Ecuador: Pocos niños de educación inicial asisten a sus clases en las aulas

Pocos niños de educación inicial asisten a sus clases en las aulas

La maestra Marcela Gutiérrez trabaja en clases presenciales con apenas siete de los 25 estudiantes que acuden a la Unidad Educativa Paccha. Foto: Lineida Castillo / El Comercio

Aunque se insista en que las escuelas no son focos de contagio de covid-19, el miedo de los padres se refleja en las aulas. Pocos niños, menores de 5 años, asisten a las clases presenciales en Educación Inicial Centros de Desarrollo Infantil del país.

El argumento de los representantes es que aún no están vacunados contra el virus y el Ministerio de Educación dispuso que para esta población la asistencia sea voluntaria, dice la maestra Marcela Gutiérrez, de la Unidad Educativa Paccha, de Cuenca.

En el país son 4 309 139 estudiantes, de los cuales 299 555 pertenecen al nivel de inicial, menores de 5 años. Pero se calcula que menos del 10% asiste a las aulas. Por ejemplo, en la escuela de Paccha hay tres paralelos con 64 estudiantes, pero solo asisten 15 niños. Ellos trabajan con la modalidad híbrida. Los lunes y miércoles, de 07:30 a 12:00, llegan los niños de la presencialidad, y los martes y jueves, de 08:00 a 10:30, se conectan los de la virtualidad.

Los viernes llegan todos, pero por horarios de dos horas y grupos de nueve. Según Gutiérrez, con esto buscan ir preparando y adaptando a los niños al trabajo en las aulas, y a los padres darles la confianza sobre el cuidado y las medidas de bioseguridad.

A Gutiérrez, los padres le han expresado el deseo de que sus hijos se integren cuando se vacunen contra el covid-19.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó, para este lunes 21 de febrero, a los niños de 3 años de edad hasta los que tengan 4 con 11 meses y 29 días. Ellos recibirán el biológico Sinovac y el proceso se coordina con el Ministerio de Educación, que ya elaboró el cronograma de asistencia.

En el caso de Cuenca, los padres deberán asistir al Poliforo de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, de lunes a sábado, de 09:00 a 16:00. Deben llevar la carta de consentimiento informado y la cédula de identidad del menor.
Eso lo sabe la azogueña Ángela Bueno, quien tiene previsto vacunar a su hija el lunes para que se reintegre a la educación regular. “El año anterior en mi casa se contagiaron casi todos y fue terrible”.

Fuente de la Información: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/ninos-educacion-inicial-clases-presenciales.html

 

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Niñas y adolescentes mexicanas con discapacidad fueron sometidas a esterilización sin consentimiento

América del Norte/Mexico/huffingtonpost.com.mx/

Este reportaje fue realizado por Elizabeth Ortiz, Gabriel Orihuela y Juan José del Toro para Zona Docs en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Todos los días, tres menores de edad son esterilizadas en México. Entre ellas, niñas y adolescentes con discapacidad a quienes se somete a operación sin consentimiento y con la excusa de evitar embarazos ante abusos sexuales. Se trata de una práctica que viola sus derechos. Estados, hospitales y médicos admiten las ligaduras.

Una investigación revela que hospitales públicos han practicado esterilizaciones a mujeres menores de edad con discapacidades sin su consentimiento, una práctica que viola sus derechos.

La esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad no debería ocurrir sin su consentimiento, pero en México se hace. El Gobierno federal lo oculta, aunque hospitales y médicos admiten que es un proceso habitual para bloquear la posibilidad de embarazo ante abusos sexuales.

En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, cumplir con el compromiso internacional que el gobierno mexicano adquirió hace 10 años, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sean violadas queden embarazadas.

Así, la operación que dicen se hace para prevenir, termina sometiéndolas a más abusos.

Los casos son contundentes.

Irma es una mujer con síndrome de Down que durante su adolescencia fue violada por un vecino en Huixtán, Chiapas. A los 16 años quedó embarazada. Con pocos recursos y mucha desesperación, fue a un hospital regional para abortar.

Los médicos se negaron y sugirieron esterilizar, así, si le volvía a pasar lo mismo, ya no quedaría embarazada. Perdió al bebé, pero la historia no quedó ahí: aunque había una orden de aprehensión y alejamiento, el violador siguió abusando de ella y la situación se repitió: Irma volvió al hospital embarazada cuatro años después.

Hay más.

Ana es una menor con trastorno mental bajo la tutela del Estado: dejó de vivir con sus padres a los ocho años porque la maltrataban y la explotaban laboralmente. Cinco años más tarde, las autoridades la trasladaron al Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle en Guadalajara.

A sus 15 años, los directivos del hogar solicitaron a las autoridades de Salud que la sometieran a una operación para atarle las trompas, por “un alto riesgo de un embarazo no deseado”.

El Consejo de Familia impidió el procedimiento de manera rotunda: era violatorio de sus derechos humanos. Pero el caso muestra que profesionales responsables de niñas y adolescentes ven en estas operaciones un mecanismo anticonceptivo seguro.

El Gobierno oculta las cifras: de las respuestas a 82 solicitudes de información enviadas a través de la ley de transparencia a dependencias federales, estatales y hospitales no es posible determinar cuántas de las 12,937 menores de edad esterilizadas entre 2006 y 2016 tenían discapacidad. Tampoco si hubo consentimiento firmado.

La cifra de menores de edad –es decir, menores de 18 años– esterilizadas en México implica que, en promedio, en esa década al menos tres niñas y adolescentes fueron intervenidas con una salpingoclasia todos los días.

Aunque seis de cada 10 casos ocurrieron en adolescentes de 17 años, la Secretaría de Salud reporta esterilizaciones en niñas tan pequeñas como de 10 años.

A las solicitudes de transparencia, la Secretaría de Salud federal respondió que no tiene obligación de llevar registro, pero estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Tabasco reconocieron que el “retraso mental” es un escenario para realizar esas operaciones; solo como ejemplo: en el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez de Tabasco indicaron que, de 2010 a 2015, fueron esterilizadas tres menores por esta razón. Una serie de entrevistas con médicos, instituciones y activistas, y la revisión de recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, revelan que es un procedimiento usual.

Violan compromiso internacional

El Estado mexicano se comprometió en 2008 a adaptar sus normas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de la cual los gobiernos firmantes se obligan a tomar medidas para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia, decidir el número de hijos que quieren tener y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que el resto.

“(Los Estados deben asegurar que) se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro”, se lee en la convención.

Las convenciones internacionales que firma el país tienen el mismo rango que la Constitución y, por ende, son más relevantes que las normas oficiales mexicanas –que es el marco legal al que se atienen los médicos que practican estas operaciones–, explicó Julián Copo, coordinador de la Comisión de Salud de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Además, en el Artículo 1 de la Constitución mexicana, reformado en junio de 2011, se eleva a rango constitucional el reconocimiento de que todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Diez años después de la firma, México aún no modificó las normas que permiten hacer estas cirugías en caso de “retraso mental”. En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sea violada quede embarazada.

Por ese agujero legal, se cuelan las intervenciones. Los médicos las justifican porque hay una norma local que los habilita y porque es una manera de proteger a niñas y jóvenes con discapacidad de embarazos no deseados.

“Son violadas o son engañadas; entonces, para evitar eso, mejor las operamos”, dijo Jesús Jorge Beltrán, médico y académico investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No se sabe cuántas son en el país porque el Estado federal considera que no tiene la obligación de registrarlas. La petición al respecto que se hizo a la Secretaría de Salud fue omitida por casi todas las dependencias a las que cuestionó la Unidad de Transparencia. La única que respondió fue el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que señaló que “no tiene la obligación de contar con la información de mérito”.

De hecho, ni siquiera parece haber claridad en el número de niñas y jóvenes que son esterilizadas, tengan o no una discapacidad.

En una primera revisión a las bases de datos públicas que la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud mantiene en internet, la dependencia informó que en 2016 se habían registrado 23,147 cirugías de oclusión tubaria bilateral (OTB, otra forma de llamar a la operación con la que se ligan las trompas uterinas) en niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años. Una cifra sorprendente: era el equivalente a 40 por ciento de todos los casos reportados de 2006 a 2015.

Pero a principios de 2018 modificaron sus registros: los nuevos números, ya considerados oficiales, solamente reportan 5,952 casos. La explicación para borrar 17,195 casos de un plumazo fue que se trataba de datos preliminares y que, una vez comprobados, notaron que la cifra real era mucho menor.

La dependencia federal afirmó no haber detectado OTB en niñas de 12 y13 años. Pero como respuesta a pedidos de información, entidades como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Oaxaca reconocieron intervenciones a niñas de esas edades durante 2016. En total, doce entidades reconocieron intervenciones quirúrgicas en adolescentes de entre 12 y 15 años.

“El Estado mexicano no ha tomado acciones para detener las esterilizaciones”, dijo Lisbet Brizuela, directora en México de Disability Rights International, una institución que defiende el derecho de las personas con discapacidad.

¿Por qué en México se normaliza que se bloquee la posibilidad de decidir sobre su cuerpo a mujeres con discapacidad? Según Brizuela, la práctica es común por el desconocimiento de los derechos que tienen las mujeres con discapacidad: “Se considera que son seres completamente asexuados, que no tienen conocimiento de su cuerpo, que no van a poder ejercer ningún tipo de control sobre ellas mismas o, incluso, la toma de decisiones”.

‘Defender’ de la violencia: la excusa

Las normas indican que se deben dar opciones para la salud sexual y reproductiva antes de someter a cualquier mujer a una operación de ligadura de trompas, además de una explicación acabada de lo que implica la OTB, y deben contar con su consentimiento para realizarla.

En los casos de menores con discapacidad, esto no parece suceder; según la directora de la Coordinación de Medicina de la Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), Josefina Lira Plascencia, se hacen por pedido de los padres.

“Si la madre dice ‘quiero que la liguen porque realmente no tengo medios para después estarla trayendo a consulta y que le revisen el dispositivo, bla, bla, bla’, pues las metemos a quirófano y las ligamos”, dijo Plascencia. ¿Por qué? Porque “por su propia discapacidad, está sujeta a violencia sexual”.

La posibilidad de un embarazo producto de violaciones, se presenta como una justificación extendida para realizar esterilizaciones en caso de jóvenes y adolescentes con discapacidad.

¿Por qué no se respeta el compromiso internacional? Habiendo una norma local que los habilita, los médicos sienten que es una cuestión que los excede: “No somos abogados”, dijo Beltrán, el investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La falta de adecuación del marco legal local a los compromisos que adquirió el país es el agujero por el que se cuela la violación de los derechos de las menores: “Así se está violando su derecho a la salud, a la reproducción, a decidir si quiere o no procrear en el futuro”, indicó Adriana Hegewisch Lomelin, coordinadora de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Al intervenir con un método de “protección” ante abusos sexuales reiterados, lo que empieza a suceder es que el abuso pasa inadvertido: “Con frecuencia, el que abusa es alguien conocido: un cuidador, un terapeuta, un familiar; entonces, esa persona va a saber que ya está esterilizada”, consideró Andrea Flores Ruiz, maestra en Ciencias de la Familia y quien imparte clases a personas que tienen hijos con discapacidad.

Pero a pesar de las prácticas referidas, el director general adjunto de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Rufino Luna Gordillo, rechazó que tener una discapacidad sea una condición para estas operaciones.

“Esa no está contemplada como una condición. Aquí, si los padres son los que deciden o quieren hacerle una salpingoclasia, tienen que recibir primero una asesoría porque ellos no pueden decidir tan fácil, por decirlo así, sobre el bienestar de esta niña”, dijo.

En lugar de seguir los protocolos de protección de víctimas, alejarlas de los abusadores y garantizarles los derechos que les son reconocidos, en México a las menores con discapacidad se las vulnera aún más. La medida para protegerlas, la expone a un cambio drástico sin hacerlas parte y las arroja a más abusos sexuales. 

Fuente: https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/12/10/ninas-y-adolescentes-mexicanas-con-discapacidad-fueron-sometidas-a-esterilizacion-sin-consentimiento_a_23614607/?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles

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Acabar con la alteración intersexual la lucha por el consentimiento informado de las personas nacidas con características sexuales atípicas

América de Norte/EEUU/jovenesredlac.org/Kyle Knight

No fue sino hasta la década de 1980, después de una serie de crisis nerviosas, que Bo Laurent, entonces de unos 30 años, se dispuso a investigar la fuente de su profunda angustia.

La verdad, cuando finalmente obtuvo respuestas, fue a la vez liberadora y traumatizante: Bo descubrió que había nacido con genitales atípicos los cuales los cirujanos habían operado para hacer que pareciera –arbitrariamente— más típicamente femenina, infligiéndole en el proceso un daño irreversible, y también que a sus padres les habían recomendado no revelarle nunca a Bo la cirugía a la que se había sometido de niña.

Los médicos les habían dicho a los padres de Bo, y a la propia Bo una vez que se enteró, que su condición era tan rara que no había nadie más como ella. Pero tras averiguar la verdad en su historial médico, y según viajaba por el país contando su historia, descubrió que esto no era cierto. Su buzón de California comenzó a llenarse con cartas de personas que describían experiencias similares.

En 1993, Bo, utilizando el nombre de Cheryl Chase, fundó la Sociedad Intersexual de Norteamérica (ISNA, por sus siglas en inglés) para conocer y ayudar a personas que, como ella, nacieron con características biológicas que se salen de las definiciones típicas, es decir, sus cromosomas, gónadas o los órganos sexuales internos y externos difieren de alguna manera de lo que la ciencia y la sociedad han considerado durante mucho tiempo como “masculino” o “femenino”.

ISNA se convirtió en un torbellino de activistas, un grupo de apoyo para personas traumatizadas que tenían más preguntas que respuestas y el lugar donde se originaban agitaciones históricas significativas como “Hermafroditas con actitud”. Su misión era convencer al sistema médico a respetar los derechos de las personas intersexuales a la salud y la autonomía corporal, dejando de practicar las cirugías de “normalización” en los niños y niñas antes de que tuvieran la edad suficiente para comprender los procedimientos y dar su consentimiento.

Enfrentarse al poder con la verdad

El mensaje de ISNA no va en contra de los médicos ni de la cirugía, sino a favor del consentimiento informado. Las operaciones para alterar el tamaño o la apariencia de los genitales de los niños y las niñas pueden causar incontinencia, cicatrices, insensibilidad y trauma psíquico. La cirugía para extirpar las gónadas puede provocar esterilización sin el consentimiento de los pacientes y posteriormente requerir terapia de sustitución hormonal de por vida. Los procedimientos son irreversibles, los nervios seccionados no pueden regenerarse y el tejido cicatrizado podría limitar las posibilidades de una cirugía en el futuro.

Bo y los otros primeros participantes de ISNA creían que la verdad los liberaría pronto, a ellos y a las futuras generaciones de personas intersexuales. Creían, como me contó Bo cuando nos conocimos en el otoño de 2016 cerca de su casa en el condado de Sonoma, en California, que tan pronto compartiesen sus historias y el mundo supiese por lo que habían pasado, todo esto dejaría de pasar: “Una vez que los médicos se den cuenta del daño que han hecho, cambiarán de parecer y métodos”, dijo.

Pero no fue tan fácil.

Convencer al sistema médico resultó ser significativamente más complicado de lo que nadie se esperaba.

Un cambio en los paradigmas médicos requiere un cambio en el entendimiento de lo que muestra la evidencia médica, en este caso, un reconocimiento de que, aunque los datos empíricos permanecen incompletos, ahora hay evidencia sustancial de que la cirugía médicamente innecesaria en bebés y niños pequeños con rasgos intersexuales es a menudo perjudicial. Por el contrario, hay poca evidencia de sus supuestos beneficios y, ciertamente, no hay base empírica para concluir que los supuestos beneficios sean reales, y mucho menos que superen sus daños.

Pero no es fácil sugerir que los médicos están ejerciendo prácticas que violan los derechos básicos de sus pacientes: la bata blanca tiene un poder simbólico importante. Como me dijo un endocrinólogo en Boston: “Además del clero, ¿a quién más en nuestra sociedad, sino a los médicos, escucha la gente acerca de las preguntas más difíciles sobre la vida y la muerte, la enfermedad y la salud?”

El paradigma de la cirugía por defecto

El paradigma médico contra el que se enfrentaba ISNA se había fortalecido en EE.UU. en la década de 1960, cuando John Money, psicólogo de la Universidad Johns Hopkins, teorizó que el género en los bebés era maleable y que las intervenciones quirúrgicas podían determinar sin problemas la identidad de género a largo plazo. En décadas anteriores se habían llevado a cabo operaciones, de manera esporádica, en cuerpos intersexuales en todo el mundo, pero fue el caso infame de Money de 1967, que recomendó la cirugía de asignación de sexo femenino en un bebé varón después de una circuncisión fallida, que cimentó la teoría como la práctica médica por defecto.

No hubo ensayos clínicos, ni consideración de los posibles riesgos, sólo una hipótesis de un médico de élite basado en su caso distintivo –que se hizo conocido como “John/Joan” –  alimentando el ímpetu de la teoría. El resultado fue, de hecho, desastroso. En 1997, el psiquiatra del paciente y un profesor de sexología en Hawái expusieron el trauma que había sufrido el niño y cómo Money había distorsionado deliberadamente la verdad en sus publicaciones. El niño, de hecho, no había crecido para identificarse como una mujer, sino como hombre, e inició la transición de género cuando tenía veintitantos años.

En 2004, el paciente, David Reimer, se suicidó.

Sin embargo, el paradigma de la cirugía por defecto ya se había consolidado y, de hecho, ya se estaba exportando a todo el mundo.

A pesar de los horrores del caso de Reimer, Bo e ISNA seguían creyendo que no había ninguna razón para demonizar a los médicos. El objetivo era contar las historias de personas que se habían sometido a una cirugía médicamente innecesaria a una edad temprana, explicar a la comunidad médica los estragos que estas cirugías habían causado en las personas intersexuales y detallar cómo la cirugía no había logrado los supuestos beneficios de “normalidad” y felicidad.

Esta fue su táctica para mover la balanza y comenzar a abogar por ayudar a los adolescentes intersexuales y adultos a buscar la atención que realmente deseaban. Creían que, después de eso, cesarían las cirugías no consensuadas, la conciencia social ganaría aceptación y la comunidad intersexual podría prosperar.

“Fuimos ingenuos”, dijo Bo 25 años después.

Resistencia e inercia

ISNA sólo organizó una protesta pública en 1996 en Boston, durante la conferencia anual de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). Era un grupo pequeño, y muchos de los participantes eran aliados, pero tocó la fibra sensible. El aniversario de esa manifestación, el 26 de octubre, está marcado hoy como el Día de la Intersexualidad en todo el mundo.

Aunque la propia Bo fue invitada como oradora principal en una conferencia de la AAP ya en el año 2000, el hecho de tener un espacio en la mesa no tuvo un impacto directo.

“Los médicos [me decían] que los padres de niños intersexuales a los que habían operado eran más felices que los padres de niños a los que les había salvado la vida”, dijo Bo, y agregó que la mayoría de los médicos no podían decir cómo se sentían los propios pacientes al respecto una vez que alcanzaron la edad adulta debido a que simplemente no lo sabían, porque habían perdido el contacto con ellos.

Bo y otros activistas hicieron concesiones a lo largo del camino, algunas de las cuales provocaron desavenencias en la comunidad. Durante mi investigación sobre temas de intersexualidad en EE.UU., escuché una variedad de opiniones, por ejemplo, sobre lo que sucedió en 2006, cuando Bo acordó trabajar con un grupo de médicos en la Declaración de Consenso sobre Trastornos del Desarrollo Sexual (Disorders of Sex Development o DSD), un artículo de colaboración elaborado en una conferencia en Chicago.

Una activista intersexual de más de 60 años me dijo que abandonó el movimiento cuando ISNA “permitió que los sumos sacerdotes de la medicina nos llamaran ‘trastornados’”. Otro dijo que entendía las concesiones que había que hacer para conseguir un asiento en la mesa, pero que le decepcionó que nunca se produjeran resultados: “Veinte años después todavía somos vistos como bichos raros que deben ser corregidos”.

En la última década, los activistas han trabajado para reclamar el espacio que la declaración de consenso sobre los DSD estableció. Rápidamente reemplazaron “trastornos” por “diferencias”, y en la actualidad los organismos de derechos humanos e incluso algunas clínicas también usan ese lenguaje. Pero el paradigma de la cirugía por defecto persiste.

Un padre de un niño de dos años con rasgos intersexuales y que es psicólogo clínico me dijo: “Si quieres joder psicológicamente a alguien, empieza a decirle que una parte de su cuerpo es deforme y mira cómo te resulta eso. Toda la idea de enfermedad e incluso el mensaje que envía la cirugía es que algo estaba mal y lo tuvimos que arreglar”.

Nuevas palabras, mismas maneras

A pesar de los cambios en la terminología, y a pesar de la creciente controversia incluso dentro de la comunidad médica, el conjunto de médicos especializados en el tratamiento de los pacientes intersexuales se ha aferrado en gran medida al paradigma de la cirugía por defecto. El tono ha cambiado: al menos en sus escritos, los médicos ahora evitan describir la cirugía como una “solución rápida”, sino que la presentan como una “opción legítima”. Los equipos de especialistas, “equipos de DSD”, que a veces incluyen proveedores de salud mental, suelen reunirse con los padres como parte del proceso de toma de decisiones.

Pero a pesar de estos avances, el statu quo quirúrgico permanece en gran parte intacto. Y las justificaciones médicas para cirugías cosméticas suenan cada vez menos convincentes.

Por ejemplo, un artículo de 2015 coescrito por 30 proveedores de atención médica de DSD que reflexiona sobre las cirugías genitales afirmó: “Existe un reconocimiento general entre los expertos de que el momento, la elección del individuo y la irreversibilidad de los procedimientos quirúrgicos son motivos de preocupación”. Pero continuó: “Sin embargo, hay poca evidencia sobre el impacto de los DSD no tratados durante la infancia para el desarrollo individual, los padres, la sociedad…”.

Con demasiada frecuencia, como en el artículo de los 30 médicos de DSD, la ausencia de evidencia se convierte en parte de la justificación para continuar la cirugía a edades tempranas. Los temores hipotéticos sociales de estigma para el niño y el caos para la familia y la sociedad si la cirugía se retrasa continúan imponiéndose al daño real que sufren las personas que se han sometido a cirugía.

El principio médico fundamental de “no dañar” parece dictar exactamente lo contrario: una moratoria a la cirugía estética médicamente innecesaria en niños y niñas intersexuales demasiado jóvenes para consentir, al menos hasta que exista evidencia de que los beneficios superan los daños.

Riesgos reales versus felicidad hipotética

Ahora existe un conjunto creciente de datos que muestran que la cirugía a edad temprana puede provocar daños físicos y psicológicos, incluso catastróficos, para las personas intersexuales. Uno de los numerosos riesgos de la cirugía de “normalización” es asignar el sexo equivocado. A esto se añade el riesgo de necesitar cirugías adicionales para reparar errores (entrevisté a una persona que se había sometido a 39 cirugías para mantener en funcionamiento su cuerpo después de que una operación cosmética en la adolescencia lo dañara).

Después están las cicatrices; la incontinencia; la pérdida de la sensación y función sexual; trauma psicológico, incluyendo depresión y trastorno de estrés postraumático; el riesgo de neurotoxicidad anestésica en niños pequeños y la necesidad de una terapia hormonal de por vida.

En 2017, M. Joycelyn Elders, David Satcher y Richard Carmona, todos ex cirujanos generales de EE.UU., escribieron que creían que “no hay pruebas suficientes de que crecer con genitales atípicos conduzca a problemas psicosociales”, y “aunque hay poca evidencia de que la genitoplastia infantil cosmética sea necesaria para reducir el daño psicológico, la evidencia muestra que la cirugía en sí misma puede causar daños físicos graves e irreversibles y angustia emocional”. Concluyeron: “Estas cirugías violan el derecho individual a la autonomía personal sobre su propio futuro”.

A pesar de los datos, muchos médicos que realizan la cirugía continúan impasibles. Un urólogo de Nueva York publicó desvergonzadamente un artículo en 2007 documentando cómo sus cirugías del clítoris demostraron ser efectivas y “calmantes de muchos nervios”. La evidencia que ofreció fue producida mediante la introducción de dispositivos vibratorios en pacientes en postoperatorio, en algunos casos incluso en niñas de siete años, y preguntarles con qué intensidad sentían la vibración.

Más recientemente, en julio de 2017, cuando un hospital de Carolina del Sur resolvió una demanda de negligencia médica por operar a un bebé intersexual con una indemnización de casi US$500.000, un psicólogo con más de 20 años de experiencia con pacientes intersexuales mantuvo obstinadamente su posición y defendió el statu quo. “Nunca cuestiono las experiencias de las personas”, dijo. “Lo que sí cuestiono es si sus experiencias son generalizables a los demás”.

Especialistas en bioética han documentado la renuencia durante décadas de los médicos a cambiar el statu quo. Katrina Karkazis, una experta en ética de Stanford, describió en su libro de 2008 sobre el tema varios “mitos populares” que los médicos perpetúan: “Conforme un número creciente de estudios comienza a mostrar resultados quirúrgicos deficientes, algunos cirujanos y otros especialistas clínicos incluso desacreditan estos hallazgos”, escribió, y explicó que los médicos creían que sus técnicas quirúrgicas siempre estaban mejorando, por lo que los datos de los pacientes anteriores eran irrelevantes.

Karkazis escribió: “Al argumentar que es imposible llevar a cabo estudios adecuados porque siempre evaluarán técnicas antiguas, los cirujanos y otros especialistas evaden las pruebas científicas tanto actuales como futuras y anecdóticas de malos resultados quirúrgicos”.

En 2015, cuando defensores de pacientes y especialistas en ética renunciaron públicamente a la mayor iniciativa de investigación sobre salud intersexual hasta la fecha –un proyecto de hospital universitario con múltiples emplazamientos financiado por los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.— citando su frustración con la continuación de cirugías médicamente innecesarias en niños y niñas intersexuales, una de las expertas en bioética escribió en su carta de renuncia que había terminado con “que le pidieran que fuera una especie de sacerdotisa absolvedora del sistema médico de cuidado intersexual”.

Acabar con las cirugías innecesarias

La experiencia de aquellos que se han sometido a una cirugía a edad temprana y los principios de la ética médica sugieren que los médicos deberían sopesar los daños evidentes sobre los beneficios hipotéticos. La verdadera pregunta que los médicos deberían hacerse es cuántos más pacientes deben padecer antes de acabar con las cirugías médicamente innecesarias.

Líderes médicos y políticos han subrayado la necesidad de un cambio fundamental de enfoque. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas; la Organización Mundial de la Salud; Amnistía Internacional; Médicos por los Derechos Humanos; todas las principales organizaciones legales de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en EE.UU.; la Junta de Síndicos de la Asociación Médica Estadounidense en 2016; tres ex cirujanos generales de EE.UU. en 2017, dos asociaciones de pediatría de EE.UU. ese mismo año, así como organizaciones dirigidas por personas intersexuales en todo el mundo, han pedido que se ponga fin a las cirugías no consentidas y médicamente innecesarias en niños y niñas intersexuales.

Muchos proveedores médicos que se preocupan por los niños intersexuales se reconocen cada vez más incómodos con el paradigma actual, pero sigue habiendo una ausencia de estándares de atención claros y centralizados para los pacientes intersexuales.

Y así es como persiste la inercia. ISNA se ha disuelto y Bo se ha retirado del activismo, pero una nueva generación de personas intersexuales, cuyos cuerpos fueron sometidos a cirugías décadas después que el de Bo, han tomado el relevo de la lucha. Para el Día de la Intersexualidad de 2017, la activista Pidgeon Pagonis organizó una protesta frente al hospital de Chicago donde, cuando era niño, le alteraron quirúrgicamente el clítoris, la vagina y las gónadas sin su consentimiento.

El hospital emitió una declaración pública diciendo que estaba “comprometido a mantener una comunicación abierta con la comunidad intersexual y respetaba completamente la diversidad de opiniones que existen entre las personas afectadas”. Pero una comunicación interna filtrada tenía un tono muy diferente, lo que tal vez revela por qué los médicos continúan llevando a cabo estas cirugías décadas después de que se volvieran controvertidas incluso dentro de la propia comunidad médica. En la comunicación, el hospital calificaba de “extremas” las demandas de los manifestantes y decía que el grupo estaba convirtiendo en blancos de ataque a hospitales de todo el país.

Bo me dijo: “Nadie ha demostrado que las intervenciones sean necesarias para un bebé (…) Incluso si encuentra que algunas personas que se sometieron a una cirugía temprana son felices, eso no significa que sea seguro o necesario (…) Probablemente hay personas felices. Pero también hay muchas infelices; personas destrozadas”.

Foto: Marvin Joseph/The Washington Post/Getty Images.

*Publicado en hrw.org [2017]

Fuente: http://jovenesredlac.org/acabar-con-la-alteracion-intersexual-la-lucha-por-el-consentimiento-informado-de-las-personas-nacidas-con-caracteristicas-sexuales-atipicas/

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