Bolivia: El fallo contra la clausura del año escolar genera desconcierto y demandas de coordinación

Por: La Razón

El Gobierno tiene un plazo de 10 días para generar un plan que garantice la educación en el país, en consenso con los sectores involucrados.

El fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz que deja sin efecto la resolución del cierre del año escolar generó críticas y demandas de una coordinación urgente para tomar una decisión definitiva y clara en beneficio de los estudiantes.

El secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de La Paz, Leandro Mamani, expresó su malestar por la falta de certeza sobre el futuro de las clases en el país. «Produce bronca que se juegue e improvise con la educación, si el tribunal dice y aplica que la educación debe ser prioridad del Estado, también debería dar la orden al Gobierno de invertir todos los recursos necesarios para implementar una educación para todos los estudiantes», dijo.

El dirigente también expresó que su gremio espera que se tomen decisiones prontas y definitivas, pues varios de los maestros ya preparaban notas para culminar la gestión, como instruyó el Ministerio de Educación, pero ahora no saben cómo se proseguirá. Se espera que esta cartera estatal se pronuncie sobre el tema.

La determinación de la Justicia, a favor de una acción popular, presentada por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, insta al Ministerio de Educación a que, en un plazo no mayor a 10 días, se presente un plan que garantice que la educación seguirá en el país, en adecuación a la actual realidad de pandemia.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien fue parte del proceso, aclaró que esto no significa que los estudiantes serán obligados a volver a las aulas, sino que conmina al Órgano Ejecutivo a generar una política pública en favor de la educación, en coordinación con los actores educativos, es decir, maestros, papás y estudiantes.

Padres de familia

Al respecto, el representante de los Padres de Familia de Colegios Particulares, Israel Quino, indicó que su sector tiene la plena predisposición para acudir a un diálogo que permita generar una estrategia de continuidad de la educación acorde a la realidad y en favor de todos los involucrados.

«A partir de este fallo vemos que lo más importante es eso, crear una coordinación», indicó Quino.

El secretario de la Gobernación de Chuquisaca, Ricardo Zárate, coincidió con esta posición y manifestó que en varias regiones, como es el caso de su departamento, los maestros tenían ya listos sus planes para continuar con las clases, cuando se informó del cierre del año escolar, por lo que ya existen ideas que pueden contribuir al desarrollo de las labores educativas, siempre precautelando la salud de los estudiantes.

«Hubo una descoordinación directa entre el Ministerio de Educación con las direcciones departamentales y eso ha conllevado este resultado. La Gobernación de Chuquisaca fue la primera institución que se pronunció al respecto, el 3 de agosto mandamos una carta con una justificación jurídica, basada en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, que es análoga al fallo emitido», dijo en contacto con La Razón.

Coordinación subnacional

A decir de Zárate, los gobiernos departamentales y municipales pueden aportar no solo con ideas para nutrir las estrategias, también a colaborar directamente para cubrir costos para llegar a todos los estudiantes.

«En mayor o menor medida todas las instituciones públicas tenemos presupuesto destinado al área de educación. Podemos lograrlo, ponderamos la decisión del Tribunal».

La gestión educativa fue clausurada a partir del 31 de julio; sin embargo, el Ministerio de Educación sugirió que las unidades educativas que contaban con las condiciones podían seguir con clases complementarias. Esto fue percibido como una posible afectación a un acceso a la educación en condición de igualdad por instituciones como la Defensoría del Pueblo, que también observó una vulneración a los derechos de los niños y adolescentes. Instituciones como Unicef y la Organización de Naciones Unidas (ONU) también manifestaron su preocupación por la decisión de clausurar el año e incluso pidieron que el Gobierno la reconsidere.

Fuente: https://www.la-razon.com/sociedad/2020/08/19/el-fallo-contra-la-clausura-del-ano-escolar-genera-desconcierto-y-demandas-de-coordinacion/

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Colombia: El aborto es mi derecho, la maternidad mi decisión

Por: nytimes.com/22-05-2019

 

Los pañuelos verdes han sido un símbolo de la legalización del aborto en América Latina.CreditNatacha Pisarenko/Associated Press

MEDELLÍN — La semana pasada, veinticinco hombres del senado del estado de Alabama en Estados Unidos aprobaron una ley contra el aborto que solo lo permite si corre peligro la vida de la madre. El mismo día, la actriz estadounidense Busy Philipps escribió en su cuenta de Twitter: “Una de cada cuatro mujeres ha tenido un aborto. Muchas personas piensan que no conocen a alguien que lo haya hecho, pero #YouKnowMe (#TúMeConoces). Así que hagamos esto: si también eres una de cada cuatro, compartámoslo y ayudemos a terminar con la vergüenza”.

Pues bien, tú me conoces. En Colombia, abortar arrastra la doble carga de ser estigma social y delito. Pero a los 20 años me embaracé y decidí que no estaba preparada para ser madre. Una amiga me puso en contacto con una ginecóloga de confianza, quien me recomendó misoprostol (que en mi país se consigue bajo el nombre de Cytotec). Y, entonces, interrumpí mi embarazo

Hace nueve años quedé embarazada por segunda vez pero, a diferencia de aquel momento, estaba preparada. Creo en la maternidad como una elección, no como condena. Es la perspectiva que urge considerar en Colombia y en América Latina. Y es la que nos haría ver con más claridad que el verdadero crimen es obligar a una niña a parir, como ocurrió en Argentina recientemente: una niña de 11 años fue forzada a parir.

Uno de los mayores fracasos de salud pública en mi país y en América Latina tiene su origen en la idea de la maternidad como mandato social y no como elección. Esa manera de definir la maternidad —tan arraigada en nuestra parte del mundo— alimenta la lógica perversa de que es posible legislar sobre nuestro cuerpo. Más del 90 por ciento de las mujeres latinoamericanas vivimos en países que restringen la interrupción del embarazo. Y, como consecuencia, cerca de novecientas mujeres mueren al año debido a abortos inseguros en la región.

Cuento mi historia porque creo que puede ayudar a impulsar un cambio cultural respecto a la manera en la que concebimos la maternidad: no todas las mujeres quieren ser madres ni todos los momentos o circunstancias son los más adecuados para serlo. Entender esto es fundamental; elegir es nuestro derecho.

Los recuerdos de ese día son imprecisos: los de un tiempo muerto en penumbra, intentando mantener la calma en silencio y abrumada por el peso de lo que estaba transitando. A la mañana siguiente, por indicación de la ginecóloga, me fui a la sala de urgencias, donde no podía dar indicios del medicamento. Decidieron hacerme un curetaje para cerciorarse de que el “aborto espontáneo” estaba completo. Unas horas después me dieron salida. Estaba exhausta y descolocada. Mi cuerpo atravesó toda una revolución hormonal desconocida, tuve momentos de angustia, de tristeza, era el vacío taladrando mi cabeza todavía inmadura. Poco a poco los días fueron ordenándose y mi organismo se restableció en una inmensa sensación de alivio. Nunca tuve culpa.

Hay seis países de América Latina, como El Salvador, en donde no solo está prohibido abortar, sino que es un delito por el que más de una decena de mujeres está cumpliendo sentencias de hasta treinta años. En Colombia, el aborto es legal en tres circunstancias desde 2006: en caso de violación; cuando se compromete la salud (física o mental) de la mujer, y cuando hay malformación fetal. Es sin duda un avance, pero no es suficiente: se calcula que cada año se realizan cerca de 400.000 abortos clandestinos, de ellos, 93.000 terminan con complicaciones que requieren de atención médica y cada año mueren alrededor de setenta mujeres a causa de procedimientos inseguros. Se trata de muertes que se podrían evitar si se legaliza el aborto en todas las circunstancias, como en Uruguay, Puerto Rico o Cuba. Cuando las consecuencias de abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad materna, como sucede en Colombia, es imposible no ver que es un problema de salud pública.

Pese a la evidencia de que prohibir el aborto no hace que haya menos abortos (pero sí más muertes de mujeres), aún algunos sectores insisten en poner en riesgo los avances conseguidos. El año pasado, se presentó una propuesta en la Corte Constitucional que buscaba limitar aún más las condiciones para abortar (se quería reducir el número de semanas permitidas para hacerlo). Pero en redes sociales hubo una reacción masiva en su contra que circuló con la etiqueta o hashtag #CorteNoLimiteElAborto y la iniciativa finalmente no prosperó. Estos días la etiqueta #TúMeConoces vuelve a ser una manera de defender el derecho sobre nuestro cuerpo, pero también una manera de iniciar ese cambio cultural que necesitamos: abortar no es un tabú, la maternidad es una elección.

Una mujer y su hija usan pañuelos verdes en una marcha a favor de la legalización del aborto en Argentina. CreditEitan Abramovich/Agence France-Presse — Getty Images

En mi caso, tuve suerte. Cuando aborté tenía un seguro de salud prepago que resultó útil para terminar con eficacia el proceso. Yo no tuve que ir a rogarle a nadie para hacerlo, no gasté una fortuna, no estuve en algún consultorio clandestino dudoso, no arriesgué mi vida y no tuve complicaciones. Aun así, la experiencia me transformó en maneras que apenas hoy puedo vislumbrar: abortar me ayudó a convertirme en una mujer más consciente, me sacó de mis tiempos de frivolidad y entendí el paquete completo de lo que significa ser mujer. Comprendí la importancia de decidir sobre mi cuerpo y me liberó del estigma cultural que cargamos acerca de la idea que impera sobre la maternidad.

Es crucial deshacernos de los prejuicios sobre el significado de ser mujeres y ser madres en América Latina. Es correcto y no una razón de vergüenza que una mujer pueda abortar cuando la maternidad no es una opción adecuada para su proyecto de vida. La maternidad elegida y el aborto como derecho pleno son herramientas de equidad y de salud.

Abortar en Colombia todavía está estipulado como delito en el Código Penal y las mujeres que provoquen su aborto o permitan que lo realicen por ellas podrían enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Las voces más autorizadas están de acuerdo con que es necesario dar el paso a la despenalización total y de la importancia de que el proceso vaya acompañado de una buena educación sexual.

Está demostrado que el número de abortos ha disminuido en los países en los que se despenaliza, seguido de políticas educativas y preventivas. Es el caso de Uruguay, que es el país con la tasa más baja de mortalidad maternade América Latina. Colombia y el resto de nuestros países pueden seguir ese ejemplo si resignificamos la maternidad como un deseo y no como una imposición.

Fuente de la información: https://www.nytimes.com/es/2019/05/20/aborto-colombia/

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