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SNTE: servilismo y abandono al magisterio

Por: Erick Juárez Pineda*

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha sido una organización con un perfil francamente servil que ha dado preferencia a los intereses particulares de sus líderes y dejado atrás su papel primordial: la defensa de los derechos de los maestros.

Los hechos de este abandono y actitud cobarde ante los embates que han sufrido los trabajadores de la educación son cuantiosos.

En 2018, su actual líder, Alfonso Cepeda Salas, apoyaba, defendía e impulsaba en nombre de esta organización y del extinto Partido Nueva Alianza al entonces candidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade. Sin embargo, después del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cepeda señaló que el sindicato se convertiría en el ejército intelectual de la 4T, adaptándose a los cambios políticos que se ­gestaban.

Además, durante la discusión de la actual reforma educativa, el SNTE se pronunció en pro de estos cambios constitucionales, asegurando que la reforma anterior le hacía mucho daño al magisterio, cuando tiempo antes apoyaban la reforma de Peña Nieto. Bastaron unos meses para que el discurso pasara de “es la reforma que México necesita [la de EPN]” a “desde el SNTE, echamos abajo la reforma educativa y damos la bienvenida a los nuevos cambios constitucionales [los de AMLO]”.

Durante los tiempos de pandemia, el SNTE sólo se limitó a compartir información sobre medidas sanitarias, cuidado de la salud y demás boletines de prensa con información dispersa e inútil para el desarrollo de los docentes, y no hubo acciones puntuales de apoyo hacia sus agremiados.

El principal reclamo hacia esta organización fue el nulo respaldo en cuestiones tecnológicas, de capacitación y salariales, pues con la educación a distancia, los maestros tuvieron que comprar equipos tecnológicos y los gastos de Internet y energía eléctrica aumentaron.

Incluso, en un video publicado recientemente (https://cutt.ly/5QSwoAD), Cepeda Salas asegura que respetarán la indicaciones de que sólo se regresará a clases en semáforo verde por seguridad de los trabajadores; sin embargo, con las recientes declaraciones del presidente López Obrador sobre el regreso a clases presenciales sin importar el semáforo epidemiológico, el sindicato sólo se limita a callar y obedecer las órdenes del jefe del Ejecutivo, faltando a la promesa de velar por la seguridad del magisterio.

Sobre la defensa del salario de estos trabajadores tampoco hubo buenos resultados. Durante la última negociación del aumento salarial entre la SEP y el SNTE, apenas se alcanzó un aumento promedio de 19 pesos diarios. Si consideramos que se registró una inflación anual de 6.05 por ciento, este aumento de 3.9 por ciento al salario y 1.8 por ciento en prestaciones, no sólo no cubre los gastos, sino que les queda debiendo 2.15 por ciento.

Adicionalmente, durante los procesos de promoción horizontal y vertical organizados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los cuales estuvieron llenos de inconsistencias, fallas y acusaciones de plagio y fraude, el sindicato quedó a la orilla de la discusión. Tarde y mal hizo un llamado a esclarecer las cosas; sin embargo, sólo quedó en ello: en un comunicado de prensa. Una actitud francamente ridícula.

Hay muchos más temas en que el gremio magisterial no tuvo el valor de enfrentar de manera objetiva, clara y eficaz: los cambios ante el sistema de pensiones; la cerrazón ante el llamado de auxilio de docentes que no han cobrado su salario desde hace meses o que están contratados bajo sistemas de outsourcing (profesores del Proni y de Prepa en Línea-SEP); la nula revalorización del magisterio, y otros.

El sindicalismo, como entidad defensora de los derechos de los trabajadores es una institución necesaria que debería tener una fortaleza y legitimidad que emane de sus agremiados, no de sus líderes. Sin embargo, la entidad en la que ha devenido el SNTE es una caricatura de lo que debería ser.

Es necesaria y urgente una renovación democrática de sus dirigentes en todo el país. Fundamental es la llegada de nuevas generaciones que destierren de una vez por todas las malas prácticas de corporativismo, corrupción y desprecio hacia sus propios agremiados.

El magisterio lo merece.

*Director de Educación Futura. Locutor de La otra educación, por el 97.3 de FM.

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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Pronunciamiento del Frente Unicachense: ¿Quién o quiénes están detrás del intento de destruir a la UNICACH? México

América del Norte/México/10-08-2021/Autor(a) y Fuente: FRENTE UNICACHENSE EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA, DIGNIDAD E IDENTIDAD DE NUESTRA UNIVERSIDAD

Pronunciamiento del Frente Unicachense

Lunes 9 de agosto de 2021

¿Quién o quiénes están detrás del intento de destruir a la UNICACH?

Desde el día 4 de abril del presente 2021, con la TOMA de NOTA concedida a la C. Zoila García por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a instancias de un amparo interpuesto en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales del estado de Chiapas, mismo que fue comunicado con fecha 31 de octubre de 2019 por el Lic. Juan Gómez Fiera, Secretario de dicho Juzgado. Es decir, entre el comunicado del resolutivo de amparo del Juzgado y la expedición de TOMA de Nota por parte de la Junta local de Conciliación y Arbitraje transcurrió un año, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo la Junta Local para otorgar la toma de nota a la C. Zoila, si se supone que los elementos en que se basó el Juez para conceder el amparo eran suficientes y consistentes para proceder de manera expedita? Esto hace suponer que se trata de un cálculo político para comenzar a cuestionar al Comité Ejecutivo del SPAUNICACH encabezado por el Dr. Fredi Penagos, que desde meses anteriores había estado presionando a la rectoría representada por el Dr. Rodolfo Calvo Fonseca -terminó renunciando al cargo a finales de enero de 2021- para el pago de una serie de adeudos que la patronal mantiene con los trabajadores agremiados.

La renuncia de Calvo Fonseca llevó a la Junta Directiva a expedir la convocatoria para elegir el nuevo rector. Postularon 22 aspirantes, entre empresarios, funcionarios y académicos. De estos, la Junta termino entrevistando a 9. No se explicó sobre los criterios que privaron en la depuración, lo cierto que varios con méritos reconocidos fueron eliminados; en teoría se suponía que serían los criterios establecidos en la ley orgánica y el estatuto general. Durante el proceso se externaron diversas opiniones de universitarios sobre la necesidad de que la Junta Directiva procediera con transparencia y con estricto apego a la normatividad universitaria. La Junta no ofreció ninguna información, situación que contradice el dicho reiterado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que “la vida pública tiene que ser cada vez más pública”.

El viernes 12 de febrero concluyó el trámite de elección del nuevo rector de la UNICACH, por la noche la Junta Directiva dio posesión al Mtro. Juan José Solórzano Marcial, con la presencia de tres integrantes. Se consumó la crónica anunciada desde antes de que terminara el registro de aspirantes. Días después, el rector constató que las arcas estaban vacías, ni para pagar la nómina.

En este tenor, los problemas fueron escalando, Solórzano anunció un programa de austeridad y el despido de más de 300 trabajadores, entre administrativos y personal de confianza que, se dijo, cobraban en la nómina confidencial, también se anunció una auditoria. NUNCA SE TRASPARENTÓ LA LISTA. Mientras tanto, los profesores sindicalizados seguían pidiendo el pago del IMSS, INFONAVIT, AFORE, incluso su caja de ahorro, pago de marcha, y compensaciones por la dirección de tesis, estipulado en el contrato colectivo de trabajo.

Hoy las tensiones ya no sólo están entre dirigentes sindicales y la Rectoría, son los académicos que están padeciendo el escarnio de las autoridades con amenazas y despidos masivos, que a todas luces no sólo son violatorios de relaciones laborales, derechos humanos, sino que también atentan contra la propia UNICACH.

El frente unicachense se pronuncia de manera contundente frente al despido masivo y alevoso de compañeros trabajadores, violatorio de los más elementales derechos humanos, más grave aún en tiempos de crisis sanitaria, de pérdida de empleo en el país, y de incremento de la pobreza.

Se pronuncia por la reinstalación inmediata e incondicional de los profesores despedidos y por un alto al clima de linchamiento que está afectando gravemente la vida universitaria.

Las autoridades deben considerar a las universidades como centros para construir el futuro, su destrucción, como lo están haciendo las autoridades, solo conduce al atraso de nuestra sociedad. Los países desarrollados lo son gracias, en buena medida, a sus universidades que son el semillero por excelencia para la generación de proyectos de futuro.

FRENTE UNICACHENSE EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA, DIGNIDAD E IDENTIDAD DE NUESTRA UNIVERSIDAD.

Apoya en firmar la petición «Fuera Juan José Solorzano Marcial: NO al despido injustificado de académicos de la UNICACH» dando clic en el siguiente enlace: http://chng.it/t4F9yVvFM7

Fuente: FRENTE UNICACHENSE EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA, DIGNIDAD E IDENTIDAD DE NUESTRA UNIVERSIDAD

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El falso mito del esfuerzo en América Latina

Por Alfredo Serrano Mancilla

¿Cómo le explicamos a una mujer que su salario está acorde a su esfuerzo tras trabajar todos los días de la semana, catorce horas seguidas, limpiando casas ajenas? ¿Cómo se lo justificamos a un joven que cada día se despierta a las 4:30 de la mañana para irse a trabajar a la construcción y regresar a casa por la noche? ¿Quién puede asumir que el salario es un fiel reflejo del esfuerzo?

El mito del esfuerzo en América Latina es una gran mentira, tanto desde un criterio de subjetividad como si lo miramos objetivamente en cifras.

En el imaginario de la ciudadanía latinoamericana existe una gran mayoría que no “se come el cuento” de que los altos ingresos vienen originados por el esfuerzo. Hay un claro sentido común latinoamericano a este respecto. Por ejemplo, en Argentina, según nuestra encuesta CELAG, cuando se pregunta cuál es el origen de la riqueza de las familias más adineradas, sólo el 15,1% considera que se debe al esfuerzo. El resto cree que es un asunto de corrupción o de herencia. En Chile, México, Bolivia, Perú y Colombia, los porcentajes son muy parecidos (13,4 %, 21,7 %, 20,7 %, 19,9 % y 18 %, respectivamente).

Pero no sólo es una cuestión de subjetividad; lo que piensa la gente está en sintonía con lo que objetivamente acontece.

Esta falsa relación entre esfuerzo y riqueza queda absolutamente demostrada en el libro “El capital del siglo XXI”, del economista francés Thomas Piketty. En ese estudio se concluye que la herencia es uno de los principales factores para estudiar la reproducción del modelo económico capitalista. Para él, el control de la riqueza se transmite en grandes proporciones por vía hereditaria. Es lo que Kathleen Geier denominó heiristocracy (gobierno de los herederos). Esta suerte de “capitalismo patrimonial”, de alta concentración, condiciona definitivamente el devenir de la economía real.

Se espera que las 500 personas más ricas del mundo les entreguen a sus herederos la suma de 2,4 billones de dólares en las próximas dos décadas. Y a nivel latinoamericano el fenómeno es idéntico. Más de la mitad de la riqueza pasa de generación en generación sin verse afectada por nada ni por nadie. Por ejemplo, en un informe de la OCDE (“¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social”) se destaca que en Colombia se necesitan al menos 11 generaciones para que un niño pobre deje de serlo. Más de dos siglos para salir de una condición heredada desfavorable, por mucho que se esfuercen. En Brasil se necesitan 9; en Chile, 6.

El otro eje es la corrupción, que representa un significativo porcentaje del PIB en la región latinoamericana. Esta es la otra variable observada por la población para explicar la procedencia del dinero de los que verdaderamente tienen dinero. Al hablar de corrupción no sólo nos referimos a un asunto circunscrito exclusivamente a los políticos. Hay tanta o más corrupción en el sector privado. O, mejor dicho, en las grandes empresas, porque el valor de la corrupción a nivel de pequeña y mediana empresa es marginal.

Corrupción y herencia constituyen, definitivamente, el combo explicativo de buena parte de la riqueza latinoamericana. El esfuerzo es mayoritario, pero la riqueza no; está concentrada en muy pocas manos.

A veces, siento que nos pretenden imponer ese veredicto tan bien ilustrado en la viñeta de El Roto: “Prohibido ver lo evidente”.

Fuente e imagen:  https://www.pagina12.com.ar

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Libro(PDF): Políticas culturales y ciudadanía: Estrategias simbólicas para tomar las calles

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

En el contexto del poder hegemónico del capital y el debilitamiento de la vida pública, Víctor Vich afirma que las políticas culturales son decisivas para proponer formas que alteren la percepción de lo existente. Este libro comenta un conjunto de iniciativas que, utilizando diferentes estrategias simbólicas, han intervenido en las calles de Lima, Perú, a fin de visibilizar diversas relaciones de poder. Tales intervenciones contribuyen a encaminar una acción pública diferente y pueden ser apropiadas por las políticas culturales con el fin de contribuir a la producción de una sociedad nueva.

Autor: Victor Vich

Editorial/Edición: CLACSO. Instituto de Estudios Peruanos – IEP. Editorial de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
Buenos Aires.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-904-2

Idioma: Español

Descarga: Políticas culturales y ciudadanía: Estrategias simbólicas para tomar las calles

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2364&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1540

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Verónica Serafini: “La reactivación debe ser financiada con un sistema tributario más justo”. Propuesta para Paraguay

Critica el modelo de endeudamiento de Paraguay, que se agravó desde la emisión de los bonos desde el 2012, y apunta como fuente de recursos a los sectores que registraron crecimiento en las últimas décadas.

La deuda pública alcanzó al cierre del año pasado USD 12.212,9 millones y las opciones para financiar la crisis que desató la pandemia del Covid-19 se siguen agotando. Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya, advierte que el modelo de endeudamiento es insostenible y sugiere que la reactivación económica sea cubierta con una mayor presión tributaria a los sectores más ricos, basada en un sistema más justo en que se elimine la evasión o se aumenten los impuestos directos.

–En 2020 la deuda pública superó el 30% del PIB, por encima de las recomendaciones internacionales. ¿Qué otras opciones le quedan al país para reactivar la economía sin recurrir a un severo aumento del endeudamiento?

–En política fiscal no hay recetas mágicas ni secretos. Los recursos genuinos provienen del sistema tributario. Tanto la reactivación económica como el pago de la deuda tienen que ser financiados a partir de un sistema tributario más justo, sobre todo mirando quiénes son los que se han beneficiado más con el crecimiento económico de las últimas décadas y quiénes no han sido afectados por la pandemia.

–¿Se refiere a una suba del impuesto al sector sojero?

–A quien sea que le beneficie el crecimiento. Ahora en la pandemia al sector agrícola, a las construcciones, sector financiero y comunicaciones les fue bien. Lo que tiene que aumentar es la presión tributaria: puede ser eliminando la evasión/elusión, sin aumentar impuestos, o aumentando impuestos directos y hacer más progresivo nuestro sistema tributario.

–Entonces, ¿cree necesaria una nueva modificación del sistema tributario?

–Sin dudar. La deuda se está volviendo insostenible y ya tenemos compromisos a 2050, no podemos seguir pateando para adelante. Tampoco podemos volver a la situación anterior a la pandemia. Paraguay tuvo uno de los costos fiscales más altos porque no teníamos sistemas de salud y protección social funcionando.

–El MOPC adeuda más de USD 200 millones por inversión pública y sostiene que el impacto del Covid pudo ser peor de no ser por las obras encaradas desde el Estado. ¿Cómo afecta al país esta deuda y hasta qué punto opina que lo dicho por la cartera estatal responde a la realidad?

–Yo no conozco estudios que puedan demostrar el impacto en el empleo. De hecho, en los últimos años, los indicadores laborales se han deteriorado y si miramos el sector de la construcción, los ingresos laborales allí se mantuvieron en los mismos niveles. Desde la emisión de los primeros bonos en 2012 y durante todos los siguientes años justifican el endeudamiento con el argumento del empleo, lo cual es hasta cierto punto insostenible. Ningún país puede sostener a mediano plazo el empleo con deuda pública. Sobre todo si el país no tiene capacidad de pago porque ese dinamismo económico no genera los impuestos para volver a pagar la deuda. En el año de la pandemia (2021), el proyecto de presupuesto público ya se fue con reducciones en salud y educación. Solo ese hecho ya nos indica la terrible situación en la que estamos. Las rutas no pueden estar por encima de la vida de las personas, menos todavía si no hay garantía de su costo-efectividad y de su valor público.

–La misma institución advierte que no iniciará nuevas obras por falta de recursos, atendiendo a que ya no cuenta con fondos. ¿Cuál es la alternativa a esta situación?

–Siempre supimos que no era sostenible el nivel de gasto en infraestructura que teníamos con 10% de presión tributaria. Las alarmas sobre la deuda vienen desde que se inició la carrera desenfrenada por la emisión de bonos soberanos en conjunto con el inicio de obras sin la debida planificación, como el Metrobús, la pasarela de Ñu Guasu y el puente a Chaco’i. Con ese problema hay otras obras que son menos escandalosas porque no están a la vista y son más rurales. Por eso pasaron desapercibidas por la ciudadanía.

–¿Cómo debe responder el Estado a los gremios del sector privado que reclaman la no paralización de obras públicas?

–En realidad, el que debe responder es el Gobierno, porque el Estado somos todos y creo que la ciudadanía está haciendo su parte en la auditoría social. El malestar se siente porque se empezó a dar cuenta de que hay un doble discurso. La inversión pública es importante y positiva cuando beneficia el negocio privado, sin importar si hay o no corrupción o se genera deuda. Sin embargo, durante años la ciudadanía pidió mejores servicios de salud y el argumento era sencillo: mientras no se reduzca la corrupción no gastar más. Este posicionamiento hoy está matando gente, mientras se pelea por más rutas. El problema era que una parte de quienes opinaban eso podían pagar salud privada o viajar al exterior cuando se enfermaban. Igual que ahora que viajan a EEUU para vacunarse.

–Históricamente el sector privado pide en su discurso la no intervención del Estado en el mercado, ya que “la ley de la oferta y la demanda lo equilibra de manera natural”. ¿Qué lecciones deja la pandemia al respecto, teniendo en cuenta que el Estado asistió fuertemente a las empresas privadas, sobre todo con relación al mercado laboral?

–En ningún lugar del mundo ocurre esto. Ni en los países más liberales del mundo occidental y capitalista. Ni aquí. Aquí el Estado siempre participó, pero sesgado beneficiando a un sector minoritario. Se pide la no intervención cuando beneficia a la mayoría.

–Usted se muestra crítica con respecto a la apertura de bares y restaurantes. ¿Qué opciones propone para este sector?

–Yo no soy crítica a la apertura, lo que planteo es que en las decisiones de apertura y cierre de la economía tienen que incluirse todos los costos y beneficios. No estamos calculando los costos abismales para el sistema de salud, tampoco cuánto le cuesta al país la muerte y la enfermedad de adultos con vida laboral y los costos a largo plazo de la rehabilitación. Tampoco estamos calculando cuánto le cuesta al país la pérdida de capital humano a largo plazo con la cantidad de profesionales que mueren o se incapacitan, ni el costo de la pérdida de activos o el endeudamiento de los hogares. Hay gente que ante la enfermedad vende sus activos –taxis, negocios–, se endeuda y tarde o temprano perderá su vivienda o su emprendimiento. Tampoco estamos calculando el costo para el resto de la economía de mantener una meseta tan elevada de contagios por tantos meses.

–¿Cómo evalúa los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable y qué camino debe seguir a partir de ahora el Estado?

–Definitivamente debe fortalecer los sistemas educativos, de salud y protección social de manera drástica y estructural de manera que los niños, niñas y adolescentes no paguen la cuenta de la pandemia. En ellos está la posibilidad de no transmitir la pobreza, de pagar la deuda, de sostener el crecimiento económico.

–En cuanto al desempleo o la mayor precarización laboral durante la pandemia, ¿qué efectos colaterales observa a corto y mediano plazo para la clase trabajadora?

–Creo que el principal efecto colateral será en la destrucción de capital humano de la niñez y juventud debido a los problemas laborales de los adultos del hogar y de las oportunidades para su bienestar y su contribución al desarrollo en el mediano y largo plazo. Hay 2.000.000 de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con adultos que ganan menos del sueldo mínimo o menos de la línea de pobreza y no tienen mecanismos de seguridad social. Una mínima parte cuenta con Tekoporã.

–Teniendo en cuenta que las mujeres son las más afectadas por la reducción de sus ingresos laborales como efecto de la pandemia, ¿cómo observa la evolución de la situación de este sector respecto a la de los hombres y qué políticas considera que se deberían aplicar desde el Estado para su atención?

–Algunos estudios muestran un retroceso de casi diez años en América Latina, lo cual significa para las mujeres una década perdida en logros laborales. En Paraguay no hicimos todavía esos estudios, pero no habría que esperar ser diferentes.

–Ahora que contamos con la ley de uso de fondos sociales de las binacionales, ¿qué recomienda para una ejecución adecuada y transparente?

–Sin dudar, salud pública, especialmente atención primaria y vacunación en los siguientes meses para fortalecer la prevención y detección temprana del virus.

–¿Cómo evalúa el programa de vacunaciones, que hasta ahora surge como la única solución sanitaria y económica?

–Sí, parece que no hay otra medida. Espero que el Gobierno haga todo el esfuerzo necesario no solo en el ámbito sanitario, sino también a nivel global. El mundo está discutiendo la liberación de las patentes, la emisión de derechos de giro por parte del FMI, la posibilidad de un impuesto global a los flujos financieros para reducir la elusión tributaria de las grandes corporaciones, muchas de ellas en Paraguay. El Ministerio de Hacienda y Cancillería tienen grandes compromisos con el país.

–¿En qué medida el Estado es negligente por la falta de acceso a las vacunas en un contexto internacional en que hay mayores facilidades de provisión para las grandes potencias con una industria farmacéutica avanzada?

–Creo que hubo muchos problemas. Se centraron en el mecanismo Covax, probablemente por razones “ideológicas” no incluyeron entre las posibilidades a las vacunas rusas y chinas, hubo una clara ineptitud, no nos podían decir que la diferencia horaria no les permitía negociar con los chinos, y también debilidad institucional. Argentina salió a comprar vacunas Sputnik antes de su aprobación porque tiene una fuerte comunidad académica científica que apoyó porque tenía información previa. Israel compró al doble del costo, aquí el Gobierno con tanta corrupción previa y desconfianza ciudadana no hubiera podido plantear esa opción y tampoco se abrió a un pacto para garantizar la legitimidad social de esa opción. La corrupción no nos mata solo porque falla el sistema de contrataciones públicas o porque la evasión y elusión no nos provee recursos suficientes, nos mata porque genera deslegitimidad política.

–La pandemia puso a prueba al modelo económico. Para algunos autores demostró que hay otras formas de administrar la riqueza y que sin duda puede haber cambios al respecto, mientras que Byung-Chul Han se muestra escéptico y teme que una vez superada la pandemia, el capitalismo actuará con mayor alevosía. ¿Cómo observa el sistema económico en la pospandemia teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de Paraguay?

–Es difícil dimensionar lo que va a pasar a nivel global en la pospandemia. Hay hipótesis en todo sentido. Lo que sí creo es que tenemos la gran oportunidad de cambiar estructuralmente nuestro sistema económico hacia uno más diversificado, con menor dependencia de factores exógenos como la demanda internacional o el clima y, sobre todo, con generación de empleos de calidad; es decir, ingresos laborales dignos, seguridad social y mayor contribución al Fisco de quienes se benefician con el crecimiento.

Frases de Verónica Serafini

«Desde la emisión de los primeros bonos en 2012 y durante todos los siguientes años justifican el endeudamiento con el argumento del empleo, lo cual es hasta cierto punto insostenible».

«La corrupción no nos mata solo porque falla el sistema de contrataciones públicas o porque la evasión y elusión no nos proveen recursos suficientes, falla porque genera deslegitimidad política».

«Aquí el Estado siempre participó, pero sesgado beneficiando a un sector minoritario. Se pide la no intervención cuando beneficia a la mayoría».

«Creo que el principal efecto colateral del desempleo o la mayor precarización laboral durante la pandemia será la destrucción de capital humano de la niñez y juventud».

Perfil

Verónica Serafini es economista, especializada en Economía del desarrollo y economía feminista. Es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Asimismo es investigadora categorizada nivel II (PRONII) y miembro del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya.
Se desempeñó como coordinadora de la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda y trabajó como consultora en varias organizaciones nacionales e internacionales.

Fuente: https://www.ultimahora.com/la-reactivacion-debe-ser-financiada-un-sistema-tributario-mas-justo-n2942308.html

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Movimiento Magisterial Interino en Sonora, ¿por qué y para qué?

Por: Abelardo Carro Nava

Nuevos organismos surgieron, como la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) al que se le transfirieron, prácticamente las mismas atribuciones que tenía la extinta CNSPD…

Para pocos es desconocido que, con la reforma educativa de 2013, la corrupción no se erradicó del Sistema Educativo Nacional (SEN). La asignación de plazas sin que hayan sido sometidas a los concursos de admisión fue evidente, así como también, el que se hayan manejado las listas de ordenamiento al antojo de las autoridades educativas locales.

Recuerdo muy bien el caso de una profesora recién egresada de una escuela normal que, después de cubrir todos los requisitos que en ese entonces se dispusieron para ocupar un lugar en el SEN, y por lo cuales obtuvo el doceavo lugar en las listas de prelación, no le fue asignado una plaza porque, a decir de las autoridades de su entidad, no había vacancias que pudieran ocuparse en ese momento. No obstante, un par de días después de que le fue dada esta respuesta por parte del responsable del Departamento, conoció de la asignación de una plaza a una ex compañera suya, egresada de la misma generación y que en la lista de prelación del mismo proceso, obtuvo el lugar 25. ¿Por qué al participante número 25 sí le otorgaron un nombramiento con base definitiva y no a quien obtuvo el número 12? Fue una de las tantas preguntas que me planteé en este entonces y que, si mi memoria no me falla, escribí en alguno de los artículos de regularmente comparto por este medio.

Obviamente esa historia no terminó ahí, después de un recurso de inconformidad y de una demanda interpuesta por la afectada, un par meses después, le informaron que ya contaban con una plaza y que tal día debería presentarse por su nombramiento. ¿De dónde salió esa plaza y quién fue el responsable de tal atropello? Fue otra de las preguntas que surgieron en mi mente en ese momento.

El tiempo pasó, y como es obvio, todo siguió su curso.

Sucesos como el que refiero fueron una constante durante ese sexenio y, por los cuales se evidenció una serie de irregularidades en un proceso que muchas autoridades educativas calificaron de “transparente”.

Llego el 2018 y con éste una promesa hacia el magisterio: todo sería diferente. La respuesta del electorado no se hizo esperar y, en ese mismo año, asumió la presidencia de la República un régimen que, en 2019, consolidó la reforma a la reforma peñanietista. Se eliminó aquel aspecto punitivo de la evaluación al desempeño docente, pero se mantuvo la esencia de la misma evaluación al ingreso y para la promoción ampliamente criticada durante las campañas políticas de ese 2018.

Nuevos organismos surgieron, como la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) al que se le transfirieron, prácticamente las mismas atribuciones que tenía la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). ¿Mucho ruido y pocas nueces? O, lo que es peor: “mucho cambió para que todo siguiera igual”. Y bueno, una vez que este órgano administrativo desconcentrado comenzó a operar los procesos de admisión y promoción, todo empeoró, y nadie, pero absolutamente nadie, ha sido capaz de ponerle un alto a los incontables atropellos de los que han sido objeto las maestras y los maestros de México.

Alguien, en algún momento, afirmó que la pandemia “le vino como anillo al dedo”, y no se equivocó porque, indiscutiblemente, la USICAMM, de alguna forma ha justificado su actuar debido a la contingencia sanitaria decretada por el gobierno mexicano y, por la cual, tuvo que suspender la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes del proceso 2020-2021, o bien, tomar decisiones poco certeras en cuanto a los procesos de promoción vertical y horizontal, pero también, en la emisión de criterios para la asignación de nombramientos a personal docente interino que obtuvo un lugar en las listas de ordenamiento en el referido proceso, hecho que propició que las autoridades educativas locales actuaran sin el debido ordenamiento legal establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCAMM) o los establecidos en la Ley Federal de Trabajo.

¿Por qué la emisión de nombramientos con código 99 (vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo) en lugar de un código 95 (alta provisional) a los participantes del proceso de admisión 2020-2021?*, ¿por qué después de 6 meses y sin nota desfavorable los trabajadores interinos participantes de este proceso no se les asignó una base definitiva?, ¿por qué si se cubrieron en tiempo y forma una serie de requisitos en el proceso de admisión los participantes tuvieron que esperar prácticamente un año para conocer sobre las disposiciones administrativas que en esta materia emitió la USICAMM?, ¿esta serie de acciones no traen consigo dolo y un estado de indefensión en los aspirantes a ingresar al SEN quienes, por tiempo fijo o de manera provisional, se incorporaron al servicio educativo dado que obtuvieron un lugar en las listas de prelación u ordenamiento? Y lo que desde mi perspectiva es más importante: ¿los criterios excepcionales que la USICAMM emitió hace unos meses están por encima de la Ley Federal del Trabajo y de la propia Constitución Política Mexicana?

Desde hace unas semanas, en el estado de Sonora, se conformó un Movimiento Magisterial Interino por una Estabilidad Laboral, integrado, como parece obvio, por cerca de 3000 docentes interinos (de diferentes niveles educativos y modalidades) que se vieron afectados con la serie de “criterios” que ha emitido la USICAMM (a nivel federal como local) en este tiempo de pandemia. Su demanda, a decir de la profesora Guadalupe Nieblas se resume en lo siguiente: exigir a las autoridades educativas estatales y federales, una estabilidad laboral mediante la basificación definitiva de docentes interinos de la lista de ordenamiento 1 del proceso 2020-2021, sin importar el tipo de nombramiento que se le haya entregado.

Es obvio, y hay razón en su demanda, puesto que: 1) cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria que los llevaron a obtener un lugar en la lista de prelación 1; 2) fue evidente la incapacidad de la USICAMM para efectuar la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y habilidades en los tiempos señalados; 3) se han asignado tutores a profesores en la entidad sonorense sin fundamento dado que, a decir de la autoridad educativa local, no se han otorgado plazas con nombramiento definitivo en meses pasados pero ¿y los tutores asignados?; 4) ha sido evidente la falta de transparencia en la probable asignación de plazas dado el desconocimiento que se tiene sobre el número disponible de éstas en estos procesos; sí, ante éstas y otras irregularidades, es que están en su derecho de exigir esa basificación y de que el estado se las otorgue porque, indiscutiblemente, no es su responsabilidad el que en este órgano administrativo no operen o existan las condiciones tecnológicas para la aplicación de dicho instrumento o que en la entidad haya opacidad y poca transparencia en los asuntos referidos. Bien dice el dicho que el nada debe nada teme, entonces, ¿por qué no auditar estos procesos por instancias ajenas a la propia Secretaría de Educación de ese estado de la República Mexicana?

La pandemia se entiende, pero la opacidad e incapacidad gubernamental en la toma de decisiones y acciones contraviene la misma ley y, por tanto, se justifican estas cuestiones.

Hasta el momento en que cierro estás líneas, tanto la federación como el estado de Sonora no ha dado una respuesta contundente a tales exigencias. En los medios de comunicación, a diario observamos y escuchamos sendas noticias que refieren la misma problemática en distintas partes del país e, incluso, en Palacio Nacional se han manifestado diversos grupos de docentes por estas mismas razones, pero, desafortunadamente, no han sido escuchado estos reclamos. Los procesos siguen su curso y las injusticias laborales: se han convertido en el pan nuestro de cada día.

* Al respecto, recomiendo leer el artículo de mi autoría y que titulé “Nuevo proceso de admisión con una admisión inconclusa”: https://profelandia.com/nuevo-proceso-de-admision-con-una-admision-inconclusa/.

Fuente: Movimiento Magisterial Interino en Sonora, ¿por qué y para qué? | Profelandia

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Para entender el conflicto de Colombia hay que conocer su historia

Por: María Elena Rojas / Cali

Para entender el conflicto hay que conocer por lo menos una parte de la historia de Colombia.

Colombia lleva 30 años siendo asesinada, a merced de Narcoparamilitares que poco a poco han ido escalando poder en el Estado colombiano, a manos del creador de los paramilitares, el expresidente y hoy exsenador de la República Álvaro Uribe Vélez.

Éste, quien después de ser cómplice y socio de Pablo Escobar Gaviria y creador del paramilitarismo, participaría en la eliminación de Escobar y en la desintegración del cartel de Medellín, para luego apoderarse de esta silla vacía, del negocio de la coca y el narcotráfico del país. Todo lo anterior con el hostigamiento a campesinos para desplazarlos y apoderarse de sus tierras.

De igual manera, Uribe ha utilizado como pretexto y caballo de batalla para sus campañas, la lucha contra la guerrilla, convenciendo al pueblo de que acabaría con ellas. Al llegar al poder necesitaba demostrar que estaba cumpliendo. Para lo cual, en sus 8 años de gobierno, asesinó a más de 10.000 colombianos civiles y a quienes hizo pasar como bajas de la guerrilla, los hoy conocidos los falsos positivos.

Fue un opositor del proceso de paz, en el gobierno anterior al de Duque. Y participó en las últimas elecciones como candidato en la sombra, al punto de colocar con una variopinta de tejemanejes corruptos al actual presidente Iván Duque. Quien literalmente es hoy reconocido como un títere por toda Colombia, pues de sobra ya se sabe que quien da las órdenes es Uribe.

Debo añadir que su gobierno es ilegitimo. Puesto que las elecciones fueron ganadas con compra de votos, compra de la Registraduría y fraude en las Urnas. En este momento el Uribismo concentra el 90 % del poder en Colombia. Incluyendo jueces y magistrados.

Desde el mismo momento en el que se posesionó Duque, empezaron a acelerarse los asesinatos selectivos de líderes sociales y defensores de derechos humanos nacionales. Además de un abuso escribo en precios y deterioro en la calidad de vida, que ya era bastante mala por las reformas políticas creadas por Uribe en sus 8 años.

Con la pandemia la calidad de vida llegó a límites insoportables para la población de clase media baja y baja. El gobierno se endeuda aún más con la comunidad internacional para apalear la crisis, pero por la corrupción del gobierno, esos recursos no han llegado a la gente que realmente lo necesita, y para completar el gobierno presenta al congreso una serie de reformas tributarias y de salud entre otras, que pretenden que el pueblo colombiano pague la deuda, con impuesto y pagos adicionales en salud educación entre otros, servicios sociales.

Después de todo esto, los colombianos de las clases media y media baja, deciden entrar en paro indefinido y salir a marchar pacíficamente, pero como todo el mundo ha visto, ha sido desde el primer día, tratado por el Estado, de manera violenta negando el derecho constitucional a la protesta, con masacres y desapariciones forzadas. Como siempre lo ha hecho el gobierno del centro democrático.

En concordancia, el paro obedece a los siguientes puntos de inconformidad.

  1. Un cumulo de descontentó social frente a la reforma tributaria abusiva y en contra de las personas que hoy apenas subsisten. Muchas incluso hasta con una sola comida al día. Otros mueren de hambre como es el caso de la Guajira.
  2. El mal manejo de la pandemia ha evidenciado el no futuro de los jóvenes.
  3. Los acuerdos de paz no se han cumplido.
  4. El presidente es un mentiroso y tiene a los medios de comunicación arrodillados al servicio de sus mentiras.
  5. La corrupción se ha incrementado y es más descarada y abusiva que nunca.
  6. El gobierno es ilegítimo. Puesto que hay pruebas suficientes de fraude electoral por la compra de votos, ayuda del narcotráfico y compra de la Registraduría.
  7. Quien gobierna no es Iván Duque sino Álvaro Uribe Vélez.
  8. Cada día tenemos evidencias sobre el narco estado y el paramilitarismo en el gobierno y el Parlamento y como la justicia es de ellos, no pasa nada.
  9. El gobierno ha favorecido a las pocas grandes fortunas del país y ha desfavorecido a las mayorías.
  10. La economía colombiana es básicamente feudalista, pero está importando alimentos.
  11. La educación ha tenido recortes y tiende ser privatizada.
  12. Con la ley 100 ya se había privatizado la salud, y las más grandes EPS son propiedad de los Uribe. Son un negocio, y el servicio es pésimo. Con la nueva reforma además de pagar la EPS, los colombianos tendrían que pagar un seguro adicional.
  13. Las masacres y los asesinatos sistemáticos a líderes/as y jóvenes no terminan.

En síntesis, la gente llegó a su límite de aguante. Ha resistido demasiada hambre y sufrimiento, esa es la razón por la que ahora están decididos a resistir hasta vencer o morir en la protesta pacífica.

Los jóvenes son los que están en primera línea enfrentando a piedra las tanquetas y los disparos y están siendo asesinados desaparecidos heridos y las mujeres violadas por la policía.

Los demás, en las calles y en las casas están siendo víctimas de violencia. Psicológica, puesto que los helicópteros, y aviones de guerra, sobrevuelan todo el día y han llegado a disparar desde lo alto.

Los indígenas del Norte Cauca han estado apoyando el paro en todo el país. Con su pacifica guardia, nos han dado lecciones de valentía respeto y humildad.

El expresidente Uribe atrincherado tras el Twiter dispara órdenes y declaraciones de odio guerrerista, para incitar a los ricos a enfrentar, armados, y en compañía de la policía, a los manifestantes y a los indígenas.

Y los colombianos en el exterior, estamos manifestándonos y moviendo redes sociales, para hacer que el mundo conozca por fin la verdadera realidad del país que amamos, aunque no podamos habitar.

Fuente e imagen: nuevarevolucion

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