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Altísima tristeza: el suicidio contemporáneo

Por: Samuel González Contreras
De acuerdo con Albert Camus, “no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio”. En el mundo moderno, la incidencia de este acto radical ha aumentado en gran proporción debido a muchos factores, algunos de los cuales este artículo revisa y acude a la sociología, la psicología y la literatura en busca de respuestas.

Ahora creo que todo va a cambiar./ Hace una semana compré un libro vital:/ Cómo conquistar amigos y disfrutar de la vida./ Cada mañana leo un capítulo:/ ayer me tocó repetirme, ante cada contratiempo:/ soy feliz, soy feliz, soy feliz/ hoy me toca abrirme vitalmente a todas las/ oportunidades o sea: decir a todo que sí/ mañana me tocará pensar un poco en los demás:/ tratar de adivinar qué quieren, para/ complacerlos de inmediato./ Yo creo que en una semana todo va a ser perfecto…/ salvo que aún no he decidido si seguir leyendo/o de una vez abrir la llave del gas.

Elena Jordana

Aquel día pretendía llegar a algún punto en la ciudad, no recuerdo cuál. Retengo la tarde y cierto brillo del sol posándose en el andén: esperar el Metro para abordarlo y dirigirme así a algún sitio. Es el propósito de poseer rumbo en medio de un mundo y de sí mismo. De pronto, la persona delante de mí desplegó algunos pasos erráticos y desconfiados; admiré a lo lejos el tránsito de esa bestia naranja que hasta entonces siempre me había parecido hermosa. Tras esos trazos, vi su cuerpo lanzarse contra las vías y sentí cómo su vida transitaba –de un momento a otro y a una velocidad infinita–, entre un inmenso estallido y el silencio absoluto.

Era alguien que se había suicidado frente a mis ojos. La fuerza de la máquina había fragmentado su cuerpo, el conductor frenó inhóspitamente y las personas al interior de los vagones se agitaron como cenizas desperdigadas, sin coherencia alguna entre sí. Luego, volvió a encenderse la máquina para dar marcha atrás y asomaron los restos desposeídos de una estrella embarrada contras las vías. La estación fue desalojada y trabajadores del lugar llegaron con bolsas negras para depositar sus restos. Casi no había nada que recoger…

Quería abrazar a mi madre, quería abrazar al mundo, quería saber su nombre. Busqué al siguiente día noticias sobre su muerte, no encontré ninguna, decidí llamarlo Joaquín para poder regresar algo de él a la realidad, yo tenía diecinueve años. Una altísima tristeza me colmó. Ver estallar a alguien hasta su propia extinción es una de las experiencias más violentas de la vida, pero también de las más naturales. Las personas colapsamos y desistimos de nuestra participación en el mundo, de forcejear con él a costa de convertir nuestro cuerpo en un arma, un mensaje, o sencillamente resguardarnos en el candor de una nada infinita.

Para la modernidad el suicidio agita explosivamente las coordenadas del individuo como pilar del Estado y de la sociedad: ¿Se trata del acto más egoísta y cobarde? ¿Del único acto que no resulta fallido? ¿Puede concebirse como el tránsito más libre y sublime? ¿O sencillamente se trata de una patología creciente o degenerada que transitaría tanto por la genética como por disposiciones fisiológicas al interior de esa compleja selva de enfermedades y padecimientos mentales alimentados y potenciados por nuestros tiempos?

Pobreza, desigualdad y suicidio

Los estragos de la pandemia global por Covid resultan evidentes: aumento radical de las desigualdades sociales. El Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra que los trastornos de ansiedad aumentaron en un 25.4 por ciento y los trastornos de depresión mayor en un 27.6 por ciento. Este panorama ostenta el precedente de una trayectoria en donde la estancia de adolescentes en centros psiquiátricos aumentó de manera estrepitosa. En las últimas tres décadas, el estado español vio cuadruplicar dicho fenómeno en personas de entre diez y veinticuatro años (José Juan Morales y Ana Torres Menárgues, El País).

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como “el acto deliberado de quitarse la vida”. Aunque en términos fisiológicos pueda resultar certera dicha acepción, su orientación es una temible penumbra en términos sensibles. En diversas sociedades “primitivas” el suicidio constituía una práctica común, e incluso honorable, como en el caso de comunidades en Japón o China, mientras que en diversas tribus africanas era –y es– temiblemente condenado, hasta el punto en que se opta por no convivir con el cuerpo del suicidado e incluso por quemar su casa.

Infelizmente, el suicidio aumentará sustancialmente. Actualmente (y hasta donde los informes alcanzan) setenta y siete por ciento de los 700 mil suicidios anuales acontecidos globalmente trascurren en países periféricos y más de la mitad son realizados por hombres. De acuerdo con el Banco Mundial, cien millones de personas transitaron a la pobreza a causa de la pandemia, mientras que en el mismo período la franja de hambruna se engrosó en 40 millones de personas. Al mismo tiempo, el gasto público en salud mental sigue rondando la barrera pírrica del dos por ciento; dicha estimación puede ser completamente imprecisa en el caso de diversos países. Tal y como denuncia el minucioso informe de Oxfam: ¡Las desigualdades matan!

La pandemia por venir

En los términos de diversos organismos nacionales e internacionales se combaten los principales medios a través de los cuales la gente determina quitarse la vida, intentado que el acceso a ellos no resulte tan sencillo: plaguicidas (sobre todo, y no por nada, en el mundo rural), ahorcamiento y disparo con armas de fuego. Entre jóvenes de quince a veintinueve años ocupa la cuarta causa de muerte, por encima de los accidentes de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Existe un valioso discurso del rector de la Universidad de Atenas, Jristos Kitas, emitido durante los disturbios que se sucedieron tras el asesinato policial de Alexis Grigorópulos, un joven anarquista de 15 años, en 2008:

Hace al menos dos años dije a todo el que quisiera oírme que hay un divorcio absoluto entre la juventud y el sistema, pero nadie me hizo caso. Ahora todos reparan en los jóvenes. Su rabia ha tocado el corazón de la Universidad, y eso es lo grave, porque no sólo es un recinto donde se dan clases, sino un símbolo de la sociedad […] Claro que tienen razón para expresar su malestar, toda la razón del mundo.

Como señala la Organización Panamericana de la Salud: “Cada año mueren más personas a causa del suicido que por VIH o cáncer de mama, la malaria o que por la guerra y los homicidios.” En la actualidad, cada cuarenta segundos una persona se suicida a nivel mundial. A esa cifra debemos hacerla dialogar con las muertes acumuladas por el consumo de opioides sintéticos (principalmente fentanilo), que sólo en el último año acumularon 70 mil (de cien mil relacionadas a las drogas) en Estados Unidos, aunque estas defunciones no resulten sencillamente interpretables en el terreno del suicidio. Estudios recientes en ese país revelaron la profunda soledad y ruptura de lazos de confianza que experimentan actualmente las personas. En un de ellos se expone cómo, entre 1985 y 2004, el universo de vínculos sociales existentes en la población se redujo en un treinta por ciento, mientras que las personas que manifestaron no contar con nadie en quien confiar se triplicó (Maia Szalavitz, The New York Times). Es por ello precisamente que The Lancet ubica en la adicción a los opioides sintéticos una pandemia a la que nos aproximamos.

La (imposible) romantización literaria

En términos poéticos y discursivos no son significativas las campañas actuales. Quizás congratulen a nuestros funcionarios estatales y empresariales, pero en términos sensibles operan como un tratamiento superficial para una hemorragia que no pretende ser abordada de manera frontal. La Organización Panamericana para la Salud creó un lema que reza: “crear esperanza a través de la acción”. La frase es profundamente obtusa e incomprensible para quienes han extraviado las ganas de vivir. Goza de una poética famélica y no incita al diálogo ni a una sensibilidad para hablar de cómo la vida se ha devaluado. Quizás la poética gestada entre escritores suicidas pueda brindar un poco de ayuda, en principio, para intentar comprender o interpretar aquello que ocurre en el terreno del sentido y el valor de la vida. Lejos de la autodestructiva gala literaria que puede hacerse del dolor en torno al suceso, es posible encontrar una larga lista de escritores que han llevado sus vidas hasta sus extremos. En Wikipedia, por ejemplo, existe una lista compuesta por más de 180 nombres.

El suicidio es un tema instalado en la literatura de los últimos siglos, y no por casualidad. Existen obras enteras que lo tratan, como la Agencia General del Suicidio, de Jaques Rigaut, o más recientemente, El arte de volar, de Antonio Altarriba, donde el autor aborda audazmente el suicidio de su padre: volar, después de todo, era una práctica que antecedía al irreparable brinco al vacío para renunciar a la vida. Todo ello refleja que el suicidio es todo menos una práctica uniforme, cuyo sentido pueda ser universalmente equiparable u homologable. Sylvia Plath dejó pan con mantequilla en el cuarto de sus hijos antes de meter la cabeza en el horno, por si ellos despertaban con hambre. Por su parte, Ernst Weiss rasgó sus venas al contemplar la incursión triunfante del ejército fascista en París, mientras que Alejandra Pizarnik recurrió a una dosis letal de cincuenta pastillas de seconal sódico. Ella retrató la presencia de las sombras en nuestras vidas: “¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas?”

Hace meses un amigo decidió quitarse la vida. Se trataba de un joven escritor y militante anarquista que participó en las protestas de Guadalajara (México) en 2004, en el marco de la III Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, aquello que el estúpido presidente en turno de México denominó: “globalifóbicos”. No tenemos casi nada que reprochar a esa persona, cuya sensibilidad y ternura eran formidables y feroces, y que portaba en la piel la marca de una macana que le partió el cráneo. Nada que prevenir, todo por transformar radicalmente.

Samuel González Contreras es escritor, tallerista y promotor cultural.

Publicado en La jornada, 21/08/2022

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Las multinacionales imponen su ley a América Latina

Por: Sergio Ferrari

Miles de millones de dólares en pérdidas para los Estados

Las multinacionales no dan tregua a América Latina y el Caribe. Y cuando ciertos países osan cuestionarlas, el imperio de la ley internacional –elaborada a su medida– les cae encima.

En los últimos 30 años, cada día fue aumentando más la presión de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de los mismos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad.

En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario público. Según el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, esa cifra representa un tercio más que las pérdidas por causa del impacto de las catástrofes climáticas en el continente entre 1970 y 2021.

Según el reciente informe elaborado por Bettina Müller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigadoras del TNI, que acaba de publicarse la última semana de agosto — y que contiene datos actualizados al 31 de diciembre del 2021– Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los países que han soportado una mayor presión jurídica en estas últimas tres décadas (https://www.tni.org/es/publicacion/isds-en-numeros-Estados-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe).

Instrumento neoliberal y de dependencia

Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), son los instrumentos que permiten tramitar estas demandas. Son acuerdos entre dos países que tienen como objetivo proteger la seguridad jurídica de los inversores.

Como lo explica la organización española Ecologistas en Acción, suelen incluir una serie de disposiciones estándar siempre favorables a las transnacionales y que impiden, por ejemplo, las expropiaciones directas o indirectas de las empresas. Rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.

Sin duda, la disposición más perniciosa es la relativa a la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cumplido con una u otra cláusula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho país y denunciarlo ante tribunales internacionales.

Estas instancias, a las que suelen recurrir las grandes empresas, son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es el más solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o bien la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM). Las mismas pueden dictar sentencias de indemnizaciones a favor de los inversores afectados, que en la mayoría de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que el inversor calcula que ha dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el país demandado y que el acusador considera lesiva a sus intereses (https://www.ecologistasenaccion.org/27101/tratados-bilaterales-de-inversiones/).

Estos acuerdos, calificados por la organización ecologista española como “una herramienta fundamental para la globalización liberal”, se benefician de tres elementos que hacen a su propia esencia. Los enunciados sumamente vagos de la mayoría de estos instrumentos jurídicos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo. Los métodos opacos y para nada transparentes utilizados para resolver los procesos que serán resueltos, a la postre, por árbitros internacionales. Y finalmente, como señala Ecologistas en Acción, “la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE”, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no aceptan la situación inversa, es decir, cuando se trata de inversores que incumplen cualquier parte del acuerdo (o cuando violan los derechos humanos).”

El sitio web ISDS Impactos, que retoma la investigación del TNI, explica, por su parte que «el sistema de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) está incluido en miles de tratados internacionales”. Y precisa que es el mecanismo que le permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que los cambios introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los concebidos para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus ganancias (https://isds-americalatina.org/).

Las transnacionales, aves de rapiña

Según el informe del TNI, en los últimos 30 años, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribeños representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continente, la gran mayoría (86,8% de los casos) fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presentadas ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial ( https://icsid.worldbank.org/es/acerca). Los resultados hablan por sí mismo: las empresas le han ganado a los Estados en el 62% de los casos resueltos, sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes.

23 de los 42 países de América Latina y el Caribe ya han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular saña se expresa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); México (38); Perú (31) y Ecuador (25). Este mecanismo de enjuiciar a los Estados del continente se intensificó en particular entre 2011 y 2021, período en el cual de 91 demandas se pasó a 180, duplicando el total de los juicios. Los mismos, corresponden mayoritariamente a multinacionales que operan en los sectores de la minería y la extracción de gas y petróleo.  Pero también tocan de forma significativa a empresas que lucran con el gas y la electricidad, así como la manufactura.

Argentina, que contabiliza un 87% de sus juicios perdidos, es el país del continente que sufrió más derrotas ante ese tipo de tribunales. Y tiene el récord de lo que pagó en una sola causa: los 5.000 millones de dólares transferidos a la empresa española Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas perdidas le significan al país sudamericano 9.222 millones de dólares que debió pagar a los inversores.

Venezuela, la segunda nación más sancionada del continente por los tribunales internacionales, contabiliza el 64% de demandas en su contra con decisión desfavorable. Tiene a su haber el laudo más costoso del continente. En 2019 el Tribunal del CIADI le ordenó pagar 8.366 millones de dólares a la transnacional Conoco Phillips.

ConocoPhillips se une a la minería de Bitcoin - Cryptorobin.es

En términos monetarios concretos, los Estados casi siempre resultan ser los grandes perdedores, constata el Transnational Institute en su reciente informe. “Las demandas le cuestan millones de dólares en gastos de defensa (jurídica) y de proceso”.  Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a favor de los Estados, es normal que estos deban desembolsar millones de dólares para contratar firmas de abogados –para su defensa–, las que pueden cobrar hasta 1.000 dólares por hora de asesoramiento. Caso emblemático, el de Ecuador, que hasta 2013 llevaba gastados 155 millones de dólares para garantizar su defensa jurídica y para pagar los gastos producto del arbitraje.

Las sumas reclamadas por las empresas desde 1996 — según el detallado informe de la ONG con sede en la capital de los Países Bajos–, ascienden a 240.733 millones de dólares. Sin embargo, en 68 de las 327 demandas no se conocen los montos exigidos, por lo que esta cifra es significativamente mayor. Los tribunales han condenado a las naciones del continente latinoamericano a pagar, hasta ahora, 33.638 millones de dólares.

Según cálculos de las Naciones Unidas, con ese dinero, se podría resolver el drama de la extrema pobreza en 16 de las naciones del continente. “A su vez. Este monto representa más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores de 2020) y representa un tercio más que el total de las pérdidas que soportó la región entre 1971 y 2021 debido a las catástrofes climáticas”, explica el TNI.
En cuanto a las demandas pendientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) le podría significar pérdidas adicionales por 49.626 millones de dólares a América Latina y el Caribe.

Realidad tan contundente como dramática de un combate desigual institucionalizado como verdad única y universal. Como si en el ring, dos actores (un boxeador y el árbitro) se pelearan, juntos, contra el otro boxeador, vapuleado por los golpes a que recibe a cuatro manos.

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«Catástrofe educativa» en América Latina y el Caribe, según BM y agencias de la ONU

Entre 80% y 90% de los niños de América Latina y el Caribe serán incapaces de comprender un texto simple debido a la «catástrofe educativa» provocada por la pandemia de covid-19, según pronósticos de organismos internacionales divulgados este jueves.

La dramática afirmación figura en informes elaborados por el Banco Mundial, Unicef, Unesco, USAID y otras agencias internacionales.

Según el documento titulado «Dos años después: salvando a una generación», del BM, Unicef y Unesco, cuatro de cada cinco niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple.

Asimismo, el estudio «Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022», elaborado por el BM, las mencionadas agencias de la ONU, USAID FCDO y BMGF, revela que nueve de cada diez alumnos de la región son incapaces de leer un texto simple al final de la educación primaria.

Sólo África Subsahariana presenta resultados peores.

El primer informe destaca que la pandemia de covid-19 provocó en América Latina y el Caribe los cierres de escuelas más largos y constantes del planeta, a raíz de los cuales los alumnos de la región perdieron en promedio 1,5 años de aprendizaje.

Ello puede significar un retroceso más de diez años, subraya el texto.

La región «enfrenta una crisis educativa sin precedentes que podría comprometer el desarrollo futuro de nuestros países», comentó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

«El hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que leen pone un signo de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de niños que aún no desarrollaron competencias fundamentales críticas, algo que eleva el riesgo de profundizar aún más las desigualdades de larga data en la región», agregó.

«Demasiados niños no han podido regresar a la escuela a tiempo completo, y muchos de los que han regresado están perdidos. En ambos casos no están aprendiendo», dijo por su lado Jean Gough, director de Unicef para América Latina y el Caribe, para quien esta «catástrofe educativa» se reproduce «día tras día».

Según Claudia Uribe, directora de OREALC/UNESCO Santiago, solo priorizando la educación en la agenda pública se puede lograr una recuperación.

Entre las «acciones clave» para «reencauzar a esta generación», el documento propone reintegrar a todos los alumnos que hayan abandonado el sistema educativo y asegurar que permanezcan en él, así como valorar y formar a los docentes.

Fuente: https://www.elfinancierocr.com/cables/catastrofe-educativa-en-america-latina-y-el-caribe/IH3EJ575CRGLNOCWJVDR3PRPI4/story/

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Mundo: beneficiarse de la pandemia produce multimillonarios cada 30 horas

Por: Servindi

Cada 30 horas, la pandemia produce a un nuevo multimillonario, mientras que, por otro lado, la pobreza extrema amenaza a millones de personas.

Así lo revela el informe ‘Beneficiarse del sufrimiento’, donde se expone que la riqueza de los multimillonarios dedicados a la alimentación y la energía ha incrementado desmedidamente a la par que el precio de productos básicos aumenta.

Frente a la desmesurada concentración de la riqueza, el trabajo resalta que es urgente impulsar impuestos sobre las grandes fortunas y el capital, para financiar medidas de apoyo a personas vulnerables.

«Las personas más ricas han manipulado el sistema con total impunidad durante décadas, y ahora están recogiendo los frutos”, señaló Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional.

“Se han embolsado una asombrosa parte de la riqueza mundial gracias a la privatización y los monopolios, aprovechando la desregulación y vulnerando los derechos de las personas trabajadoras mientras ocultan su dinero en paraísos fiscales, todo ello con la complicidad de los Gobiernos», subrayó.

El informe de Oxfam se presentó durante la primera reunión presencial  del Foro Económico mundial de Davos, en Suiza, tras la pandemia, donde se reunieron multimillonarios y líderes mundiales.

Riqueza desorbitante

El informe, elaborado por Oxfam, revela que en el periodo de pandemia 573 personas se han vuelto multimillonarias. Esta situación es resultado, principalmente, de los beneficios hacia grandes empresas farmacéuticas, energéticas, tecnológicas y alimentarias.

Como se detalla, durante los dos primeros años de la pandemia los milmillonarios han visto su riqueza incrementarse mucho más que en periodos anteriores. La riqueza acumulada por estas personas se ha triplicado en las últimas dos décadas.

Si esta riqueza acumulada suponía el 4,4% del producto interno bruto (PIB) mundial en el año 2000, actualmente equivale al 13,9%.

Como destaca el trabajo, a pesar de los beneficios de las empresas energéticas, alimentarias y farmacéuticas, los salarios de trabajadores apenas han aumentado, en medio del mayor incremento de precios en décadas.

Mientras hay 62 nuevos multimillonarios en el sector alimentación, la pandemia ha creado 40 de estos en el sector farmacéutico.

“Para ellos, la pandemia, y ahora el astronómico aumento de los precios de los alimentos y de la energía, han supuesto, sencillamente, un periodo de bonanza”, apuntó la directora ejecutiva de Oxfam Internacional.

“Mientras, se ha producido un retroceso en los progresos logrados en las últimas décadas en la lucha contra la pobreza extrema”, agregó.

Niveles de pobreza

Como detalla el informe, la desigualdad ha alcanzado niveles sin precedentes y se espera que 263 millones de personas estén en condiciones de pobreza extrema para el 2022.

Y es que el aumento de los precios afecta a trabajadores y trabajadoras con bajos salarios, más vulnerables ante los impactos de la pandemia. La situación es más difícil cuando se trata de mujeres, personas racializadas y en situación de exclusión.

Oxfam puntualiza que la riqueza de los 20 multimillonarios más ricos supera el PIB de los países de África Subsahariana juntos.

Además, indica que una persona trabajadora de alguno de los países de la mitad más pobre del mundo, tendría que trabajar 112 años para obtener los ingresos anuales de alguien que trabaja en el 1% más rico del mundo.

“Estas obscenas desigualdades están quebrando los vínculos que unen a la humanidad. Son divisivas, corrosivas y peligrosas. Son desigualdades que literalmente matan», afirmó Gabriela Bucher.

Medidas necesarias

Ante esta situación, Oxfam plantea que los gobiernos deben de aplicar medidas fiscales progresivas a las grandes fortunas y, tras ello, implementar medidas efectivas destinadas a la reducción de estas brechas.

La introducción de un impuesto temporal del 90% a los beneficios excesivos y extraordinarios de las grandes corporaciones. De aplicarse este impuesto en 2020, se hubiera obtenido una recaudación adicional de 104 mil millones de dólares.

Finalmente, la organización propone la introducción de impuestos permanentes sobre la riqueza, de forma que pueda limitar la riqueza extrema y el poder de los monopolios, además de las emisiones de carbono generadas por los ricos.

Fuente de la información: Servindi

Imagen: Ben Richardson / Unsplash

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Quid pro quo o el negocio perfecto

Por: Carolina Vásquez Araya

Una forma perversa y efectiva de corrupción transformada en valor cultural.

Según lo establece el DRAE, Quid pro quo es una locución latina que significa literalmente ‘algo a cambio de algo’. Se usa como locución nominal masculina con el sentido de ‘cosa que se recibe como compensación por la cesión de otra’. En términos corrientes, es un buen negocio y en nuestros países -dependientes de un sistema económico alineado con los intereses de los grandes capitales- es el mecanismo perfecto para obtener el bocado más grande. Dicen con toda razón que en donde hay quien reciba el soborno, siempre habrá quien lo ofrezca.  En los países subdesarrollados, cuyas normas y leyes se han diseñado para beneficio de algunos grupos muy reducidos de propietarios del gran capital, esta ha sido la palanca para financiar multimillonarias campañas políticas, propiciar incursiones bélicas y rediseñar el mapa.

De esta mancuerna entre los poderes económico y político surgen no sólo las estrategias comerciales del primer mundo, sino también las tácticas puntuales para infiltrarse en las estructuras de las naciones en desarrollo con el propósito de planificar la utilización más rentable de sus recursos naturales, su mano de obra barata y sus mercados emergentes.

En otras palabras, mientras las condiciones de pobreza extrema, desigualdad, discriminación y corrupción existan de manera predominante en las naciones del tercero y cuarto mundos, las pretensiones de estas naciones en términos de igualdad de oportunidades o inserción plena en los procesos de globalización no pasarán jamás de ser fantasías de sus reducidos círculos de decisión.

En los sucesivos informes de Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en los países del mundo, se puede apreciar cómo se establece, de manera evidente, la relación entre aquellas naciones cuyas compañías multinacionales pagan los sobornos y aquellas cuyos funcionarios los reciben.  Las primeras, ricas, poderosas, con democracias estables; las segundas, carentes de instituciones fuertes, con la mayoría absoluta de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, pero con una impresionante riqueza en recursos naturales.

Esta realidad, sumada a la destrucción patente del entorno con su secuela de devastación de los ecosistemas, el robo de las aguas y la pérdida de oportunidades en las comunidades afectadas, constituye el escenario sobre el cual deberían delinearse las políticas mundiales tendentes a propiciar políticas de desarrollo. Los informes de desarrollo humano elaborados por la ONU para mostrar un escenario más o menos aproximado de los efectos de la corrupción, muestran lo que ya sabemos: una división entre bloques, una visión opuesta respecto a las prioridades –Estados poderosos evadiendo su responsabilidad en la destrucción del medio ambiente y países en desarrollo exigiendo políticas más acorde con sus necesidades- pero, en resumen, un ambiente de polarización que no ayuda a paliar el hambre ni las carencias básicas de la población mundial.

En medio, resulta patente la pérdida de soberanía de nuestros países, en donde existen leyes casuísticas cuyo propósito consiste en ocultar, justificar y otorgar impunidad a decisiones ilegítimas de gobernantes venales. Todo ello, santificado por los Estados más poderosos cuyo respaldo a un oscuro quid pro quo, negociado por la industria mundial con corruptos locales, sumen a nuestras naciones en la miseria y el desamparo.

La integridad del territorio es un mito en países que cada día pierden un pedazo.

Fuente de la información:   www.carolinavasquezaraya.com

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De traiciones y estrategias

Por: Carolina Vásquez Araya

De traiciones y estrategias

Mientras el gobierno de Giammattei asfixia a la justicia, el imperio calla.

La red tejida por el Pacto de Corruptos es fuerte y compacta; sus operadores -sector político, cúpula empresarial, Ejército, sistema judicial y organizaciones criminales- actúan en estrecha coordinación con el propósito de ahogar cualquier intento de restablecer el estado de Derecho en Guatemala. Para ello cuentan con el silencio de una ciudadanía temerosa, una red de medios de comunicación vendidos a sus intereses y la pasiva anuencia de colegios profesionales y universidades.

En la galería, observando el espectáculo, se encuentran el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas con su principal operador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuyo representante en ese país no ha pasado de ser otra más de las presencias diplomáticas carentes de incidencia. Esta última institución, entre cuyos objetivos están “erradicar la pobreza y reducir la desigualdad”, ha sido incapaz de imponer su misión en el país más corrupto y empobrecido del continente.

La asfixia del sistema jurídico es una amenaza a la democracia, pero también a la vida de sus mejores operadores y se ha transformado en un espectáculo penoso y descarado del Pacto de Corruptos liderado por el Presidente y sus acólitos. Con casi una veintena de operadores de justicia en el exilio por haberse atrevido a investigar y procesar los escandalosos casos de corrupción; y con periodistas e investigadores éticos amenazados por revelar los detalles de sus delitos, Guatemala se ha instalado en el poco honorable sitial de las democracias en vías de extinción.

Sin embargo, esto que sucede en el ámbito doméstico tiene un impacto importante a nivel regional. Si Estados Unidos y la ONU, como uno de los organismos en los cuales posee una influencia de primer nivel, no parecen interesados en apoyar los esfuerzos locales por restablecer el estado de Derecho, la sospecha se centra en intereses mucho más relevantes, como conservar a Guatemala entre el grupo de naciones sometidas a sus políticas neoliberales. El temor, en esas instancias de poder, es la perspectiva de que finalmente en Centroamérica se instale otro gobierno popular, tal como ha sucedido en Honduras y, para evitarlo, no les quita el sueño la destrucción de su institucionalidad.

La traición de quien se considera el epítome de la libertad y la democracia en el mundo nada tiene que ver con libertad ni democracia. Todo lo contrario, se asienta firmemente en un liderazgo geopolítico y económico en el cual los derechos humanos y el bienestar de los pueblos no tienen cabida. Menos aún les preocupa la cooptación de la justicia y la persecución y criminalización de sus mejores jueces, fiscales y comunicadores sociales.

La lucha, por lo tanto, ha de ser interna y sin cuartel. La guerra contra la justicia no solo se libra en las Cortes, sino en todas las instancias políticas, económicas e institucionales y su podredumbre abarca cualquier ámbito de la sociedad. Los espacios de decisión -Cortes, Congreso e instituciones del Estado- han sido tomados a la fuerza por un grupo criminal cuyo poder se consolida gracias al silencio de una ciudadanía orillada a contemplar cómo saquean su patrimonio y acaban con sus recursos. Todo depende de la respuesta del pueblo y de cuánto tarde en reaccionar ante este proyecto de dictadura.

El futuro de Guatemala solo depende de una positiva respuesta ciudadana.

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com

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Informe: Los estudiantes podrían perder 15 billones a lo largo de su vida como consecuencia de la pandemia en el mundo

Banco Mundial, UNESCO y UNICEF piden Programas de Recuperación del Aprendizaje y una mayor inversión en educación en los paquetes de estímulo

Un informe sobre las consecuencias educativas de la pandemia de coronavirus cifra en 17 billones de dólares (unos 15 billones de euros) lo que perderán los actuales estudiantes a lo largo de toda su vida como consecuencia del impacto de la COVID-19. En su punto álgido, la pandemia ha interrumpido la educación de 1.600 millones de estudiantes.

El informe ‘El estado de la crisis mundial de la educación: Un camino hacia la recuperación’ recoge así que se podría perder en torno al 15 por ciento del PIB mundial actual por el cierre de centros educativos por el virus. El texto ha sido elaborado por el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La nueva proyección revela que el impacto es más grave de lo que se pensaba y supera con creces las estimaciones de 10 billones de dólares publicadas en 2020.

Además, muestra que en los países de ingresos bajos y medios, la proporción de niños que viven en situación de pobreza de aprendizaje –que ya era del 53 por ciento antes de la pandemia– podría llegar al 70 por ciento debido a los largos cierres de las escuelas y a la ineficacia de la enseñanza a distancia para garantizar la plena continuidad del aprendizaje durante los cierres de los colegios.

«La crisis del COVID-19 paralizó los sistemas educativos de todo el mundo», ha explicado el director mundial de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra. «Ahora, 21 meses después, las escuelas permanecen cerradas para millones de niños y es posible que otros nunca vuelvan a las aulas. La pérdida de aprendizaje que están experimentando muchos niños es moralmente inaceptable», ha remachado.

La consecuencia directa es el impacto «devastador» en la productividad, los ingresos y el bienestar futuros de esta generación de niños y jóvenes, sus familias y las economías del mundo.

Las simulaciones que estiman que los cierres de escuelas provocan importantes pérdidas de aprendizaje están siendo corroboradas por datos reales. Por ejemplo, los datos regionales de Brasil, Pakistán, India, Sudáfrica o México muestran pérdidas sustanciales en matemáticas y lectura.

PÉRDIDAS PROPORCIONALES A LA DURACIÓN DE LOS CIERRES

El análisis muestra que en algunos países las pérdidas de aprendizaje son aproximadamente proporcionales a la duración de los cierres. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad entre los países y según la materia, el estatus socioeconómico de los estudiantes, el género y el nivel de grado.

Por ejemplo, los resultados de dos estados de México muestran pérdidas de aprendizaje significativas en lectura y en matemáticas para los estudiantes de 10 a 15 años. Las pérdidas de aprendizaje estimadas fueron mayores en matemáticas que en lectura y afectaron de forma desproporcionada a los alumnos más jóvenes, a los estudiantes de bajos ingresos y a las niñas.

Salvo algunas excepciones, las tendencias generales en todo el mundo se alinean con los hallazgos de México, lo que sugiere que la crisis ha exacerbado las desigualdades en la educación. Los niños de hogares con bajos ingresos, los niños con discapacidades y las niñas tenían menos probabilidades de acceder al aprendizaje a distancia que sus compañeros.

Esto se debe a la falta de tecnologías accesibles y a la disponibilidad de electricidad, conectividad y dispositivos, así como a la discriminación y las normas de género.

Los estudiantes más jóvenes tenían menos acceso a la enseñanza a distancia y se veían más afectados por la pérdida de aprendizaje que los estudiantes de más edad, especialmente entre los niños en edad preescolar en etapas cruciales de aprendizaje y desarrollo.

DESIGUALDAD

El impacto perjudicial en el aprendizaje ha afectado de forma desproporcionada a los más marginados o vulnerables. Las pérdidas de aprendizaje fueron mayores para los alumnos de menor nivel socioeconómico en países como Ghana, México y Pakistán.

Los primeros indicios apuntan a que las pérdidas son mayores entre las niñas, ya que están perdiendo rápidamente la protección que la escuela y el aprendizaje ofrecen a su bienestar y a sus oportunidades en la vida.

«En algunos países, estamos viendo mayores pérdidas de aprendizaje entre las niñas y un aumento del riesgo de que se enfrenten al trabajo infantil, la violencia de género, el matrimonio precoz y el embarazo», ha señalado el director de Educación de UNICEF, Robert Jenkins.

El informe subraya además que, hasta la fecha, menos del 3 por ciento de los paquetes de estímulo de los gobiernos se han destinado a la educación. «Se necesitarán muchos más fondos para la recuperación inmediata del aprendizaje», destacan los autores.

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE

Por ello, piden que la reapertura de las escuelas sea una prioridad «máxima y urgente» a nivel mundial para frenar y revertir las pérdidas de aprendizaje. «Los países deben poner en marcha Programas de Recuperación del Aprendizaje con el objetivo de asegurar que los estudiantes de esta generación alcancen al menos las mismas competencias de la generación anterior», han planteado.

Estos programas deben cubrir tres líneas de acción clave: consolidar el currículo, ampliar el tiempo de instrucción y mejorar la eficiencia del aprendizaje. «Debemos hacer de los niños y los jóvenes una verdadera prioridad en medio de todas las demás exigencias de la respuesta a la pandemia. Su futuro y nuestro futuro colectivo dependen de ello», ha apuntado la subdirectora general de Educación de la UNESCO, Stefania Giannini.

El informe incluye una serie de recomendaciones para construir sistemas educativos más resistentes a largo plazo: Invertir en el entorno propicio para liberar el potencial de las oportunidades de aprendizaje digital para todos los estudiantes; reforzar el papel de los padres, las familias y las comunidades en el aprendizaje de los niños; garantizar que los profesores tengan apoyo y acceso a oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad y aumentar la proporción de la educación en la asignación del presupuesto nacional de los paquetes de estímulo.

Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-estudiantes-podrian-perder-15-billones-largo-vida-consecuencia-pandemia-20211206144309.html

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