Las cifras de niñas embarazadas y mujeres muertas por abortos clandestinos exigen una revisión profunda y urgente de los marcos legales
El proyecto de la despenalización del aborto –ya aprobado por la Cámara de Diputados argentina luego de uno de los debates más apasionantes y reñidos de los últimos tiempos- busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando es producto de violación o existen malformaciones fetales graves. El debate, ampliamente difundido, estuvo marcado por intervenciones de carácter científico, ético y jurídico de muy alto nivel, lo cual establece una gran diferencia con las posturas de políticos y miembros de instituciones civiles en otros países, en donde los argumentos excluyen el marco de derechos de la mujer en un contexto real de riesgo de vida, desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos.
Los derechos de las mujeres en cuanto a sus libertades individuales han estado históricamente restringidos. No solo desde el seno del hogar, en donde experimenta la mayoría de las agresiones y limitaciones a su desarrollo, sino en todos los estamentos de la sociedad a la cual pertenezca, en donde se le exigen ciertas conductas predeterminadas por un sistema machista enfocado en privilegiar las aspiraciones del segmento masculino: virginidad, sumisión, entrega absoluta a un rol diseñado para garantizar la reproducción en un escenario lleno de mecanismos de control.
Una de las amenazas constantes en la vida de niñas y mujeres es la violación sexual, hecho consumado en su mayoría por hombres de la familia o conocidos y en cualquier ambiente de su entorno, provocando no solo embarazos no deseados sino también trauma psicológico permanente y toda clase de obstáculos a su normal desarrollo. En el caso de las niñas y adolescentes, un embarazo significa un elevado riesgo para su vida porque al no haber alcanzado su cuerpo una plena madurez, no está preparado para semejante trastorno físico y emocional. Sin embargo, la mayoría de nuestros países presentan cifras récord de niñas y adolescentes embarazadas sin la menor posibilidad de interrumpir un proceso de gestación provocado por un delito, porque sus legislaciones lo prohíben a partir de consideraciones de carácter religioso.
Uno de los resultados más notables de lo sucedido en Argentina con este colectivo que ha logrado mover a las masas en la exigencia de una apertura legal sobre el tema, es haber dejado establecida la condición laica del Estado en su toma de decisiones en una sociedad integrada por personas diversas, cuyos parámetros de vida no responden necesariamente a una visión única a partir de una doctrina religiosa.
La marea verde de las mujeres argentinas ha abierto los espacios de discusión con respeto y la decisión muy saludable de acabar con los mitos y los tabúes sobre la sexualidad femenina, sus derechos reproductivos y su determinación de no volver a cerrar esas compuertas. El diálogo con respeto pero, sobre todo, el diálogo informado, es la tarea pendiente para otros países del continente.
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