América del norte/Estados Unidos/22 Noviembre 2018/Fuente: El país
La aportación, considerada la más alta de la historia reciente en educación, busca facilitar el acceso a Johns Hopkins a personas de pocos recursos
Michael Bloomberg anunció el domingo una donación de 1.800 millones de dólares a la Universidad Johns Hopkins para facilitar el acceso a personas de pocos recursos. La donación, considerada la más alta de la historia reciente en el sector educativo, busca abaratar el coste universitario en Estados Unidos, que no ha dejado de crecer en los últimos años, afianzando las desigualdades económicas ante la pasividad de las administraciones públicas.
El exalcalde de Nueva York y fundador y consejero delegado de Bloomberg LP, una compañía de información financiera, ya donó en el pasado más de 1.500 millones de dólares a Johns Hopkins, la universidad donde estudió. Bloomberg —la undécima persona más rica del mundo, según Forbes— ha hecho donaciones millonarias al sector educativo y a un sinfín de otras causas, como la lucha contra el cambio climático y el control de las armas de fuego. El filántropo, que llegó a la alcaldía de Nueva York como republicano, también se volcó en ayudar económicamente a los demócratas en las últimas elecciones legislativas, lo que ha avivado las especulaciones sobre si podría tratar de optar a ser el candidato demócrata en las presidenciales de 2020 contra Donald Trump.
“Me apuesto que la mayoría de estadounidenses está de acuerdo: nunca debería impedirse a un alumno cualificado de la escuela secundaria la entrada a la universidad en base a la cuenta bancaria de su familia. Sin embargo, ocurre todo el tiempo”, escribió Bloomberg en un artículo en el diario The New York Times, en el que anunció su donación. “Denegar a estudiantes el acceso a la universidad según su capacidad de pagar socava la igualdad de oportunidades. Perpetúa la pobreza intergeneracional. Y golpea el corazón del sueño americano: la idea de que cualquier persona, procedente de cualquier comunidad, tiene la capacidad de crecer por su mérito”.
Gracias al regalo de Bloomberg, el presupuesto de Johns Hopkins, cuyo campus central está en Baltimore, crecerá un 30%, hasta los 6.100 millones de dólares. La donación, cuyo efecto será inmediato, se utilizará para que el estudiante solo pague lo que pueda costearse de la matrícula universitaria y gastos de residencia. A efectos prácticos, en su riguroso proceso de selección de estudiantes, la universidad dejará de tener en cuenta las circunstancias financieras del solicitante y garantizará que el alumno no tendrá que endeudarse. Solo 18 universidades de élite en EE UU se pueden permitir ofrecer paquetes tan generosos, según datos del portal especializado U.S. News & World Report.
El coste anual de estudiar en Johns Hopkins es de 72.566 dólares, según los últimos datos oficiales. Eso incluye el coste de la matrícula, de vivir en el campus y de libros y material. La universidad da ayudas para alumnos de pocos recursos, pero de promedio cubren hasta 41.000 dólares. Es decir, quedan unos 31.000 dólares restantes a pagar que corresponden mayoritariamente al alumno y que ahora, con la donación de Bloomberg, serán asumidos por la universidad.
En paralelo, el Gobierno federal concede becas a estudiantes de bajos recursos, pero la cantidad máxima es de 6.095 dólares. Además, numerosos Estados han rebajado sus propias aportaciones en la última década, lo que ha disparado los costes y ha forzado a muchos alumnos a endeudarse.
En su artículo, Bloomberg subraya que las universidades son un “gran igualador” en EE UU y cita estudios que apuntan a que los graduados ganan un sueldo parecido tras la universidad independientemente de cuál fuera la situación económica de su familia. El problema, sin embargo, es que a los más pobres les es mucho más difícil entrar en los mejores centros que a los más ricos. Otros estudios, advierte el exalcalde de Nueva York, señalan que, en decenas de universidades de élite en EE UU, hay más estudiantes procedentes del 1% más rico del país que del 60% de la escala económica.
La deuda universitaria en EE UU se disparó un 62% entre 2007 y 2017, hasta los 1,5 billones de dólares. Afecta a unos 44 millones de ciudadanos. Es una cantidad equivalente a una duodécima parte del PIB nacional o superior al de países como España, lo que ha llevado a muchos economistas a poner el grito en el cielo. La media del pasivo es de 37.172 dólares por estudiante. En los últimos años, solo han surgido iniciativas puntuales para atajar el problema. El expresidente Barack Obama propuso que en las universidades técnicas, en las que es más fácil entrar, los dos primeros años de matrícula sean gratuitos, pero nunca logró los fondos necesarios para sacarlo adelante.
América del norte/Estados Unidos/26 Julio 2018/Fuente: El país
La carga financiera por la universidad obliga a los graduados a retrasar varios años inversiones como la compra de una vivienda
La generación Y, la que nació entre mediados de los años 1990 y comienzos del nuevo milenio, está hundida en deudas. El dato de la Reserva Federal sobre el estado de las finanzas familiares es preocupante. Cuatro de cada diez personas que terminaron los estudios universitarios debe devolver algún tipo de prestamos. El total acaba de superar los 1,5 billones de dólares (lo que los americanos llaman trillions, equivalentes a 1,27 billones de euros), una cantidad que supera la riqueza de una economía avanzada como la de España.
La deuda universitaria supera cómodamente los 1,1 billones de los créditos para la compra del automóvil. También la que se acumula en las tarjetas de crédito, que se acerca al billón. El problema, como muestran las estadísticas del banco central de Estados Unidos, es que estos préstamos se combinan. La deuda media de un graduado asciende así a los 28.400 dólares (unos 24.000 euros), según el The College Board. La cifra es mayor para los estudiantes que van a universidades privadas.
Las mujeres deben dos terceras partes del total, a partir de los cálculos que utilizan como base el informe de la Fed correspondiente al primer trimestre y otras instituciones. La American Association of University Women (AAUW), una organización que promueve la educación entre las adolescentes, explica que en parte se debe a que hay más mujeres matriculadas que los hombres. Representaban un 56% del total en 2016. También porque piden más prestado.
La brecha de género en la deuda estudiantil se explica a que una graduada debe de media 2.740 dólares más que un varón. Los datos también muestran que la devuelven más lentamente, lo que implica que acaban pagando más por los intereses. “Es un problema al que no se presta atención”, señala la AAUW, que lo achaca a que las mujeres tienen menos renta disponible para repagar.
El coste medio de la matrícula en un centro público es de 14.210 dólares si el estudiante se queda en su mismo estado. Esa cifra se eleva a 20.090 dólares cuando se incluye el gasto de dormitorio. La diferencia también se explica por las becas disponibles en función del origen del graduado. Los precios suben más rápido que la inflación, a un ritmo superior al 10% en los últimos cinco años.
Retrasos en los pagos
Hay más de 44 millones de estadounidenses que arrastran algún tipo de deuda desde los estudios. El volumen total crece a un ritmo de vértigo. Hace diez años rondaba los 640.000 millones. Se duplicó en 2012 y los factores que impulsan esta escalada no van a desaparecer con la Fed subiendo tipos, hasta el punto de que los expertos ven una burbuja como la hipotecaria de 2008.
El pago mensual medio del crédito se acerca a los 400 dólares, estima la Fed. En términos generales, el 20% va con retraso. Los que tienen más problemas son los que optaron por no terminar sus estudios. Esta carga, a su vez, amenaza con retrasar inversiones para el futuro, como la compra de una vivienda. El índice de propiedad en el 21%, frente al 32% antes de la recesión.
El salario medio para los nuevos graduados ronda los 50.000 dólares, según un estudio de la firma Korn Ferry. Es un 14% más que para la clase que terminó antes de la recesión. Pero como señala la National Association of Realtors, se está retrasando siete años la compra de la vivienda por la deuda. En paralelo, indica la Fed, se elevó en un 45% los jóvenes que se quedan en casa de sus padres.
Aliviar la deuda
El alza de las matrículas, el estancamiento de los salarios y el recorte de las inversiones públicas en la educación superior provocan que las familias estadounidenses sean más dependientes de los créditos. La American Student Assistance añade que esta situación provoca que muchos opten por retrasar su formación. Por eso piden a los legisladores que rebajen la carga a los estudiantes.
El Institute for Higher Education Policy señala que esta escala del endeudamiento representa un fracaso a la hora de afrontar la desigualdad que domina en el sistema educativo en EE UU. Un cambio legislativo que permita aliviar la situación cancelado parte de la deuda, según cálculos del Levy Economics Institute, aportará cerca de 100.000 millones al crecimiento económico cada año.
Los estudios de grado en los centros públicos cuestan entre 20.000 y 50.000 euros por lo que los jóvenes tienen que recurrir a un préstamo bancario con el aval del Estado.
El día que Belén Pérez acudió al recinto universitario para firmar el crédito que le permitiría tener acceso a los estudios superiores no lo podía creer. Fue en 2010 cuando, después de comer y acompañada de sus compañeras de carrera, ingresó al edificio y se encontró con una enorme carpa por la que desfilaban miles de personas. “Tenías que tomar un número y te asignaban un banco, entonces tenías que hacer la cola al banco que te tocaba”, recuerda la joven.
Belén tiene 26 años y hace dos se licenció en Ortodoncia en la Universidad Autónoma de Chile, de titularidad privada. Es una de las muchas estudiantes que tuvieron que endeudarse para poder acceder a la universidad. Una realidad que han vivido varias generaciones de jóvenes del país suramericano, uno de los más caros para la educación superior, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el más privatizado de América Latina. En la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno. Por eso, la alternativa para los estudiantes chilenos es aceptar un crédito que fue pensado especialmente para ellos.
El Crédito con Aval del Estado (CAE) se puso en marcha durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), pero fue ideado en el gobierno de su predecesor, Ricardo Lagos. Se diferencia de otros créditos porque el aval del estudiante es siempre el Estado. Inicialmente, el CAE se vendió como una fórmula para dar acceso y masificar la educación superior, que había quedado restringida a las clases más acomodadas tras los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet y su feroz privatización de derechos básicos. Después de la poca popularidad de otros mecanismos de financiación educativa, el CAE se presentó a los jóvenes como un crédito de fácil acceso que entregaba la posibilidad de tener un futuro abierto y lleno de oportunidades, sobre todo para aquellos que eran la primera generación de la familia que entraba a la universidad.
Este mes, Belén ha pagado su primera cuota del CAE. Después de 18 meses, ha llegado al final del llamado “período de gracia”, una especie de concesión temporal que dan los bancos para que los jóvenes encuentren un trabajo después de graduarse que les permita enfrentar la deuda. Una vez superado este plazo, ya no hay excusas y cada mes, puntualmente, los estudiantes deben abonar sus tasas. La dentista, por ejemplo, paga entre 172.000 y 220.000 pesos chilenos mensuales (entre 230 y 300 euros) al banco que financió su crédito. Tendrá que hacerlo los próximos 20 años. Su carrera es de las más caras del país –le cuestan, en total, casi 57.000 euros, incluyendo los aranceles anuales y la matrícula que se paga cada año– y, además, ella la cursó en una universidad privada. La misma licenciatura en una universidad pública saldría por unos 46.000 euros.
Fotografía: Daniel Labbe
Aunque el caso de Belén puede que sea extremo, lo cierto es que cualquier grado en Chile tiene costos elevadísimos en Chile. Por ejemplo, la carrera de Biología en un centro público cuesta unos 23.000 euros, mientras que la equivalente a un grado de Maestro de Educación Infantil oscila alrededor de los 22.000 euros. Unos costes que se asumen con muchas dificultades económicas ya que en Chile el sueldo mínimo es la mitad que en España.
Asumir la deuda implica quedar totalmente amarrado por años a los dictámenes de los bancos, que antes de entregar el crédito se han encargado de averiguar todo sobre el postulante: su barrio, el colegio del que procede, los empleos y remuneraciones de sus padres, la carrera que quieren estudiar y dónde.
Efectos en estudiantes y familias
Los efectos del CAE tuvieron un impacto casi inmediato en los estudiantes y sus familias. La tasa de interés, cuyo importe se suma al costo total de los grados, estuvo varios años al 6%, lo que provocó un sobreendeudamiento importante que complicó las opciones de pago de la deuda. Poco a poco se fue engordando una lista de morosos que no ha parado de crecer hasta hoy.
Según los últimos datos de la Comisión Ingresa, administradora del sistema de créditos para estudios superiores, hay más de 874.000 beneficiarios del CAE, de los cuales 397.000 están estudiando. De éstos, 151.000 están morosos, es decir, cerca del 40% del total, y arrastran una mochila que les afecta en muchos otros aspectos: desde la imposibilidad de acceder a una línea de teléfono u obtener su devolución de los impuestos hasta alquilar una vivienda.
“La impopularidad del CAE se intensificó cuando los primeros egresados tuvieron que empezar a pagarlo, porque cuando firmaron el crédito tenían 18 o 20 años y no tenían tanta claridad de lo que significaba”, explica Camila Rojas, exlíder del movimiento estudiantil y hoy diputada en el Congreso por la coalición de izquierda Frente Amplio.
“En el colegio nos dieron una pincelada sobre el sistema de becas y del crédito, pero en general uno lo tiene que aprender por las suyas”, indica Belén. La dentista reconoce que cuando le tocó firmar el CAE, después de dos horas de cola, leyó “lo poco y nada que se entiende” y que quedó con la sensación de recibir “un premio de consuelo” por no haber podido acceder a una beca.
Rojas señala como el descontento por la deuda se sumó a una crisis más profunda del sistema educativo que hasta hoy denuncia el movimiento estudiantil. “Se puso en cuestión la calidad de las carreras y que existiera una masa de universitarios que además de endeudados, luego tenían muchas dificultades para encontrar trabajo”, dice.
Las grandes manifestaciones estudiantiles de 2011 hicieron reaccionar al presidente de la época, Sebastián Piñera, quien llamó a un consenso con la oposición e ingresó un proyecto de ley que rebajó el interés del 6% al 2%. Sin embargo, la reducción no llegó por un gesto de “buena voluntad” de los bancos, sino porque el Estado decidió costear el 4% de los intereses de los estudiantes a través de recursos de sus arcas fiscales. “Esa política tuvo un impacto relevante para los endeudados porque, efectivamente, bajaba el interés, sin embargo, para el Estado la carga es muy importante y el banco sigue recibiendo el dinero”, lamenta Camila Rojas.
La diputada, que hoy preside la comisión investigadora del CAE en el Parlamento, creada para indagar si el beneficio de los bancos ha sido en detrimento de los estudiantes y qué respuesta ha dado el Estado ante eso, comenta que le han llegado denuncias de que no todos los bancos aplicaron la baja de interés del mismo modo. “Algunos en vez de bajar al 2% bajaron en un 2%, quedando el interés al 4%”, detalla. Por eso, desde la instancia que lidera se ha propuesto esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas del crédito, que sospecha que podría tener cláusulas abusivas e ilegales.
El beneficio de los bancos
Uno de los consensos que se ha instalado con fuerza entre los actores sociales y políticos del país es sacar a los bancos de la educación. Es una idea que hoy se defiende desde la derecha hasta la izquierda y el centro del abanico político en Chile. Después de más de una década, las autoridades y representantes se han dado cuenta de que las entidades bancarias han sido los principales beneficiarios de una política que ha exprimido las arcas fiscales del Estado.
Según el estudio Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE, de la Fundación Sol, que investiga y analiza temas sobre trabajo, sindicalismo y educación, en el país suramericano la implementación del CAE logró cumplir con la promesa inicial de aumentar el acceso a la educación superior, pero el 70% del incremento se concentró solo en 20 centros educativos. La mayoría de ellos pertenecen a cuatro grandes grupos educativos privados y, además, varios están siendo investigados por lucrar con las utilidades que, según establece la ley, debieran ser reinvertidas en las universidades.
Fotografía: Movimiento Deuda Educativa
“El CAE tiene una incidencia muy importante en el aumento exponencial de las matrículas de estas instituciones privadas, lo que refuerza la idea de que el sistema de educación superior se mercantiliza y el sector público se hace más pequeño, con un índice de matrículas del 15%”, expone Marco Kremerman, uno de los autores del estudio.
El documento también revela que para hacer este negocio aún más atractivo para las entidades financieras, el Estado se comprometió a subsidiar a los bancos a través de un sistema de compra de créditos con sobreprecio. Pese a que inicialmente se comprometieron a comprar cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%, entre 2006 y 2017, la administración recompró el doble de los créditos comprometidos con un sobreprecio de 26,1%, es decir, 4,3 veces más que lo que se requería.
Sacar a los bancos
A pesar de que en su último gobierno, la expresidenta Michelle Bachelet instauró un sistema de gratuidad para el 60% del alumnado más pobre, el CAE hoy representa el 26,5% del presupuesto de la partida destinada a Educación Superior, 24 puntos más que en 2006, y ha comprometido recursos para 2018 por 549.630 millones de pesos (casi 750.000 euros).
Para los que no pueden acceder a la gratuidad, la ex mandataria también propuso crear un nuevo Crédito Estatal de Educación Superior (Cepes) que excluía a la banca y se adaptaba al sueldo que reciben los profesionales más jóvenes. Sin embargo, dejó fuera dos aspectos innegociables para el movimiento estudiantil: salir del sistema de crédito y condonar la deuda a quienes quedaron atados al CAE.
La propuesta de Bachelet no alcanzó a avanzar y Piñera la retiró apenas llegó a su segundo gobierno en 2018. El presidente ha presentado ahora otro proyecto de ley -también basado en el crédito- para crear el llamado Sistema Único de Créditos (SUC), un mecanismo administrado por el Estado y sin intervención de la banca que establece en un 10% del salario el pago máximo que deberá hacer cada estudiante una vez haya finalizado sus estudios y tenga ingresos. El crédito tendrá una tasa de interés del 2% anual y la deuda se condonará a los 15 años de pago.
“Va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado y, de esa forma, vamos a evitar muchos de los problemas que generó la participación del sistema financiero en el actual CAE (…) El sistema que estamos proponiendo pone fin a muchas y discriminatorias diferencias que existen hoy en día”, aseguró Piñera.
Sin embargo, la iniciativa no ha dejado satisfechos a los estudiantes, que critican que no se haga cargo del problema de los morosos y que no condone la deuda. “Eliminar el CAE es eliminar un problema para futuros estudiantes, pero no para los morosos actuales o para los que finalizarán sus estudios dentro de dos años y que habrán cursado el 80% con CAE. Ellos van a seguir siendo deudores y morosos”, lamenta Marco Kremerman.
La deuda educativa carga sobre las espaldas de un país con unas tasas de endeudamiento que, en general, ya son muy elevadas. Las cifras estratosféricas que enfrentan los jóvenes que quieren formarse han hecho de la demanda por una educación gratuita y de calidad la principal bandera del movimiento estudiantil, que persistentemente no ha dejado de presionar para que los gobiernos les den una respuesta. Al final, lo que reclaman no es que se garantice el acceso a la educación, sino que se garantice el derecho.
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