la repetición se ubicó en 34,9% entre los estudiantes del CES. Por otra parte, en la UTU la repetición viene en aumento desde 2013; en 2016 se ubicó en 40,5%, es decir que cuatro de cada diez estudiantes no pasaron de año.

La extraedad, como se conoce cuando un estudiante se encuentra en grados menores a los que debería encontrarse según su edad, afecta fuertemente a la educación media superior: casi cuatro de cada diez estudiantes (38,1%) está en esa situación. En la UTU la extraedad triplica a la del CES (65,5% de los estudiantes de la UTU frente a 20,2% entre los alumnos del CES); en esto incide que la UTU no tiene restricciones de edad al ingreso.

Terciaria no universitaria

En opciones de este nivel la matrícula fue de 11.589 estudiantes para 2016: en su mayoría, 91,3%, en carreras de la UTU; 7,4% en carreras de educación policial y militar, y 0,9% en la Escuela Municipal de Arte Dramático.

En carreras de formación en educación, en total hubo 24.566 matriculados: 57,3% son estudiantes de profesorado, 26,5% de magisterio, 6,5% de educación social, 5,1% de maestros técnicos y 4,5% de asistentes técnicos en primera infancia. En el período 2000-2016, la matrícula de formación en educación aumentó 85%; pero, si bien el egreso de estudiantes de profesorado se ha mantenido relativamente estable –cercano a los 700 egresos por año–, en magisterio ha disminuido desde el 2000: ese año se recibían 1.400 estudiantes y en 2016 lo hicieron 763.

Terciaria universitaria

En este nivel se matricularon 108.616 personas: la gran mayoría, 79%, en la Universidad de la República, 20% en universidades privadas y el resto en la Universidad Tecnológica. El informe indica que entre 2005 y 2016 las cuatro áreas de mayor ingreso a nivel universitario fueron enseñanza comercial y administración, medicina, ciencias sociales y del comportamiento, y derecho.

El otro fenómeno que consigna el Panorama de la educación es que entre 2000 y 2016 las universidades privadas prácticamente triplicaron su matrícula (de 8.559 a 22.353 estudiantes).

Becas y apoyos

El documento detalla que hay 22 programas distintos de apoyo educativo, algunos de los cuales brindan becas económicas para poder estudiar; otros, apoyo pedagógico o acciones socioeducativas, y algunos combinan ambas opciones. En 2016 se otorgó un total de 30.894 becas, lo que significa más de seis veces las que se otorgaron en 2005.

Fuente de la reseña: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/12/en-2016-la-matricula-del-sistema-educativo-supero-el-millon-de-personas/

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