El tema se convirtió en un campo de batalla entre el gobierno, activistas de derechos humanos, la iglesia y la gente común.

El aborto es ilegal en Malawi. El artículo 243 del código penal solo permite la interrupción del embarazo cuando sea necesario para salvar la vida de la madre. Quienes violen la ley se enfrentan a una pena de 14 años de prisión.

Pero esto podría cambiar. Una comisión especial analizó la ley vigente durante dos años y ahora prepara la redacción de un proyecto de ley de Interrupción del Embarazo (o ley de aborto) para que el parlamento lo apruebe.

La iniciativa permitiría la interrupción del embarazo si este representa un peligro para la salud física y mental de la mujer y también cuando fuera producto de una violación o incesto o existan anomalías fetales.

A pesar de la oposición de la iglesia, la clase política presenta un frente unido a favor de la liberalización del aborto con el fin de reducir la tasa de mortalidad materna, que asciende a 634 cada 100.000 nacidos vivos, y los correspondientes costos sanitarios.

Pero la realidad es que la gente, especialmente los jóvenes, recurren al aborto a causa del sexo ocasional. Dos tercios de los aproximadamente 17 millones de habitantes de este país son menores de 25 años, según cifras oficiales, debido a la alta fecundidad – 5,7 nacimientos por mujer – en los últimos 20 años.

Las estadísticas indican que unas 70.000 mujeres tienen abortos cada año, de las cuales más de 33.000 se realizan en condiciones inseguras, los que provocan la muerte a 17 mujeres de cada 100. De ellas, 60 por ciento tienen entre 14 y 25 años.

“Este es un problema de interés nacional porque todos los días una mujer en algún lugar se hace un aborto, ya sea con un ‘curandero’ o en una clínica privada. Ahora la carga del tratamiento de estas personas se transfiere a nosotros, los trabajadores de la salud”, destacó Edwin Gondwe, funcionario del hospital Central de Zomba, en la parte sur de Malawi.

“De las mil mujeres ingresadas al hospital, 60 por ciento se deben a abortos incompletos. En nuestra sala de ginecología admitimos más de 30 mujeres cada mes” por este motivo, afirmó.

Más de 55 organizaciones de la Coalición para la Prevención del Aborto Inseguro apoyan el proyecto de ley. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer para convencer al electorado debido al estigma asociado con el aborto, pero también debido a la desigualdad de género”, señaló el presidente de la organización, Godfrey Kangaude, en diálogo con IPS.

“Aun cuando el proyecto de ley vaya al parlamento, la gente seguirá con su discurso diciendo que esto es un pecado, pero no se tomaron el tiempo para averiguar por qué sucede”, expresó Gondwe.

“Hay padrastros que se acuestan con sus hijas y eso termina en un embarazo. ¿Como familia, le gustaría conservar ese embarazo? ¡Por supuesto que no! Algunas mujeres casadas son maltratadas por sus esposos por haber quedado embarazadas más allá del número deseado de hijos, así que la opción de esa mujer en este punto es el aborto”, opinó.

Kangaude se lamenta de que quienes más se hacen oír son aquellos sectores contrarios al aborto. “Pero nosotros seguimos generando conciencia sobre la importancia de proteger la vida y la salud de la mujer mediante la despenalización del acceso al aborto seguro”, aseguró.

Cada año, al menos 106.000 adolescentes quedan embarazadas en Malawi debido al escaso uso de anticonceptivos. Una encuesta realizada por el Ministerio de Salud reveló que muchos jóvenes no tienen acceso a métodos anticonceptivos y que las instalaciones públicas son la principal fuente de información para los jóvenes.

“Sin embargo, cuando los jóvenes buscan este tipo de ayuda en los centros de salud pública se encuentran con que los asistentes sanitarios están ausentes, realizando campañas de vacunación y contra el cólera” en otras localidades, se lamentó Gondwe.

“Peor aún, como sucede aquí en Zomba, muchas de las clínicas son propiedad de la iglesia católica, y como usted sabrá, no ofrecen métodos de salud reproductiva. ¿Así que a dónde van a recibir nuestros jóvenes la ayuda que necesitan?”, cuestionó.

En una reunión de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en Washington recientemente, el presidente Peter Mutharika se comprometió a ayudar a los jóvenes a acceder a métodos de salud reproductiva, mediante la campaña de planificación familiar 2020.

La misma pretende aumentar el uso de los anticonceptivos de 33 por ciento a 60 por ciento para ese año. Se espera que la aplicación del plan evite alrededor de 2,2 millones de embarazos no deseados.

Esto, según el proyecto de salud pública, podría hacer más factible el logro y el mantenimiento de losObjetivos de Desarrollo Sostenibleen Malawi y también contribuir directamente a la reducción de la mortalidad infantil y a mejorar la salud materna.

El aborto es en gran medida un problema de pobreza, así como una cuestión moral. La mayor cantidad de abortos inseguros se practica en jóvenes y mujeres menores de 25 años, y una de las razones es que no tienen los recursos para contratar servicios relativamente seguros, según Kangaude.

“Los ricos tienen la libertad de ir a clínicas privadas para tener un aborto seguro, ya que se lo pueden permitir. Y ese ha sido y siempre será el caso, no importa lo que digan. Así que los pobres siempre será tendrán las de perder en cualquier situación”, subrayó Gondwe.

Aunque los activistas apoyan el nuevo proyecto de ley de interrupción del embarazo, agregan que el mismo tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, una mujer que fue violada tendrá que realizar primero una denuncia policial antes de solicitar el aborto.

Además, el proyecto no permite que las mujeres recurran al aborto a pedido, por razones económicas o como método anticonceptivo. Por otra parte, no queda claro cuántas veces se le permitirá a una mujer interrumpir un embarazo.

Si el proyecto se convierte en ley, Malawi pasará a integrar el grupo de países africanos que tienen un marco legal que permite la interrupción del embarazo, entre ellos Cabo Verde, Etiopía, Gana, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zambia.