Puerto Rico: Rezagadas las comunidades pobres en la vacunación contra el COVID-19

América Central/Puerto Rico/16-07-2021/Autoras: Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch , CPI y Fuente: www.metro.pr

Análisis de datos hecho por el Centro de Periodismo Investigativo apunta a las causas de las bajas tasas de vacunación de estas comunidades alrededor de todo Puerto Rico.

Del CPI

Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso.

Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto.

La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Meléndez.

Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes. Así vive la gente de Mansión del Sapo y Maternillo que conversó con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Estas dos comunidades del sector Puerto Real tienen entre ambas poco más de 500 habitantes de tradición de pescadores, marineros y obreros de la industria de la caña, y quedan a pasos de lo que fue el principal puerto del este de la Isla, el terminal de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo. El terminal, clausurado por el Gobierno apenas en el 2018, luce abandonado y maltrecho como un monumento a la ineptitud gubernamental. Justo al frente y a ambos lados también hay marinas de lujo y turismo náutico, y a 15 minutos por auto, el centro de Fajardo, la alcaldía, tiendas de comestibles y artículos de primera necesidad, hospitales y oficinas médicas. Pero muchos adultos mayores allí no tienen auto, y hasta buscar comida se vuelve una travesía inmanejable durante 40 minutos a pie bajo el sol implacable.

“Yo encuentro que cada día nos están marginando más y hay muchas necesidades. Desde la pasada administración… no ha pasado nada. Nos tienen al olvido”, sostuvo Elba Dávila García, presidenta de la Junta Comunitaria de Puerto Real y de la Asociación de Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo.

Dávila García proveyó evidencia de las cartas escritas al alcalde anterior, al actual, a la Legislatura Municipal, al Senado, a la ex gobernadora Wanda Vázquez y al gobernador Pedro Pierluisi, entre otros. Quien único les ha prestado atención y ha hecho gestiones concretas para ayudarlos ha sido el senador independiente José Vargas Vidot, aseguró.

El alcalde, Meléndez hijo, se enteró de que una de sus comunidades era la de menor tasa de vacunación al ser entrevistado por el CPI y no tuvo respuestas concretas sobre cuándo se estarían solucionando la larga lista de problemas que los residentes han traído a su atención, pero negó tajantemente que esté considerando expropiaciones. Tras la entrevista, anunció que llevará la primera clínica de vacunación a Maternillo el sábado, 17 de julio, a siete meses del inicio de la vacunación en Puerto Rico.

Al igual que Mansión del Sapo y Maternillo, decenas de comunidades vulnerables alrededor de Puerto Rico tuvieron el menor acceso a la vacuna de COVID-19 durante los primeros dos a tres meses de distribución cuando las dosis escaseaban y la ola de muertes se disparaba, mientras otros lugares en la Isla sí la recibían. El factor diferenciador entre las más altas tasas de vacunación y las más bajas durante ese periodo fue la desigualdad económica, reveló un análisis de datos del CPI.

El análisis hecho utilizando los datos anonimizados de los vacunados contenidos en el Registro de Vacunación del Departamento de Salud de diciembre a marzo, y los niveles de ingreso por código postal de la Encuesta de la Comunidad del Censo de 2019 arrojó que en las primeras semanas del proceso la tasa de vacunación en las comunidades más pudientes superó por mucho la de las más pobres, aún cuando ubicaban en el mismo municipio.

En términos estadísticos, la correlación entre las variables de ingresos y tasa de vacunación se denomina como fuerte, superando el 0.5%. Durante este periodo, la directriz del Departamento de Salud era que solo se podían vacunar los profesionales de la salud, primeros respondedores y adultos mayores, pero una investigación del CPI encontró que estas normas se violentaron constantemente sin consecuencias y que allegados al Gobierno y a la industria de la salud lograron vacunar a cientos de personas fuera de fase, incluyendo a familiares, amigos y decenas de menores de 16 a 18 años.

Los contrastes entre barrios aledaños, con poblaciones comparables en términos de cantidad de habitantes, pero con niveles de ingresos dispares, fueron notables durante el primer mes de vacunación. Por ejemplo, mientras el área exclusiva de Ocean Park en San Juan logró una tasa de vacunación con primera dosis de un 7% con 467 vacunados, el código postal que queda justo al lado, cruzando la calle Loíza, y que incluye al Residencial Luis Llorens Torres, solo tuvo un 2%, con 177 inoculados. Unos minutos más adelante quedan las comunidades pobres de Barrio Obrero, Cantera y Playita, donde la tasa de mortalidad a diciembre figuraba entre las más altas de Puerto Rico con 7.6 muertes por 10,000 habitantes. Sin embargo, solo se había vacunado el 2% de sus residentes. La tasa de mortalidad de Ocean Park era de menos de la mitad, 2.8 muertes por 10,000 habitantes, pero su tasa de vacunación más del doble de las de las citadas comunidades marginales.

El lugar de mayor ingreso promedio según el Censo, el lujoso condominio Atlantis en Puerta de Tierra, logró el octavo lugar con mejor tasa de vacunación durante ese periodo con un 10% de sus residentes.

Los datos del Registro, cruzados con la Base de Datos de Mortalidad de Puerto Rico, además prueban que la tasa de mortalidad por COVID-19 tampoco fue tomada en consideración en la distribución de las vacunas, contrario a lo que el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que era la estrategia tras su plan de vacunación. Pero la correlación entre la tasa de vacunación y la tasa de mortalidad es débil a partir de la llegada de Mellado a la agencia. Por ejemplo, Punta Santiago en Humacao figura entre los lugares con más baja tasa de vacunación, pero con una de las más altas tasas de mortalidad durante el periodo analizado.

¿Por qué barrios contiguos y con cantidad de población similar registraron diferencias de hasta más de un 250% en el porcentaje de población que había recibido la vacuna al finalizar el primer mes de vacunación? Líderes comunitarios de seis de los barrios con menor tasa de vacunación entrevistados por el CPI apuntaron a una combinación de factores, algunos particulares de cada comunidad, pero otros que son comunes entre ellas, como la falta de medios de transportación de sus residentes, las dificultades para obtener cita de vacunación y las largas filas de esas semanas, así como la falta de proactividad del Departamento de Salud en llevar clínicas de vacunación a sus comunidades. La agencia comenzó a vacunar en los residenciales públicos, por ejemplo, apenas en abril, pese a que en dichas estructuras viven sobre 100,000 personas con escaso espacio físico entre los apartamentos, una característica que se ha demostrado que aumenta el riesgo de contagio.

El gobernador Pedro Pierluisi, en el marco de la Semana de la Transportación, enfatizó en conferencia de prensa la importancia del transporte colectivo para el desarrollo económico y bienestar de la población, particularmente en el caso de los adultos mayores y de los estudiantes. Sin embargo, cuando el CPI le planteó que la falta de transporte era una de las principales causas de bajas tasas de vacunación en comunidades, reconoció que no tiene un plan concreto para solucionar el problema. Dijo que atender estas comunidades también es responsabilidad de los municipios e indicó que en este momento no hay recursos para atender el asunto.

Sí, reconozco que muchas veces los bolsillos, si le llamamos así a donde hay personas que no están vacunadas, usualmente residen en áreas rurales a las cuales no llega ningún tipo de transportación colectiva. Y me solidarizo con ellos. Lo que hemos hecho a nivel del Departamento de Salud es que estamos yendo a verlos, yendo allá, y hay alcaldes y alcaldesas haciendo lo mismo”, argumentó.

“Yo lo que estoy diciendo es que los recursos que tenemos son limitados, que históricamente siempre se ha enfocado el Gobierno en el área metropolitana de San Juan. En la medida en que tengamos recursos en el futuro, los cuales no tenemos ahora a la disposición, pues seguro que no se debe descartar, buscar la manera de incentivar que los municipios provean esa transportación. Así que no quiero decir que no haya un plan, sino más bien lo que yo te diría ahora mismo es que no hay los recursos disponibles para decir vamos a proveer transportación colectiva por todo Puerto Rico. Es decir, eso estaría faltando a la verdad”, agregó.

Iris Yolanda Ríos, líder comunitaria del Residencial Luis Llorens Torres, atribuyó la baja tasa de vacunación en el complejo de vivienda pública durante los primeros meses a las características demográficas de la población, que está dominada por adultos mayores y encamados, al hecho de que muchos de los residentes no cuentan con un auto ni medios alternos de transporte, y a las largas filas que se daban en los pocos centros designados por el Gobierno. Al ver el patrón, decidieron llamar al Departamento de Vivienda para solicitarles que trajeran una clínica a la comunidad y la agencia respondió al pedido con agilidad, dijo. El 14 de abril, el equipo del Departamento de Salud visitó el residencial y en un solo día – la única visita a la fecha – vacunaron 1,600 personas, equivalente al 34% de sus 4,665 residentes.

“No llamamos más temprano porque, como había varios centros vacunando, pensamos que se iban a poder vacunar, pero al ver que la población se estaba quejando de que no les cogían el teléfono [para obtener una cita], de que tenían que esperar en largas filas bajo el sol, entramos en la preocupación de que nuestros residentes estaban preocupados, querían vacunarse y no estaban pudiendo, y nos movimos a hacer la petición”, sostuvo Ríos en entrevista con el CPI.

Al 9 de julio, Salud, a través de la organización VOCES, había visitado 28 de los 300 complejos residenciales e inoculado a 5,182 personas con la segunda dosis, equivalente al 5% de los residentes de vivienda pública, según datos provistos por VOCES al Departamento de la Vivienda. Hasta el miércoles, había en Puerto Rico 1.8 millones de personas vacunadas con dos dosis, equivalentes al 56% de la población, según los datos que publica Salud.

Los datos analizados por el CPI también muestran una disparidad entre las zonas rurales y las costeras, pero lejanas a los centros urbanos, y las principales zonas urbanas de Puerto Rico durante esas primeras cuatro semanas, con algunos de los pueblos pequeños y barrios más remotos y de menores recursos económicos, entre los menos vacunados. Entre estos, Maricao, Punta Santiago en Humacao, Aguirre en Salinas, Jayuya, y Ensenada en Guánica con un 2% de vacunados con primera dosis al 15 de enero. También están las comunidades que registraron la menor tasa de vacunación a esa fecha, Maternillo y Mansión del Sapo, con solo un 1%. En conjunto, estos barrios tienen un ingreso per cápita de $6,668 al año.

La veterana epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Cruz María Nazario, revisó el análisis de datos hecho por el CPI y sostuvo que el mismo confirma la desigualdad social que existe en Puerto Rico y cómo “no hay una organización capaz de asegurar que los pobres, los más vulnerables, reciban las dosis completas de vacunas”. Indicó que las entidades de salud y el Gobierno incumplen con las normas y estándares internacionales de los derechos humanos afectando las decisiones de política pública necesarias para reducir la inequidad en salud pública.

“Es impresionante cómo [estos hallazgos] pueden evidenciar, sin lugar a dudas, dónde están las prioridades de vacunación del Gobierno de Puerto Rico. Estamos observando en el microcosmos de Puerto Rico, la disparidad en la distribución de las vacunas en Puerto Rico como si fuera el reflejo del discrimen y la inequidad que está ocurriendo en todo el planeta”, sostuvo la Dra. Nazario.

“Al asegurar la equidad en el acceso y el beneficio de recibir la serie completa de vacunas, estaríamos protegiendo aquellos que llevan la carga más pesada de esta pandemia, los más vulnerables, de enfermar severamente y morir por esta enfermedad de la COVID-19. Es verdaderamente vergonzoso”, agregó.

Nazario recordó que los países ricos han acaparado la mayoría de las dosis de las vacunas disponibles durante la pandemia, mientras que en países en vías de desarrollo están recibiendo “migajas”. Según la BBC de Londres, dijo, 70 países de bajos ingresos solamente podrán vacunar el 10% de su población, y esto ocurre a pesar de los esfuerzos que ha puesto la Organización Mundial de la Salud por medio del programa COVAX para asegurar que 700 millones de dosis lleguen a los países pobres.

“Vemos en Puerto Rico cómo las alegadas prioridades establecidas para la vacunación se correlacionan mejor con el ingreso, el poder, y las ‘conexiones’, que con las determinantes de riesgo de morir por la COVID-19”, puntualizó.

Elba Dávila García, líder comunitaria del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró al CPI que al momento, que ella conozca, no se ha hecho ningún evento de vacunación en su barrio, donde ubican las comunidades especiales Maternillo, Mansión del Sapo y Vieques en el Aire.

Entre las posibles razones detrás de la baja tasa de vacunación en el sector, indicó que la mayoría de los residentes son adultos mayores que no cuentan con un vehículo para poder hacer diligencias básicas como ir al supermercado, a la farmacia o el hospital. Tampoco hay un sistema de transportación pública tras la eliminación de las lanchas que transportaban personas a Vieques y Culebra, mencionó.

La farmacia más cercana, que quedaba a 40 minutos, fue incendiada, según contó al CPI. Asimismo, dijo que el hospital más cercano, y donde vacunan contra el COVID-19, el Caribbean Medical Center, también queda distante, en el casco urbano. Esto significa que no tienen opciones cercanas, a donde puedan ir caminando, para vacunarse.

“El alcalde aquí no nos ayuda en nada. Nosotros somos comunidades especiales y tras que somos comunidades especiales, nos han marginado toda la vida”, lamentó la líder, refiriéndose al programa de Comunidades Especiales que prácticamente se desmanteló durante la pasada década.

A raíz de los problemas de transportación, Dávila García aseguró que los adultos mayores no se están alimentando bien, ya que en la comunidad no hay negocios de comestibles.

“Eso es frustrante, porque uno ve a las personas y viejitos, que yo hablo y me dicen: ‘mira, yo tuve que ir al pueblo, y bajo y tengo que estar dos días acostado en la cama porque no aguantó el dolor en los huesos’», puntualizó.

La otra comunidad costera con baja tasa de vacunación, Punta Santiago, en Humacao también cuenta con una población mayormente de adultos mayores y sin transportación, sostuvo Nancy Madden, directora fundadora del Proyecto PECES.

Tampoco hay farmacias cerca y “la gente ha tenido que salir de la comunidad a vacunarse”, agregó Madden en mayo.

Los que querían vacunarse tenían que llegar hasta el pueblo de Humacao, Yabucoa o Naguabo, dijo. En su caso, se vacunó en San Juan porque no se le hizo posible en el sureste.

La monja fundadora de PECES mencionó además que la farmacia Walgreens no estaba vacunando durante el primer mes y que hubo problemas de comunicación entre el Departamento de Salud y los proveedores cuando anunciaron la vacunación de mayores de 65 años. Asimismo, mencionó el factor de la tecnología como otro escollo que enfrentaron los residentes, ya que en algunos proveedores tenían que anotarse por internet.

Madden aseguró que la situación ha mejorado y que recientemente hubo una vacunación en la comunidad.

La vacunación contra el COVID-19 en Maricao tardó mucho en llegar, y cuando finalmente llegaron las vacunas, fueron para la zona urbana, dejando desprovistos a los residentes de los lugares más distantes del municipio como Bucarabones, aseguró Jacqueline Pérez, directora de la Fundación Bucarabón.

Ir en vehículo de Bucarabones al pueblo de Maricao toma de 25 a 40 minutos por las malas condiciones en que se encuentra la carretera desde el huracán María, dijo. Además, hay residentes de este lugar que no tienen vehículo.

“No todo el mundo tiene la facilidad de llegar a las áreas urbanas y poder vacunarse”, sostuvo Pérez, quien reside en Bucarabones.

Los primeros contactos que recibió para organizar una vacunación a nivel comunitaria en Bucarabones se dieron a mediados de mayo, aseguró.

El 12 de febrero el alcalde novoprogresista de Orocovis y aliado del gobernador Pedro Pierluisi, Gardy Colón, estaba tan molesto con lo que llamó el mal manejo del proceso de vacunación en la Isla y el abandono de los pueblos de la zona central, que solicitó públicamente la renuncia del secretario Mellado y del jefe de la Guardia Nacional, el general José Reyes, quien tan temprano como en enero estaba beneficiando a contratistas de la agencia y amigos personales con acceso VIP a la vacuna, según reveló una investigación del CPI. Con él coincidieron otros alcaldes de la región como el popular de Comerío, Josean Santiago.

En dicha ocasión, la Dra. Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación, justificó la inequidad entre el campo y las áreas urbanas con el mismo argumento de Mellado: que las vacunas se habían distribuido según las tasas de mortalidad. En febrero, el CPI solicitó a Mellado la información sobre las tasas de mortalidad que este alega haber utilizado para distribuir las vacunas, pero la información nunca fue provista.

Cuatro días después, el CPI también le envió dos preguntas sencillas a Mellado: ¿Secretario cree usted que ha habido inequidad y privilegios en la administración de la vacuna? Si no, ¿puede garantizar lo contrario?

Mellado no estuvo disponible para ser entrevistado para este reportaje aunque se le hizo la solicitud con una semana de anticipación. Su directora de comunicaciones Lisdián Acevedo dijo que el funcionario está de vacaciones. De hecho, pese a que concede múltiples entrevistas semanalmente a diversos medios de comunicación, el funcionario no ha concedido ni una entrevista al CPI desde que llegó al puesto en enero, pese a que se le han cursado sobre una decena de peticiones.

El 7 de abril, Mellado reconoció públicamente durante una ponencia hecha en el Puerto Rico Health Summit, que había problemas de equidad en la distribución de la vacuna y que tenía que cambiar la estrategia de vacunación – concentrada en grandes centros urbanos y en manos de proveedores privados – debido a que muchas comunidades habían quedado relegadas.

“¿Cómo generamos esa equidad en vacunación? ¿Cómo podemos ser más efectivos si hacemos actividades a gran escala en las grandes urbes, en Ponce, en Mayagüez, en San Juan? Pues, entonces, la gente de la montaña, es complicado que vengan”, sostuvo.

“Vemos cómo tenemos que cambiar las estrategias para poder llegar, por ejemplo, a lo que son pacientes encamados, a los de incapacidad intelectual, a las égidas de Puerto Rico. Son personas que no te van a llegar a los lugares, así que es importante que la capacidad de vacunación vaya dirigida a poder llegar a la mayor cantidad de pacientes posibles”, agregó, sosteniendo que la limitada cantidad de vacunas recibidas durante los primeros meses constituyó un agravante adicional.

El economista Julio César Hernández atribuyó la baja tasa de vacunación en lugares de bajos ingresos económicos a factores educativos, de accesibilidad y transportación, y a la falta de información sobre la vacuna en español.

Hernández indicó que por lo general las personas que tienen más recursos económicos tienen niveles de educación más altos, mientras que entre la población de menos recursos existen muchas dudas sobre la vacuna, incluso porque buena parte del material educativo fue producido en inglés.

“Yo creo que uno de los grandes problemas es que no se ha hecho material en español explicando la vacuna y cómo es que funciona. La gente tiene desconfianza de los procesos y no se han vacunado”, dijo.

Hernández dijo además que el riesgo de contagiarse también pudo influir en que las personas que trabajan se vacunaran.

“Gente que trabaja y que tiene ingresos altos, si se enferma, no puede producir. Una persona que está fuera del mercado laboral, si se enferma, pasa la emergencia, pero su ingreso se queda igual y no tiene pérdida de ingresos graves”, sostuvo.

Sostuvo que la clase trabajadora tiene que protegerse porque estar fuera del trabajo uno o dos meses por la enfermedad le es económicamente oneroso.

La líder comunitaria del barrio Ensenada de Guánica, Teresa Soto Quinones, indicó al CPI que al principio de la vacunación y todavía hasta mayo del 2021 había residentes que no querían vacunarse, a pesar de que la clínica de Migrant Health Center, ubicada en Ensenada, estaba vacunando contra el COVID-19 desde un principio, además de otras farmacias cercanas. La renuencia que ha observado, dijo, no es exclusiva de los adultos mayores, sino de los jóvenes también.

No obstante, dijo que las vacunaciones comunitarias comenzaron a hacerse en mayo y que todavía a esa fecha quedaban personas sin ser contactadas por los proveedores para recibir la vacuna.

¿Cuál es la solución a la marginación de las comunidades sin transporte ni acceso a los servicios de vacunación contra la COVID-19?

La respuesta podría estar en aquellas comunidades pobres que fueron la excepción a la tendencia, ya que lograron ubicarse entre las mayores tasas de vacunación, junto a comunidades de altos ingresos. Entre ellas, el casco urbano de Bayamón, que con un ingreso per cápita de $3,306 al año, registró la tercera tasa de vacunación más alta desde la segunda quincena del proceso, a mediados de enero. A finales de marzo ya estaba en segundo lugar con el 89% de sus residentes vacunados.

El alcalde de esa ciudad, Ramón Luis Rivera, hijo, dijo al CPI que lograron vacunar rápidamente a esta población porque se prepararon con neveras para almacenar los suplidos de antemano y las enfermeras y el personal de epidemiología del municipio se fueron a la calle a vacunar puerta por puerta a los residentes, incluyendo a los encamados, varias égidas y a las personas sin hogar, así como a todo el personal municipal, que comenzaron a trabajar presencial desde finales de marzo. También solicitó a Salud vacunas para ir a los residenciales públicos de su pueblo y vacunar a esta población. Ayudó mucho además que el municipio estableció un centro de vacunación el Estadio Juan Ramón Loubriel y la Guardia Nacional otro en el Coliseo Rubén Rodríguez, ambos lugares a distancia caminable desde el centro urbano.

“Nosotros le dijimos al secretario [de Salud], ‘Dámelas, que yo lo hago’. Y nosotros seguimos vacunando”, explicó el alcalde.

“Fuimos bien agresivos desde el principio, porque si no eras agresivo al principio, pensé que ibas a tardar más…Yo sé que a veces es una población que no se mueve a buscar el servicio, pues los fuimos a buscar, por eso es que ya nosotros visitamos todos los residenciales de Bayamón”, agregó.

En Vieques y Culebra ocurrió un esfuerzo similar, pero organizado por el Departamento de Salud, y ambos municipios están entre los de mayor tasa aunque tienen niveles de ingresos bajos.

Esta es la misma estrategia que desde abril está implementando la organización sin fines de lucro Puerto Rico Salud, que se ha dado a la tarea de ir a comunidades marginadas y apartadas para inocular a los residentes. A la fecha han vacunado a más de seis mil personas incluyendo a los encamados que aún están rezagados, sostuvo Carla González, cofundadora de la organización.

“Ahora estamos dando bien duro a los encamados. En el último reporte que nos entregó el Departamento de Salud en junio nos dimos cuenta de que la cantidad y los números de encamados [no vacunados] sí están bien altos. En estas últimas dos semanas nos estamos enfocando en el encamado”, sostuvo.

“Puerto Rico Salud se enfoca en llevar la vacuna a donde sabemos que ese paciente no va a llegar a la vacuna, ni va a tener acceso a la vacuna”, explicó sobre la misión de la organización que nació en el 2020 con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF), que es quien apoya económicamente este esfuerzo de vacunación.

“Vimos la gran necesidad, especialmente de las comunidades necesitadas”, puntualizó.

Por esto procedieron a contactar a líderes comunitarios y a hacer público el teléfono de la iniciativa 787-674-5905.

Ahora que la variante Delta ya ha hecho entrada firme en Puerto Rico y que la apertura total de la economía y el retiro de mascarillas por parte del gobernador Pierluisi ha generado un repunte de casos, particularmente entre los no vacunados, el CPI quiso saber cuántas comunidades siguen rezagadas con gran parte de sus residentes sin vacunar y cuál es el plan del Departamento de Salud. No hubo ningún funcionario disponible para atender estas preguntas.

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer la versión original AQUÍ

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/07/15/rezagadas-las-comunidades-pobres-la-vacunacion-covid-19.html

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OIT: Al menos 23 millones de personas han transitado por el teletrabajo en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe/16-07-2021/Autor(a) y Fuente: www.ilo.org

Durante la pandemia el teletrabajo ha posibilitado la continuidad de negocios y empleos. Fue un salto inesperado hacia el futuro del trabajo que deja abierto un escenario de oportunidades y desafíos para la región, dijo hoy la OIT.

El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

Las estimaciones preliminares de la OIT indican que en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unas 23 millones de personas transitaron hacia el teletrabajo en la región. Al igual que en otros lugares del mundo, esta modalidad surgió como un mecanismo para garantizar la continuidad de ciertas actividades económicas y, con ello, de la relación laboral.

Una nueva nota técnica de la OIT difundida este martes, dice que en los países de la región donde existen datos disponibles entre el 20 y 30 por ciento de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando lo hicieron desde sus domicilios durante la vigencia de las medidas de confinamiento. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3 por ciento.

“La crisis causó una aceleración de tendencias en los mercados laborales, lo cual deja la sensación que junto a la situación dramática de la pérdida de empleo el futuro del trabajo se estuviera manifestando antes de lo esperado”, dijo el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

“El teletrabajo ayudó a amortiguar los impactos negativos de la crisis en los mercados de trabajo contribuyendo a la preservación de millones de empleos. Tras la recuperación seguramente seguirá siendo una opción y generando nuevas oportunidades, aunque está claro que aún está pendiente responder a desafíos tanto para los trabajadores como para las empresas que debieron implementarlo rápidamente”, agregó Pinheiro.

El informe destaca que aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo en el establecimiento con trabajo desde el hogar.

El análisis de la OIT dice que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

“Sin embargo, no todos los trabajadores pudieron hacer uso de esta modalidad. Fueron principalmente las personas asalariadas formales, con alto nivel educativo, con relaciones de empleo estables, en ocupaciones profesionales, gerenciales y administrativas, y por supuesto con acceso a las tecnologías necesarias para llevar a cabo sus tareas, quienes registraron los mayores aumentos del teletrabajo”, explicó Roxana Maurizio, especialista regional en economía laboral de la OIT y autora de la nota técnica “Desafíos y oportunidades del teletrabajo en América Latina y el Caribe ”.

El informe destaca que tuvieron mucho menor acceso al teletrabajo “los trabajadores informales, cuentapropistas, jóvenes, de menores calificaciones y de bajos ingresos laborales, quienes experimentaron las mayores pérdidas de empleo y de horas trabajadas, especialmente en la primera mitad de 2020”.

De acuerdo con Maurizio también es importante considerar que en una región caracterizada por estructuras laborales con baja intensidad global en el uso de TICs y con elevadas brechas tecnológicas “era esperable que la difusión de la modalidad de trabajo a domicilio y, en particular del teletrabajo, no fuera homogénea entre los diferentes grupos de trabajadores”.

Por otra parte, la especialista de OIT agregó que antes de esta crisis el teletrabajo era considerado como una alternativa para lograr mejor conciliación entre la vida familiar y la laboral, pero durante el cierre provocado por la pandemia la situación fue compleja pues además cerraron las escuelas y se incrementaron las demandas de cuidado.

“Esto afectó en forma especial a las mujeres, dado que las responsabilidades familiares siguen recayendo mayormente sobre ellas” , precisó Maurizio.

El informe destaca algunos aspectos relevantes que deben ser abordados para enfrentar los desafíos del teletrabajo:

  • Principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes
  • Organización y tiempo de trabajo
  • Seguridad y salud en el trabajo
  • Equipamiento y elementos de trabajo
  • Protección del derecho de privacidad de los trabajadores
  • Dimensión de género y teletrabajo
  • El papel de los actores sociales
  • Relación laboral y cumplimiento de la legislación

La región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo. Sin embargo, el aumento sin precedentes de esta modalidad de trabajo expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados”, dice el análisis de OIT. “Sin controles adecuados, el trabajo desde el domicilio podría derivar en relaciones laborales que no reconozcan la dependencia y, por lo tanto, en aumentos del trabajo independiente o en relaciones laborales encubiertas”.

Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar. La nota técnica destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Desde la perspectiva de las empresas, la modalidad de teletrabajo también representa desafíos para garantizar la continuidad de las operaciones y mantener los niveles de productividad requeridos para su supervivencia” , agrega.

“Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la nota técnica de la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

Fuente e Imagen: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_811302/lang–es/index.htm

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“Brutal y sin precedentes”: alarmante informe de la Unesco sobre las industrias culturales en pandemia

Por: Daniel Gigena

En 2020, se perdieron 750.000 millones de dólares respecto de 2019 y más de diez millones de puestos de trabajo se vieron afectados en el sector cultural.

“Brutal y sin precedentes”. Así califica un informe de la Unesco, titulado Las industrias culturales y creativas frente a la Covid-19. Panorama del impacto económico y elaborado por Richard Naylor, Jonathan Todd, Marta Moretto y Rossella Traverso a partir de diversas fuentes y bases de datos (la de LinkedIn, en especial), el efecto de la pandemia en el ecosistema creativo mundial, que incluye a instituciones públicas y privadas, grupos transnacionales, empresas medianas y pequeñas, y a millones de trabajadores independientes.

Según la Unesco, que ya había emitido a comienzos de año un comunicado en el que pedía a los estados que no descuiden a la culturael sector fue uno de los más golpeados por los confinamientos y las medidas sanitarias de distanciamiento físico en 2020. Los autores dividieron las industrias culturales y creativas (ICC) en seis subsectores: patrimonio cultural y natural (como museos y sitios históricos), artes escénicas y festividades, artes visuales y artesanías, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos y diseño y servicios creativos, como arquitectura y publicidad.

“Muchas personas en todo el mundo dependen de las ICC para sus medios de vida. Sin embargo, su trabajo, de carácter a menudo precario (o no contractual), ha hecho que los artistas y profesionales de la cultura sean particularmente vulnerables a los choques económicos provocados por la pandemia”, comienza el informe, que estima que en 2020 hubo una contracción de 750.000 millones de dólares en el valor añadido bruto (VAB) generado por estas industrias a nivel mundial, respecto de 2019. La magnitud de esta pérdida equivale a alrededor del 1% del PIB nominal mundial en 2019, y representa una “caída dramática en la capacidad de las ICC para mantener resultados positivos desde un punto de vista social y cultural”.

Esa caída corresponde a una pérdida de diez millones de empleos en el mundo en 2020, sin contar el impacto en sectores asociados a la cultura como el turismo. Desde ya, las ICC que más dependen de la presencialidad en lugares específicos –cines, salas de concierto y teatros, por ejemplo- son las que sufrieron las pérdidas económicas más importantes en términos relativos en los diferentes contextos nacionales. Para la Unesco, cuanto más tiempo se retrase la recuperación de las actividades artísticas y culturales, más se verán afectadas en forma duradera.
Por otro lado, se destaca que el rendimiento de las ICC en diferentes países fue sistemáticamente peor que el rendimiento general de sus economías nacionales y que su suerte en distintos territorios estuvo atada a la gestión de la pandemia en los países. Las pérdidas en los ingresos de estas industrias en 2020 oscilaron en torno al 20% y el 40% y las mayores caídas absolutas en la contribución económica de las ICC se dieron en las megaciudades y otros grandes centros urbanos.

Por último, se consigna que los trabajadores por cuenta propia experimentaron mayores niveles de pérdida de ingresos y desempleo que otras categorías de trabajadores culturales y creativos. “Puede ser que, cuando disminuya la propagación de la Covid-19 y se puedan reanudar las actividades culturales, aquellos que hayan perdido sus empleos en las industrias culturales y creativas durante 2020 puedan volver a trabajar en las ICC -conjeturan los autores-. Sin embargo, cuanto más tiempo tarden los países en controlar la propagación del virus en la medida suficiente como para facilitar esta recuperación cultural, más probabilidades hay de que los trabajadores desempleados de las ICC busquen empleo en otros sectores o salgan por completo del mercado laboral”. Esto representa una disminución de los conocimientos y las competencias del sector cultural.

Algunas cifras que arroja el informe son alarmantes. El 90% de los museos del mundo estuvieron cerrados temporalmente y un 13% enfrenta la posibilidad de no volver a abrir. Casi un tercio de los grandes eventos internacionales de arte fueron cancelados entre marzo de 2020 e inicios de 2021, y la mayoría de los que no fueron cancelados se celebraron de manera digital. La gran mayoría de las ferias internacionales del libro fueron canceladas y un 60% de la producción de contenidos televisivos debió aplazarse.

El informe también consigna las “nuevas oportunidades” en el ámbito digital, al que muchas ICC (en particular, la industria audiovisual) se vieron obligadas a reconvertirse. “La pandemia ha suscitado la aparición de innovadores patrones de producción, distribución y consumo digital. A medio y largo plazo, esta tendencia también podría inspirar nuevos modelos de negocio”, aventuran los autores del informe.

No obstante, no todo es streaming. “No se puede decir lo mismo de gran parte de la adaptación digital en los otros ámbitos culturales por una multitud de razones -advierten los autores-. La producción y distribución digital en museos, patrimonio, teatro, ópera, danza, música en vivo y festivales tiene una historia mucho más reciente y está menos arraigada que en el campo de los juegos, la música grabada, la televisión y el cine”. Salvo algunas excepciones, los modelos de negocio digitales no prosperaron en gran parte de la actividad cultural. En muchos casos, las organizaciones se han reconvertido al ámbito digital en una acción de “bien público” y para mantener el contacto con los espectadores, a la espera del retorno de la presencialidad.

Fuente e Imagen: https://www-lanacion-com-ar.cdn.ampproject.org/c/s/www.lanacion.com.ar/cultura/brutal-y-sin-precedentes-alarmante-informe-de-la-unesco-sobre-las-industrias-culturales-en-pandemia-nid24062021/?outputType=amp

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Economía y educación técnica en pandemia

Por: Noel Aguirre Ledezma

“América Latina y el Caribe experimentan una crisis sin precedentes en sus mercados de trabajo como consecuencia de la pandemia por COVID- 19. La drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos da cuenta de los significativos efectos de la reducción del nivel de actividad económica sobre la dinámica laboral. El panorama resulta aún más preocupante al considerar que dichos impactos han sido desiguales y que el sendero de recuperación, que lentamente se está vislumbrando en la región, podría ir acompañado de una amplificación de brechas laborales y de ingresos entre los diferentes grupos de población”, comienza afirmando la Nota técnica: Panorama laboral en tiempos de la COVID-19 de la OIT, de septiembre de 2020. Esta constatación, en los indicadores de la gestión 2020, también se presenta en la economía y mercado laboral de Bolivia con relación a la variación negativa del PIB, incrementos en la tasa de desocupación y deterioro de la calidad del empleo, con mayor intensidad en los sectores más vulnerables, y refuerzan el aparente dilema “salud o economía/producción”, tema de debate en la actualidad.

Esta crisis no solo ha afectado a la economía sino también tiene impactos en la educación, para ser específicos en la educación técnica. Al igual que casi todos los sistemas educativos del mundo ha interrumpido las clases presenciales, aunque existen centros de formación que, con grandes dudas y temores, intentan poner en práctica la modalidad semipresencial. Así como se han modificado las prioridades de producción y consumo se han modificado las demandas y condiciones de formación técnica, por ejemplo pregúntese cuántas personas en lugar de adquirir ropa tienen que destinar sus recursos a la compra de medicamentos u otros servicios médicos. Del mismo modo que hay contracciones en el empleo y trabajo, surge la necesidad de plantearse formaciones técnicas alternativas para “reinventarse” en otras actividades laborales. También surgen interrogantes y retos específicos a los procesos de educación técnica, por ejemplo, los estudiantes se preguntan ¿dónde hago mis prácticas si los centros de formación están cerrados?; los maestros reinventan sus formas de enseñanza ante la necesidad de ingresar a la modalidad de educación virtual; estudiantes y maestros sufren por sus dificultades en el acceso, uso y disponibilidad de aplicaciones, plataformas y equipos digitales. Si a la problemática surgida como producto de la pandemia le añadimos las preocupaciones del tiempo pre COVID-19, los retos y también las oportunidades para recrear la educación técnica son grandes y de extrema importancia por su estrecha influencia en la economía, producción, trabajo y calidad de vida.

En términos de la problemática general e integral de larga data, queda por consolidar, más en la práctica que en el enunciado teórico, la transición de la educación técnica, muchas veces reducida a la formación de capacidades manuales, a la educación tecnológica y productiva, a unir práctica con teoría, a una educación profundamente vinculada con la producción, trabajo y territorio; como establecen las bases de la Ley de la Educación 070 “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, la educación tiene que constituirse en “productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la Madre Tierra…” Es tiempo de validar saberes, conocimientos y experiencias de las y los productores, constituir centros de formación que educan y producen en relación con las unidades y comunidades productivas establecidas en el territorio y/o la región.

En tiempos de COVID-19 también es necesario y urgente la realización de diagnósticos y estudios de mercado para reactualizar la oferta educativa y los programas de formación incorporando nuevas áreas curriculares como las vinculadas a lo socio-emocional, establecer convenios y acuerdos con centros de producción para facilitar la realización de prácticas aplicadas a la realidad, desarrollar procesos formativos sobre las concepciones pedagógicas que incorporan la educación virtual, así como fortalecer la dotación de equipos y medios para la educación en línea. Los retos y las oportunidades en tiempos de disrupción impulsan a recrearse y superar todo lo que estamos realizando. La creación es parte substancial de la educación productiva y tecnológica.

Fuente e Imagen: https://www.la-razon.com/voces/2021/06/11/economia-y-educacion-tecnica-en-pandemia/?fbclid=IwAR1q_d7lnBdwFDE6VKiod2uWXzg5QPK6ZxFcbH5KQmFRicm9WnuRL-5QpO4

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La “reducción” de personal en la SEP y las tijeras de la profesora

 Abelardo Carro Nava

En los primeros días de enero de 2016, el ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciaba que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a su cargo, dejaría de pagar el sueldo a más de 2 mil maestros “comisionados”; esto, después de haber concluido la primera etapa de revisión y depuración de la nómina magisterial donde se identificaron esos dos mil comisionados sindicales con goce de sueldo, asegurando con ello, que si era deseo de esos trabajadores gozar de este derecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tendría que pagarles (Aristegui Noticias, 2016). Obviamente esta organización sindical guardó el más profundo silencio; de hecho, tampoco fijó postura con relación al ordenamiento de la nómina magisterial a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y el Fondo de Operaciones para la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (FONE). ¿Cuál fue el motivo que propició ese silencio? La respuesta, quiero pensar, la conocemos, pero también conocemos el apoyo incondicional que esta organización sindical le brindó al peñanietismo.

Esta acción, fundada en la implementación de la mal llamada reforma educativa generó que, tanto a nivel federal como en las entidades de la República Mexicana, se reubicaran o movieran a los trabajadores de la educación “comisionados” a sus respectivos centros de trabajo porque, hay que decirlo, no sólo impactó en el ámbito sindical, sino también, en las anchas estructuras burocráticas de las dependencias oficiales. Por ejemplo, si en una Secretaría de Educación existía una plantilla de personal (mayormente “comisionado”) de 2000 trabajadores, con esta medida, ésta se redujo en más del 50 por ciento, es decir, entre 600 y 700. No obstante, con el paso de los meses y cuando las cosas se “calmaron” un poco, progresivamente fueron llegando otros “comisionados” al Sindicato y a las Secretarías de Educación. ¿Fue útil la medida tomada por Nuño y compañía?, ¿sirvió de algo la reubicación y movimiento de ciertos trabajadores cuando en los hechos solo se propició la llegada de otros a esos espacios?, ¿qué nos dicen las auditorías aplicadas, por ejemplo, en cada una de las dependencias estatales y, obviamente, en la federal?, ¿qué pasa en los departamentos de recursos humanos y de relaciones laborales en dichas dependencias?; ¿por qué no se habla mucho de estos temas? Veamos.

Como bien sabemos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, es clara en cuanto a la división de los trabajadores en dos grupos: de confianza y de base (Artículo 4º de la LFTSE), no así en cuanto a la figura denominada “comisionados” puesto que como tal no existe, dado que el personal o trabajador que solicite licencia, con o sin goce de sueldo, podría desempeñar una comisión o actividad derivada de la licencia. En consecuencia, el tema de los “comisionados” necesariamente tiene que ser visto a partir de esa licencia solicitada y por las actividades, funciones y/o responsabilidades de la comisión o actividad obtenida.

En este sentido, no está demás revisar el Manuel de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública (y otras normatividades) publicado por la Oficialía Mayor, la Dirección General de Personal y la Dirección General de Normatividad y Evaluación en 2013*, para ubicar el tipo de licencias con goce y sin goce de sueldo que le permitirían al trabajador obtener, entre otras cuestiones, una “comisión”. Por ejemplo, en este documento se especifica que las licencias sin goce de sueldo por comisión sindical o por desempeño de cargos de elección popular se obtienen cubriendo una serie de requisitos. Creo, si no me equivoco, el tema es claro en este sentido: son licencias sin goce de sueldo, pero desafortunadamente en los hechos no sucede de esta manera. ¿Cuántos comisionados sindicales tiene en su estructura el SNTE?, ¿a cuántos de éstos le fue concedida una licencia sin goce de sueldo para cubrir una comisión sindical?, ¿a cuántos de éstos les paga el Sindicato? ¡Vaya tema!

Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que han llegado a la SEP sin solicitar una licencia puesto que, como tal, no sería necesaria? En ese mismo manual de normas referido (y otras normatividades), tal cuestión se observa en los apartados reubicación de las plazas, nombramiento, y límites de competencia para autorizar movimientos de personal. Tal vez por ello se explica que, ciertas autoridades educativas, reubiquen o muevan al personal por necesidades del servicio, reinstalación, prórroga o sustitución, pero ¿esto es así?, ¿la reubicación o movimientos obedece, por ejemplo, a esas necesidades del servicio? No necesariamente puesto que, como sabemos, estos asuntos obedecen a: 1. La realización de una actividad específica para la cual el trabajador es requerido en alguna área o departamento de la dependencia, 2. La complicidad y/o acuerdos que existe con el SNTE para que ciertas áreas o departamentos sean ocupados por algunos de sus más cercanos colaboradores, sean o no titulares de alguno de esos espacios, 3. Problemas, de diversa naturaleza o índole, que suelen suscitarse en los centros de trabajo y que llevan a reubicar a algún trabajador, 4. Seguridad del trabajador por estar laborando en zonas de violencia y por las que obviamente es necesario moverlo, entre otras.

Actualmente, ¿cuántos trabajadores se encuentran en las Secretarías de Educación de los estados bajo este tipo de movimientos?, ¿qué puestos son los que ocupan o qué actividades son las realizan?, ¿se justifica el ensanchamiento de las estructuras burocráticas cuando, en los hechos, en buena parte de ellas los procesos administrativos y/o trámites burocráticos padecen de un cierto “tortuguismo”?, ¿por qué si han sido reubicados o movidos a estas instancias no permea un sentido educativo en las decisiones y acciones que se realizan?, ¿qué pasa con aquellos trabajadores cuya plaza de origen fue en esa Secretaría?, ¿qué puestos ocupan éstos y qué actividades realizan?, ¿de qué manera se interpretan o emplean los manuales de organización?, ¿cuál es el papel de las delegaciones sindicales en todo este proceso?

Tengo claro pues, que generalizar no es del todo adecuado; puede ser que alguna Secretaría (con su respectiva estructura y personal) opere con altos niveles de eficiencia y eficacia, y qué bueno que sea así porque, ante todo, su labor o quehacer se debe a sus usuarios; sin embargo, también tengo claro que no sucede de esta forma en todo el país y, desde luego, en la propia SEP federal. En suma, habría que observar qué es lo que pasa con el personal de confianza o de base porque, independientemente del puesto o cargo que ocupa, las actividades que realiza son fundamentales para el logro de los objetivos educativos y, en eso, tendrían que enfocar su atención los titulares de las distintas áreas o departamentos. En fin.

¿Qué otro tipo de personal podemos encontrar en las Secretarías de Educación? Además de aquellos que ocupan puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera encontramos a los que han sido contratados por Honorarios. Por el tema que me ocupa en estos momentos me referiré a los segundos porque, quiero pensar o suponer, que el documento que la profesora Delfina Gómez, titular de la SEP, firmó hace unos días y, mediante el cual solicitó a Subsecretarios, Directores Generales, Titulares de Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, que presentaran su propuesta de reducción de personal aludía a éstos, a los que fueron contratados bajo esta figura: la de honorarios. ¿Por qué afirmo esto? Veamos.

El contrato de honorarios por la prestación de servicios profesionales, es un esquema laboral en el que no existe una relación de subordinación por lo que la parte contratante no está obligada a garantizar ningún derecho laboral. Los ingresos percibidos de esta manera se basan en esa prestación de servicios independientes, en una relación laboral autónoma y voluntaria y, aunque no están sujetos a las mismas leyes que los trabajadores subordinados, la Secretaría de Trabajo en los últimos años, ha determinado los marcos bajo los cuales se regula este esquema.

De esta forma, a un trabajador contratado bajo este régimen, se le puede rescindir su contrato porque la misma norma establece que dichos contratos deben apegarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que dicte el ejecutivo, no obstante, éstos podrían exigir derechos laborales si pudieran comprobar la existencia de una relación laboral de subordinación, por ejemplo: si tiene un horario fijo, si recibe órdenes o instrucción de un superior inmediato o si realiza sus tareas en un lugar de adscripción fija. En estos casos, podría comprobarse una relación laboral explícita y el trabajador sí tendría que reclamar todos los derechos laborales que indica la LFT vigente.

¿A qué tipo de personal se refería la Secretaria de Educación, Delfina Gómez?, ¿la política de austeridad del gobierno, que se autodenominó de la cuarta transformación, es motivo suficiente para rescindir contratos, si fuera el caso?, ¿el contexto pandémico que estamos viviendo en nuestro país, y el mundo entero, es razón necesaria para que se reduzca el personal adscrito a esa Dependencia?, ¿no habría que ser un poco más sensibles y revisar las actividades que cada trabajador, área o departamento realiza para el desarrollo y éxito de los proyectos y políticas educativas? Vaya, ¿una política de austeridad determina la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios educativos?

Desde luego que hace falta que en la SEP se pongan las pilas; por ejemplo, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un caos y, en lo que va de este gobierno, ha vuelto incomprensibles todos sus procesos. ¿No cabría la posibilidad de hacer un diagnóstico y perfilar otro tipo de acciones para mejorar, insisto, los procesos?

¿Qué motivó a la Secretaria de Educación a afilar las tijeras? Ojalá respondiera porque, tal y como lo expuso el periodista Erick Juárez en sus redes sociales a través de la respuesta que dio la SEP al oficio signado por la profesora en cuanto a que éste se trataba de una reubicación de personal o reestructuración administrativa, deja muchas interrogantes sobre lo que sucede una vez que ésta tomó posesión de su encargo.

No hay que olvidar, que de acuerdo al artículo 46 de la LFTSE: Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. Consecuentemente, ¿asumiría los costos legales por la reducción de personal de base, por ejemplo?

Al tiempo.

*Nota: Quiero pensar que sigue vigente porque en la búsqueda de este documento no encontré una versión actualizada del mismo)


Referencias:

Ley federal del Trabajo. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federació el 11/01/2021.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1/05/2019.

Redacción Aristegui Noticias. (2016). SEP dejará de pagar sueldo a más de 2 mil maestros comisionados. Aristegui Noticias. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/sep-dejara-de-pagar-sueldo-a-mas-de-2-mil-maestros-comisionados/

SEP. (2013). Manual de Normal para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. SEP. Recuperado de: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-dc572c3e4439/manual_normas_administracion_recursos_humanos_sep.pdf

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/la-reduccion-de-personal-en-la-sep-y-las-tijeras-de-la-profesora/

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¿Quién reconstruirá el sistema educativo?

Por: Mauro Jarquin

El pasado 7 de mayo Esteban Moctezuma se unió a la Junta Nacional Virtual con la Comisión de Educación de la Coparmex en un ejercicio de rendición de cuentas sobre la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la pandemia de Covid-19. La Comisión –cuyos orígenes se remontan hacia los años 70, en plena disputa entre la confederación empresarial y el gobierno de Luis Echeverría por el contenido socializante de los libros de texto– está actualmente encabezada por Luis Durán, presidente y director general de Laureate International Universities México y consejero de Aspen Institute México, la organización que con financiamiento de fundaciones empresariales realizó el Laboratorio de Educación, a través del cual el gobierno federal buscó legitimar la continuidad de una reforma educativa gerencial.

Este acercamiento no es algo fortuito ni coyuntural. Una herencia aún vigente del Salinismo es la atenta recepción que las autoridades federales han mostrado respecto a las percepciones y propuestas del sector privado en materia educativa. Actor que, por cierto, se ha integrado cada vez más –ya sea por la vía de sus cámaras o sus ramificaciones en la sociedad civil– a los procesos de deliberación sobre políticas, impulsando propuestas, programas específicos o formas de gestión del trabajo docente.

En la reunión, el secretario afirmó que el sistema educativo no se había paralizado, que los estudiantes seguían aprendiendo y que el impulso a la digitalización sería determinante para el futuro educativo nacional.

Lo dicho resulta al menos desafortunado si recordamos que al momento de tales declaraciones las cifras oficiales marcaban ya 2 mil 961 muertes por el nuevo coronavirus, una de cada tres familias mexicanas reportaba una disminución de 50 por ciento en sus ingresos mensuales, el desempleo se veía en aumento y la violencia familiar y de género se disparaba a lo largo del país.

Lo anterior aunado a una circunstancia de distanciamiento necesario para poder superar la contingencia.

De lo mencionado por Moctezuma Barragán se pueden desprender dos comentarios y una duda importante.

Parece ser que aún sigue vigente en la SEP una visión estrecha de la naturaleza y relevancia del sistema educativo en nuestra sociedad.

¿Cómo afirmar que el sistema educativo sigue trabajando cuando el dolor y la incertidumbre se han ubicado en el centro de la vida cotidiana de los estudiantes? O más preocupante aún, ¿cómo pensar que la única condición para que un sistema educativo avance es que los estudiantes aprendan contenidos particulares? Quien en algún momento ha pisado una escuela sabe perfectamente que el aprendizaje no es un elemento aislado, sino forma parte de un abanico de situaciones, prácticas y vivencias que le dan sentido a la educación. En todo caso, el aprendizaje es socialmente relevante cuando se comparte, cuando se desarrolla en común y cuando permite construir preguntas y resolver problemas de nuestra vida cotidiana. En ello, el bienestar emocional y el contacto humano resultan fundamentales.

Desde luego, hay otras perspectivas sobre el problema. Por ejemplo, aquellas que encuentran en el aprendizaje una condición sine qua non del capital humano; es decir, que conciben a la escuela y sus efectos individuales como elementos centrales para la generación de ganancia y producción de valor de cambio. Bajo esta concepción, quien aprende se guía bajo una lógica maximizadora, calculada y ajena al contexto social en el que se encuentra. Sin embargo, parte de una lectura muy cuestionable sobre la naturaleza humana, además de responder específicamente a los requerimientos del mercado de trabajo y no al imperativo complejo del bienestar en nuestras sociedades.

Si bien la narrativa oficial anuncia que el programa Aprende en Casa es seguido por ocho de cada 10 docentes y nueve de cada 10 alumnos, las evidencias de quienes trabajan día con día en las escuelas y conocen sus comunidades de trabajo no respaldan tal afirmación. A las muy conocidas desigualdades en el acceso a la tecnología se suma el hecho de que el hogar no es necesariamente el mejor ambiente para fomentar el aprendizaje. Además, los tiempos determinados para el desarrollo de contenidos no siempre son suficientes. Por otro lado, a pesar del respaldo neocorporativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al programa del gobierno federal, no ha sido sencillo para el profesorado mantenerse en contacto con los estudiantes, mucho menos si trabajan en comunidades rurales en donde no siempre viven.

Pese al home office docente y a lo que algunas autoridades educativas parecieran considerar un home schooling transitorio, el sistema educativo ha sido golpeado profundamente por la pandemia y es importante aceptarlo porque después de la contingencia será importante atender cada una de sus grietas.

Por otro lado, la digitalización de los procesos educativos ha resultado ser un componente fundamental en la respuesta de los gobiernos al cierre de escuelas, pero está lejos de ser una panacea a los problemas de accesibilidad, logro educativo y desarrollo profesional del magisterio. Como ha apuntado, entre otros, el pedagogo Philippe Meirieu, el uso acrítico de las herramientas digitales podría generar problemáticas a nivel de los procesos evaluativos y el trabajo docente. Pero también, hay que decirlo, podría abrir nichos de mercado que cuestionarían la condición de gratuidad del sistema educativo nacional.

Con lo anterior, podemos decir que el secretario parece vivir en un escenario donde la negación de los problemas se ha convertido en su solución, pero debemos tomar en cuenta que después de este momento crítico en la historia educativa nacional, las cosas no serán como antes, o no exactamente como antes. Si bien es un imperativo concluir el ciclo escolar en todo el país para preservar la salud y la vida de las poblaciones, es también momento para hacer preguntas respecto a hacia dónde caminar, qué aspectos del sistema educativo atender y cómo comenzar. Una que considero fundamental es: ¿Quién reconstruirá el sistema educativo tras la pandemia?

Aprovechando la cercanía con el gobierno y alejados sustancialmente del trabajo cotidiano en las escuelas, grupos privados de interés han alzado la mano, con propuestas que van desde el desarrollo de un currículum educativo nacional ante emergencias por organizaciones civiles pro empresariales, hasta la profundización de la digitalización educativa.

Ya veremos si el ingreso a la nueva normalidad significa también un rostro más explícito del gobierno empresarial de la educación.

Politólogo

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2020/05/16/opinion/011a1pol?partner=rss

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