BEIJING, 12 abr (Xinhua) — Las escuelas secundarias superiores de Beijing reanudarán el 27 de abril las clases para los estudiantes del último grado, quienes se presentarán del 7 al 10 de julio al examen nacional de ingreso a la universidad, informó hoy domingo Li Yi, portavoz de la Comisión Municipal de Educación de la capital china.
Por su parte, el regreso a las aulas para los alumnos del último año de la etapa básica de la secundaria está programado para el 11 de mayo.
Por otro lado, siguen sin ser definidas las fechas de reapertura de los campus para los estudiantes de otros grados, escuelas secundarias vocacionales, universidades, colegios y jardines infantiles, según Li.
La cuarentena decretada por el gobierno de Panamá para combatir el avance del coronavirus, en la que hombres y mujeres deben salir a la calle en días distintos, ha originado un miedo de proporciones “incalculables” en las mujeres trans, que temen detenciones por su identidad de género.
Alí, un ilustrador panameño de 25 años que se dedica a hacer tatuajes, es un hombre trans. El género con el que se identifica no coincide con el de su cédula de identidad, en la que aparece como mujer. Como otros, teme que eso implique un problema para salir a la calle, ir al supermercado o a la farmacia, ya que desde este miércoles, tras un decreto gubernamental, hombres y mujeres deberán salir por separado.
“El miedo más grande obviamente es la policía, que no están educados ni sensibilizados en el tema y no sé qué tipo de actitud van a tener conmigo”, dice Alí a la AFP. “Estoy 100% seguro que estos días me van a parar en la calle y como no entro en el molde (…) quién sabe si van a ser agresivos conmigo. Ese es mi miedo”, agrega.
El gobierno de Panamá anunció nuevas medidas de cuarentena para tratar de contener el avance del COVID-19 en el país, donde se registran 32 muertos y 1.317 contagios por el nuevo coronavirus, según los últimos datos difundidos el miércoles.
Desde esta semana, las personas de género masculino podrán salir por dos horas los martes, jueves y sábado y las de género femenino los lunes, miércoles y viernes. El domingo no se permitirá salir a nadie.
El ministro de Seguridad, Juan Pino, anunció que en el último día se han retenido 424 personas por violar la cuarentena, para un total que supera los cinco mil detenidos desde que inició el toque de queda. “El coronavirus continua preocupándonos. Necesitamos que se cumpla cabalmente con la cuarentena absoluta”, agregó Pino en conferencia de prensa virtual sin referirse a la población trans.
“Terror”
El horario de las salidas está condicionado por la terminación numérica de la cédula o el pasaporte, en una medida decretada por 15 días.
“El terror que esta medida ha provocado es incalculable”, manifiesta la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP). Su presidente, Ricardo Beteta, indicó a la AFP: “Todavía encontramos unidades policiales que usan el argumento de que Dios solamente hizo a Adán y Eva, que solo existe el hombre y la mujer”.
“Entonces, ¿qué hace una persona trans en esa situación? Salen a la calle aterradas a ser detenidas por horas o días”, afirmó Beteta. En tanto, la organización emitió un comunicado expresando su oposición a que las personas renuncien a su identidad.
Los temores no demoraron en encontrar un correlato con la realidad. Una activista trans que contaba con un salvoconducto por ser parte de un Centro de Salud fue arrestada el miércoles. “Señor, usted es un hombre, hoy es el día de las mujeres verdaderas”, le dijo el oficial, según contó Bárbara al periódico La Estrella de Panamá. Estuvo detenida por tres horas y quedó en libertad tras pagar una multa.
Aunque el decreto se limita a decir que el incumplimiento de la cuarentena general implica «sanciones» que serán impuestas «por las autoridades competentes», saltarse el toque de queda puede conllevar detención y multas.
Incluso el Ministerio de Salud puede multar hasta con 100.000 dólares si una persona infectada o con una medida particular de aislamiento sale a la calle.
En estos días son comunes los retenes y la presencia policial y de miembros de seguridad privada identificando personas a la entrada de supermercados.
“Necesitamos que las autoridades hablen y le den tranquilidad a aquellos panameños y panameñas que tienen una identidad trans, para que puedan ir a buscar sus alimentos y medicinas” sin ser arrestados o multados, sostiene Beteta.
La abogada especializada en derechos humanos Joyce Araujo comentó a la AFP que la nueva medida «excluye» e «invisibiliza» a «una población que históricamente ha sido violentada, ultrajada y discriminada por la sociedad».
«Ahora aumenta la preocupación porque por el hecho de que la foto y sexo que aparece en su documento de identidad no necesariamente va a coincidir con su apariencia física, puede que se le niegue el derecho a comprar alimentos o sea detenida por desacato», agregó.
“Comprendo que se tienen que tomar las medidas necesarias, pero es muy loco que haya tenido que pasar esto”, lamenta Alí.
A la espera de las instrucciones de cada comunidad autónoma respecto al final de curso, los profesores creen que no se pueden poner notas en un trimestre sin clases presenciales, aunque dudan del aprobado general
Con más de diez millones de estudiantes en todo el país, rara es la familia que no sufre estos días la incertidumbre educativa. Las dudas se amontonan, y muchas de ellas no se van a resolver como pronto hasta el día 15, cuando está prevista la Conferencia Sectorial entre Ministerio de Educación y comunidades autónomas para tomar decisiones una vez que haya, se espera, alguna certeza más respecto al confinamiento.
La discusión, en parte, remite a otra un poco más amplia. ¿Qué importancia le damos a un curso escolar en el orden de las cosas en plena pandemia mundial? ¿Está en la primera línea de nuestras preocupaciones o con la que está cayendo ha pasado a un segundo nivel? ¿Sería muy grave que los alumnos perdieran un año? ¿Les afectaría académicamente en un futuro inmediato promocionar sin haber cursado un trimestre? Y, por otro lado, ¿se puede permitir la sociedad española dejar a los niños y adolescentes sin apenas estímulos educativos durante tres meses, más otros tres de vacaciones? ¿Cuán perjudicial puede ser eso para los alumnos de entornos más desfavorecidos, que suelen ser los que más se benefician del colegio?
Hasta ahora, y mientras se esperaba a ver si el futuro se despejaba, la solución adoptada por la mayoría de las comunidades autónomas y centros ha sido repasar y consolidar contenido sin avanzar en el temario. Al menos no se avanza mucho, y seguro que no de manera generalizada, según cuentan los profesores. La brecha digital es una realidad para muchas familias, que no cuentan con buena conexión a internet o que no tienen suficientes dispositivos, y no se puede obligar a los alumnos a avanzar todos a una con la variedad de casuísticas que hay.
La estadística habla de que un 14% de los hogares con menores no tienen ordenador en casa, dato que sube al 30% (casi uno de cada tres) cuando tienen pocos recursos. Con o sin menores, el 58% de los hogares más pobres tiene uno o ningún PC en casa, mientras el 61% de los más ricos tienen tres o más.
Pero algo tienen claro los profesores. Todos los consultados para elaborar este reportaje sobre cómo cerrar el curso 2019-2020 han contestado, espontáneamente, que lo más importante es mantener el contacto con los alumnos, tratar de que sigan haciendo actividades vinculadas a lo que han aprendido hasta ahora y que ninguno de ellos acabe penalizado por culpa de la epidemia.
Lo que sí parece descartado es el aprobado general que pedían algunas asociaciones de estudiantes y que va a aplicar Italia. Los consejeros de Educación del PSOE lo han descartado, misma línea que ha tomado el madrileño, del PP, quien afirmó el miércoles que hacerlo «sería enviar un mensaje de que el esfuerzo no sirve para nada. Es nocivo y no compartimos ese criterio».
En el colegio Eduard Marquina de Barcelona, con un elevado porcentaje de alumnado de clase baja, los primeros días del estado de alarma se dedicaron casi exclusivamente a gestionar las tarjetas monedero para las becas comedor y a llamar a todas las familias para saber cómo estaban sus hijos. «A partir de aquí, hemos ido enviando tareas periódicamente a través del blog, con contactos semanales por teléfono con los tutores», explica su director, David Martín.
Este docente tiene claro que no podrán llegar a todas las familias «en las mismas condiciones» debido a la brecha digital, pero aun así se resiste a dar el curso por perdido. En buena medida, porque por precaria que sea la relación actual con sus pupilos, asegura que estos lo agradecen. «Sin contacto presencial es muy difícil tener un retorno, sobre todo en Primaria, pero no hacer nada es peor. Hemos de intentar que no desconecten de lo que han aprendido», resume.
Reunión telemática entre Gobierno, comunidades autónomas y rectores para hablar de la EvAU.
Alberto Arriazu, director de un instituto en Navarra, también incide en la importancia de mantener la actividad. «Hacemos una función social muy importante el profesorado para que se pueda llevar el confinamiento en las casas. En las casas con varios adolescentes, si no tienen unos ratos en los que estudiar y trabajar, con un seguimiento, sería mucho más complejo», reivindica.
En Navarra, la consejería envió una instrucción «lo suficientemente ambigua, en el buen sentido» para que los centros continuaran su labor con la vista en el alumnado. Arriazu explica que no es lo mismo Infantil o Primaria que Secundaria a la hora de valorar cómo se sigue y se evalúa. Otros profesores añadirán: «Los cursos importantes son 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, que son terminales [cierran una etapa y otorgan un título]. Ahí está la clave».
En Madrid, la consejería tampoco ha dado indicaciones sobre cómo hay que proceder con el trimestre. «Yo tengo un 2º de Bachillerato y mi obligación es prepararles para la EBAU [la selectividad, llamada también EvAU en algunas comunidades autónomas]», explica un docente. «En 1º igual no hace tanta falta, se pueden enmendar las posibles carencias de este curso en 2º».
Evaluaciones y repetición
Ligadas entre sí, qué va a pasar con las evaluaciones y la repetición es una de las cuestiones más comentadas estos días. El Sindicato de Estudiantes y la confederación de asociaciones de estudiantes CANAE solicitaron una especie de «aprobado general» y que todos los alumnos promocionen. El Consejo Escolar del Estado tumbó la propuesta el martes.
El director Martín, en Barcelona, descarta de plano que se realicen evaluaciones al uso. Mucho menos que se ponga nota o se haga repetir curso. Sobre ello, en Catalunya el Departamento de Educación envió un comunicado a los claustros pidiendo que preparasen ya una tercera evaluación a partir del 14 de abril, que con toda probabilidad será en situación de confinamiento. En esa directriz, la Administración catalana planteaba seguir adelante con las calificaciones, pero adaptadas a las limitaciones formativas actuales y haciendo hincapié en la necesidad de no penalizar a nadie.
Para salvar la brecha digital que sufren los más desfavorecidos, el conseller catalán, Josep Bargalló, anunció que harían acopio de tabletas y ordenadores de los colegios y otros equipamientos para repartirlos entre las familias y que negociaría con las operadoras. Pero de momento no hay novedades sobre esta solución, que se propugna en otras comunidades aunque muchos docentes no creen que –sin hablar siquiera de que las tabletas lleguen o no– pueda utilizarse como un argumento para seguir avanzando.
Cada comunidad está funcionando como mejor le parece. En Murcia la instrucción de cara a la evaluación ha sido atender lo que se hizo durante el curso presencial. En Navarra no hay indicación, pero «la consigna interna era que se tiene que contar lo que estamos haciendo, aunque no sabemos cómo», cuenta Arriazu. En Madrid tampoco se ha notificado de manera oficial.
Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, cree que sería «injusto» que en una situación así se pusiese presión al alumnado con las notas, o con el temario, pero a la vez añade que no por ello hay que renunciar a hacer una evaluación, que al fin y al cabo consiste en valorar los aprendizajes de cada alumno, sea en el contexto que sea. Al contrario, lo que plantea es que los docentes puedan hacer planes personalizados y proponer actividades y lecturas que los escolares puedan hacer más o menos solos, y de las que puedan extraer aprendizajes. «Las limitaciones durante estos meses serán muchas, hay que asumir que algo se perderá, pero no todo, y no tanto porque los alumnos estén en casa, sino también porque no estamos preparados ni metodológicamente ni culturalmente para un aprendizaje en línea», sostiene.
En una línea similar se expresa Raimundo De los Reyes, presidente de la federación de directores de institutos Fedadi y director de un centro en Murcia. «A los alumnos que pueden», y remarca este condicionante, «hay que colaborar para que su tiempo sea formativamente rentable», opina. «Si un profesor tiene la posibilidad de impartir una clase telemática a su grupo de alumnos y que trabajen en igualdad de condiciones, ¿por qué no?».
«No es tan grave perder un trimestre»
Arriazu sostiene que «la cuestión de qué hacer con estos dos meses de curso es casi irrelevante. «La idea es que el alumnado pueda trabajar. Unos lo harán bien, otros no, pero eso no puede servir para evaluar a nadie», dice. Pero, más allá, cree que la pérdida académica es irrelevante. «Lo importante es que los chavales tengan disciplina, se levanten a una hora, hagan sus tareas… No es tan grave perder un trimestre. Son dos meses como mucho (el tercer trimestre suele ser más corto). En la vida estudiantil de cualquier alumno no es nada», reflexiona, y cita el caso de los estudiantes de medicina que están siendo llamados a filas por la falta de personal sanitario: «No han terminado la carrera, que es una de las más complejas y en la que todos esperamos que estén bien preparados, y nadie pone en duda que se estén enviando a hospitales».
En esta circunstancia, los profesores no defienden el «aprobado general», pero sí creen que «más vale que nos equivoquemos aprobando a alguien [que no lo merecería] que suspendiéndolo», explica Arriazu. «Y si pasa alguno que no debía, ya sufrirá el siguiente curso». Además, recuerda este director, la repetición ya es un recurso extraordinario. «Igual aprendemos algo este año a costa de que no repita casi nadie y vemos que no es tan dramático», desliza.
De los Reyes cree que sería más correcto hablar de «promoción automática». ¿Cuál es la diferencia? Que no se aprueba a nadie, no se regalan aprobados. La idea sería conectar este curso con el que viene y programar teniendo en cuenta esto. Si yo tuve un grupo que pudo seguir clases telemáticas y he podido dar contenidos, no los repito», explica.
«Lo que sí me parecería mal es que el motivo de la repetición fuera no haber tenido los recursos para seguir la enseñanza telemática», añade este director. «Y los profesores saben qué alumnos tienen los recursos y cuáles no. Se trata de no dejar atrás al que no ha podido, no al que no ha querido. Y ahí las circunstancias van a variar mucho de una zona a otra».
El docente madrileño se muestra de acuerdo con esta apreciación. «Los alumnos que hayan suspendido la primera y la segunda evaluación igual sí tienen que repetir, no me parecería bien como docente que quien no ha hecho nada en todo el curso se aproveche de esto para pasar de curso con una formación nula».
Palacín, sociólogo, cree que la brecha digital no puede ser una excusa. «Si el problema es que no hay aparatos, repartámoslos. Si la Administración no puede hacer eso, ¿de qué nos sirve?», se pregunta. Y reconoce que más importante que la tecnología para los alumnos es tener a un adulto que les pueda ayudar mientras hacen las tareas. Para ello recomienda las llamadas de profesores o el WhatsApp. «Si no hacemos nada, será por despreocupación», defiende.
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Estamos viviendo una emergencia sanitaria y económica llena de incertidumbres. Hay muchas preguntas y no siempre tenemos las respuestas, pero todo el equipo de eldiario.es trabaja con entrega para ayudarte a encontrar información fiable y acompañarte en estos momentos tan duros. Nunca había tenido tanto sentido nuestra misión de servicio público como ahora. Y a la vez nuestra situación económica nunca había sido tan frágil.
Estimaciones de la Internacional de la Educación, organización que agrupa a los sindicatos docentes del mundo, señalan que, al 7 de abril 2020, por la pandemia, en 188 países se habían cerrados escuelas de todo nivel educativo afectando a 1.576 millones de niños/as y adolescentes matriculados (que bien sabemos no son todos) y a más de 63 millones de educadores/as. De esta manera, la crisis o las crisis educativas, que mucho tienen que ver con la aplicación de medidas neoliberales en la economía y la educación, hoy tienen nuevas dimensiones y manifestaciones directamente ligadas con la salud.
En primer lugar, habría que recordar la vinculación entre salud y educación que lleva a considerar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios. Un niño/a enfermo no estará en las mismas condiciones de aprender; un estudiante desnutrido tiene debilidades para la abstracción (por ello las mayores dificultades para las matemáticas); la salud mental de estudiantes y docentes debe ser considerada para lograr un buen clima escolar, es decir un relacionamiento que sustente la buena enseñanza-aprendizaje; que el “malestar docente”, compuesto entre otros aspectos por altos niveles de estrés y enfermedades profesionales, debe ser eliminado para que el profesional de la educación tenga condiciones para desarrollar su trabajo; que el sobre-trabajo genera estrés en docentes y estudiantes; entre otras constataciones de la necesidad de que la salud sea un componente de las políticas educativas.
En la otra dirección, la educación para la salud se convierte en algo vital, pertinente ahora y siempre. Un pueblo que cuida su salud gracias al conocimiento científico, no solo se protege, sino que además beneficia a la economía del país porque se requerirá menos permiso laboral por enfermedades evitables, menor gasto personal y público en atención y medicinas, menos jubilaciones tempranas por calamidad de salud, etc. Este es uno de los rubros en los cuales la inversión en educación entrega mayores beneficios económicos a un país, demostrándose que no es un gasto como acostumbran decir tantos gobernantes. Pero, además, un pueblo educado, que se acerque no solo a los resultados de la ciencia sino al pensamiento científico, en casos como esta pandemia actuará de manera consciente, desechará las falacias y mentiras de las redes sociales y de quienes quieren sacar provecho de la situación, no recurrirá a supersticiones y podrá cuidarse y atenderse adecuadamente. Pongamos un ejemplo: si la gente supiera cumplir el adecuado uso de antibióticos, sin automedicarse, cumpliendo la dosis indicada hasta el último, tendríamos menos bacterias que adquieren resistencia y se convierten en un nuevo peligro.
Lamentablemente, en la visión utilitarista y empresarial de las políticas neoliberales, esto es poco importante. La prueba está en que temas vitales y ligados a derechos humanos como la salud, estos no están en las pruebas estandarizadas que se toman a los estudiantes, ni están en las evaluaciones a los docentes, que son los únicos dos actores de la educación sometidos a evaluaciones y castigos, mientras se lavan las manos los hacedores de políticas.
En el momento actual es urgente revalorizar estos elementos para poner por delante la vida, la salud y el bienestar, sobre los intereses de los acreedores de la deuda externa o los capitalistas que buscan su negocio durante y luego de la pandemia. Y hay que decirlo, el mantenimiento de los bloqueos a países que no aceptan las políticas de Estados Unidos y los preparativos de la agresión armada a Venezuela, demuestran que están decididos a la guerra si es preciso para continuar su expoliación de los pueblos y la naturaleza.
Entonces, cabe preguntar: a más del confinamiento o de la cuarentena, ¿Qué medidas concretas se tomaron para proteger la salud de estudiantes, sus familias y el profesorado y sus familias? La preocupación ha sido mantener las clases por vía virtual, sin considerar los altos porcentajes de familias sin acceso a internet (o sin siquiera a luz eléctrica o agua para lavarse las manos), con presión sobre contenidos y horas de trabajo, generando nuevas causas de estrés situacional en unos y otros. Mantener el contacto educativo virtual es positivo para evitar los trastornos de cierres de larga duración, pero si no se enfrentan estas inequidades en las condiciones de vida, las diferencias entre pobres y ricos añadirán distancia en la brecha educativa.
Además, en lo general, no se trabaja en la inteligencia emocional, en la inclusión educativa a distancia, en maneras de mantener el equilibrio psíquico ante condiciones como las actuales, ni en fortalecer las condiciones para que cada quién tenga bases para levantarse tras este golpe, posibilitando la resiliencia de la sociedad y no solo de la economía. Tal como los Estados latinoamericanos plantean la educación en este momento, la transmisión de contenidos por vía virtual implica reproducir la educación tradicional y conductista a través del internet, con mayor control burocrático sobre los educadores, reduciendo aún más su libertad de cátedra e impidiendo que ejerzan como intelectuales de la educación. La debilitada interacción social regular es también un nuevo reto que tiene que ver con la salud y con la educación en valores.
Tomando en cuenta que una buena nutrición es necesaria, en varios países se logró imponer a los gobernantes la entrega de alguna alimentación escolar en las instituciones públicas. Ahora, la misma debería llegar a los hogares y no quedar almacenada. En Ecuador, la Unión Nacional de Educadores (UNE) ha logrado que el Comité de Operaciones de Emergencia acepte hacerlo, pero en lugar de plantear que la distribución la hagan las fuerzas de seguridad que están en las calles, el gobierno pretende que sea el magisterio el que distribuya, poniendo a un nuevo sector social, sin las protecciones necesarias, a ser víctima o transmisor de contagio[1].
Desde ya hay que replantear el debate y organización institucional que garantice atención de salud física y psicológica en las instituciones educativas, condiciones laborales que reflejen el interés por el bienestar y la seguridad de los actores educativos, trabajo que privilegie las necesidades humanas antes que los objetivos instruccionales impuestos desde la economía empresarial, mejor relacionamiento entre docentes y padres/madres de familia en favor del interés superior del niño/a, formación docente en estos temas y tratamiento de las diferencias humanas en los centros educativos. En la base estará también la lucha por el presupuesto y la condena social a quienes lo reducen, lo niegan o privilegian el pago de deudas externas ilegítimas.
La escuela post-epidemia debería tener cauces hacia convertirse en un instrumento de emancipación humana. No puede ser la misma que antes de esta crisis. El debate profundo será un instrumento necesario que debemos emplearlo hoy y mañana, continuamente, en búsqueda de los cambios necesarios.
[1] Al escribir este artículo se había ya planteado la posición del gobierno y el magisterio, esperándose la decisión definitiva.
Las condiciones de las cárceles en Chile son infrahumanas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su último informe sobre las condiciones de la población penal en el país, revela pésimas condiciones de vida, hacinamiento, castigo y un nivel preocupante de violencia al interior de los recintos penitenciarios[1]. Pero esto parecía no importarle a ningún políticx, los derechos humanos de los y las presas no compran votos ni generan ganancias.
La dignidad y salud de les presxs políticxs no son monedas de cambio.
La idea arraigada de que “los malos” están en la cárcel y las nociones punitivistas que el capitalismo necesita fomentar como reacción a los conflictos sociales, se agudizaron ferozmente desde el 18 de octubre. El proceso abierto de la revuelta dejó en evidencia que las prisiones sirven para encarcelar la pobreza y la rebeldía, y que la única herramienta que conoce la derecha y varios sectores que se hacen llamar “progresistas” es la de la criminalización.
Desde entonces, nuestros recintos penitenciarios se llenaron de presxs políticxs, muchxs de ellxs menores de edad, que hoy se encuentran en prisión preventiva y expuestos al contagio del COVID-19.
En este contexto, las organizaciones sociales y en especial, la Coordinadora 18 de octubre, exigen que los y las presas de la revuelta vuelvan a sus hogares AHORA. Desde que el virus comenzó a expandirse en nuestro país, diversas manifestaciones y motines se han llevado a cabo al interior de las cárceles, donde presxs políticxs y comunes se unen para exigir dignidad.
Lo que pretenden con el proyecto de Ley y el avance de la Derecha.
El 27 de marzo, el ejecutivo despachó un proyecto de ley al Congreso que pretende otorgar un indulto general conmutativo, bajo ciertos requisitos muy específicos y acotados, que NO incluye a lxs presxs políticxs, es para personas privadas de libertad que tengan más de 75 años de edad, que sean mujeres embarazadas o con hijx menor de dos años de edad. El proyecto de ley, propone también el indulto general conmutativo para aquellas personas que se encuentren cumpliendo las penas de reclusión nocturna y las penas de reclusión parcial nocturna y que tengan permiso de salida controlada al medio libre o salida dominical, pudiendo cumplir su condena transitoriamente mediante pena de reclusión domiciliaria total, por el término de seis meses.
Como era de esperarse, la UDI y RN votaron en contra del proyecto y recurrieron a su tan querido Tribunal Constitucional porque esta ley excluía a los asesinos, violadores y torturados de Punta Peuco. A esto, el gobierno de Piñera respondió con un veto que permitiría el indulto a los violadores de DDHH y, además, le puso urgencia a la “Ley Humanitaria” que se ingresó el 2018 por el mismo gobierno para conmutar las penas de cárcel a los reos de Punta Peuco.
No existe cárcel, probablemente en todo el mundo, que tenga mejores condiciones que las de los criminales de la dictadura chilena. Aún así, la derecha está emprendiendo una política ofensiva que podría significar la muerte de miles de presxs por defender a sus «indefensos» viejos decrépitos. Es más, aquí llegaron al baile los aliados por excelencia de este sector político: las iglesias. Algunos “líderes” del cristianismo, intentaron un recurso de amparo en favor de estos criminales, alegando que su dignidad y derechos humanos estaban siendo vulnerados al estar expuestos al contagio del virus.[2]
El derecho internacional de los Derechos Humanos y en particular para nuestro caso, la Corte Interamericano de Derechos Humanos, indican que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no amnistiables, no indultables: «Son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. (CIDH, Caso Barrios Altos v/s Perú 2001, Serie C nº 75, fundamento 41.)
No tiene ningún sentido, incluso dentro de las mismas lógicas del Estado capitalista, poner en el mismo lugar a les presxs comunes y políticxs con los violadores de DDHH, menos cuando en este país reina la impunidad de los uniformados. Porque no es lo mismo, JAMÁS LO SERÁ, levantarse contra las injusticias y desigualdades que perpetúa y alimenta este Estado, que desde el poder del Estado secuestrar, violar, torturar y asesinar como lo hicieron en dictadura y lo volvió a repetir Piñera desde el 18O.
Violadores de DDHH en cárceles comunes, presxs políticxs en sus casa.
La ex Concertación ya les construyó cárceles de lujo, ahora Piñera intenta fomentar la completa impunidad al liberar a los criminales de lesa humanidad. No se puede permitir, la presión social y política es central para que de una vez por todas el “Nunca más” sea una realidad, es por eso que no tan sólo debemos paralizar el indulto, también continuar con la exigencia de justicia real, en tiempos que la democracia se comienza a estrechar se transforma en un imperativo: hasta que cada violador de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet y de los años de “democracia” quede confinado en una cárcel común, sin perdón ni olvido.
La avanzada por parte de Piñera son consecuencias de su continuidad en el gobierno, esta vez aprovechándose de la crisis sanitaria para actualizar la ofensiva hacía quienes se rebelaron contra los 30 años de impunidad económica y social por parte del sistema. Son más de 2mil presxs políticxs, recluidos en cárceles y centros del SENAME, su libertad no puede ser ninguna moneda de cambio, ellas y ellos son la reserva de Dignidad que junto al pueblo expresó las ansias de cambios. Todxs les presxs políticxs en sus casas sin ninguna medida cautelar, basta de perseguir a quienes luchan.
Por otro lado, necesitamos cuestionar la cárcel y desarrollar políticas que más temprano que tarde terminen con estas lógicas. Entender el vínculo que existe respecto a la precarización de la vida y la delincuencia, más aún en el caso de las mujeres. Las compañeras privadas de libertad en su gran mayoría son madres y tienen entre 2 y 3 hijxs ¿dónde está la “ley humanitaria” para estas mujeres? Es necesario a su vez, comprender que el sistema castiga a la pobreza y a todo aquel considerado un “antisocial” por no ajustarse a los parámetros de “cuidadanxs” que nos impone el mismo sistema.
Nota. Imágenes siguientes son de respaldo al llamado de libertad de quienes se encuentran privados ante las lucha por justicia tras rebelión social en Chile
La medida fue adoptada esta mañana, luego analizar una presentación realizada por abogados ante los Juzgados de Ejecución de la provincia, solicitando tengan a bien disponer de manera coordinada con las autoridades del Servicio Penitenciario, la autorización temporaria del uso de telefonía celular por parte de los internes de las Unidades Penales de la provincia de Entre Ríos durante la vigencia de la situación de excepción provocada por la pandemia del virus Covid-19.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó hoy el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prórrogas.
En la resolución se dispuso también la creación de un protocolo normativo de implementación de la actual autorización la que será concretada en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y en cuya confección participarán ademáss de las autoridades que el Poder Ejecutivo disponga, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, todo ello a los fines de asegurar la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos.
La resolución, firmada por el presidente del STJ, Martín Carbonell; Susana medina y Miguel Giorgio fue luego de analizar lo peticionado y las posiciones del Defensor General Maximiliano Benítez y el Procurador General Jorge Amilcar Luciano García quienes consideraron razonable la petición de los delegados de flexibilizar la tenencia y uso de telefonía celular durante la vigencia del aislamiento toda vez que disminuye los efectos deletereos de las restriccciones a la comunicación fisica con sus familias.
Reunión con autoridades del gobierno
Carbonell, Medina y Giorgio se reunieron esta mañana luego de firmada la resolución, con la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, el Defensor Benítez, el Procurador García y el Director del Servicio Penitenciario de la provincia Inspector General Dr. Marcelo Rubén Sánchez para avanzar en la elaboración del protocolo correspondiente.
La medida había sido solicitada por los organismos de derechos humanos de la provincia, entre otras peticiones que habían realizado a través de un documento al gobierno de la provincia. Si bien la respuesta del Poder Judicial no responde, necesariamente, a la interpelación de los organismos de derechos humanos, es una medida en el mismo sentido del petitorio realizado.
El Gobierno chileno prepara un grupo de medidas para ampliar la red de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género desde las instancias gubernamentales y empresariales.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile, reportó este lunes, un aumento del 70 por ciento en las llamadas realizadas por mujeres a una línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar, durante el primer fin de semana bajo cuarentena decretado en el país a raíz de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.
La información salió a la luz como parte de un estudio entregado por la ministra de la cartera, Carolina Cuevas, quien implementó un plan de contingencia que contemplaba un reforzamiento especial en los turnos del Fono Orientación 1455, para proteger a las mujeres que reportaran ser objetos de violencia intrafamiliar.
El fin de semana antes de la cuarentena, se recibieron 532 llamados, mientras que en igual periodo, una semana después, la cifra ascendió a 907. “Este aumento significativo de las llamadas es también un reflejo de que hay una necesidad de pedir orientación y ayuda en tiempos donde las mujeres estamos más tiempo en nuestras casas, posiblemente con nuestras parejas», explicó Cuevas.
Por su parte, el Ministerio Público informó que, si bien las denuncias de violencia intrafamiliar han disminuido un 18 por ciento respecto a marzo pasado, las denuncias de femicidios han aumentado un 200 por ciento en el mismo periodo de tiempo.
El Gobierno chileno prepara otras medidas para ampliar la red de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, como la coordinación con organismos públicos para resguardar la atención en periodos de emergencia, incrementar la capacidad de las casas de acogida y un servicio de mensajería, vía SMS o WhatsApp, para que las mujeres puedan comunicarse de manera «silenciosa» que se pondrá en práctica en las semanas siguientes.
«Hemos reforzado turnos del 1455, Fono Orientación en Violencia Contra la Mujer, y estamos elaborando mecanismos de comunicación silenciosa para las que no puedan llamarnos, como es whatsapp y mensaje de texto”.
De igual forma, Cuevas se reunió con el presidente del gremio patronal Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, para abordar el impacto de la crisis sanitaria en las trabajadoras. La ministra solicitó que las empresas den apoyo formal a las mujeres en materia de prevención de la violencia intrafamiliar e incorporen el tema dentro de sus políticas permanentes.
Al respecto, un grupo de legisladoras y organizaciones feministas de Chile enviaron una carta al presidente, Sebastián Piñera, pidiéndole reforzar las medidas para prevenir la violencia, prohibir venta de alcohol que puedan ser detonadores de hechos violentos, como crear grupos de acción inmediata y establecer estrategias de denuncia a través de páginas web, farmacias o supermercados. La diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, apuntó a tomar medidas adicionales que permitan a las víctimas de violencia de género romper la cuarentena, en caso de necesitar ayuda.
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![(AFP) (LUIS ACOSTA/)]({"default":{"load":"default","w":"80","h":"53","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB124pCd.img?h=533&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB124pCd.img?h=417&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB124pCd.img?h=417&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"}})
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