Olvido, impunidad y violencia son tres palabras que cruzan varias de las investigaciones más importantes del año. Desde los más de 90 casos de defensores del ambiente y territorio víctimas de desaparición en México y los 8278 residuos petroleros que contaminan los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hasta la violencia que acorrala a los resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia y Bolivia.
Contar cada una de las historias de esta lista ha sido complejo y también arriesgado para los periodistas que viajaron a lugares remotos donde los delitos ambientales y la presencia de grupos armados ilegales es una constante. Un periodista de La Silla Vacía, por ejemplo, que viajó para contar las historias del parque La Paya y los resguardos alrededor tuvo que lidiar con un retén de los Comandos de la Frontera. Varios de los equipos periodísticos tuvieron que esperar por meses antes de entrar a territorio para no poner en peligro a los entrevistados. Algunos navegaron por horas para llegar a lugares remotos donde la crisis climática es crítica y otros se sumergieron en investigaciones para desentrañar cómo operan las mafias que trafican especies silvestres y minerales preciados.
Esta es la selección de las mejores investigaciones del 2023 en la que trabajaron, durante meses, 16 medios de comunicación —de cinco países de la región— en alianza con el equipo de periodistas de Mongabay Latam.
10. Enemigas de la biodiversidad: especies invasoras avanzan sin control en Latinoamérica
¿Has escuchado hablar del castor, el caracol africano, la liebre europea, la palomilla y la rana coquí antillano?Estas especies tienen algo en común: son consideradas invasoras en varios países y su impacto es alarmante. Mongabay Latam; La Barra Espaciadora, de Ecuador; El Tiempo, de Colombia; y La Lista, de México, investigaron los efectos negativos que han causado en la biodiversidad y cómo pueden también afectar a los humanos.
Científicos señalan que estos visitantes no deseadosestán entre las cinco principales causas de la crisis de pérdida de biodiversidad mundial. Además, varios estudios indican que casi una quinta parte de la superficie de la Tierra está en riesgo de invasiones de plantas y animales, incluidos muchos ‘hotspots’ de biodiversidad. Se calcula que el número de especies exóticas invasoras en el mundo ha aumentado en un 70% desde 1970.
Lee aquí la investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con La Barra Espaciadora de Ecuador, El Tiempo de Colombia y La Lista de México.
9. Avasallamientos en Bolivia: las invasiones ilegales que lastiman las áreas protegidas
“Son grupos armados, son grupos contratados que ingresan a diferentes predios después de varios análisis. Visitan varias veces las zonas, ven dónde ingresar y si es necesario lo hacen a la fuerza”. Así describe una fuente policial en Bolivia cómo funcionan los avasallamientos o invasiones de tierras estatales, una pesadilla que no logra ser controlada hasta el momento por el gobierno. Las regiones de Beni y Santa Cruz son las más afectadas hasta el momento, aunque la última de ellas es la que concentra alrededor del 80% de las tomas de tierra ilegales.
Un equipo de Mongabay Latam y del diario El Deber de Bolivia viajaron a tres áreas protegidas para mostrar el impacto de esta modalidad de ocupación ilegal en los bosques. En el Parque Nacional Amboró, los cultivos ilícitos y el narcotráfico son el motor que alientan los avasallamientos dentro del área protegida. Mientras que en la Reserva Municipal de San Rafael los cultivos de maíz, soya y la extracción de maderas preciosas son la principal causa de las invasiones. El último lugar en ser visitado fue la reserva El Curichi Las Garzas, un refugio natural donde los avasalladores han devastado 300 hectáreas para cultivar arroz y soya.
Lee aquí las cuatro entregas de esta serie.
8. Menonitas en Colombia: acumulación de tierras y deforestación no se detienen en Los Llanos Orientales
Esta historia empieza cuando el pueblo Sikuani denuncia la ocupación ilegal de su territorio por colonias menonitas. Desde la primera historia que Mongabay Latam y Rutas del Conflicto publicaron en 2021 hasta la fecha, el grupo religioso ha logrado acumular alrededor de 38 mil hectáreas de tierra invadiendo parte del territorio ancestral de las comunidades de Barrulia, Iwitsulibu y Tsabilonia.
Esta investigación, que forma parte de una de las entregas del especial La huella menonita, narra cómo las tres comunidades llevan más de cinco años solicitando a la Autoridad Nacional de Tierras la consolidación de sus resguardos para poder retornar al territorio del que salieron por causa de la violencia colombiana. Además, revela cómo las tierras indígenas sikuani han sido ocupadas por los menonitas en tres sectores a los que han llamado Australia, Liviney y Las Piedras.
Si bien la investigación publicada este 2023 evidenció, nuevamente, como las colonias siguen comprando tierras con los mismos problemas legales y manteniendo las mismas tensiones con los sikuani, en octubre de este año la ANT anunció que algunas de las tierras volverían al Estado para ser devueltas a las comunidades.
Lee aquí esta investigación.
7. Los bosques que perdimos: ¿Cómo combatir la deforestación con datos incompletos?
Mongabay Latam y la 6ta Generación de la #RedLatam de Distintas Latitudes investigaron el avance de la deforestación en Latinoamérica. El equipo periodístico empezó por solicitar información pública a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile sobre las extensiones y causas probables de pérdida boscosa entre 2001 y 2021. ¿Qué encontraron? Vacíos de información, datos incompletos y falta de transparencia en la mayoría de los casos.
También se logró identificar cómo cada país mide la deforestación con distintas metodologías, no todos establecen causas o amenazas específicas de pérdida de bosque, o lo que es más complejo, pueden incluir o excluir distintos ecosistemas al momento de la medición. Estos datos luego fueron comparados con las decisiones políticas que adoptaron los gobiernos en las últimas dos décadas para detectar la relación entre los picos de deforestación y el mandatario de turno. En Brasil, por ejemplo, el incremento sostenido de la deforestación coincide con el mandato de Jair Bolsonaro.
Lee aquí las dos entregas de esta investigación.
6. Navarino: una isla muy cerca a la Antártida afectada por los dramáticos cambios de la crisis climática
Para contar esta serie de historias sobre la crisis climática en Cabo de hornos, una periodista de Mongabay Latam tuvo que navegar a este apartado lugar durante 30 horas, donde la temperatura puede ser la de la Antártida, para registrar por primera vez los impactos que el cambio climático está generando en los bosques más australes del planeta. Los reportajes narran las transformaciones que están ocurriendo como la llegada de mosquitos que podrían transmitir enfermedades tropicales, el cambio en la vida de algunas especies por el aumento de la temperatura o los impactos de las especies invasoras.
También cómo el aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias ha provocado que humedales se sequen, que témpanos de hielo desaparezcan y poblaciones de diferentes animales disminuyan drásticamente. La serie muestra también el desconocido trabajo científico que se realiza en lugares lejanos y que es clave para sumar evidencias sobre la crisis climática y combatir el negacionismo. Este trabajo ganó el premio en la categoría de Crónica del concurso Excelencia Periodística 2023 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Lee aquí la serie completa.
5. Deforestación, minería ilegal y narcotráfico acorralan a resguardos indígenas de la Amazonía de Colombia
Los resguardos indígenas de la Amazonía de Colombia llevan años siendo las víctimas silenciosas de una violencia que se agrava. Un equipo periodístico analizó geoespacialmente la situación de 230 de estos territorios y encontró que 218 perdieron más de 19 mil hectáreas de cobertura arbórea durante 2022, 88 registran la presencia de cultivos ilícitos de coca y 10 son afectados por la contaminación de la minería ilegal de oro que proviene de ocho ríos. A este panorama se suma que grupos armados ilegales acechan a las comunidades.
Periodistas de Mongabay Latam, Baudó Agencia Pública, Entreojos.co, La Liga contra el Silencio y La Silla Vacía viajaron a cinco de los resguardos donde la ilegalidad es crítica: Yurayaco, El Hacha, La Yuquera, Villa Catalina de Puerto Rosario y Curare Los Ingleses. Un dato clave: sólo este año, en los cinco resguardos visitados por los reporteros de esta alianza, se reportaron más de 36 mil alertas de deforestación.
Lee aquí las seis entregas de esta investigación.
4. Violencia en la Amazonía de Colombia: guardaparques desplazados y 14 áreas protegidas disputadas por grupos armados ilegales
Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron las amenazas que enfrentan los guardaparques y el avance de varios delitos ambientales en los parques y reservas de la Amazonía de Colombia. Para publicar esta serie, el equipo periodístico viajó a los parques nacionales La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu. Lo que encontraron fue un panorama grave: funcionarios ambientales amenazados por grupo armados ilegales que se disputan el dominio de las áreas naturales. Algunos han sido incluso declarados objetivo militar y otros han sido asesinados.
La investigación pudo establecer también que las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y áreas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas del país. Además, la presencia de grupos armados en estos parques y reservas ha traído violencia y provocado que los guardaparques sólo puedan visitar espacios muy específicos. En el Parque Nacional Sierra de la Macarena, por ejemplo, no pueden entrar a tres sectores por las amenazas recibidas, la presencia de grupos armados y de cultivos ilícitos. En Amacayacu, los funcionarios no pueden ingresar a la parte norte del área protegida por la presencia de grupos armados ilegales. Y en el Parque Nacional La Paya, los guardaparques indígenas solo pueden transitar por dos sectores muy específicos.
Lee los hallazgos de esta investigación aquí.
3. Colombia: hijo de capo del cartel de Cali envuelto en tráfico de aletas de tiburón a Hong Kong
¿Cuál es la relación entre el mayor decomiso de aletas de tiburón y Fernando Rodríguez Mondragón, el hijo del fallecido capo del cartel de Cali? Durante nueve meses un equipo periodístico de Mongabay Latam, OCCRP y Armando Info reconstruyó la ruta detrás del cargamento de más de 3000 aletas de tiburones amenazados de extinción que pretendían ser traficadas a Hong Kong. Mientras se realizaba este reportaje, la fiscalía de Colombia ordenó el arresto domiciliario de Fernández Mondragón.
La historia empieza en junio de 2021, seis meses después de que Colombia prohibiera la pesca y comercialización de tiburones. Ese mes, las autoridades interceptaron un cargamento con 3493 aletas de cinco especies de tiburones camufladas entre 117 kilos de vejigas natatorias o buches de pescado. ¿De dónde venían estas vejigas y las aletas?¿Quiénes estaban detrás?¿Cuál fue la ruta que siguió el cargamento hasta llegar al aeropuerto de Bogotá?
Lee esta investigación aquí.
2. A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México
Por primera vez, esta investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documenta cuántos defensores del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición desde diciembre de 2006. Las historias de Sergio Rivera, Eva Alarcón, Marcial Bautista y Celedonio Monroy, nombres que forman parte de la lamentable lista de defensores del ambiente y el territorio, son narradas en cada una de las entregas de este trabajo.
La base de datos construida reveló que al menos 93 personas defensoras han sido víctimas de desaparición en México desde 2006. Además que 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida. De los 93 casos, 83 son hombres y 10 son mujeres. Este trabajo periodístico documentó los casos registrados entre el 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó lo que el gobierno de Felipe Calderón llamó la “guerra contra el narcotráfico”, hasta el 1 de agosto de 2023.
Lee aquí las dos entregas de esta investigación.
1. Las deudas del petróleo: más de 6 mil desechos sin limpiar en cuatro países de Latinoamérica
Por segundo año consecutivo, Mongabay Latam, La Barra Espaciadora, Rutas del Conflicto, Cuestión Pública y el diario El Deber investigaron las malas prácticas de la industria petrolera en Bolivia, Colombia,EcuadoryPerú. Esta vez el foco de este trabajo estuvo en los pasivos ambientales que las operaciones dejan abandonados en los territorios. Lo que encontramos y construimos fue un mapa de la contaminación: más de 8 mil residuos petroleros acumulados en los cuatro países, más de 6 mil que aún han sido limpiados y 600 residuos petroleros que se superponen con 50 territorios indígenas y 15 áreas protegidas en la Amazonía.
Detectamos, además, que de los 8 mil residuos identificados, un total de 4284 pasivos ambientales son oficialmente reconocidos por los gobiernos, pero 3994 —que cumplen con la mismas características— son simplemente clasificados como “fuentes de contaminación” en Ecuador, “sitios impactados” en Perú, “impactos no resueltos” en Colombia y “pozos abandonados” en Bolivia. El equipo periodístico viajó a cinco puntos clave para narrar la historia detrás de los casos más emblemáticos.
Lee las ocho entregas de esta investigación aquí.
BONUS: Coltán, oro y pistas clandestinas: el botín con el que grupos armados desangran al Guainía
La minería ilegal se practica en el departamento de Guainía tanto en balsas dragas como en la extracción a cielo abierto. Crédito: Rodrigo Durán Bahamón.
Un equipo de Mongabay Latam y Vorágine viajó a los alrededores de la reserva Puinawai en el sur oriente de Colombia y lo que encontró es alarmante: tráfico de coltán, dragas ilegales, minería a cielo abierto para sacar oro, grupos armados y seis pistas aéreas clandestinas. Este cóctel de ilegalidad pone en riesgo a los bosques, ríos y comunidades de la zona.
Lee aquí la investigación completa.
Imagen principal: Tuberías expuestas en la base de Huayuri. Crédito: Patrick Wesember.
El cambio climático convierte los ríos africanos en epicentros de conflictos
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Por Maina Waruru | 28/10/2023 | Ecología social
Fuentes: IPS [Imagen: Restos de ganado muerto en los pastizales de Kitengela Masái, en Kenia, durante la gran sequía de 2009. Un nuevo informe muestra que los principales ríos de África se han convertido en fuentes de conflicto debido a su desecación originada por el cambio climático y la degradación ambiental. Imagen: Ilri]
NAIROBI – Casi todas las grandes cuencas fluviales de África se han convertido en epicentros de conflictos en los últimos 20 años, y el rendimiento agrícola en el continente podría caer hasta 50 por ciento en el futuro próximo debido al agotamiento de las fuentes de agua «tradicionales».
Ello sucede en parte por los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente, según el Informe sobre el Estado del Ambiente en África 2023, publicado en Nairobi, sede entre otros organismos internacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Al mismo tiempo, la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad afectan sobre todo al continente, con una pérdida de cuatro millones de hectáreas de cubierta forestal cada año, el doble de la tasa media mundial.
Esto, en parte, ha contribuido a que más de 50 millones de personas hayan emigrado de las zonas degradadas del África subsahariana al norte de África y Europa hasta 2020, según el informe elaborado por el indio Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente (CSE), lanzado en esta capital keniana el 13 de octubre.
En él se constata que todas las cuencas hídricas críticas de África experimentaban al inicio de esta década dificultades y turbulencias a causa, entre otras razones, al uso insostenible de los recursos, además del clima, convirtiéndose en focos de competencia por el agua.
Las cuencas incluyen el lago Chad, compartido por Chad, Nigeria, Camerún y Níger; el río Nilo, compartido por Egipto, Uganda, Sudán y Etiopía; el lago Victoria, compartido por Kenia, Uganda y Tanzania; y el río Níger, utilizado por comunidades de Níger, Mali y Nigeria.
También figuran en la lista la cuenca del río Congo, un recurso conjunto utilizado por Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón, y la cuenca del lago Malauí, compartida por Tanzania y Malauí. También figura en la lista la cuenca del lago Turkana, en Kenia y Etiopía.
Los conflictos en la cuenca del lago Chad comenzaron en 1980, después que la masa de agua ha disminuido un 90m% desde los años 60 debido a la sobreexplotación y a los efectos del cambio climático.
«Durante años, el lago ha sustentado el agua potable, el riego, la pesca, la ganadería y la actividad económica de más de 30 millones de personas; es vital para las comunidades indígenas, pastoriles y agrícolas de uno de los países más pobres del mundo”, señala el informe.
De hecho, añade, “el cambio climático ha alimentado crisis medioambientales y humanitarias masivas en la región».
Señala que los actores internacionales y los gobiernos regionales han ignorado durante mucho tiempo la interacción entre el cambio climático, la violencia comunitaria y el desplazamiento forzado de civiles.
«Los conflictos entre pastores y agricultores se han hecho habituales a medida que se pierden los medios de subsistencia, y las familias que dependen del lago emigran a otras zonas en busca de agua», señala el nuevo reporte del CSE.
«En la cuenca del Congo, las disputas comenzaron en 1960. La cuenca es testigo de crisis polifacéticas, como desplazamientos forzosos, conflictos violentos, inestabilidad política e impactos del cambio climático», determina.
Por otro lado, en la cuenca del Níger los conflictos se remontan a 1980, se remarca, y se culpa al cambio climático de los desacuerdos por «los daños a las tierras de cultivo y el acceso restringido al agua, mientras que en el Nilo, los desacuerdos comenzaron en torno a 2011 a raíz de la construcción de la presa del Gran Renacimiento por parte de Etiopía, que Egipto teme que afecte al caudal de agua».
Los conflictos por los recursos del lago Turkana son bastante recientes, y se remontan a 2016, cuando se observó que, con 90 % de su agua procedente del río Omo, en Etiopía, el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones han contribuido al «retroceso» del lago hacia Kenia.
Para sobrevivir, las tribus de pastores etíopes empezaron a seguir el agua, lo que provocó conflictos intertribales con sus pares keniatas. La construcción de la presa etíope Gilgel Gibe III en el río solo empeoró las cosas.
El informe señala que, en 2020, se proyectaba que entre 75 y 250 millones de personas del continente estaban «expuestas a un mayor estrés hídrico» debido al cambio climático.
El documento advierte que, en algunos países, el rendimiento de la agricultura de secano podría disminuir hasta un 50 % debido a la desecación de las fuentes tradicionales de agua, como lagos, ríos y pozos.
«La forma en que África gestione sus recursos hídricos definirá la seguridad del agua en el mundo. Los acuíferos africanos contienen 0,66 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esto es más de 100 veces los recursos anuales renovables de agua dulce almacenados en presas y ríos», remarca el estudio.
Como ejemplo está el ejemplo de Etiopía. Este país, conocido como la torre de agua del continente, se enfrenta al enorme reto de la desaparición de lagos y ríos.
África, el segundo continente más grande y poblado del mundo, alberga una cuarta parte de la fauna y la flora del planeta, pero la extinción de especies y la tasa general de pérdida de biodiversidad en el continente son mayores que en el resto del mundo.
Como resultado, del total de muertes por condiciones meteorológicas extremas, clima o estrés hídrico en el mundo en los últimos 50 años, 35 % de ellas se produjeron en África.
Como era de esperar, además, África concentrará 40 % de las migraciones mundiales debidas al cambio climático.
«Aunque el Sur global soportará la carga máxima de la migración interna, las razones podrían variar de una región a otra, dependiendo de cuestiones relacionadas con el cambio climático como la escasez de agua o la subida del nivel del mar”, explica el informe.
Sin embargo, alerta que “la escasez de agua será el principal motor de la migración total”
Citando el ejemplo de los chimpancés, el Estado del Ambiente en África 2023 informa de que solo hay entre 1,05 y 2,05 millones de ejemplares de esta especie en el continente, limitados a Gabón, República Democrática del Congo y Camerún, mientras sus poblaciones que han desaparecido en Gambia, Burkina Faso, Benín y Togo.
En el lado positivo, afirma que los países africanos cuentan con algunos modelos de conservación pioneros que, entre otras cosas, sitúan a las comunidades en el centro de los esfuerzos de conservación.
Añade que si África protege su biodiversidad, el mundo entero también saldrá ganando.
Las zonas protegidas del continente, si se utilizan de forma sostenible, pueden erradicar la pobreza y traer la paz, afirma.
Sudáfrica será la más afectada por los fenómenos meteorológicos extremos, que harán inhóspitas algunas zonas, donde ya hay personas que se ven obligadas a emigrar dentro de sus propios países o regiones en busca de condiciones de vida más hospitalarias y mejores, afirmó Sunita Narain, directora general del CSE, con su base principal en India.
Narain explicó los motivos del informe: «Hoy podemos leer y obtener la historia inmediata, pero a menudo no tenemos la visión de conjunto. El informe nos ayudará a tener esa visión de conjunto. Nos permitirá comprender los distintos aspectos del medio ambiente al ofrecer una visión global que aclare los vínculos entre el medio ambiente y el desarrollo. Medioambiente y desarrollo son dos caras de la misma moneda».
Añadió que el informe, elaborado con aportaciones de científicos y periodistas afincados en África, también ayudaba a la gente a apreciar el vínculo entre desarrollo y ambiente.
Según Mamo Boru Mamo, director de la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental de Kenia, las cuestiones planteadas en el informe son importantes y pertinentes para el medio ambiente en África.
Entre otras cosas, el Estado 2023 captó la difícil situación de las comunidades agropecuaria de África oriental, cuya migración de las zonas áridas y semiáridas del continente a los centros urbanos y fuera del continente ha aumentado en los últimos años, gracias en parte a la acelerada degradación del medio ambiente.
«El continente tiene la responsabilidad colectiva de gestionar el medio ambiente de forma sostenible, al tiempo que orienta la posición que debe adoptar África en la próxima COP28 de la ONU en Dubái», afirmó, en referencia a la 28 Conferencia de las Partes sobre cambio climático que acogerá ese emirato desde el 30 de noviembre.
Citando el «Estado provisional del clima mundial 2022» de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el funcionario keniata subrayó que en África oriental las precipitaciones han estado por debajo de la media durante cuatro estaciones húmedas consecutivas, la secuencia más prolongada en 40 años.
La región registró cinco estaciones lluviosas deficitarias consecutivas hasta finales de 2022, siendo la estación lluviosa de marzo a mayo de 2022 la más seca en más de 70 años para Etiopía, Kenia y Somalia, en parte debido a la destrucción del ambiente y al cambio climático.
En general, el informe confirma que la crisis climática en África es lo que califica como «un problema existencial», al que se enfrentan millones de personas que llevan años soportando una naturaleza airada.
Más de 100 periodistas, investigadores y expertos de toda África han contribuido a la elaboración de esta publicación anual.
Al menos 177 personas defensoras ambientales y de territorio fueron asesinadas en 2022, de acuerdo con los datos del más reciente informe publicado por la organización internacional Global Witness. América Latina sigue siendo la región más violenta para los defensores ambientales, ya que nueve de cada 10 asesinatos ocurrieron en países latinoamericanos. Colombia registró 60 casos, casi el doble de los 33 que se documentaron en 2021. La mayoría de los homicidios (64) fueron en contra de personas que pertenecen a comunidades indígenas. En la región de la Amazonía ocurrieron 39 ataques letales; la cifra muestra que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de tierra y ambiente.
América Latina no consigue garantizar la seguridad para quienes defienden ríos, lagos, bosques y todo lo que da vida a un territorio. En 2022, la región volvió a colocarse como la más peligrosa para ellos. Ese año, 177 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en el mundo, 125 de esos homicidios ocurrieron en países latinoamericanos, en especial en Colombia, Brasil y México.
Esos datos forman parte del más reciente informe “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medio ambiente al frente de la justicia climática”, publicado por Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 realiza la documentación de las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio.
Si bien los 177 asesinatos ocurridos en el año 2022 representan un número menor a los 200 que se registraron en 2021, la disminución no significa que vaya a la baja la violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio, enfatiza Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness.
Y hay un dato que refleja cómo la violencia en contra de los defensores ambientales no da tregua: durante 2022, en promedio, cada dos días el mundo perdió a una persona que dedicó parte de su vida a defender los territorios en donde la vida es amenazada.
Líder indígena de la comunidad Kayapó a orillas del río en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
El más reciente informe de Global Witness vuelve a registrar una tendencia presente en otros años: las comunidades indígenas están sufriendo una violencia permanente. En el 2022, fueron 64 las personas defensoras indígenas que fueron asesinadas, esa cifra representa más de un tercio (36 %) del total de casos.
“Si bien cada vez se reconoce más el papel que (los pueblos indígenas) desempeñan en la protección de los bosques del mundo, siguen sin que se les brinde la protección adecuada y sin que se les incluya en la toma de decisiones”, se resalta en el informe.
Las mujeres sufrieron el 11 % del total de los ataques mortales. Además, el 22 % de todas las personas defensoras asesinadas se dedicaban a la agricultura en pequeña escala.
Entre los nombres de las personas defensoras de ambiente y territorio que están presentes en el informe de Global Witness se encuentra el de Jonatas Oliveira, hijo de un líder de Brasil. Tenía nueve años cuando lo mataron. En 2022, al menos, cinco menores de edad fueron asesinados: tres en Brasil, uno de Colombia y otro de México.
Laura Furones reconoce que es difícil especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos. Aun así, a partir de la documentación realizada con fuentes abiertas y con organizaciones no gubernamentales en cada uno de los país, el informe de Global Witness señala que la agroindustria, la minería y la explotación forestal aparecen como los principales sectores económicos que tienen alguna conexión con los homicidios de personas defensoras de ambiente y territorio.
Este año, el informe Global Witness reportó el asesinato de cinco menores de edad; tres de esos homicidios ocurrieron en Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
América Latina: la región más violenta para los defensores
Los asesinatos de defensores ambientales y de territorio que documentó Global Witness en 2022 ocurrieron en 18 países, 11 de ellos están en América Latina. Colombia fue el país que registró el mayor número de homicidios: los 60 documentados representan casi el doble de los 33 que se contabilizaron en 2021.
Entre las tres naciones en donde más asesinaron a defensores ambientales también se encuentran Brasil, con 34 casos, y México, en donde se registraron 31 homicidios.
Al igual que Colombia, Brasil registró un aumento en los casos de personas defensoras de ambiente y territorio asesinados. Si en 2021 se documentaron 26 homicidios, para el 2022 la cifra aumentó a 34.
El 2022 representó el último año de gobierno de Jair Bolsonaro, cuya presidencia se caracterizó por abrir aún más las puertas de la Amazonía a la agroindustria y a la minería. Además, en el informe de Global Witness se apunta que durante su administración se debilitó a las instituciones ambientales. En Brasil, señala Furones, se ha dado “una carrera por la invasión de las tierras indígenas, por parte de intereses mineros y la agroindustria”.
México logró disminuir el número de asesinatos contra defensores ambientales y de territorio. Si en 2021 se registraron 54 homicidios, para el 2022 solo se documentaron 31. Furones advierte que disminuyeron los asesinatos, pero en el país como en otras naciones de la región han aumentado otras violencias, entre ellas la criminalización.
El informe resalta que Colombia, Brasil y México tienen algo en común: “Sus gobiernos han fracasado sistemáticamente a la hora de poner fin a estos asesinatos y hacer que las personas responsables rindan cuentas. Esta impunidad sienta un precedente fatídico”.
Otro de los países latinoamericanos que registran una alta violencia en contra de defensores ambientales es Honduras, en donde 14 personas defensoras fueron asesinadas en 2022. El informe de Global Witness resalta que el país centroamericano tiene el número de asesinatos más alto a nivel per cápita.
De acuerdo con la documentación realizada por Global Witness, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022, 1910 personas defensoras de ambiente y territorio han sido asesinadas; el 70 % de esos homicidios (1335) ocurrieron en países latinoamericanos.
En Colombia hay un fuego cruzado, donde pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: Somos Defensores.
La urgencia de sumarse al Acuerdo de Escazú
Cinco de los países latinoamericanos que aparecen en el informe de Global Witness no son parte aún del Acuerdo de Escazú, el primer tratado de Latinoamérica y el Caribe que, entre otras cosas, obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales.
Brasil solo ha firmado el acuerdo, pero no lo ha ratificado. Y en octubre de 2022, Colombia ratificó el acuerdo, pero desde entonces, el tratado se encuentra en un proceso de revisión en la Corte Constitucional, instancia que determinará si el contenido de Escazú es acorde con la Constitución.
Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización no gubernamental, explica que en el país “hay mucha presión para tratar de limitar la implementación del Acuerdo de Escazú”. Esa presión, asegura, proviene sobre todo del sector empresarial.
Los más recientes datos del informe de Global Witness, señala Torres, deberían ser un motivo lo suficientemente fuerte para que “la Corte Constitucional pueda ratificar ya el acuerdo y comenzar a implementarlo lo más pronto posible”.
Honduras, Perú y Venezuela tampoco han ratificado el Acuerdo de Escazú.
En su informe Global Witness llama a que todos los países que forman parte de la región amazónica firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. “Utilizar su marco como hoja de ruta para la transparencia, el acceso a la información y la justicia medioambiental”.
Amazonía: una región bajo acoso
El informe de Global Witness dedica un apartado especial para la Amazonía, región en donde fueron asesinadas 39 personas defensoras, 11 eran originarias de comunidades indígenas. Esta cantidad representa más de la quinta parte de todos los homicidios cometidos contra defensores ambientales y de territorio en todo el mundo.
En junio de 2022, el brasileño Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, y el periodista británico Dom Phillips, fueron asesinados en la Amazonía. El informe de Global Witness recuerda que, a 1000 kilómetros de donde los mataron, “las actividades de la minería ilegal de oro prácticamente han acabado con la comunidad indígena yanomami”.
Otras comunidades indígenas que habitan en la Amazonía también han vivido la invasión de sus territorios. Maria Leusa Munduruku, defensora ambiental brasileña que pertenece al pueblo Munduruku, recuerda que los invasores quemaron sus aldea y ella ha recibido amenazas de muerte: “Cuando alguien se pone de pie en contra de eso, termina amenazado”.
Durante los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro, las comunidades indígenas vivieron algo “muy terrible”, remarca María Leusa Munduruku. Ahora, con el gobierno de Lula de Silva, “estamos exigiendo al Estado que cumpla con la seguridad para los defensores del territorio. Para nosotros todavía no hay seguridad”.
Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Foto: Rosamaria Loures.
En la región amazónica, la violencia también está afectando a las comunidades indígenas kayapós, de Brasil; uwottüja, de Venezuela y kakataibo, de Perú. El informe de Global Witness apunta que padecen la invasión de sus tierras, la contaminación de sus ríos y amenazas ocasionadas, en especial, por la expansión de la minería ilegal.
El 30 de junio de 2022, Virgilio Trujillo Arana fue asesinado. Era líder de la comunidad uwottüja y miembro de la Organización Guardianes Territoriales Indígenas Ayose Huyunami. Él denunció la minería ilegal en la Amazonía venezolana.
En Perú, los kakataibos, los shipibo-konibos y otras comunidades indígenas que viven en las regiones de Ucayali y Huánuco, en la Amazonía peruana, también llevan años denunciando las invasiones de sus tierras y la explotación ilegal de la madera de sus bosques. En su territorio, “los cultivos de coca están reemplazando al bosque”, se lee en el informe de Global Witness.
Tan solo en la región de Ucayali han sido asesinadas, al menos, tres personas defensoras de tierra y medio ambiente, de acuerdo con los datos de la organización internacional.
“Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática. Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediado precisamente por llevar a cabo esa labor”, señala Laura Furones, de Global Witness.
La responsabilidad de las empresas y de otros países
Los asesinatos ocurridos en la Amazonía y los daños ambientales provocados por las actividades extractivas, tanto legales como ilegales, muestran la alta presión que hay sobre este territorio y quienes lo habitan. Ante este panorama, el informe de Global Witness hace un llamado: “Proteger la Amazonía es una de las acciones más urgentes que debemos emprender para evitar las peores consecuencias de la crisis que afronta nuestro planeta”.
En el informe se incluyen una serie de recomendaciones para detener la violencia y los asesinatos de las personas defensoras en la Amazonía, entre ellas que los gobiernos locales mejoren el monitoreo de las zonas de minería ilegal y hacer que se cumpla la ley. Además, que los gobiernos sancionen a las empresas que contribuyan a la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Y, en especial, exigirles que cumplan con requisitos de transparencia más estrictos, que permitan rastrear sus cadenas de suministro los minerales extraídos ilegalmente.
El informe de Global Witness recuerda que ya hay investigaciones en donde se han demostrado que empresas internacionales de Suiza, Italia, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido “extrajeron o adquirieron oro… o vendieron maquinaria para la explotación minera” de las zonas en donde se encuentran los territorio indígenas de Brasil.
Es por ello que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor, señala que además de los países en donde están asesinando a los defensores, hay otros Estados que comparten la responsabilidad de garantizar su seguridad: “La Unión Europea puede cambiar la situación si en las disposiciones sobre debida diligencia obliga a las empresas a evaluar los riesgos para las personas defensoras”.
Líderes de la comunidad Kayapó, en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.
Criminalización, violencia que va al alza
El informe de Global Witness alerta que sus datos solo muestran la violencia letal que sufren los defensores, sin embargo se ha observado que cada vez es más frecuente el uso de estrategias violentas como la criminalización, el acoso y los ataques digitales. “Hay otras formas de silenciamiento que no son letales, pero que tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas y que son utilizadas para acallarlas. La criminalización es una implacable estrategia de silenciamiento; confronta a los defensores con el mismo sistema legal que los debería estar defendiendo”, resalta Laura Furones.
La organización Front Line Defenders, por ejemplo, documentó que la criminalización representó la agresión más habitual en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el año 2022, ya que representó el 34 % de todos los casos que se registraron.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), comenta que “la criminalización se está convirtiendo en la columna vertebral (de las agresiones). La criminalización está produciendo muerte civil en las personas, ya que tienen que abandonar sus territorios o no pueden acceder a empleo”.
En Guatemala y en otros países de Centroamérica, por ejemplo, de acuerdo con la documentación realizada por UDEFEGUA, hay comunidades en donde el 60 % de sus hogares tiene a un miembro con una orden de captura.
* Imagen principal: Las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía son objeto de múltiples amenazas, entre ellas la invasión de su territorio y los asesinatos: Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.
El proyecto de acuerdo de la OMS propone un proceso similar al de la COP. Es poco probable que mejore la desastrosa respuesta mundial a la COVID.
La Organización Mundial de la Salud ha redactado un borrador de tratado sobre pandemias para evitar que se repita lo que denomina el «catastrófico fracaso de la comunidad internacional a la hora de mostrar solidaridad y equidad» durante la COVID-19. Las decisiones se tomarían a través de una conferencia de las partes (COP), un proceso caro y lento. Como han demostrado las COP sobre el clima y la biodiversidad, un foro de unos 200 países no es la mejor manera de garantizar el cumplimiento, argumenta un editorial de Nature, sobre todo cuando la responsabilidad de actuar recae en un pequeño número de naciones de altos ingresos.
Editorial Nature
La respuesta mundial al COVID-19 representó un «fracaso catastrófico de la comunidad internacional a la hora de mostrar solidaridad y equidad». La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la semana pasada el primer borrador de un nuevo acuerdo internacional sobre pandemias. El acuerdo pretende ayudar al mundo a prepararse mejor para futuras pandemias. Las negociaciones sobre los detalles comenzarán a finales de este mes y es probable que duren al menos un año.
Aunque no lo dice explícitamente, la declaración de la OMS puede interpretarse como una reprimenda a los líderes de los países ricos, subrayando el hecho de que su respuesta a la pandemia en curso no ha sido un modelo de cooperación o compasión. La promesa de apoyar adecuadamente un plan de distribución de vacunas llamado COVAX no se cumplió, socavando su potencial. Los países ricos hicieron pedidos excesivos y acapararon vacunas, impidiendo que llegaran a personas de otros países que las necesitaban. Algunas de las empresas farmacéuticas más conocidas y respetadas del mundo lucharon para impedir que se compartiera la propiedad intelectual. Si no lo hubieran hecho, más fabricantes podrían haber producido vacunas y tratamientos, y se habrían salvado más vidas. El tratado redactado por la OMS pretende garantizar que este comportamiento no vuelva a repetirse. Pero, como ya ha argumentado Nature, un tratado por sí solo no ofrece ninguna garantía de que se cumplan las promesas.
Compartir y compartir
El proyecto de texto fomenta la renuncia a los derechos de propiedad intelectual aplicables durante un periodo definido durante una pandemia. Además, al menos una quinta parte de las vacunas pertinentes deben depositarse en la OMS, para garantizar que un número suficiente llegue a las personas más pobres y vulnerables del mundo al mismo tiempo que a los habitantes de los países más ricos. Los precios y los contratos deben hacerse públicos, algo que no ocurrió durante la pandemia de COVID-19, lo que permitió a los países pujar más que otros por las vacunas ofreciendo precios más altos de los que sólo formaban parte las empresas farmacéuticas.
La redacción actual también reconoce la importancia de una ciencia abierta y de compartir datos como las secuencias del genoma viral. El mes pasado, la OMS instó a las autoridades chinas a compartir los datos de las secuencias, así como la información sobre casos, hospitalizaciones y tasas de vacunación. Otro punto destacado en el borrador cero es que los países que comparten sus conocimientos científicos -como hicieron muchos países de bajos ingresos durante la pandemia- también deberían participar en los beneficios.
Todo esto es necesario y debería haberse hecho hace tiempo, y cuenta con el respaldo de científicos y organizaciones activistas. Pero a los investigadores les preocupa, y con razón, la falta de claridad sobre cómo funcionará el tratado en la práctica y cómo se exigirá a los firmantes que cumplan sus promesas. La OMS recomienda que los países tomen decisiones a través de una conferencia de las partes (COP), un foro democrático en el que todos los países tienen la misma voz en la toma de decisiones.
Pero el funcionamiento de las COP es costoso, y la creación de un marco de este tipo significaría que la OMS -que se enfrenta a una lucha constante para conseguir que los países la financien adecuadamente- tendría aún más dificultades. Las COP también tardan en tomar decisiones, como bien sabemos por las que rigen la acción internacional en cuestiones como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Quizá lo más importante de todo sea que un foro de 200 países, más decenas de miles de observadores y grupos de presión, no es la mejor manera de garantizar el cumplimiento de un acuerdo, sobre todo cuando la responsabilidad de actuar recae en un número relativamente pequeño de países de renta alta. El proceso de la COP sobre el cambio climático ha demostrado que ni siquiera los acuerdos jurídicamente vinculantes pueden obligar a los países a cumplir sus compromisos.
Sensatamente, la OMS quiere que los países acuerden algún tipo de sistema de seguimiento, una forma de que informen sobre si se están cumpliendo las promesas de financiación, propiedad intelectual o vacunas. Pero los negociadores y sus equipos también harían bien en explorar vías alternativas para alcanzar los objetivos del acuerdo. Los investigadores que estudian el impacto de los tratados internacionales podrían asesorar sobre otros posibles modelos.
Del borrador cero de la OMS se desprende claramente que el organismo está decidido a evitar que se repitan algunos de los peores comportamientos observados durante la pandemia. Y es tranquilizador ver que en todo el texto se anima a gobiernos y empresas a ser transparentes y estar dispuestos a compartir, sobre todo cuando se trata de conocimientos técnicos y productos basados en investigaciones financiadas con fondos públicos. Si esto hubiera ocurrido antes, la pandemia de coronavirus bien podría haber quedado atrás.
El mundo tiene poco más de un año para convertir el borrador en un texto acabado. Es probable que los compromisos de la versión actual se diluyan antes de llegar a un acuerdo. Pero mientras los investigadores se preparan para publicar sus estudios y los activistas se apresuran a acelerar las campañas, es fácil olvidar la necesidad de determinar los tipos de institución y estructura esenciales para garantizar que se cumpla un acuerdo. Las estructuras institucionales son tan importantes como el contenido de los tratados. La OMS y los negociadores nacionales deben preguntarse qué valor tiene un acuerdo si incluye todo lo que figura en el borrador cero de la OMS, pero resulta inviable en la práctica.
7/2/2023
Nature 614, 195-196 (2023)
Global pandemic treaty: what we must learn from climate-change errors
Seth Berkley. Even after COVID, the world’s vaccine strategy is failing. Without a global, publicly funded strategy, the market will fail to deliver vaccines to stop pandemics before they surge.
“En las páginas que siguen el lector encontrará una de las pocas lecturas comprehensivas y sistemáticas de la obra de Blumenberg en nuestro idioma. Si bien, como vimos, sus textos están aquí muy difundidos, su asimilación es aún desigual. La iniciativa que presentamos representa, pues, un avance importante en este sentido, y, no tengo duda, marcará un hito en la recepción local de este autor esencial en el pensamiento contemporáneo”.
Elías Palti
Autora: Ricardo Laleff Ilieff Gonzalo Ricci Cernadas [Directores]
Ricardo Laleff Ilieff. Gonzalo Ricci Cernadas. Lucía Carello. Ludmila Fuks. Franco Castorina. Miranda Bonfil. Franco Donato Patuto. Gonzalo Manzullo. Pedro Vuisso. Ricardo Tomás Ferreyra. Pedro García-Durán. Yamil Celasco. Josefa Ros Velasco. Fernando Beresñak. Alberto Fragio. [Autoras y Autores de Capítulo]
Editorial/Edición: CLACSO. Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2425&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1599
Kim Stanley Robinson es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la historia. Sus novelas han recibido los premios más significativos en el ámbito de la ciencia ficción y ofrecen al lector una interesante reflexión – en forma de novela – sobre ecología y sostenibilidad, economía, justicia social y, sobre todo, la capacidad de la Ciencia para salvar el mundo – o para construir un mundo alternativo más allá de la Tierra. Las y los científicos son, precisamente, muchos de los héroes de sus novelas.
Su última novela se titula “El Ministerio para el Futuro”. Como afirma Jeff Goodell en una larga entrevista al autor para la conocida revista Rolling Stone,
¿Quién esperaría que, en esta hora oscura de la crisis climática, la esperanza llegaría en la forma de una novela de 563 páginas escrita por un escritor de ciencia ficción más conocido por una trilogía acerca del establecimiento de la civilización humana en Marte? Pero, ay, eso es lo que Kim Stanley Robinson – autor de 20 libros y uno de los escritores de ciencia ficción en activo más respetados hoy – nos ha dado con El Ministerio para el Futuro.
Pero ¿qué es el Ministerio para el Futuro? Pues el Ministerio para el Futuro es una agencia de las Naciones Unidas encargada de “abogar por las futuras generaciones de ciudadanas y ciudadanos del mundo” además de “defender a todos los seres vivos presentes y futuros que no pueden hablar por sí mismos, promoviendo su situación legal y su protección física”. Dirigida por la irlandesa Mary Murphy y de la mano de un buen número de científicas y científicos, su tarea es complicada, casi imposible: resolver una crisis climática que está acabando con la vida en la Tierra. ¿Triunfarán? ¿Fracasarán? Me temo que tendrás que leer la novela si quieres saber la respuesta, obviamente.
En todo caso, leer el documento “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente”, presentado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a los sindicatos y las comunidades autónomas, me ha hecho pensar en el Ministerio para el Futuro. Es más, me ha hecho pensar que el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere ser el Ministerio para el Futuro.
¿Por qué comparo ambos Ministerios, el real y el ficticio? Pues porque creo que en ambos existe la voluntad (y el encargo) de corregir hechos del pasado con actuaciones en el presente (o en un futuro más o menos inmediato) para intentar tener un futuro más halagüeño. Intentaré, a continuación, justificar esta impresión mía.
El punto de partida del documento es especialmente relevante y marca una diferencia con muchos otros documentos anteriores que analizaban y pretendían reformar la situación del profesorado o su actuación docente. En este documento de propuestas de reforma, se dice explícitamente:
La calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes; no obstante, la calidad del trabajo de los docentes no puede ser superior a la calidad de las políticas que dan forma a su ambiente de trabajo en los centros educativos y que orientan su selección, contratación y desarrollo.
En efecto, es importante hacer ver que la “calidad” de un sistema educativo no se consigue sólo con el trabajo esforzado, la capacidad de innovación, la motivación o (mucho menos) la vocación del profesorado. La calidad es el resultado de una suma de diversos factores, muchos de ellos interrelacionados, y la política educativa tiene una posición causal respecto a muchos otros aspectos relevantes del sistema educativo, incluida la calidad docente. Este documento, en realidad, apunta más a la mejora de la política educativa relativa al profesorado que a las condiciones de realización de su trabajo por parte del profesorado.
Por poner un ejemplo, el documento señala con acierto una importante cantidad de normas legales y procedimientos que requieren una actualización urgente; entre otras cuestiones:
Las órdenes por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la docencia son de 2007.
El modelo de acceso a la función pública docente “en su esencia no se ha modificado en los últimos cuarenta años” (pág. 14), incluyendo “los temarios (para los procedimientos de acceso a la función pública docente) de la mayor parte de las especialidades (pues) tienen una antigüedad excesiva, que llega a ser superior a veintiocho años” (pág. 14).
Los sexenios (complemento específico por formación permanente), que tienen su origen en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991.
La responsabilidad de la falta de actualización de la normativa y su impacto negativo en la profesión docente recae totalmente en un único agente: la propia Administración educativa.
Así pues, ante esta necesidad de actualizar el sistema y corregir problemas que se han convertido en estructurales, se plantea este documento que pretende
“centrar el debate y establecer el perímetro de la propuesta normativa (…) en torno al nuevo modelo de profesión docente” sin pretender “ser excluyentes ni agotar las que pudieran resultar del proceso de diálogo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional inicia con los agentes implicados a partir de la aportación de este documento”.
Este es, por tanto, el punto de vista desde el cual hay que leer el texto: el documento no es más que un punto de arranque para el debate, una manera de poner el foco sobre una cuestión trascendental del sistema educativo (la política en relación con la profesión docente) y de delimitar los elementos que deberán ser abordados en futuras negociaciones.
El documento consta de dos partes: un análisis de la situación actual y el listado de propuestas de reforma. Ambas secciones, además, comparten los mismos epígrafes, creando así una estructura paralela entre el análisis y las propuestas que se centra en cinco temas trascendentales para la profesión docente: formación inicial, formación permanente, acceso a la profesión docente, especialidades docentes y desarrollo profesional docente.
El análisis de la situación recorre algunas de las claves más destacadas de nuestro sistema educativo en relación con el profesorado, señalando con acierto algunos de los puntos que requieren una reforma, urgente en muchos casos. Promover la relación entre teoría y práctica en las facultades de Educación o en el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, mejorar el acceso a la función pública docente o garantizar una formación permanente y un desarrollo profesional adecuados para el profesorado son piezas claves en el proceso de mejora del sistema educativo.
Sin embargo, en el análisis de la situación, no puedo dejar de señalar un aspecto del documento que me causa cierta insatisfacción: ¿por qué el texto no aporta ninguna evidencia científica de las afirmaciones que realiza? Bien se podría decir que este tipo de textos no suelen hacerlo pero esto no es más que una excusa, en la cual, además, otros ministerios no caen. Ruego que se revise, por ejemplo, la sección de la web del Ministerio de Sanidad dedicada a “Profesionales” (https://www.sanidad.gob.es/profesionales/portada/home.htm), y en concreto los “Estudios para la planificación de profesionales sanitarios”. Sonroja ver la riqueza de enfoques, la complejidad argumentativa y la abundancia de datos y referencias científicas en los textos del Ministerio de Sanidad y la ausencia casi total de datos y evidencias en este documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que sólo usa 11 referencias bibliográficas y todas ellas apuntan a la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO – ninguna a investigación educativa realizada en nuestro país.
Este defecto del documento es especialmente grave cuando se plantean novedades en el sistema. Así, por ejemplo, se afirma (página 8) que “en los últimos años se ha iniciado una corriente que apuesta por establecer una prueba de acceso con el objetivo de asegurar que los alumnos disponen de las capacidades iniciales que permitirán el desarrollo de las habilidades docentes necesarias para garantizar la calidad en el ejercicio profesional”. ¿De veras se puede abrir este debate con un “se ha iniciado una corriente”? ¿Quién plantea esta corriente y desde qué posición? ¿No tenemos mejores argumentos y evidencias científicas en las cuales basarnos para tomar una decisión de este calado?
Al mismo tiempo, cuando se señala una crítica en un documento firmado por el Ministerio, también convendría que esta estuviera asentada en evidencias científicas. Así, por ejemplo, se afirma que “se debe garantizar la oferta de formación pedagógica y didáctica para ejercer la docencia” para concluir justo después que “esta condición tampoco se cumple en todos los casos, pese a su importancia” (página 9). Aunque uno puede entender que este documento de propuestas quiere sólo arrancar y “centrar el debate”, ¿no sería conveniente que el análisis de la situación aclare en qué casos no se cumple esta condición y por qué se ha permitido que no se cumpla, existiendo en el sistema mecanismos de control para evitarlo?
En la misma línea, en relación con el modelo de acceso a la función pública docente, se afirma que “se considera inadecuado o muy inadecuado según algunas encuestas”. Imagino, en primer lugar, que se quiere decir “investigaciones” o “estudios” en lugar de “encuestas” pero, en todo caso, ¿no conviene citar estas referencias cuando se va a plantear una reforma de un tema de tanto calado? Conocer con detalle qué aspectos del modelo de acceso son deficitarios es el punto de partida para poder modificarlos o para buscar alternativas más satisfactorias.
Un caso especial de este mismo problema relativo a la argumentación y las evidencias también lo observamos en el análisis del número de plazas ofertadas, plazas cubiertas y número de egresados en grados y máster habilitantes para la docencia: no aparece ni una sola tabla con datos ni tampoco cuál es la fuente de los pocos datos que se aportan, o si las plazas vacantes por jubilación incluyen centros públicos y privados, o si hay una estimación de las variaciones (crecimiento o decrecimiento) en el número de centros educativos en los distintos territorios de nuestro país. Sin embargo, sí se establece la conclusión de que existe un desajuste importante entre plazas ofertadas y empleabilidad.
En todo caso, además, me planteo si es legítima esta preocupación del Ministerio por “el gran desajuste entre el número de alumnos de estudios universitarios específicamente orientados a la docencia no universitaria [1] y la oferta de puestos de trabajo como docente no universitario que requieren tales estudios”. Por un lado, si el motivo de esta preocupación es la tasa de desempleo entre las personas egresadas de las Facultades de Educación, quizás podríamos hablar de muchas otras titulaciones (¿Periodismo, Psicología, Filosofía o Traducción e Interpretación?) a la vista de los datos aportados por el propio Ministerio de Universidades en su estudio más reciente sobre inserción laboral de los egresados universitarios (datos del curso 2013-14 y análisis hasta 2018):
Fuente: Subdirección General de Ordenación, Seguimiento y Gestión de las Enseñanzas Universitarias de la Secretaría General de Universidades. Disponible en https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Informe_de_Insercion_laboral_egresados.pdf
Por otro lado, cada día tengo más claro que en las Facultades de Educación no se forman sólo “maestras y maestros” que trabajarán en escuelas e institutos sino especialistas en Educación para diversas etapas de la vida (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Adultos) que desarrollarán su trabajo en distintos tipos de empresas e instituciones, públicas y privadas; es decir, en mi opinión, es un error pensar que todos los egresados de las Facultades de Educación serán docentes en centros educativos, como tampoco todos los egresados en las Facultades de Medicina serán médicos en un hospital público ni los egresados en las Facultades de Derecho serán magistrados en el Tribunal Supremo. En el mismo plano, hay un cierto problema argumentativo cuando el Ministerio decide no entrar en el debate de la ratio pero afirma que hay problemas de “empleabilidad” entre la oferta de plazas de los Grados y el mercado laboral.
En resumen, ha llegado el momento de ampliar la mirada acerca del futuro laboral de las personas egresadas de las Facultades de Educación, que son capaces de realizar su labor educadora en muchos contextos diferentes además de la escuela. En todo caso, nuestra obligación debe ser garantizar una formación de calidad al alumnado de las Facultades de Educación, incluyendo información sobre orientación laboral, búsqueda de empleo o emprendimiento, cuestión que me temo que no se ha desarrollado suficientemente.
Sobre Formación Permanente, leo con interés que existe un Grupo de Trabajo de Formación del Profesorado, dependiente de la Conferencia Sectorial de Educación. Francamente, desconocía su existencia y reconozco mi ignorancia al respecto, como también reconozco que he sido incapaz de encontrar ningún informe, propuesta o documento de este Grupo de Trabajo con el cual valorar su eficacia o utilidad, aunque me habría gustado poder hacerlo.
Digo esto porque el documento presentado por el Ministerio, en su análisis de la situación, afirma que “no hay, en general, mecanismos que aseguren una adecuada vinculación entre las necesidades del sistema y la formación (permanente) recibida, que responde a distintos factores asociados a la percepción individual de las necesidades de formación, a los intereses personales o a la oferta existente”. Es decir, no tenemos evidencias de que la formación permanente sea útil o eficaz para satisfacer las necesidades del sistema – con todo lo grave que esta afirmación pueda sonar en un documento emitido por el propio Ministerio de Educación.
Por supuesto, esta situación está vinculada con el desarrollo profesional docente, donde el documento establece, por un lado, que “no existe una valoración sistemática o evaluación del ejercicio profesional docente” y, por otro lado, que es importante “reflexionar sobre si actualmente en el desarrollo profesional docente se está teniendo en cuenta el conjunto de labores que realiza el profesorado”. En mi opinión ambas cuestiones son acertadas: hoy el profesorado realiza un amplio número de funciones que no están adecuadamente contempladas (desde la tutorización y mentorización hasta la gestión de bibliotecas, equipamiento tecnológico y transformación digital de los centros, desarrollo del proyecto lingüístico de centro y de planes de plurilingüismo, proyectos europeos, etc.) ni desde la perspectiva del reconocimiento ni desde la perspectiva de las estructuras de desarrollo profesional docente. Revisar esta cuestión no es sólo una apuesta por la calidad educativa, lo cual es indudable, sino un acto de justicia respecto a la labor socioeducativa que realiza el profesorado.
En resumen, el análisis de la situación parece adecuado aunque aumentar la calidad de la argumentación y de las evidencias aportadas no sólo reforzaría las propuestas que se exponen a continuación, sino que contribuiría a ese objetivo enunciado por el Ministerio de “centrar el debate”. Centrar el debate no sólo consiste en señalar los temas que se deben analizar sino también aportar los datos para realizar el análisis, y son el Ministerio y las consejerías deEducación quienes tienen mayor acceso a los datos y a las investigaciones sobre los temas de su ámbito de actuación.
En todo caso, el objetivo principal del documento es presentar las veinticuatro propuestas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional entiende que pueden ayudar a la mejora de la profesión docente. Analicemos, por tanto, estas propuestas.
24 propuestas para el futuro de la profesión docente
La primera propuesta consiste en la elaboración de un Marco de Competencias Profesionales Docentes, el cual servirá de andamiaje para todas las demás reformas (formación inicial, acceso a la función pública docente, formación permanente y desarrollo profesional docente). En mi opinión, disponer de este Marco es una buena idea pero, al mismo tiempo, esto supone establecer un marco temporal para todas las demás propuestas.
Mi experiencia personal como coordinador de la elaboración del Marco Global de la Competencia Educadora en la Era Digital (https://profuturo.education/marco-de-referencia/) es que crear un texto de este tipo, con la especial complejidad política y territorial de nuestro sistema educativo, requiere entre uno y dos años de trabajo, si se aspira a un texto consensuado que cumpla con todas las garantías de calidad y de validez científica que se presuponen. Así pues, si el Marco es un antecedente para todas las demás propuestas (y si este Marco aún no existe), entonces todas las propuestas se plantean para una futura legislatura: no habría tiempo suficiente para desarrollarlas en el mandato del actual Gobierno de España. Si a este marco temporal dictado por la exigencia de elaboración del Marco de Competencias Profesionales Docentes añadimos, además, la complejidad de las modificaciones descritas en las 23 restantes propuestas, no cabe duda de que estamos hablando de una acción de gobierno que ocupará el próximo quinquenio, como mínimo.
Es decir, las 24 propuestas descritas en este documento representan una apuesta de país por la mejora de la profesión docente, no sólo la visión de este Ministerio actual en relación con este asunto. El debate que se nos plantea es la construcción de unos acuerdos mínimos suficientes para redefinir el magisterio del siglo XXI en España y para esto es necesario que las propuestas sean precisas pero lo suficientemente abiertas como para permitir el debate y la definición de puntos de encuentro entre todos los agentes implicados.
Entender esto es fundamental para saber a qué tipo de texto nos enfrentamos. No estamos ante un “programa de gobierno” sino ante una “provocación para el debate”. La mera realización de este debate, a ser posible de manera abierta y transparente, ya sería un logro sin precedentes en nuestro país.
• Propuesta 2: Establecer una prueba de acceso a Grados en Educación Infantil y Primaria.
Tras la primera “propuesta-marco” la segunda propuesta apunta a la formación inicial, no sin antes volver, de manera innecesaria, al análisis de la situación (y cometiendo, además, el error de vincular el reconocimiento social de los docentes con la valoración de los estudios universitarios relacionados con la educación y con el desajuste entre plazas y necesidades del sistema educativo; de nuevo, además, sin aportar datos ni evidencias científicas).
En esta segunda propuesta, se reitera, de nuevo, que los grados en Educación Infantil y Primaria “no logran un suficiente nivel de empleabilidad” y, también de nuevo, que esto “repercute en la valoración que hace la sociedad de dichas titulaciones”, ambas afirmaciones sin sustento ni dato alguno que las confirme. En todo caso, para solucionar esto no se plantea mejorar la empleabilidad del Grado sino reducir su acceso mediante una prueba de admisión.
Esta prueba de admisión se define en relación con dos “bloques”: el primero, en los términos descritos, podría solaparse en contenidos con la propia prueba de acceso a la universidad, que ya debería evaluar la competencia comunicativa, el razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática. El segundo, “actitudes y competencias de la profesión docente”, debería ser definido con más precisión para poder ser valorado porque, si bien se pueden evaluar ciertos elementos como empatía, resiliencia, etc., como apropiados para la profesión docente, me pregunto si podemos realmente exigir estas “actitudes y competencias de la profesión docente” a quien desea hacer el Grado ¡antes de su propia formación inicial! Es decir, ¿no deberían ser estas actitudes y competencias de la profesión docente el resultado de la formación a lo largo de los cuatro años que dura el Grado, y no un prerrequisito para su acceso?
En resumen, ni se argumenta bien cuál es el problema ni se justifica claramente la correlación entre el problema y la solución aportada. En este sentido, en relación con esta propuesta hay que buscar más y mejores argumentos si se desea la puesta en marcha generalizada en todo el territorio nacional de una prueba de acceso a los grados de Educación Infantil y Primaria.
• Propuesta 3: Modificar el acceso al Máster Universitario en Formación del Profesorado
Se incluyen aquí dos cuestiones: la primera apunta a la existencia de “módulos formativos complementarios” vinculados con conocimientos básicos relacionados con las especialidades docentes que puedan estar presentes en los grados como requisito previo para el acceso al Máster; de esta manera, por ejemplo, quien estudie un Grado y contemple un posible futuro profesional dedicado a la docencia pueda cursar estos módulos como paso previo necesario al Máster.
La segunda cuestión es una prueba de acceso al Máster de formación del profesorado, que entendemos que estaría centrada en aquellas “actitudes y competencias de la profesión docente” que se mencionaban para los grados y que, en este caso, sí han podido ser previamente desarrolladas durante los mismos, especialmente atendiendo a la propuesta que se analiza en este epígrafe y a continuación.
En este sentido, parece que esta propuesta tiene lógica dentro de una concepción abierta del desarrollo profesional de los egresados universitarios, aunque será necesario estudiar la viabilidad de esa prueba de acceso al Máster.
• Propuesta 4: Promover la oferta de asignaturas de didácticas de las especialidades en los estudios universitarios
El tiempo del Máster es, como sabe todo aquel que haya estado o esté implicado en este posgrado, muy escaso. Desde esa perspectiva, puede ser interesante que los Grados oferten materias vinculadas con las didácticas específicas propias de las especialidades que se relacionan con el Grado correspondiente, lo cual permitiría, además, que estos conocimientos y competencias puedan ser considerados un prerrequisito para el acceso al Máster.
En este sentido, esta propuesta debería, en realidad, integrarse con la anterior para que se pueda hablar del conocimiento específico de las especialidades de secundaria, bachillerato o formación profesional y sus respectivas didácticas específicas en los grados correspondientes con carácter previo a la formación de posgrado que ofrece el Máster
• Propuesta 5: Revisar la oferta del Máster Universitario en Formación de Profesorado
En esta propuesta se incluyen tres cuestiones: la posible ampliación del Máster “en el caso concreto de algunas especialidades”, la ampliación de la oferta formativa para todos los cuerpos y especialidades necesarias y la vinculación entre el ámbito universitario y la escolarización obligatoria y post-obligatoria, fundamentalmente por medio de la presencia de profesorado de las etapas correspondientes como docentes del Máster.
En relación con la primera, cabe analizar si esa ampliación del número de créditos del Máster no debería ser generalizada, llevando el Máster de uno a dos años y dedicando el segundo año, fundamentalmente, a un amplio período de prácticas y a la elaboración del TFM. Ampliar sólo para algunas especialidades no resolverá el problema sistémico de la formación inicial del profesorado de secundaria o etapas post-obligatorias.
Sobre la tercera propuesta, dado que la segunda parece bastante lógica y necesaria, me pregunto si el Ministerio tiene datos sobre la presencia de profesorado no universitario entre los docentes del Máster, pues desafortunadamente no se aportan, si existen. En mi opinión, esta presencia es fundamental y, de hecho, ocurre en muchos casos mediante distintas figuras contractuales. En todo caso, es interesante definir cómo será esa vinculación para que lo mejor de ambos mundos (el ámbito de la escolarización obligatoria y post-obligatoria y el ámbito universitario) contribuyan a mejorar el Máster.
• Propuesta 6: Revisar los contenidos de los planes de estudio de las titulaciones universitarias habilitantes para la docencia
Resulta obvio que los contenidos de los planes de estudio de todas las titulaciones universitarias, no sólo de las habilitantes para la docencia, deben estar actualizados. De hecho, es fácil imaginar que esto se hace por parte del profesorado universitario pero, ciertamente, dentro de una estructura que no facilita la modificación de las guías de estudio de las materias de un Grado o, mucho menos, la incorporación de otras nuevas. En este sentido, esta revisión debería hacerse extensiva a toda la universidad española y a todos los grados, que están atrapados dentro de un rígido corsé de acreditaciones y burocracia que impiden la actualización real de los planes de estudio, y no sólo de los contenidos de cada materia por parte del profesorado correspondiente.
• Propuesta 7: Establecer un nuevo modelo de iniciación a la docencia (PID) en la formación inicial basado en el aprendizaje en la práctica.
Esta propuesta considera tanto la mejora de las prácticas en la formación inicial (Grados y Máster) como en el período de prácticas tras la superación de los procesos de acceso a la función pública docente. En este sentido, se recogen en esta propuesta fundamentalmente dos cuestiones: un “proyecto formativo dual” (que parece apuntar a unas prácticas remuneradas) y la habilitación de tutores de prácticas. Si bien lo segundo parece bastante obvio (una tutoría bien reconocida y con la compensación correspondiente redundará en beneficio de un buen período de prácticas), el PID requiere un mayor esfuerzo de concreción para ser bien comprendido y, por supuesto, desarrollado. Tendremos que esperar a las futuras negociaciones para conocer más detalles sobre el mismo.
• Propuesta 8: Reforzar el Prácticum en el conjunto del Máster Universitario en Formación del Profesorado.
Esta propuesta, que bien podría haber sido fusionada con la anterior, parece una necesidad urgente, que ni siquiera debería esperar al desarrollo de aquel Marco de Competencias Profesionales Docentes que se mencionaba en la primera propuesta. El tiempo dedicado a las prácticas y su calidad son fundamentales en la formación del profesorado y en el caso del Máster este tiempo es demasiado reducido, se solapa en muchos casos con la elaboración del TFM y, para muchas personas, con otras actividades laborales. Así pues, la revisión, en este sentido, del Máster representa una urgencia para la mejora de la educación secundaria, el bachillerato y la formación profesional.
• Propuestas 9 y 10: Utilizar como referencia en la formación permanente el Marco de Competencias Profesionales Docentes (propuesta 9) y utilizar como referencia en la formación permanente el Marco de la Competencia Digital Docente (propuesta 10)
Las propuesta novena y décima representan el desarrollo lógico de la primera propuesta: si se diseña el mencionado Marco de Competencias Profesionales Docentes y se cuenta ya con un Marco de la Competencia Digital Docente, lo lógico es que se usen como “marcos de referencia”. Poco más se puede decir al respecto, salvo que esto en realidad depende en buena medida del propio uso que haga el Ministerio del Marco en la normativa que genere o en las propuestas formativas que diseñe.
• Propuesta 11: Garantizar la formación permanente del profesorado
En esta propuesta se contemplan tres cuestiones que generan algunas preguntas. Así, se afirma que “se debe asumir como compromiso de las Administraciones educativas garantizar la formación permanente de sus docentes” pero ¿no está esta garantizada? ¿Hay poca oferta formativa acaso? ¿O se refiere el documento a oferta formativa de calidad? ¿Y cómo se valora este aspecto?
En el mismo sentido, se plantea que “se debe promover entre las diferentes Administraciones educativas el reconocimiento de estos permisos para la formación” pero ¿existe un problema generalizado con estos permisos? ¿No será el problema cómo gestionar estos permisos en un contexto de dificultades para cubrir las bajas laborales que estos permisos plantean? Y afinando aún más, ¿cómo evaluaremos la relación entre las actividades formativas que generan estos permisos y las necesidades del sistema educativo?
Finalmente, el documento plantea que “si la formación permanente es un derecho, también es un deber”: ¿significa esto que se va a plantear que haya una formación permanente obligatoria? ¿Cómo se hará esto en su plano normativo y en su plano formativo? Esta será una negociación complicada, sin lugar a dudas, y tendrá un desarrollo complejo, aunque necesario.
• Propuesta 12: Asegurar la oferta de aspectos clave en la formación permanente
Esta propuesta está centrada en los contenidos de la formación permanente. Así, se propone la promoción de la formación permanente en las siguientes cuestiones:
Nuevos currículos de carácter competencial
Educación inclusiva
Agenda 2030
Sostenibilidad
Acoso, malos tratos y su prevención.
Violencia contra la infancia
Igualdad: contenidos contrarios a la discriminación por sexo y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Obviamente, todos estos temas son relevantes y probablemente merecerán nuestra atención durante los años venideros. Sin embargo, por definición cualquier listado se queda obsoleto antes o después y quizás convendría articular, además de un listado de temas concretos, el mecanismo para la actualización constante de los contenidos de la formación permanente para atender a las necesidades de la sociedad y del sistema educativo.
• Propuesta 13: Fomentar la diversidad de modalidades de formación permanente del profesorado.
La diversidad es siempre un valor, no cabe duda, pero quizás en esta propuesta habría sido de agradecer que, más que pedir diversidad, se requiriera de la formación permanente “modalidades eficaces de formación permanente del profesorado”. Es en esa línea donde tiene sentido mencionar el trabajo colaborativo, las redes profesionales y de centros o la autoevaluación – y donde sorprende que no haya ninguna mención a la formación en centros, la modalidad formativa que más impacto tiene en la práctica docente y en el proyecto educativo del centro. También esa invocación a la eficacia habría servido para justificar la importancia de la “identificación de grupos de investigación e innovación educativas” (suponemos que aquí el documento se refiere a grupos de docentes y no a grupos de investigación provenientes de la universidad, pero es imposible saberlo con certeza).
• Propuesta 14: Reformular los procesos de selección para la función pública docente
El párrafo explicativo de esta propuesta no añade una información sustancial del propio enunciado más allá del uso del mencionado Marco de Competencias Profesionales Docentes así que poco más podemos añadir en este análisis. Habrá que esperar a las negociaciones para conocer qué tiene pensado el Ministerio al respecto.
• Propuesta 15: Reformular la fase práctica para el acceso a la función docente en el marco del nuevo modelo de iniciación a la docencia (PID).
Más allá de la expresión de la voluntad que tiene el Ministerio de que “el sistema de prácticas del concurso-oposición sirva como instrumento real para formar y evaluar a los futuros funcionarios de carreras docentes”, poco más se puede adivinar acerca de cómo se haría esto posible. Quizás el elemento más concreto de esta propuesta es reforzar la evaluación de este período de prácticas con un mayor número de agentes evaluadores pero no se presentan argumentos que justifiquen que esto tendrá una incidencia positiva en la formación para la docencia. Es, por tanto, otra propuesta que, resultando interesante a priori, debemos esperar a su concreción en las negociaciones con los sindicatos y las comunidades autónomas para poder considerar si será efectiva o no a medio y largo plazo.
• Propuesta 16: Actualizar y adecuar los temarios de oposiciones en el nuevo modelo de acceso.
Vuelve a ocurrir que el párrafo explicativo no añade mucho más al propio enunciado de la propuesta. Parece lógico y urgente que se actualicen los temarios, y que esta actualización sea periódica. En este sentido, esta propuesta decimosexta no deja de ser un detalle de la propuesta decimocuarta, que hacía referencia a la reformulación de los procesos de selección para la función pública docente.
• Propuesta 17: Regular el acceso de los profesores técnicos de Formación Profesional al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.
Esta propuesta no puede ser considerada como tal dado que, como se explica en el propio documento, esta regularización es de obligado cumplimiento a partir de la Lomloe, con lo cual no puede estar sometido a debate o negociación: el Gobierno se ha autoimpuesto esta obligación a través de la Lomloe.
• Propuesta 18: Vincular la especialidad del Máster a la especialidad docente.
Esta propuesta, también muy lógica desde todas las perspectivas, es un desarrollo de la ya mencionada propuesta decimocuarta o incluso de las propuestas relacionadas con el Máster. Poco más cabe añadir sobre la misma más allá de preguntarnos cómo puede ser que esto no se hubiera contemplado con anterioridad en nuestra normativa.
• Propuesta 19: Actualizar la relación de especialidades docentes.
Como en casos anteriores que reclaman una actualización, esta propuesta entra más en el ámbito de la necesidad que en los posibles objetos de negociación. Las nuevas necesidades sociales y educativas y las sucesivas modificaciones de la normativa requieren no sólo esta actualización sino que se tomen las medidas adecuadas para que estas actualizaciones sean periódicas y regulares.
• Propuesta 20: Revisar las atribuciones profesionales de determinadas especialidades.
De nuevo, como en la anterior, estamos ante una propuesta que habla más de los desajustes entre la normativa y la realidad de los centros que de la profesión docente. Las necesidades socioeducativas han evolucionado a mayor rapidez que la normativa y esto ha situado a muchos profesionales (y a muchas prácticas llevadas a cabo en los centros educativos) en una zona gris regida por normativas de carácter transitorio o de rango menor. Como hemos dicho anteriormente, este tipo de propuestas no deberían ser motivo de un debate en el mismo plano de “visión de futuro” que pretende asumir este documento sino que deberían acometerse a la mayor brevedad posible.
Esta propuesta apunta a las muchas y novedosas tareas que se realizan en los centros (educación bilingüe o educación digital) o los distintos perfiles que asume el profesorado (por ejemplo, en Centros de Educación de Personas Adultas o Centros Penitenciarios) y que hoy por hoy habitan esa zona gris que comentábamos en la propuesta anterior. Obviamente, además estas habilitaciones habrán de conllevar un reconocimiento y una compensación adecuadas por parte de la Administración, aunque este tema apenas se mencione en el documento pues deberá ser objeto de negociación con sindicatos y comunidades autónomas.
• Propuesta 22: Revisar las condiciones de cualificación y formación de docentes en centros privados.
La propuesta vigesimosegunda, que quizás no encaje muy bien en el epígrafe de “especialidades docentes”, queda circunscrita a la formación inicial del profesorado de los centros privados. Quizás habría interesado que apareciera, por tanto, en la sección donde se trata la formación inicial, como también habría interesado que se especificara algo más la cuestión de la formación permanente del profesorado de los centros privados, que debe ser análoga en lo sustancial a la que recibe el profesorado de los centros públicos, como derecho y como deber.
• Propuesta 23: Impulsar los procedimientos de evaluación del desempeño de la función docente.
Esta es la primera de las propuestas sobre desarrollo profesional docente. En este sentido, la propuesta viene precedida por la afirmación por parte del Ministerio acerca de que se debe crear un “modelo profesional de carrera (docente)” que debe orientarse hacia la configuración de un estatuto profesional (del docente), lo cual “viene siendo aspiración mayoritaria del profesorado”. No obstante, esta afirmación, expresada con cierto barroquismo, no se ve satisfecha en esta primera propuesta, que se limita a enunciar que debe haber una buena evaluación del desempeño de la función docente, sin más referencia a esa “carrera profesional docente” de cuya ausencia se lamenta el propio Ministerio.
• Propuesta 24: Reconocer el buen desarrollo profesional docente.
Finalmente, la última de las propuestas del documento se limita a decir que “el desarrollo profesional deberá recoger, no sólo la formación permanente realizada, sino también las valoraciones superadas en los procesos de evaluación y los puestos desempeñados, entre otros aspectos”. Esta afirmación nos genera la duda de qué entiende el Ministerio por “desarrollo profesional docente”: ¿Un sistema de recogidas de datos y evidencias del desempeño profesional para su evaluación y acreditación? ¿Es el “desarrollo profesional docente” un mecanismo de evaluación o un proceso constante de mejora de la práctica profesional? Quizás en esta propuesta falta el verbo “promover” y se queda corto el verbo “reconocer”, pues aquí era el momento para hablar de innovación educativa, de resolución de problemas o de investigación en la escuela. Sin estos elementos, este “desarrollo profesional docente” no es más que un instrumento para la evaluación del profesorado pero no una herramienta para la mejora del sistema educativo, que es lo que debería ser.
Conclusión
En resumen, el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere ser el Ministerio para el Futuro. La intención es buena y los ámbitos de actuación están claros: formación inicial, acceso a la profesión, formación permanente y desarrollo profesional. Esos son los cuatro momentos en los cuales es necesario intervenir.
Sin embargo, el documento como tal genera una sensación agridulce. Es cierto que el documento sólo pretende ser un primer motor para “centrar el debate” pero lo hace sin aportar datos o sin apoyarse en evidencias científicas, aunque sí recurriendo en algunos momentos a tópicos innecesarios que pueden reforzar, por su repetición, una imagen negativa del profesorado que en muchos casos está alejada de la realidad.
En relación con las propuestas, cerramos este análisis con cuatro conclusiones:
Quizás no deberían ser 24 propuestas: hay algunas que son parte del desarrollo normativo de la LOMLOE y no son “propuestas” como tales; otras que suponen actualizaciones necesarias que entran dentro de la responsabilidad política del Ministerio y las consejerías; y otras que podrían haber sido fusionadas para poder definir con más precisión que se pretende conseguir (especialmente las vinculadas con el Máster de Formación del Profesorado y con el acceso a la función docente).
En general, se habría agradecido algo más de concreción en la mayoría de las propuestas. Es cierto que el objetivo de “centrar el debate” requiere propuestas muy generales pero un poco más de precisión acorta los tiempos para ese debate, que, de otro modo, pueden ser muy prolongados.
Hay propuestas que no están presentes en el documento pero que tienen un impacto en la “profesión docente” y sus condiciones de trabajo. El Ministerio, obviamente, las conoce pero no las ha incluido en el documento, supongo que a la espera de que sean los sindicatos quienes lideren aquellas reclamaciones (sueldos, ratios, compensaciones, condiciones laborales, etc.) que han pertenecido históricamente a la actividad sindical. De cómo se vean satisfechas o no estas reclamaciones también dependerá en gran medida el impacto de las propuestas que sí han sido incluidas en el documento.
Hay una propuesta que debería estar presente siempre en cualquier “listado de propuestas”: la evaluación de las medidas que se decidan y articulen finalmente y la promoción de la investigación en relación con estas propuestas y con todas aquellas otras vinculadas con el problema en cuestión. Sin esta última propuesta, dentro de quince o veinte años seguiremos sin tener datos para valorar cuál ha sido el impacto de lo que se decida en los próximos meses, si las negociaciones llegan a buen puerto, como todos deseamos.
En todo caso, ser el Ministerio para el Futuro nunca ha sido fácil, ni en la ficción ni en la realidad. Se agradece el primer paso dado por el Ministerio pues revela la voluntad de abrir un debate que todos sabemos que es complejo y que surge en un momento político complicado, pero que también todos sabemos que es un debate necesario, insoslayable e improrrogable: el futuro de la educación comienza hoy y los docentes son el eje sobre el cual se vertebra ese futuro. Ojalá estas “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente” sirvan realmente para construir un futuro mejor para nuestro sistema educativo, es decir, para nosotras y nosotros y para todas las generaciones que vengan después de nosotros.
[1] Desde la perspectiva de la identidad profesional del docente es urgente que encontremos, al menos en documentos oficiales, una denominación para el magisterio que no tenga que recurrir a esta expresión de “docente no universitario, que tienen un sesgo negativo que no se merece el magisterio.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/01/31/el-ministerio-para-el-futuro-analisis-de-las-propuestas-para-la-mejora-docente/
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