Derechos Indígenas

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Informe: El duro panorama para los pueblos indígenas después de la pandemia

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Un informe del Forest People Programme revela que los planes de reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 vulnera los derechos de los pueblos indígenas de cinco países, incluído Colombia.

La alternativa encontrada por Samela Satere (rasil) fue la fabricación de mascarillas de protección facial. Inicialmente, su comunidad las hizo para propio uso y para donar a familiares indígenas de otras comunidades y regiones de Amazonas. Sin embargo, las máscaras tuvieron éxito y las personas y empresas interesadas en la producción comenzaron a realizar pedidos. Además, el trabajo llamó la atención de organizaciones que se unieron para donar máquinas de coser, material para la confección de la máscara e incluso alimentos para los miembros de la Asociación, lo que hizo de las máscaras una alternativa rentable para superar las dificultades impuestas por la pandemia. / RAPHAEL ALVES

En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.

Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.

“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.

“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.

El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.

El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países. Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.

“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP). “En 2021, dos grandes conferencias internacionales abordarán el cambio climático y la aterradora pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Este estudio proporciona aún más evidencia de que la comunidad internacional y las empresas deberían mantener y fortalecer urgentemente las protecciones de los derechos humanos y los bosques tropicales y apoyar de manera proactiva a los pueblos indígenas para asegurar y proteger sus territorios”.

Un creciente cuerpo de evidencia ha documentado que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la prevención del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de una pandemia. Se ha demostrado que los pueblos indígenas superan a otros gestores forestales en la prevención de la deforestación, lo que tiene una importancia particular en los países con bosques tropicales que tienen algunas de las tierras más ricas en carbono y biodiversidad del planeta.

“La pandemia nunca puede ser una excusa para pisotear los derechos humanos y destruir nuestro planeta”, dijo Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International. “Para los pueblos indígenas, revertir las protecciones ambientales y sociales en nombre de promover la recuperación económica es sumarle una injuria a un insulto”.

El informe plantea cuatro hallazgos principales:

  • Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
  • Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
  • Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
  • Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.

“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.

El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.

Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación.  Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.

“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.

Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú

En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.

“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.

En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80%.

Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.

En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.

En Indonesia, la Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, aprobada en octubre de 2020 sin una participación significativa de los pueblos indígenas y a pesar de su oposición, debilita las leyes de protección ambiental y las leyes que regulan las evaluaciones de impacto, el uso de la tierra y la consulta pública. Sin embargo, el proyecto de ley de derechos indígenas que implementaría el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, que revocó los reclamos del gobierno sobre los bosques indígenas, ha languidecido durante casi una década ante la Cámara de Representantes.

“El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales”, dijo Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “Dada la pandemia en curso, numerosos líderes indígenas alrededor del mundo han exigido que sus Gobiernos se abstengan de aprobar nuevas leyes que afecten a las tierras indígenas hasta que el riesgo de infección haya disminuido y sea posible obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. El proyecto de ley muestra que cuando el Gobierno de Indonesia quiere impulsar algo, puede, pero no reconoce a los derechos indígenas como una prioridad”.

En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2019 más de 134 conflictos sociales activos relacionados con temas socioambientales y mineros. Durante la pandemia, la rapidez con la que el gobierno acudió a ayudar a estos sectores económicos contrasta con sus prolongadas demoras, a veces de décadas, para abordar estos conflictos. En mayo del 2020, el Gobierno declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.

“El Gobierno presenta las reglas de COVID-19 como una excepción, pero estas excepciones simplemente hacen que las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Anna Wherry, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “El Gobierno afirma que intenta hacer un esfuerzo en buena fe para consultar con las comunidades indígenas afectadas por los acontecimientos, pero estas consultas no garantizan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, los cinco países de este estudio utilizan esta misma estrategia; la pandemia de COVID-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”.

El nuevo informe publicado hoy representa un esfuerzo de colaboración entre investigadores internacionales, defensores de los derechos y comunidades indígenas en los cinco países tropicales más boscosos del mundo. También es un llamado a la acción para que los actores nacionales e internacionales protejan mejor los derechos de los pueblos indígenas ahora y en el futuro.

Los autores del documento señalan que, a pesar de enfrentar los desafíos en curso de la pandemia, estos esfuerzos para debilitar salvaguardas ambientales y sociales y los derechos a la tierra, los pueblos indígenas de los países con bosques tropicales se han unido para oponerse a la erosión sistemática de sus derechos en nombre del COVID-19.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/reactivacion-economica-post-covid-19-no-puede-pasar-por-encima-de-indigenas/

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Ecuador: caso de pueblos indígenas en aislamiento fue elevado a Corte Interamericana de Derechos Humanos

Noticias
  • El 30 de septiembre de 2020 la CIDH presentó a la Corte IDH el caso de violación de los derechos a la vida, el territorio y los derechos económicos de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane. La Corte podría tomarse al menos dos años en sentenciar el caso. 
  • Los Pueblos Indígenas en Aislamiento han sufrido al menos tres matanzas en 17 años y expertos aseguran qie el Estado ecuatoriano no les ha garantizado el derecho a la vida.

Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.

“Los pueblos indígenas en aislamiento son el patrimonio vivo del país”, dice Milagros Aguirre, autora de varios libros sobre los indígenas en aislamiento. Además, Aguirre recuerda que el Estado tiene “una obligación de protección a los más débiles” y de cumplir los pactos internacionales de protección como los de las Naciones Unidas.

El 19 de octubre de 2015, cuando se realizó la audiencia de este caso en la CIDH —encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente— los participantes discutieron sobre la responsabilidad del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de los PIA. El caso fue llevado nueve años antes y denunciaba las matanzas a estos pueblos ocurridas en 2003 y 2006 .

Precisamente el 10 de mayo de 2006, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de los pueblos. Para cumplirlas, el entonces gobierno del Ecuador estableció, un año después, acciones concretas para proteger a los PIA. David Cordero Heredia, abogado de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie), explica que entre esas acciones estuvieron la delimitación y vigilancia en la zona intangible, un espacio protegido donde no se pueden realizar actividades extractivas. Para ello se destacó, además, a un grupo de guardaparques para resguardar el área. Como parte del plan, el gobierno monitoreó con fotografías satelitales la ubicación de los Tagaeri y los Taromenane.

Sin embargo, estas acciones tomadas por el Estado hace 14 años no continuaron y no han sido suficientes para proteger a estos grupos indígenas aislados.  El tribunal internacional podría emitir una sentencia dentro de aproximadamente dos años.

 Las matanzas que han vivido los PIA

La demanda contra el Estado ecuatoriano llegó a la Comisión porque los PIA han enfrentado tres matanzas, aunque los expertos coinciden en que son más. En el 2003, más de 20 Taromenane fueron asesinados por un grupo waorani, la nacionalidad idígena más cercana a los pueblos aislados. En una nota publicada en el 2003 por el diario El Universo, los waorani justificaron la matanza como una venganza por los ataques que vivían. En ese enfrentamiento, los wao llevaron hasta sus comunidades la cabeza de un Taromenane “como trofeo”, dice la nota.

Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. Audiencia realizada en la CIDH en octubre de 2015, intervino Moi Enomenga.

En el 2006, cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados en un enfrentamiento con madereros, pero en ese momento la ministra de Ambiente Ana Albán dijo que “no se encontraron huellas del enfrentamiento”.  El gobierno se comprometió a controlar la extracción ilegal de madera en la zona donde viven los pueblos en aislamiento.

En 2013, los indígenas en aislamiento asesinaron a dos ancianos waorani, Ompure y Buganey. Ompure había alertado en una asamblea que los indígenas en aislamiento le pidieron ollas, machetes y hachas que él les entregó. Sin embargo, otro grupo de indígenas en aislamiento le pidió más cosas que no pudieron entregarse, por lo que los ancianos fueron asesinados. Luego de 20 días, como venganza, los waorani asesinaron a otros 30 indígenas en aislamiento y  secuestraron a dos niñas Taromenane. Siete meses después, un grupo de policías élites encapuchados sacaron del territorio waorani  a una de las niñas para llevarla a un hospital de la ciudad amazónica del Coca. Activistas y líderes waorani consideraron que fue un secuestro, pero para el gobierno fue un rescate.

El antropólogo Roberto Narváez, estudioso de los PIA y quien ha trabajado durante 20 años en territorio waorani, dice que en estas tres matanzas el Estado no realizó ninguna acción para frenar este tipo de hechos porque “hay prioridades y esas prioridades están marcadas por las industrias extractivas”. La Constitución ecuatoriana dice  que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Dice que el Estado “adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”. En concreto, el Estado está obligado a proteger a estos pueblos a través de medidas específicas que no ha cumplido y que, coinciden los expertos, podrían haber evitado matanzas como las de los 30 indígenas aislados para vengar el asesinato de Ompure y Buganey.

 Las promesas incumplidas del Estado

Los PIA están desprotegidos por el Estado, dice Milagros Aguirre. Una de las formas para protegerlos fue la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane, pero no ha sido garantía para su protección. Roberto Narváez dice que no existe ninguna política pública o algún instrumento que asegure el aislamiento de los PIA.

En mayo de 2019, el gobierno de Ecuador decidió ampliar la zona intangible del parque nacional Yasuní: pasó de 758 051 hectáreas a un poco más de 818 500. Esto equivale a una ampliación de cerca de 60 000 hectáreas. En ese momento la ampliación de la zona intangible parecía una buena noticia, pero el Estado no tomó en cuenta las evidencias de movilidad de los pueblos indígenas en aislamiento.

Zona intangible. Fotografía cortesía de MAAP

La Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) fue declarada como tal a través del decreto 552 en 1999  como zona “de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”. Narváez dice que el Estado debe considerar que los pueblos en aislamiento se mueven dentro y fuera de la ZITT, porque circulan continuamente en el Yasuní, es su modo de vida. Para Roberto Narváez la delimitación de la zona intangible solo tiene el interés de no afectar la explotación petrolera.

Los Tagaeri y Taromenane son grupos de familias que tienen familiares waorani. Están en constante movimiento por sus actividades de caza y recolección de frutos y esta movilidad hace que surjan conflictos violentos con colonos y madereros que realizan actividades extractivas.

 De la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cuando el caso llegó a la Comisión, comparecieron los peticionarios de las medidas y el Estado. Por un lado estuvieron  Fernando Ponce, Raúl Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asinbaya, luego se unió la Conaie con sus abogados David Cordero y Mario Melo y el colectivo ambientalista Yasunidos. Como representación del Estado estuvieron funcionarios del entonces Ministerio de Justicia, de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. El Estado ecuatoriano dijo que la petición debía ser “declarada inadmisible”.

Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. La entonces presidenta de la CIDH Rose Marie Belle Antoine escuchando a los testigos del caso.

En octubre de 2015, se realizó la audiencia de fondo de más de dos horas en la que la CIDH recibió testimonios sobre la violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. Luego de la audiencia, la Comisión publicó un informe de fondo en el que concluyó que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane y que con la delimitación de la ZITT, el Estado no respeta el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane.

La Comisión dijo que el Estado ecuatoriano ha afectado la vida de los pueblos indígenas en aislamiento al entregar concesiones petroleras y  permitir la explotación de recursos en los territorios intangibles a empresas. Otra de sus conclusiones es que el Ecuador se contradice en su propia Constitución sobre la protección a los PIA. Mientas que el artículo 57 numeral 21 de la Constitución garantiza la protección del territorio de los PIA y dice que violar ese derecho es un delito de etnocidio, el artículo 407 establece la posibilidad de realizar actividades extractivas y explotación forestal en territorios intangibles.

Fotografía de Valentina Tuchie para GK

Otra conclusión de la CIDH es que la zona intangible no es una garantía para proteger a los PIA. La CIDH dijo que se han detectado contacto de los pueblos indígenas en aislamiento con colonos y madereros. También dijo la Comisión que detectó presiones de empresas para que la protección del territorio PIA disminuya.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe enviar el expediente del caso en las próximas semanas tanto a los peticionarios como a la defensa del Estado Ecuatoriano como aviso de que recibió el caso, dice el abogado Cordero. Entre las funciones de la Corte está la “resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias”, tiene una función consultiva y puede dictar medidas provisionales. Cordero dice que el caso de los Tagaeri y Taromenane pasó a la Corte porque el Ecuador no cumplió las recomendaciones que hizo la Comisión al Estado hace cinco años.

zona intangible Yasuni. Fotografía de Valentina Tuchie para GK

El abogado Cordero dice que habrá que esperar entre uno a dos años para tener una sentencia, eso aproximadamente en referencia a casos anteriores. Milagros Aguirre dice que la sentencia de la Corte “es tremendamente lejana” porque recién más de una década de la primera matanza el caso ha llegado a la Corte. “Simbólica o moralmente podría haber una sanción al Estado, pero nadie va a devolver las vidas que se han perdido en la selva por estos hechos de omisión estatal”, dice Aguirre. Según ella, hasta que la Corte emita una sentencia, es probable que se dé otra matanza de pueblos indígenas en aislamiento —quizá ya hubo una, solo que no nos enteramos.

*Imagen principal: Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH. Los peticionarios del caso de violación de derechos de los PIA hacen preguntas a la testigo del caso la líder waorani Alicia Cahuiya. 

Fuente: https://es.mongabay.com/2020/11/ecuador-caso-de-pueblos-indigenas-en-aislamiento-fue-elevado-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos/

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Marcha proyecto para curules indígenas en Constituyente chilena

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El Senado de Chile anunció este miércoles que la Comisión de la Constitución aumentó a 24 los cupos reservados a los pueblos originarios, en la convención que redactará la nueva carta magna.

“Tras revisión final de la reforma, la Comisión de Constitución (con tres votos a dos) aumentó a 24 el total de escaños reservados para pueblos originarios”, informó la entidad legislativa chilena.

El mensaje virtual continúa especificando que, dicha decisión fue tomada por la Comisión de la Constitución “a fin de garantizar la presencia del pueblo Chango, que fue recientemente reconocido por ley”.

“En consecuencia, con esa y otras modificaciones asociadas a la inclusión del pueblo Chango, el texto será votado la próxima semana en la Sala (del Senado), de acuerdo a lo determinado por los comités parlamentarios”, puntualizó el texto parlamentario.

De este modo, en el caso de ser aprobada dicha propuesta, los pueblos originarios tendrán 24 asientos en la Comisión Constitucional encargada del debate y redacción de la nueva Carta Magna chilena.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/chile-avanza-proyecto-curules-indigenas-constituyente-20201104-0044.html

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Colombia: qué es la Minga Indígena y qué impacto puede tener su apoyo al Paro Nacional

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El Paro Nacional de Colombia, un inédito movimiento de protesta que nació en 2019, ahora tiene un nuevo componente: la Minga Indígena.

Este miércoles, las organizaciones del Paro serán acompañadas en una nueva jornada de protesta por casi 8.000 indígenas que llegaron el lunes a Bogotá con banderas, cánticos y tambores para reunirse con Iván Duque.

El presidente no se prestó para «una negociación con ultimátum» y criticó las marchas en tiempos de pandemia; sus funcionarios propusieron mesas de negociación lejos de la capital y algunos de sus aliados políticos y mediáticos dijeron que los indígenas estaban infiltrados por la subversión cuando no los califican directamente de guerrilleros.

Las protestas del miércoles se presentan 11 meses después de aquel 21 de noviembre en el que millones de colombianos se manifestaron por razones económicas, educativas y de orden público.

Ese día, seguido por un mes de continuas protestas, los indígenas también hicieron presencia. Pero ahora llegaron en masa a Bogotá, con el apoyo público y explícito de la alcaldesa, Claudia López, para darle empuje y experiencia a un movimiento que insiste en mantener vigentes sus demandas por un país más democrático, pacífico e igualitario.

Los retos de la protesta son múltiples: el temor de la gente al contagio de coronavirus, la consolidación de demandas concretas que no suenen desgastadas y el miedo a una violenta represión de la policía, como ocurrió el 9 y 10 de septiembre con un saldo de 13 manifestantes muertos.

El 21 de septiembre el Paro quiso volver a las calles, pero la concurrencia fue menor. Ahora vuelve a intentarlo. Y su carta bajo la manga es un movimiento cuyo nombre se pronuncia en lenguaje originario: la Minga.

 

Minga Indigena

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP

Pie de foto, Ya el lunes la Minga llegó y protestó en Bogotá. Ahora se añade al Paro Nacional.

Histórica, heterogénea y hecha para protestar

En quechua, la palabra «minga» o «minka» hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común.

Es una institución precolombina que sirve para todo: desde la construcción de un puente hasta la preparación de un almuerzo.

«En lo político es igual», explica Marilen Serna, miembro de la comisión política de la Minga. «Cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor».

Una cosa es la minga como acto de reunión y otra es la Minga Indígena, el movimiento de protesta que se creó en el sur de Colombia a finales del siglo pasado en busca de reivindicar sus derechos.

Cuando los indígenas de varios grupos sintieron que las pautas multiétnicas e igualitaristas de la Constitución de 1991 no se estaban cumpliendo, se organizaron y empezaron a protestar bloqueando una neurálgica carretera del sur del país, la Panamericana.

Minga Indigena

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP

Pie de foto, El «bastón de mando» es el único instrumento que los indígenas dicen usar en sus protestas.

Desde entonces, los miembros de la Minga —con sus bastones de mando al hombro y un himno cumbiero que reza «defender nuestros derechos así nos toque morir»— se enfrentaron a todos los gobiernos, pero con dos picos de tensión importantes: en 2008, con Álvaro Uribe en el poder, y ahora, con su aliado, Iván Duque, al frente del Palacio de Nariño.

«En el 2008 nos movilizamos por cuatro elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación es la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso», explica Serna.

La firma del acuerdo de paz con la guerrilla en 2016 fue, en parte, una promesa de un país destinito para los pueblos, no solo indígenas, que habitan los territorios remotos de Colombia.

Pero desde la firma de la paz al menos 300 líderes indígenas —y 600 líderes campesinos, afro y sindicales— han sido asesinados, según la ONG Indepaz.

«Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio», dice Serna.

A eso se añade la situación estructural de los indígenas en Colombia, que representan un 5% de la población de 50 millones de habitantes: de los 66 pueblos indígenas del país, reporta la ONU, 34 están en vías de extinción; y, según cifras oficiales, la pobreza en poblaciones indígenas es del 63%, el triple que el promedio nacional.

Minga Indigena

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP 

Pie de foto, La Minga llegó el lunes a Bogotá y fue recibida y alojada por la alcaldía, al mando de Claudia López.

El impacto en el Paro Nacional

Es probable que la Minga Indígena tenga más experiencia en protesta que cualquier otro movimiento político en Colombia.

«Así como el año pasado los estudiantes fueron el movimiento duro que jalonó la protesta, esta vez la minga indígena puede ser el impulso de una protesta más amplia«, dice Sandra Borda, politóloga y autora de «Parar para avanzar», un libro sobre el Paro Nacional.

La analista explica que los indígenas tienen varias cosas en común con el Paro: la demanda por una implementación más proactiva del acuerdo de paz y principios como la protección al medio ambiente.

Ambos, además, cuentan con el apoyo de Claudia López, una líder emergente que sacudió la política colombiana.

Pero también cuentan con críticos, como el Consejo Gremial Nacional, una asociación de empresarios, que en un comunicado aseguró que el «incumplimiento (de protocolos de bioseguridad) atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos».

«Reiteramos nuestro llamado a que no se obstaculice el proceso de reactivación que avanza en el país y se respete el derecho de los ciudadanos a su libre movilidad y al trabajo, para garantizar el sustento de las familias y la sostenibilidad de los sectores productivos y las empresas», indicó la entidad.

Borda, por otra parte, se pregunta si la sociedad colombiana está fatigada con la paz: «Enmarcar la protesta en la paz puede no resultar eficiente, pero si se hace una propuesta más amplia, como de protección a líderes sociales, la cosa puede funcionar mejor».

Margarita Martínez, codirectora de Robatierra, un documental sobre la Minga, coincide en que las demandas de los indígenas se alinean con las del Paro: «Venir a Bogotá va más allá de reunirse con Duque: lo que buscan es ayudar a concientizar a la Colombia urbana, que ha estado tan alejada de la guerra, de lo que viven en sus territorios».

«Porque en el sur del país la vida está siendo mancillada, atacada y asesinada permanentemente. Y el objetivo de La Minga es decirle una cosa al país: que la vida es lo primero».

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54625586

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Libro: Autonomías y derechos indígenas en México

Reseñas

Reseña: La minuta

La idea que subyace en este libro es que “el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las condiciones para su ejercicio sólo será posible con una profunda transformación del Estado mexicano y para ello es necesario el concurso del esfuerzo de todos los mexicanos, no sólo de los pueblos indígenas”, afirma Francisco López Bárcenas en la reedición de esta recopilación del libro. El libro “Autonomías y derechos indígenas en México”, que ahora se actualiza, “es ya un texto indispensable”, afirma Hermann Bellinghausen en el prólogo: Las autonomías “poseen una trascendencia que cala hondo, al grado de ser, como apunta el autor, una de las pocas y más plausibles opciones de salvación de nuestra soberanía, nuestro buen vivir y hasta del futuro como la nación de pueblos que somos, por más que la sociedad mayoritaria se siga haciendo la desentendida”.

El libro lo editaron: el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI), el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) y Editorial Pez en el Árbol.

Descargar el libro: Francisco López Bárcenas: Autonomías y derechos indígenas en México (pdf, 229 pág.)

Fuente e Imagen: https://www.educaoaxaca.org/francisco-lopez-barcenas-autonomias-y-derechos-indigenas-en-mexico/

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Traducen manual de derechos indígenas al otomí

Reseñas

Por Dolores Martínez

El coordinador de Identidad e Interculturalidad de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Sergio Uriel Ugalde Vega, declaró que actualmente los alumnos de Derecho de Amealco de Bonfil, llevan a cabo la traducción del manual de los derechos indígenas.

Explicó que es trabajo extenso que les ha llevado más de un año y medio, y cuando lo finalicen en diciembre, lo van difundir en las comunidades hñähñüs de la localidad como en Santiago Mexquitilán y San Ildefonso Tultepec, para que la población haga respetar sus derechos.

Comentó que para conjuntar esta actividad social, intervinieron alumnos de las dos comunidades, ya que su lengua materna es de variantes diferentes, situación por la que recabaron la información necesaria para su comprensión.

“Ya llevamos un buen adelanto de este proyecto que inició hace más de un año, ahorita ya solo está en la parte de la corrección ortográfica, y asuntos gramaticales que hará más sencilla su comprensión para los pueblos originarios. Participaron docentes alumnos y personas que están muy adentradas en el tema del Derecho indígena”.

El titular de esta área dijo que históricamente hay una deuda con los pueblos originarios, ya que al ser parte de los grupos vulnerables, sus derechos se ven lesionados sin embargo, con esta información y a través de pláticas, se prevé alimentarlos de información útil para la vida en comunidad.

Refirió que de manera anticipada se ha llevado a localidades de Yosphí, El Rincón, San Ildefonso y Tolimán, para hacer pruebas sobre su entendimiento, y esperan presentarlo de manera oficial en diciembre o enero.

Fuente de la reseña: https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/traducen-manual-de-derechos-indigenas-al-otomi-1992375.html

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Ecuador: Los derechos unen a indígenas y afroecholeños en Imbambura

Noticias

América del Sur/Ecuador/10.09.18/Fuente: www.elcomercio.com/tendencias/

El concebir a Ibarra como un cantón intercultural es una de las propuestas que consta en el proyecto de Ordenanza Municipal para la Protección de los Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades.

Este documento, que fue elaborado en varios talleres y foros, se entregó a los concejales para su debate y aprobación en la cámara edilicia ibarreña, el viernes 31 de agosto del 2018. Previamente, indígenas y afrodescendientes desfilaron por las calles céntricas de la capital de Imbabura, para pedir que se apruebe antes del 12 de octubre. Esa fecha coincide con el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. ​

La propuesta jurídica apunta a una convivencia más armónica entre pueblos y nacionalidades que cohabitan en la ciudad de Ibarra, cuenta Iván Pabón Chalá, representante de la Red de Etno Educación. Pabón se refiere a que en este cantón, que abarca un territorio de 1 162 km², cohabitan mestizos, kichwas karankis, imbayas, natabuelas, indígenas awá y afroecuatorianos.

De acuerdo con esta composición étnica, 16 007 personas que se autoidentifican como indígenas son el segundo grupo con más población detrás de los mestizos, que son los más numerosos. Luego están los afrochoteños. El proyecto de Ordenanza de Pueblos y Nacionalidades, como más le conocen, surgió luego de la promulgación de la Agenda Social para la Igualdad con Enfoque de Derechos Humanos, comenta Hilda Herrera, presidenta encargada del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra.

Ahora, la propuesta busca reconocer a escala cantonal los derechos intrínsecos de los grupos étnicos en los ámbitos político, económico y social. Además, su cultura, prácticas y tradiciones espirituales, su cosmovisión, especialmente en relación con su territorio, que promueva y garantice el pleno ejercicio de los derechos colectivos, asegura Herrera.

Lo interesante es que ese proyecto recoge no solo preceptos constitucionales, sino conceptos de los pueblos ancestrales, asegura Miguel Farinango, representante del pueblo kichwa al consejo consultivo del ente cantonal. Él se refiere a temas como la autonomía, territorios, autoridad, tierras, agua, educación. Para Emilio Guamán, del Consejo de Gobierno del Pueblo Karanki, es necesario que haya un compromiso de las autoridades locales por promover el uso de lenguas originarias, como el kichwa y el awá pit, en los servicios públicos.

Incluso, platean que la Municipalidad cree un departamento de planificación lingüística que sea el responsable de establecer políticas y programas para la protección, uso y fortalecimiento de las lenguas. Otro de los planes es que la empresa municipal de vivienda incluya como beneficiarios de los proyectos habitacionales a personas de los pueblos indígenas y afroecuatoriano, que aún no posean una casa propia o que esté en malas condiciones.

Esa es una de las iniciativas que más llamó la atención del concejal Ramiro Páez, y que la considera viable porque ayudaría a reducir las inequidades que hay en el cantón. A la par, también aspiran a que se promueva la inclusión de las arquitecturas ancestrales del territorio, para implementar programas de vivienda con pertinencia cultural. Además, se busca apoyo para el desarrollo de las cuatro fiestas ancestrales más importantes, como el Kulla Raymi, Kapak Raymi, Pawkar Raymi e Inty Raymi. Para el pueblo afro, las celebraciones que más convocan es el Día Nacional y el Carnaval Afrochoteño.

El aporte se destinará a la organización de estas celebraciones culturales en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del cantón. Otro tema de interés es recuperar y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible identificado en los territorios de los pueblos originarios y ancestrales.

Para ello, plantean la elaboración de un plan, que deberá organizarse de forma colectiva y participativa con la población de cada zona.

Carmen Luisa Zehnder, vicealcaldesa de Ibarra, anunció que el primer debate de este proyecto de ordenanza municipal se efectuará el próximo lunes. Lo que se busca es dar respuesta en el plazo previsto.

Fuente de la noticia: https://www.elcomercio.com/tendencias/derechos-union-indigenas-afrochotenos-intercultural.html

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