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Derecho de los Niños

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No a la baja

Florencia Vallino
Por Florencia Vallino

A partir de un hecho lamentable, se instala desde el gobierno el debate público sobre la necesidad de una reforma del Régimen Penal Juvenil que incluye como consecuencia inevitable bajar la edad de imputabilidad. Se trata de un enfoque repudiable: bajar la edad de imputabilidad es una medida ilegal, demagógica y contraria al paradigma de la protección integral.

Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida ilegal. Va en contra de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En particular, es contraria a la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reducir la edad mínima de responsabilidad penales una medida regresiva, que incumple con lo establecido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida demagógica. Proponer la baja de la edad de imputabilidad como una herramienta mágica para resolver problemas de seguridad implica una medida ineficiente, porque no aborda las causas de la inseguridad. En la práctica el sistema penal vigente es selectivo,criminaliza y estigmatiza a jóvenes y adolescentes de los barrios populares, en contextos donde muchos de sus derechos ya han sido vulnerados. Según cifras de Unicef, del total de 2000 homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, en sólo 15 casos participan menores de 16 años. Necesitamos discutir un modelo de seguridad y una política criminal democrática en serio, que nos incluya a todxs.

Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida contraria al paradigma de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos una política de estado que avance, con toda su potencialidad en la construcción y consolidación del sistema de protección integral de niñez, para garantizar que cada niño, niña del país, pueda acceder a todos sus derechos, que en definitiva haga práctica el marco internacional de derechos humanos. Esto indefectiblemente significa más políticas públicas para la infancia y más presupuesto invertido en esto. Necesitamos fortalecer los espacios de participación protagónica para niños, niñas y adolescentes que ya existen y promover se generen nuevos espacios, donde los niños niñas y adolescentes puedan pensarse y reconocerse como actores políticos, como sujetos de derechos, como agentes de cambio parte de nuestra sociedad. La experiencia de muchas organizaciones de la sociedad civil que aportan en este sentido, dan cuenta de otra forma posible de trabajar junto a niños, niñas y adolescentes. Desde dónde generar sus propias propuestas de transformación, para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva y por lo tanto reducir el conflicto con la ley penal.

Sin dudas, necesitamos reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y adecuarlo a uno respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Pero es preciso generar un debate constructivo que asegure el objetivo final de una justicia juvenil: la intervención socio-educativa con plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El debate hacia la modificación del régimen penal juvenil vigente no implica, ni debe involucrar, bajo ningún punto de vista, una baja de la edad de imputabilidad.

* Coordinadora del Área Derechos de Niñez y Adolescencia (Andhes)

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¿Quién educa a los niños mexicanos?

Juan Carlos Yáñez Velazco

Juan Carlos Yanez

Juan Marsé, escritor catalán, aseveró que en España el auténtico ministerio de cultura es la nefasta televisión. En México pasa lo mismo, y quizá de manera más cruda por ausencia de tal elefante burocrático que ya pretenden crear en un sexenio obsesionado con promover reformas.

Desde mi perspectiva, la cultura es todo aquello que queda cuando se agotaron las actividades programadas por la secretaría de cultura, o cuando se está lejos de la escuela. Es aquello que hace la gente por gusto en su intimidad, cuando nadie lo ve o para que los otros aprecien sus gustos. Allí, lejos de la parafernalia oficial, nuestros niveles culturales son inquietantes.

En una medición reciente del rating entre niños de 4 a 14 años, el primer lugar lo ocupaban las telenovelas, enseguida, los reallity shows. Repito para escandalizar un poco: niños de entre cuatro y catorce años educan sus emociones con la maestra Laura en América y la basura que produce abundantemente la televisión mexicana, Televisa, principalmente.

Son ellas, Laura Bozzo y las telenovelas, las pedagogas más influyentes entre la gran mayoría de niñas y niños en este país. Ella son las educadoras emocionales de los niños de hoy, ciudadanos de mañana, futuros electores.

Según el Primer Informe para los Derechos de la Audiencia Infantil los niños mexicanos ven la televisión un promedio de cuatro horas y 34 minutos cada día.  Y todo eso, durante siete días a la semana, tiene un poderoso efecto que sin duda compite (y combate) con la escuela. ¿Qué currículum es capaz de contraponerse a esos aprendizajes?

¿Le preocupa a la autoridades ese tipo de minucias, que no fueron tocadas ni por el pétalo de la más sensible reforma?

Una reforma educativa que desconoce, ignora o desdeña esa realidad, que niega la posibilidad de construir alternativas culturales y pedagógicas, es una reforma que está destinada al fracaso en lo más hondo: en los saberes de los niños y la transformación de las prácticas docentes.

Es esta una de las aristas por las que he sostenido que no tenemos una reforma completa, de largo aliento, pedagógica, centrada en la realidad y que conciba lo educativo en su más compleja dimensión: como un proceso que también ocurre en la escuela.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/quien-educa-a-los-ninos-mexicanos/

Fuente de la imagen:  http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/01/televisi%C3%B3n-educativa-300×200.jp

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México: Clausuran semana de prevención de derechos humanos

Noticias

México/15 septiembre 2016/ Fuente: La Opción

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la oficina local de Derechos Humanos, clausuró esta mañana la Semana de Prevención con la actividad “Dibujando tus Derechos”, en la que instructoras especializadas impartieron pláticas de concientización a los alumnos de la escuela primaria ’Héroes de Reforma’, en el municipio de Cuauhtémoc.

Personal de la Fiscalía Especializada en Seguridad Pública y Prevención del Delito, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, llevó a cabo la actividad denominada “Los Derechos de los Niños”, en la cual dotó a los menores con material didáctico para incitarlos a plasmar sus ideas de cómo se deben aplicar los valores dentro de la sociedad.

Posteriormente, se presentó una función de teatro guiñol, en la que a través de una divertida narración, acompañada con títeres, se recalcó la importancia de los valores y se concientizó sobre la implementación de la marcación telefónica de denuncia anónima para reportar cualquier tipo de conducta violenta o delictiva.

Además, se trataron temas como el rechazo al abuso escolar y el fomento a la cultura de no violencia, tanto en el ámbito escolar como en su desenvolvimiento social.

Las actividades finalizaron con una ronda de preguntas y respuestas, con la finalidad de que los menores exteriorizaran sus dudas y preocupaciones con respecto a los temas tratados por los especialistas.

Estas acciones, que tienen como propósito la prevención del delito y la formación en los menores de una conciencia basada en valores, continuarán desarrollándose durante la presente administración en diferentes centros comunitarios y escuelas de la entidad.

Fuente: http://laopcion.com.mx/noticia/151221/clausuran-semana-de-prevencion-de-derechos-humanos

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Niños sin recursos encarcelados por no pagar tasas judiciales

Nika Knight

Por: Nika Knight

Un informe revela que niños están siendo encarcelados en Estados Unidos cuando las familias no pueden pagar las multas impuestas por el sistema de justicia de menores

Muchos Estados de EE UU están encarcelando a los niños pobres cuyas familias no pueden permitirse el lujo de pagar las cuotas del tribunal de menores o multas, tal como revela un informe publicado este miércoles, lo que equivale a castigar a los niños por la pobreza de sus familias, algo que podría ser inconstitucional.

A pesar de la creciente práctica de encarcelar adultos que no pueden pagar cuotas y multas municipales o judiciales que se ha documentado desde hace varios años, tal como reveló Common Dreams, el último informe del Centro de Derecho de Menores es el primer examen en profundidad de esta práctica dentro de el sistema de justicia juvenil estadounidense.

El informe, Debtor’s Prison for Kids? The High Cost of Fines and Fees in the Juvenile Justice System [¿Prisión de morosos para niños? El alto coste de las multas y cargos en el sistema de justicia juvenil (pdf)], documenta los resultados de una encuesta a 183 personas integradas en el sistema de justicia juvenil, incluyendo abogados, familiares y adultos que han sido encarcelados como niños en el sistema de justicia de menores en 41 Estados.

Los autores del informe descubrieron que en la mayoría de los Estados hay una cadena de tasas y multas impuestas a los niños y sus familias una vez un niño ingresa al sistema de justicia juvenil, y que «muchas leyes establecen que los jóvenes pueden ser encarcelados o de lo contrario se enfrentan a una pérdida de la libertad cuando no pueden pagar».

Todo tipo de tasas y multas

Hay miles de formas por las que los sistemas judiciales de menores imponen multas sobre las familias de los niños, tal como descubrieron los autores del informe, y luego encarcelar a los niños cuando sus familias son demasiado pobres para pagar los costes acumulados.

Muchos Estados imponen una cuota mensual a las familias cuyos hijos están en la libertad condicional. Cuando una familia no puede pagar la cuota mensual, lo que cuenta como una violación de la libertad condicional, el niño es, en la mayoría de casos, encarcelado en un centro de detención juvenil.

Si los niños están condenados a un «programa de desvío» o a un programa basado en la comunidad, lo que significa mantenerlos fuera de la prisión y ayudarles a reintegrarse en sus comunidades, las familias deben pagar los costes del programa. Sin embargo, cuando los niños sin recursos no pueden pagar, simplemente se les encarcela.

Las familias en la mayoría de los Estados tienen que pagar por las evaluaciones y pruebas ordenadas por el juez, tales como las evaluaciones de salud mental, pruebas de ETS y de drogas y alcohol. No obtener ciertas evaluaciones puede resultar en una anomalía que debe ser subsanada por el tribunal, lo que significa que el niño permanecerá en detención juvenil. Además, si las pruebas se realizan y la familia posteriormente no pueden pagar por ellas, cuenta como una violación de libertad condicional, con lo que el niño es condenado de nuevo y esto puede significar su encarcelamiento.

Algunas sentencias implican una simple multa, tales como el absentismo escolar, y la falta de pago de los resultados implica la prisión del niño. «Incluso cuando las multas no son obligatorias por ley, pueden ser tratadas como obligatorias en la práctica», apuntan los autores del informe, que describe la experiencia de un niño pobre con una multa por absentismo escolar de 500 dólares en Arkansas:

Un individuo que había estado en el sistema de justicia de menores no informó que pasó a los 13 años tres meses en una instalación cerrada debido a que no podía permitirse pagar la multa por absentismo escolar. Apareció en la tribunal sin un abogado o un padre y nunca se le preguntó acerca de su capacidad de pago o le da la opción de pagar una cantidad reducida. Se supone que tenía que pagar la multa total o pasar tiempo en la cárcel. Y éste explicó: «Mi intención era quedarme donde estaba y olvidarme de ello, quería seguir adelante y dejar pasar el tiempo porque no tengo dinero y sé que la situación [financiera] de mi madre no es buena».

«Casi todos los Estados cobran a los padres por el cuidado y el apoyo de los jóvenes integrados con el sistema de justicia de menores», añade el informe. Entre ellos se incluyen los honorarios para alojamiento y comida, ropa y cuidado de la salud mental y física, entre muchos cargos. La «la incapacidad de pagar […] puede implicar la privación de tratamiento, apoyado en la violación de la libertad condicional, o incluso enfrentarse a largos períodos de encarcelamiento», relaran. Las prisiones juveniles también cobran sus propios precios de los medicamentos recetados a los niños, a menudo incluso más caros según el informe, lo que con frecuencia resulta en altos cargos que las familias pobres no pueden permitirse el lujo de pagar e interrumpe la asistencia sanitaria necesaria para sus hijos.

En los 50 estados, existe una ley que considera que si un niño y su familia no pueden permitirse el lujo de restitución de cargos, es decir, el pago a la víctima o víctimas del crimen del niño, una sentencia habitual en la corte juvenil, el chico es encarcelado.Por otra parte, los centros de detención de menores son, a menudo, inseguros e inhumanos, tal como destacó Common Dreams.

Las multas impuestas por el tribunal de menores son «altamente onerosas», según el informe. El coste medio de la participación en el sistema juvenil es 2.000 dólares en caso del Condado de Alameda, California, por ejemplo, y «para los jóvenes encarcelados durante largos períodos de tiempo, los costos pueden ser significativamente más altos».

Familias divididas

La deuda divide a las familias que ya están luchando con las consecuencias de la pobreza, señala el informe.

«La deuda crea un distanciamiento entre los padres y sus hijos», apuntó uno de los encuestados, recordando que «… hablé con una familia donde una abuela había tomado la custodia de su nieto, pero cuando se enfrentan a estas tarifas insuperables, se le dijo (por un empleado del condado) que la única manera de que pudiera evitar el pago era entregar la custodia. Dados sus limitados ingresos, ha considerado seriamente renunciar a la custodia de su nieto, lo que lo convertiría en custodia del Estado…».

En algunos casos, los padres pueden incluso verse encarcelados si no pueden pagar las cuotas del sistema judicial de menores de sus hijos. «En varios Estados, los padres, como los jóvenes, se pueden encontrar en desacato, ya sea civil o penal, por falta de pago», indica el informe.

«Los padres también pueden enfrentarse a una mayor responsabilidad financiera a través de las comisiones de cobro y los intereses devengados por los pagos, así como a sentencias civiles por falta de pago», añaden los autores del informe. «Cuando los padres se enfrentan el encarcelamiento o el aumento de la deuda por falta de pago, tienen aún menos recursos para dedicar a educar, ayudar y apoyar a sus hijos.»

Los autores del informe observan además que encarcelar a los niños ante la incapacidad de sus familias para pagar las cuotas podría ser inconstitucional:

Vale la pena señalar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado claro que un individuo no puede ser encarcelado por no pagar si el tribunal no lleva a cabo una primera determinación de pobreza y establece que la falta de pago fue intencional. El Tribunal Supremo ha declarado también que los tribunales deben considerar «medidas alternativas de sanción distintas del encarcelamiento» para los acusados pobres. Sin embargo, algunos Estados no requieren ni premeditación, ni capacidad de pago en sus leyes, y sólo unos pocos explícitamente prohíben o limitan el encarcelamiento por falta de pago.

Además, el Tribunal Supremo sostiene que «los tribunales deben dar aviso significativo y, en los casos apropiados, consejo, cuando ejecutar las multas y honorarios». Este derecho es aún más importante para los niños, que carecen tanto de la capacidad de desarrollo como sel conocimiento legal para representarse a sí mismos.

«Por otra parte», continúa el informe, «cuando se necesita más investigación, varios estudios sugieren que los costes judiciales, honorarios y multas han limitado el beneficio fiscal para los Estados y condados, dada la dificultad de su recogida de las familias pobres y los altos costes administrativos al tratar de hacerlo».

El Centro de Derecho de Menores detalla las políticas que varían en las tarifas del sistema judicial de menores, Estado por Estado, en una nueva página web, y también destaca los pocos condados y estados que están tratando de solucionar el problema.

«En última instancia, las autoridades estatales y locales deben establecer modelos más sostenibles y eficaces para la financiación de los sistemas judiciales en lugar de imponer los costes sobre los jóvenes y sus familias que simplemente no pueden permitirse el lujo de pagar», apunta el Centro de Derecho de Menores.

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¿Hay que subir las pensiones del seguro de vejez?

Sonia Fenazzi

Por: Sonia Fenazzi

Una subida del 10% para todas las prestaciones del seguro de vejez, es lo que exige la iniciativa ‘AVSplus’: por una AVS fuerte’, sobre la que deben pronunciarse los suizos el 25 de septiembre. Sus defensores dicen que es una solución perfecta para combatir “la masacre de las pensiones”, mientras que sus adversarios la consideran “una medida insensata de consecuencias nefastas”.

 

Impulsada por la Unión Sindical Suiza (USS), la iniciativa ‘AVSplus’ cuenta con el apoyo del Partido Socialista y los Verdes. Por el contrario, las organizaciones patronales, así como los partidos de derecha y de centro la rechazan. Con un aumento del 10% los promotores de la iniciativa pretenden compensar la erosión que durante los últimos años han sufrido las pensiones en Suiza, debido sobre todo a la disminución de las prestaciones del seguro profesional (PP), segundo pilar del sistema suizo de jubilación.

Los tres pilares

El sistema de jubilación suizo descansa sobre tres pilares. El primero es el ‘Seguro de Vejez y Supervivencia” (AVS, por sus siglas en italiano), obligatorio para todos los trabajadores y que garantiza el mínimo necesario para sobrevivir.

El segundo pilar es la previsión profesional (PP), obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena, y que tiene por objeto mantener el nivel de vida anterior a la jubilación.

El tercer pilar lo constituye la aseguración privada, facultativa y destinada a cubrir necesidades personales adicionales.

“En la Constitución Federal se establece que los seguros AVS y PP deben permitir mantener de manera adecuada el nivel de vida anterior a la jubilación. Pero como las rentas de las cajas de pensiones no dejan de empeorar es preciso, para respetar la Constitución, mejorar las de la AVS”, afirma Paul Rechsteiner, presidente de la USS y senador socialista.

Una votación en un momento delicado

La iniciativa se somete a votación popular en plena revisión de la reforma ‘Seguro de vejez 2020’, que prevé importantes modificaciones de la AVS y de la PP. Su objetivo es garantizar la financiación y mantener el nivel de las prestaciones después de 2020, momento en que llegará a la edad de jubilación la generación del ‘baby boom’, lo que se traducirá en un importante aumento del número de beneficiarios.

A esto hay que añadir un contexto marcado por el aumento de la esperanza de vida, es decir, el pago de las prestaciones AVS y PP durante un mayor número de años, y de la disminución de las dos fuentes principales de financiación, esto es, la población activa y las rentas del capital.

El próximo 25 de septiembre, cuando el electorado acuda a las urnas para pronunciarse sobre la iniciativa AVSplus, el Parlamento aún no habrá aprobado el proyecto ‘PV2020’. No obstante, hará de telón de fondo en la campaña previa a la votación.

La iniciativa AVSplus

Fue presentada en diciembre de 2013 con casi 112 000 firmas válidas, recogidas en menos de un año (el plazo son 18 meses). Esta iniciativa propone subir un 10% las pensiones del seguro de vejez y tendría que entrar en vigor a partir de 2018 como muy tarde.

Actualmente, la renta mínima de vejez (exenta de cotizaciones) es de 1 175 francos mensuales y la máxima exactamente el doble, es decir, 2 350 francos al mes. Para una pareja la renta máxima es de 3 525 francos mensuales. Por lo tanto, el aumento del 10% oscilaría entre el mínimo de 117,5 francos y el máximo de 352,5 francos mensuales.

Tanto el Gobierno como el Parlamento han recomendado rechazar la iniciativa. La cámara baja la rechazó por 139 votos contra 53 y 1 abstención. La cámara alta por 33 votos contra 9 y también 1 abstención. Socialistas y Verdes apoyan la iniciativa, mientras que los partidos de derecha y de centro la rechazan en su totalidad.

El enfoque general del gobierno “para adecuar el sistema de pensiones a las necesidades actuales de la sociedad” es “el punto medio entre la ampliación y la reducción de las prestaciones, que permitiría una financiación a largo plazo”, señaló el ministro del Interior, Alain Berset, durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la votación. Una medida equilibrada que, según el ministro socialista, se vería comprometida en caso de aprobación de la iniciativa, que no obstante cuenta con un fuerte apoyo en su partido.

Para unos, un enorme agujero…

A pesar de no conocerse aún la forma definitiva que adoptará la ‘PV2020’ tras su análisis en el Parlamento, entre los adversarios del AVSplus el argumento es unánime: “En la práctica, esta iniciativa torpedea el proyecto de reforma”, afirma Isabelle Moret. La diputada liberal-radical recuerda que sin reforma el seguro AVS entrará en cifras rojas en 2020. Según distintos cálculos, el déficit estructural se elevará a 800 millones de francos y podría alcanzar los 7 000 millones en 2030.

Si la iniciativa AVSplus fuera aprobada, habría que sumar desde 2018 cerca de 4 000 millones de francos de gastos que llegarían a convertirse en 5 500 millones en 2030. “En ese momento el agujero del seguro de vejez alcanzaría los 12 700 millones de francos. Una suma enorme”, señala Isabelle Moret, que teme una “subida masiva del IVA que nos perjudicaría a todos”.

…para otros, un precio módico

“Es lógico que si mejoran las prestaciones tengamos que pagar algo más. Pero es un precio muy modesto”, replica Paul Rechsteiner. Según los cálculos de los promotores de la iniciativa, bastaría con aumentar las cotizaciones sobre los salarios en un 0,8% –compartida a medias entre empleadores y trabajadores– para financiar la subida del 10% de las pensiones.

“No hay que olvidar que la tasa de cotización AVS que pagan a partes iguales trabajadores y empresarios está establecida en el 8,4% desde 1975. Es algo menos de la mitad de la cotización salarial para el PP, que sobrepasa el 19%. Y eso a pesar de que las pensiones AVS han sido actualizadas al índice del coste de la vida regularmente, al contrario que las del segundo pilar, que se han reducido de manera drástica”, recalca el presidente de la USS.

En cuanto al aumento de las pensiones AVS debido a la jubilación de la generación del ‘baby boom’, los partidarios de la iniciativa consideran que bastaría con aumentar un punto el IVA para cubrir ese gasto.

Efecto bumerán

Otro argumento de los opositores a la iniciativa es el principio de la distribución indiscriminada, que podría tener consecuencias negativas. Una subida del 10% de las pensiones para todo el mundo significaría pagar más incluso a aquellos que no tienen necesidad. “En la práctica, se beneficia solo a las personas que no tienen derecho a las prestaciones complementarias (PC), o que son ricas, mientras se penaliza a los más desfavorecidos”, subraya Isabelle Moret.

“La subida de las pensiones AVS tendrá como consecuencia directa una reducción igual de las prestaciones complementarias”, asegura la diputada liberal-radical. El Gobierno cree que para las dos terceras partes de los actuales beneficiarios de las prestaciones complementarias esto no cambiaría la suma que perciben a finales de mes y que para el 7% se traduciría incluso en un empeoramiento financiero.

“Las prestaciones complementarias, al contrario de las pensiones AVS, están exentas de impuestos. Tienen además otros derechos, como la exención del pago del canon de radio y televisión y la disminución de las primas del seguro médico”, recuerda Isabelle Moret.

El seguro más social

“La Constitución Federal establece que las pensiones AVS deben cubrir las necesidades vitales. El objetivo tiene que seguir siendo este. Normalmente no deberían ser necesarias las prestaciones complementarias”, afirma por su parte Paul Rechsteiner. Además, la AVS “es extraordinariamente social: la solidaridad de los grandes salarios con los más bajos es mayor que en cualquier otro seguro social. A fin de cuentas, los principales beneficiarios de una subida del 10% de las pensiones son las personas que tienen unos ingresos menores”, sostiene el senador socialista.

Las mujeres obtienen también una gran ventaja de la estructura social del seguro AVS, señala Paul Rechsteiner, ya que de media ganan menos que los hombres. “El AVS es el único seguro que ofrece créditos para la educación de los menores y el cuidado de los más próximos”.

El 25 de septiembre sabremos qué argumentos han convencido al electorado suizo. Al tratarse de una iniciativa popular, para ser aprobada, la AVSplus tendrá que obtener el apoyo de la mayoría del pueblo y los cantones (doble mayoría).

AVS alcanza casi la paridad entre hombres y mujeres

Un estudio de la Oficina Federal de Seguros Sociales y la Oficina para la igualdad entre hombres y mujeres, publicado el pasado 12 de julio, pone de relieve que, de media, en Suiza las pensiones de las mujeres son un 37% inferiores a las de los hombres. Esta diferencia varía considerablemente entre los tres pilares del sistema de pensiones: es inferior en un 3% para la AVS, mientras que alcanza un 63% para el segundo pilar y un 54% para el tercero (seguro privado).

Tomado de: http://www.swissinfo.ch/spa/iniciativa–avsplus-_-hay-que-subir-las-pensiones-del-seguro-de-vejez-/42377390

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Explotación Infantil: Los niños ‘alquilados’ de Guatemala

Noticias

Guatemala/13 agosto 2016/Fuente: Aporrea

Limpian vidrios en las esquinas, hacen malabares con maquillajes de payaso, o fingen estar lisiados para mendigar. Así transcurre el día para muchos niños guatemaltecos, principalmente indígenas, y en varios casos «alquilados» por sus padres a redes de explotación laboral, según un reporte publicado por la agencia AFP.

Abandonados a su suerte en las calles de la capital y otros centros urbanos, los niños se convirtieron en una mina de oro para grupos ilegales que se aprovechan de las condiciones de pobreza en que vive el 59,3% de los 16 millones de habitantes de este país centroamericano.

Los niños «son reclutados por los tratantes que establecen acuerdos con los padres de familia, a quienes les dan una cuota por alquilar a estos niños y venir aquí a la capital a trabajar o a pedir dinero», dijo Rosy Palma, directora de desarrollo de la ONG Refugio de la Niñez.

La entidad acompaña a instituciones estatales que realizan operativos para rescatar a menores víctimas de explotación laboral, la mayoría obligados a migrar desde los departamentos indígenas de Sololá, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán, ubicados en las montañas del oeste de Guatemala.

Aunque las autoridades estiman que un millón de niños trabajan en Guatemala, no han logrado establecer una estadística certera sobre los que son explotados en la vía pública y obligados a mendigar, señaló Palma.

Negocio rentable

«Por las situaciones económicas de esta población, muchos grupos organizados de delincuentes han logrado captarlos», indicó Harold Flores, protector de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, ente que ejerce la abogacía del Estado.

El funcionario explicó que los niños son forzados a extenuantes jornadas de hasta 16 horas diarias y se les fijan cuotas de unos 13 dólares que deben entregar al final del día, so pena de ser castigados.

«En algunos casos les indican que van a venir a estudiar, que van a venir a aprender un oficio, que van a tener una mejor vida que la que tienen en sus lugares de origen», relató Flores.

Con frecuencia, los niños viven hacinados en hoteles precarios y no reciben más alimentación que pan y agua, lamentó el funcionario.

Palma señaló que el negocio es muy rentable para los tratantes y que se ha observado un aumento continuo en el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados.

En promedio los padres que deciden «alquilar» a sus hijos reciben unos 25 dólares semanales, una cifra importante para familias en los límites de la sobrevivencia, apuntó la activista.

Una encuesta oficial publicada a finales de 2015 reveló que la pobreza entre los indígenas guatemaltecos, asentados principalmente en el altiplano occidental, alcanza un 79,2%.

Las comunidades indígenas representan el 40% del total de habitantes del país, de acuerdo con cifras oficiales, aunque líderes nativos señalan que en realidad constituyen más del 60%.

La explotación laboral de menores se concentra en el departamento central de Guatemala, donde se encuentra la capital, en Quetzaltenango (oeste) y en pueblos fronterizos con México en el suroeste, según estudios del Refugio de la Niñez.

Pocos esfuerzos

La Procuraduría reporta que las autoridades rescataron en todo el país a 68 menores explotados laboralmente durante el primer semestre de 2016, una cifra muy pequeña en comparación con las estimaciones oficiales sobre trabajo infantil.

Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman), lamenta que los operativos hayan sido insuficientes para atacar el problema.

«Lamentablemente el Estado a través de sus instituciones no ha hecho algo que valga la pena sobre el tema», refirió Castro, quien demandó a la Fiscalía fortalecer la investigación contra las redes de trata y al gobierno atender a las familias en condiciones de pobreza.

Según la Procuraduría, la explotación laboral de menores es un problema que también incide en la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, un fenómeno social y humano de dimensiones dramáticas.

El organismo ha detectado que muchos menores explotados en las calles de Guatemala han terminado migrando a México y Estados Unidos, con el propósito de escapar a su esclavitud.

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/n295293.html

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La pobreza severa afecta en España a casi medio millón de niños más que en 2008

Noticias

España/28 julio 2016/ Fuente: Rtve

  • Según Save the Children, en 2015 casi 1.390.000 niños vivían en hogares pobres.
  • La ONG subraya que los menores «más pobres lo son cada vez más».

La organización no gubernamental Save the Children ha denunciado este lunes que en 2015 casi 1.390.000 niños vivieron en España en hogares con menos de 9.612 euros al año para toda la familia -dos adultos y un niño-, casi medio millón de menores más de los que vivían en pobreza severa en 2008.

La ONG indicó que en 2015 los ingresos medios en España fueron de 26.092 euros, un 0,2% menos que el año anterior y un 9,4% menos respecto a 2008, cuando estalló la crisis.

Asimismo, destaca que según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, el 22,1% de la población general y el 29,6% de los menores de 18 años vivían por debajo del umbral de la pobreza.

«Los niños no están saliendo de la crisis»

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha manifestado que «los niños no están saliendo de la crisis, al contrario, los más pobres lo son cada vez más», ya que «el número de niños que viven en situación de pobreza severa ha aumentado en casi medio millón».

Entre estos casos, presentan el testimonio de Susana, una madre de 46 años que vive sola con sus tres hijos y que, entre ayudas y trabajos esporádicos, ingresa como mucho 500 euros al mes.

«Mis hijos empezaron el colegio sin todos los libros y materiales que necesitaban hasta que los conseguí de segunda mano. Los niños me transmiten que se sienten inferiores al resto por usar materiales usados, viejos o pintados. Siempre se comparan con los compañeros de clase que lo tienen todo nuevo. He llegado a retrasar visitas de mis hijos al dentista, que necesitaban con urgencia, porque prefiero que tengan un libro en el pupitre y puedan estudiar en las mismas condiciones que sus amigos», cuenta.

Malnutrición y pobreza energética

Además, la organización ha afirmado que, atendiendo al llamado índice de privación material, el 3,2% de los hogares no pueden permitirse una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano tres veces a la semana, lo que supone que unos 266.055 niños podrían estar sufriendo malnutrición en España, y un 11,3% de los niños sufren pobreza energética, es decir, casi 940.000 viven en un hogar donde no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

Sin embargo, Save the Children ha hecho hincapié en que a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, España cuenta con un sistema de protección social a la infancia débil, con prestaciones bajas, de acceso demasiado restrictivo y donde priman ayudas aplicadas a la declaración de la renta de los padres y ha pedido que el futuro gobierno de España tome medidas para la protección de la infancia más vulnerable.

Fuente:http://www.rtve.es/noticias/20160711/pobreza-severa-afecta-espana-casi-medio-millon-ninos-mas-2008/1369781.shtml

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