Educación

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Venezuela: Más de 200 jóvenes indígenas cursarán estudios en la Unes

Noticias

América del Sur/27-09-2020/Venezuela/Autora: Mayerlin González/Fuente: ultimasnoticias.com.ve

Más de 200 jóvenes indígenas ingresarán a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) para cursar estudios de Invetigación Penal y Criminalística, así lo informó César Carías, viceministro para la Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas.

Destacó que, por instrucciones de la ministra Yamilet Mirabal, sostuvo una reunión con representantes de esta casa de estudios, con el objetivo de coordinar todos los asuntos referentes a la formalización e ingreso de los aspirantes indígenas en la Universidad de la Seguridad, centro que elaborará para el mes de octubre un cronograma especial de atención en cada uno de los centros de formación respetando las medidas de bioseguridad por el covid-19.

Agregó que en esta reunión también se discutió la propuesta de un convenio para impulsar el ingreso de jóvenes indígenas en programas de formación en el área de seguridad.

Municipio Jesús Maria Semprúm

Más de 50 jóvenes del municipio Jesús María Semprúm en el estado Zulia iniciaron actividades en la Academia de Capacitación y Actualización Policial.

Este órgano adscrito al Instituto Autónomo de la Policía Bolivariana está encargado del diseño curricular y acciones definidas por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) para formar a los funcionarios responsables de garantizar la seguridad a la población general.

Keyrineth Fernández, alcaldesa del municipio, expresó «desde la Alcaldía de Semprúm le prestamos todo nuestro apoyo a esta academia para que estén en la capacidad de entrenar a nivel físico y táctico policial, capacitar e instruir a los funcionarios y funcionarias, con el objetivo de mejorar la practica profesional al fortalecer sus destrezas; por nuestra condición de municipio fronterizo debemos contar con los mejores hombres y mujeres que garanticen la paz y la seguridad en nuestro territorio».

Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mas-de-200-jovenes-indigenas-cursaran-estudios-en-la-unes/

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Educación Mediada por TIC sin caer en la tentación de la “Nueva Normalidad Educativa”

Oswaldo Espinoza

Por: Oswaldo Espinoza

Aparentemente fuimos sorprendidos, o al menos es lo que muchos comentan sobre la situación extraordinaria que vive la humanidad en el marco de la pandemia por la Covid-19, incluso algunos colegas aun no salen de la sorpresa de ver rota la presencialidad que dábamos por segura en el proceso educativo universitario; no obstante esto no es así, cómo podemos hablar de sorpresa y endilgar a la pandemia la culpa del rompimiento de la burbuja de espejismos que conocemos como normalidad, sustentada sobre los mitos de la modernidad. La pandemia no es causa sino manifestación y consecuencia de un sistema que está en crisis, un sistema que se sustenta en la racionalización de sus propios mitos, en la naturalización de las diferencias como jerarquías y en una relación parasitaria con el medio natural, las cuales justifican la explotación de una minoría global privilegiada sobre las inmensas mayorías excluidas del mundo, al igual que la destrucción suicida de la naturaleza y de las condiciones necesarias para la reproducción de la vida; una crisis que en esta etapa nos confina en nuestros hogares para salvarnos, y nos distancia de los lugares de trabajo y los espacios de aprendizaje para cuidarnos; en este marco, las TICs se presentan no solo como una alternativa que ha estado disponible desde hace mucho tiempo, sino como la única alternativa posible para la continuidad del proceso formativo.

La educación asistida por tecnologías de la información y comunicación (TIC), ya se ha establecido en el mundo como una forma de desarrollar el proceso educativo, bien como complemento del insustituible encuentro presencial en el espacio de aprendizaje, agregando medios, herramientas, recursos, procesos y productos  que potencian los objetivos formativos; o bien como alternativa cuando las distancias, la salud, la seguridad o razones de fuerza mayor compliquen o impidan la interacción directa con el grupo educativo; el problema ahora es que para que disponer de los beneficios de esta alternativa se requieren una serie de condiciones sociales, políticas, económicas y por supuesto tecnológicas, como la disponibilidad de la infraestructura pública y los dispositivos de acceso, condiciones que se fueron creando en el marco del proceso político bolivariano, pero que luego han sido seriamente golpeadas por la guerra imperial contra nuestra nación, a la que se suman los errores, omisiones y connivencias propias, como gobierno y como sociedad. De igual forma, las instituciones educativas, incluyendo las universidades, deben contar con las plataformas, propias o de terceros, en las que la comunidad educativa pueda interactuar y cubrir al menos un porcentaje del contenido curricular; lamentablemente pocas universidades cuentan con esa plataforma, que en circunstancias extraordinarias, como la presente, podrían servir para garantizar la continuidad del proceso educativo; de hecho es aquí donde podemos afirmar que fuimos sorprendidos sin estar preparados.

La situación descrita requiere adaptarse rápidamente para preservar el sagrado derecho a la educación; aquí las TICs se convierten en la tabla de salvación pero es necesario hacer advertencias y evitar caer en tentaciones, como la de convertir esta “normalidad relativa educativa” en la “nueva normalidad educativa” del proyecto globalista neoliberal del que nos advierte nuestro colega Luis Bonilla en su más reciente artículo dedicado al tema de la universidad en casa; me refiero a la intención descarada de eliminar progresivamente al Estado de su responsabilidad educativa, trasladando esa labor a la familia en los hogares a través de prestadores privados del servicio; en el camino también se borra la interacción social directa y se sustituye con más individualismo. Resulta fundamental abrazar las TICs como alternativa y complemento extraordinario al proceso educativo, sin olvidar que el mismo tiene una dimensión sociopolítica que sólo es posible con el encuentro directo en los espacios de aprendizaje.

Con el fin de responder a la situación actual de la mano de las TICs, resulta necesario asumir importantes desafíos como Estado, como institución y como comunidad educativa, y aún más específicamente como docentes. Al Estado bolivariano de Venezuela la corresponde hacer los mayores esfuerzos para superar las adversidades y garantizar a la población venezolana el acceso a la red que permita la interacción efectiva y oportuna en el ambiente virtual de aprendizaje; esto va desde el servicio eléctrico hasta los dispositivos personales de acceso. Las universidades tienen el deber inaplazable de crear o afiliarse a las plataformas de educación virtual, las cuales permitan el cumplimiento de un porcentaje del contenido en circunstancias regulares o la totalidad del currículo en circunstancias extraordinarias. Por otro lado, para la comunidad estudiantil resulta vital asumir el desafío que implica esta modalidad de aprendizaje, pues como saben todos los que han tenido experiencia con la educación a distancia, se requiere una importante dosis de autodisciplina, voluntad y compromiso. Finalmente para los docentes los desafíos son múltiples, por ejemplo para aquellos que se asuman como migrantes digitales, un proceso de actualización y adaptación resulta imprescindible, y en este aspecto la institución tiene un papel que jugar; otros retos para los educadores universitarios los presenta la profesora Katerina Barrios (2015), que quien escribe podría agrupar básicamente en tres grandes desafíos: Lo desafíos onto-epistemológicos, los académicos y finalmente los de interacción humana con los participantes.

Uno de los desafíos representa tanto una invitación como un reto, aunque yo agregaría también una advertencia; se trata de estar dispuesto a aprender, desaprender y reaprender, más no sólo de aprender y reaprender nuevas estrategias o el uso de nuevas tecnologías, también de aprender  de los saberes y experiencias de los participantes, sujetos cognoscentes, educandos-educadores en el espíritu de Freire; sobre el desaprender hay que tener en cuenta la aclaratoria que nos hace Santos Boaventura (2010), sobre las diferentes implicaciones del desaprender entre el norte y el sur global, pues mientras para el norte despensar y desaprender se propone sobre todo aprender a ignorar, dejar de lado, olvidar o producir como inexistente (como cuando nos hacen olvidar nuestra identidad y el amor a la patria), en el sur, se trata de despensar y desaprender la razón indolente como pensamiento hegemónico, y reinventar o rehabilitar como sabios y válidos los saberes y experiencias propios que la razón indolente declaró como ignorantes o ausentes.

Finalmente se plantean los desafíos académicos que implican una preocupación por la formación permanente del educador, consolidando el conocimiento de los temas a abordar, lo cual exige constituirse en un lector asiduo y un investigador constante, que produce y divulga, crea y recrea saberes, labor para la cual la institución debe brindar todos los medios posibles. Por último, están los desafíos de interacción personal del docente con los participantes, que van desde la capacidad de comunicarse hasta el acompañamiento personalizado de cada miembro del grupo educativo, un reto en las circunstancias vigentes, en la que muchos estudiantes, y algunos docentes, han declarado la imposibilidad de mayor interacción por no contar con los medios y dispositivos de acceso, o con los servicios mínimos  (electricidad y/o internet) para establecer contacto con sus compañeros y docentes, además de agregar, justificadamente, las difíciles condiciones socioeconómicas que viven en sus núcleos familiares por la precarización del salario y la despiadada guerra económica.

Universidad en casa mediada por las TICs constituye una respuesta valiosa para garantizar el derecho a la educación universitaria a los venezolanos; una oportunidad que se debe aprovechar asumiendo los desafíos que plantea y evitando las tentaciones y trampas de una “nueva realidad educativa” distante, individualista, privada, excluyente y deshumanizada.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.

Fotografía: poresto.net

Fuente e Imagen: https://insurgenciamagisterial.com/educacion-mediada-por-tic-sin-caer-en-la-tentacion-de-la-nueva-normalidad-educativa/

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Argentina: Conformidad en la UNSJ, pese al recorte de 4,5% en el presupuesto

Noticias

América del Sur/Argentina/27-09-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

En el proyecto de presupuesto nacional, hubo una reducción de recursos a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) de 4,5 por ciento para 2021 con respecto a lo que habían solicitado, aunque las autoridades se mostraron conformes e indicaron que no tendrán inconvenientes, sobre todo, en los fondos previstos para gastos de funcionamiento. Así lo indicó el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, al manifestar que, en el anteproyecto de presupuesto confeccionado, «si bien se previó austeridad en los recursos, fue con algo de holgura», por lo que, «no habrá problemas». En la propuesta inicial, la partida para el próximo ejercicio estaba prevista en 6.042 millones de pesos, pero, finalmente, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación lo cerró en 5.772.656.244 pesos, esto es, casi 270 millones de pesos menos, lo que representa una baja del 4,5 por ciento.

Por su parte, el secretario Administrativo Financiero, Pablo Padín, recordó que «el 95 por ciento del presupuesto va destinado al pago de sueldos».

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/Conformidad-en-la-UNSJ-pese-al-recorte-de-45-en-el-presupuesto-20200923-0077.html

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La ONU vuelva a «sentenciar» a España por no llevar a cabo la educación inclusiva

Pablo Gutiérrez del Álamo

Por :

 La ONU ha emitido un dictamen en relación al caso de Rubén Calleja, de León, quien, junto a sus padres lleva luchando por su inclusión en la escuela ordinaria y con los ajustes necesarios, durante la última década. El Estado tendrá que indemnizar a la familia y asegurar la entrada del joven, de 21 años hoy, en un ciclo formativo de FP que sea efectivamente inclusivo.

El despropósito ha sido la nota general en los últimos diez años en la vida de Rubén Calleja y de sus padres, Lucía Loma y Alejandro Calleja. Llevan una década batallando con las administraciones, tanto educativa como judicial, para que el Estado se haga responsable de la educación en un centro ordinario de este joven de 21 años.

La última etapa de este viaje la pasaron cuando Rubén fue matriculado en un centro de educación especial para realizar un ciclo formativo de FP. La familia, tras años de lucha, recurrió y exigió a la Administración que el chico pudiera realizar estos estudios en un centro ordinario.

Durante la visita del Comité de la ONU que hace seguimiento de la implantación en los estados de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que dio lugar a la «sentencia» que aseguraba que España inclumple sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva, comenta Alejandro Calleja que se les abrió la puerta a la posibilidad de denunciar la situación a la que se han visto sometidos en los últimos 10 años.

En el momento en el que Rubén comenzó el 4º año de educación primaria empezaron, también, los problemas. Coincidiendo con un cambio de tutor en su grupo. Han pasado los últimos años entre tribunales de distinto orden intentando que la Consejería de Educación de Castilla y León matriculase al joven en centros ordinarios y mantuviese los apoyos necesarios. La batalla ha sido tal que esta familia ha llegado a verse denunciada por abandono familiar, algo que critica duramente el Comité de Naciones Unidas, al exigir la escolarización en un centro ordinario.

El dictamen

Alejandro Calleja define el proceso en el que han estado metidos hasta ahora y que culmina con este dictamen, como un juicio. Ellos, el joven y sus padres, han sido la parte denunciante. El Estado, la denunciada. Y después de muchas idas y vueltas de respuestas de cada cual a los requerimientos del Comité (el juez en este caso), por fin parece haber un final.

La ONU le da un plazo de seis meses a España para responder a las conclusiones y recomendaciones que les lanzan. La primera, indemnizar a la familia, además de asumir todas las costas de los juicios por los que han pasado en desde 2010. Y no son pocos.

Pero no solo. No es la parte económica la que más preocupa a Alejandro, que atiende a este medio por teléfono. Para este padre, primero está la esperanza de ser una llamada de atención a las administraciones educativas para que tomen nota de que la inclusión ha de hacerse o si no, hay consecuencias. Es básico que se tomen las medidas necesarias para que sea efectiva, empezando porque el texto de la ley presentada por el Ministerio de Educación en el Congreso se deshaga del artículo 74 que da carta de naturaleza a la existencia de centros de educación especial y aulas específicas. Algo que ya denunciara el Comité en el año 2018.

En cualquier caso, el dictamen asegura que el Estado tiene obligación de indemnizar a la familia, así como de garantizar que Rubén podrá acudir a un centro ordinario para cursar sus estudios de FP. También está obligado a investigar los malos tratos y discriminaciones que la familia ha denunciado en varias ocasiones ante la Fiscalía de Menores de Castilla y León y «asegurar que se depuren responsabilidades a todos los niveles».

El Comité también «castiga» al Estado obligando a reconocer públicamente «la violación de los derechos del niño Rubén (sic) a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor, lo que conllevó consecuencias morales y económicas».

Finalmente, condena a España a «publicar el presente dictamen y distribuirlo ampliamente, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población».

Además de esto, también se lanzan una serie de recomendaciones como son la modificación de la legislación actualmente vigente para que se «elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias».

También que formule una política integral de educación inclusiva acompañada de estrategias para promover una cultura de inclusión en la enseñanza general; «adopte medidas para considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general»; que se elimine «totalmente el modelo médico de la discapacidad y definir claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza».

Desde el Ministerio de Educación aseguran que el Estado, tanto Gobierno como comunidades autónomas, «debe actuar para que no haya ni un solo caso de persona que quiera escolarizarse en el sistema ordinario y no pueda hacerlo porque no existan los recursos necesarios». E insisten, a pesar de las recomendaciones del Comité de la ONU, en que «eso es lo que propone la Lomloe». A pesar de esta declaración, dicho texto legal sigue dando cabida, por un lado, a la existencia y escolarización en centros de educación especial, así como da carta de naturaleza a que sigan existiendo aulas específicas dentro de los centros ordinarios. Ambas posibilidades son consideradas por el Comité como una doble vía que segrega al alumnado, es decir, contrarias a la inclusión educativa.

Historia de un despropósito

El tutor de Rubén comenzó a plantear problemas para que el chico estuviera en su aula y comenzó a insistir a la familia con la necesidad de que lo matriculasen en un centro de educación especial. En aquel momento el niño estaba matriculado en el colegio público Antonio González de Lama, en León. Hasta entonces Rubén había contado con el apoyo en el aula de una asistente técnico educativa.

Esto ocurría en septiembre de 2009. En diciembre se realizó un informe prisocpedagógico que aseguraba que el chico tenía un “trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador” y a partir de enero, el centro educativo solicitó la intervención del Equipo Especifico de Conducta, de modo que una trabajadora social comenzó a hacer seguimiento del caso y a dar pautas a la familia y al centro educativo.

En septiembre de ese 2010 comenzó 5º de primaria, con un nuevo tutor. Hasta octubre no contó con la asistente técnico educativa que había tenido hasta la fecha ya que, dice el dictamen de la ONU, «el tutor Z. no lo consideró necesario». Tras la insistencia de la familia, la técnico pudo acceder al aula aunque, insiste el organismo internacional, «el tutor mantuvo una actitud negativa hacia el asistente y no colaboró con ella».

Además de estos hecho, y de que la familia aseguró que varios docentes se mostraron reacios a que Rubén siguiera en el colegio, la dirección del centro no tómo ninguna medida al respecto.

En diciembre de 2010 la trabajadora social realizó una evaluación positiva de Rubén en todas las áreas (sensorial, de motricidad, de autonomía personal, de comunicación y de habilidades específicas), y recomendó el cambio de centro a uno de similares características por las dinámicas que se habían impuesto alrededor de su permanencia en el colegio. Ese mismo mes se realizó un dictamen de escolarización, sin consentimiento de la familia, en el que se hablaba de «brotes psicóticos», «comportamiento perturbador» y retraso evolutivo «asociado al síndrome de Down». «Dicha terminología -dice el dictamen de la ONU- es más propia de la psicología clínica que de un informe psicopedagógico y, por su especialidad, las autoras del mismo no estaban capacitadas para efectuar esas apreciaciones».

En marzo de 2011 se realiza un nuevo dictamen. Los padres de Rubén mostraron su disconformidad con el primero, entre otras cosas porque no recogía las situaciones de maltrato sufridas por el menor en el centro. Situaciones que tampoco aparecían en este segundo y que empujaron, de nuevo, a la famlia a plasmar su disconformidad. El documento pedía la escolarización en un centro de educación especial.

En el mes de mayo, Alejandro y Lucía acudieron a la Fiscalía de Menores de León para denunciar un caso de maltrato y discriminación contra Rubén durante los cursos  2009-2010 y 2010-2011. La Fiscalía archivó la denuncia y en junio la Dirección Provincial de Educación autorizó la escolarización en un centro de educación especial.

En septiembre (2011), los padres interpusieron un recurso por el procedimiento especial de derechos fundamentales ante el juzgado de León. Querían impugnar la decisión de matrícula en el centro especial porque se estaban vulnerando el derecho a la igualdad en relación al derecho a la educación (artículos 14 y 27 de la Constitución) y el derecho a la integridad moral de Rubén (artículo 15). En junio de 2012 el juzgado desestimó el recurso.

En setiembre de ese año, los padres recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Solicitaron la anulación de la sentencia anterior y exigieron el derecho de Rubén a estar en un centro ordinario. Alegaron que el tribunal no había tenido en cuenta, entre otras cosas, las situaciones de maltrato, la incongruencia entre el dictamen psicopedagógico de escolarización y el de la trabajadora social y que había hecho caso omiso al informe de un psicólogo clínico que aseguraba que los problemas de conducta del chaval tenían relación con «la falta de apoyo educativo y al contexto discriminatorio y de hostilidad sufridos por Rubén». En marzo de 2013, de nuevo, el tribunal desestimó el recurso de la familia.

A pesar de las complicaciones para los padres de Rubén, insistieron. En abril acudieron al Tribunal Constitucional para recurrir la sentencia del Superior de Justicia. Un nuevo rechazo en marzo de 2014. Y en mayo de 2013, además, denunciaron, de nuevo, ante la Fiscalía la discriminación y los abusos y aportaban nuevas pruebas recogidas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia: dos madres de compañeros de Rubén hablaron en aquel entonces de amenazas sufridas por el niño de boca de su tutor. En octubre, la Fiscalía insistió en mantener archivada esta causa.

Para rizar el rizo de una batalla judicial que parecía no tener fin, la Fiscalía Provincial de León denunció la decisión de la familia de Rubén de no escolarizarlo en el centro de educación especial al que lo enviaron desde la Dirección Provincial de Educación. Pretendía condenarlos por «abandono familiar». Mientras se decidía la cuestión, el juzgado exigió una fianza de 2.400 euros a la madre y otros tantos al padre. Fueron absueltos en abril de 2015.

Mientras tanto, la familia acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se pronunciase sobre la posibilidad de una violación del artículo 14 del Convención Europea de los Derechos Humanos y que se condenase al Estado a abonar a la familia la suma de 100.000 euros en concepto de daños morales. El Tribunal declaró inadmisible la demanda.

Hasta hace unos días. Cuando la familia conoció el fallo del Comité de la ONU. Dicho Comité había conocido de primera mano su caso cuando realizaba la investigación que terminaría en la condena a España en 2018 por violar sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva.

Según cuenta Alejandro Calleja, «nos abrieron la puerta» a esta nueva vía de denuncia. No dudaron en cruzarla. Con el dictamen en la mano, y aunque el Estado tenga ahora seis meses para contestar por escrito, este padre, reconocido junto a su mujer, por la Unesco por su defensa del derecho a la educación inclusiva, espera «que sirva de ejemplo» a otras administraciones, tanto de justicia como educativas. Si no se sigue la senda inclusiva, «hay consecuencias».

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/21/la-onu-vuelva-a-sentenciar-a-espana-por-no-llevar-a-cabo-la-educacion-inclusiva/

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STERM (Murcia) denuncia el «abandono» de la educación de personas adultas

Tercera Información

Por: Tercera Información

STERM-i critica que la educación de personas adultas está siendo «la gran olvidada» en la gestión de la crisis y que se mantiene «bajo mínimos».

El pasado 1 de abril, el Gobierno Regional anunciaba que la Comunidad ofertaba recursos formativos para Educación de Personas Adultas y que pretendía facilitar la formación a través del aprendizaje a distancia.

STERM, sin embargo, denuncia que el gobierno de la Región de Murcia está muy «alejado de la realidad de la educación de adultos».

El sindicato llama la atención sobre la «poca predisposición del Gobierno Regional de apoyar y reforzar los Centros de Educación de Personas Adultas para afrontar las consecuencias educativas de la pandemia».

Desde STERM entienden que se siguen sin cubrir las necesidades reales de refuerzo informativo e inversión tecnológica sobre esta oferta educativa para que siempre puedan disponer del acceso a la educación en cualquiera de sus modalidades.

Para el sindicato, a las dificultades cotidianas se añade la gran incertidumbre generada ante «una planificación errática» de la Consejería de Educación.

Esto afecta, explica, al nivel de confianza con el que se acerca el alumnado a los Centros de Educación de Personas Adultas y, por lo tanto, a la matriculación en sus cursos.

En cuanto a las formaciones que permiten los diferentes accesos, desde el sindicato STERM destacan que un colectivo importante de docentes que está solicitando la adaptación del currículo para reducirlo y hacerlo más accesible para el alumnado que no puede preparar esa densidad sin atención presencial y con tantas dificultades que les acarrea esta situación que, por varias razones, se han agravado en este periodo de pandemia.

El Sindicato se une a las reivindicaciones del profesorado que entienden que ahora mismo es momento de agilizar los currículos para que el alumnado que está preparando el acceso a universidad no pierda la oportunidad de presentarse a las pruebas por no poder finalizar todo el material.

Desde STERM consideran que Educación está «dejando en el olvido» un importante recurso educativo que cumple importantes funciones sociales: por un lado, favorecer la integración en el mercado de trabajo a través de la formación y por otro, mejorar la cohesión social.

En muchos casos, el perfil de alumnado de estos centros comporta importantes dificultades de organización con su vida diaria.

Por ello, desde el sindicato exigen a Educación que lance una campaña de refuerzo y puesta en valor de los Centros de Educación de Personas Adultas para garantizar el acceso a la información como los medios que necesita para tener una fluidez que le permita desarrollar su aprendizaje y formación.

Fuentes de STERM Intersindical insisten en que la Administración Regional debe poner en marcha todos los recursos disponibles para que los centros de adultos sean centros de apoyo y de recursos para esas personas que deben compaginar sus circunstancias personales con la oferta de conseguir una igualdad de oportunidades desde las instituciones.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/21/09/2020/sterm-murcia-denuncia-el-abandono-de-la-educacion-de-personas-adultas/

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China eliminará peligros potenciales en campus

Noticias

Asia/China/27-09-2020/Autor(a) y Fuente: spanish.xinhuanet.com

 La autoridad educativa de China emitió hoy una alerta para solicitar a las autoridades locales identificar los peligros de seguridad alrededor de los campus para evitar ataques violentos contra los estudiantes.

De acuerdo con la alerta, publicada por la oficina del Comité de Supervisión Educativa del Consejo de Estado, las autoridades locales deben llevar a cabo revisiones de seguridad oportunas dentro y en los alrededores de los campus, solucionar las disputas respecto a las escuelas y los estudiantes y eliminar varios riesgos de seguridad.

La oficina pidió a las autoridades locales fortalecer la comunicación y coordinación entre los distintos órganos gubernamentales y mejorar los mecanismos de prevención y control de riesgos para eliminar los peligros potenciales.

La oficina pide a las escuelas de todo el país fortalecer la educación de seguridad y llevar a cabo simulacros de evacuación de emergencia y aumentar la conciencia de seguridad de los estudiantes y la capacidad de protegerse en una emergencia.

Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2020-09/24/c_139391776.htm

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Los nueve derechos humanos vulnerados durante la pandemia del COVID-19 en El Salvador, según informe

Noticias

América Central/El Salvador/27-09-2020/Autora: Liseth Alas/Fuente: www.elsalvador.com

Escasez de agua, negación a la salud, la falta de transparencia de datos y detenciones arbitrarias, entre otros, son parte de los derechos humanos fundamentales vulnerados durante la emergencia del coronavirus en El Salvador en el marco de las medidas aplicadas por el Gobierno, según los resultados de la Contraloría Social de la Gestión Pública de la Pandemia causada por el COVID-19 que desarrolló la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de Salud.

El informe fue presentado este martes en un evento en línea organizado por las instituciones, donde se expusieron los datos recopilados a través de una encuesta virtual en la que participaron los líderes de las comunidades, quienes se han mantenido vigilantes de las necesidades que ha atravesado la población de sus sectores durante la pandemia.

La muestra se recopiló con 253 personas y se desarrolló del 1 de mayo al 31 de julio en 60 municipios de nueve departamentos de El Salvador.

La contraloría concluyó que por lo menos nueve derechos humanos fundamentales han sido vulnerados en el país durante las medidas aplicadas por el Ejecutivo, algunos de estos pese a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que, según el análisis, fallaron a favor de la ciudadanía que se amparaba en esta al considerar que se tomaban decisiones arbitrarias que los afectaban.

“Qué significa, que estos derechos han sido transgredidos por la autoridad o por es Estado”, indicó el consultor Marcos Fermán, quien fue el encargado de la ponencia del documento.

De acuerdo con los resultados de la contraloría estos son los derechos humanos cuestionados a la gestión pública de la pandemia:

1. Derecho a participar en la toma de decisión en los asuntos públicos a nivel local

Ni el gobierno central ni las alcaldías han involucrado a las comunidades en sus planes de prevención y sobre todo en la fiscalización de los recursos financieros y sanitarios para la atención del COVID-19, explicó Fermán.

“Antes de la pandemia y hoy con la pandemia, todos los problemas y procesos se ven cuestionados... La participación ciudadana en su sentido estricto ha sido violentada”, agregó.

2. Derecho de acceso a recibir información pública

Este derecho es complementario al de participación, dijo el consultor, pues incluso está estipulado en el artículo 6 de la Constitución de la República y en la Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo con el estudio, el 65% de los encuestados indicó no haber recibido información sobre cómo prevenir el COVID-19 por parte de ninguna entidad local o del gobierno central.

“El Salvador ha sido uno de los países un tanto más cuestionados, porque una de las disposiciones que se tomó en uno de los decretos fue cerrar todos los procesos administrativos y judiciales, el acceso a la información es un proceso administrativo y en la pandemia se cerró… Hay gente que aún ha solicitado información y no se la han entregado”, apuntó Fermán.

Lamentó que durante la pandemia “el Gobierno de El Salvador puso en cuarentena el acceso a la información, eso debe de quedarnos claro que estamos frente a un gobierno con poca vocación democrática”.

También cuestionó a los diputados: “Esta fue una ley de emergencia nacional y se les pasó, dejando de responder las solicitudes de información, donde se suspendían los procesos administrativos y judiciales”.

3. Derecho a la integridad personal

Esta vulneración se refirió a las atribuciones que el Gobierno otorgó a la Policía y Fuerza Armada y las retenciones que se desarrollaron por presuntamente violar la cuarentena, lo que provocó que ciudadanos se avocaran ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta determinó que no se debía restringir la circulación de personas.

Según datos de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) retomados en el informe, del 21 de marzo al 13 de abril se recibieron 471 denuncias “por acciones arbitrarias de diversa índole, principalmente detenciones abusivas sobre quienes infringían la norma de aislamiento”.

Centro de Contención en el Injuve de la colonia Zacamil. Muchos denunciaron hacinamiento, falta de pruebas y mucho tiempo retenidos. Foto EDH / archivo

“Quiero señalar que la restricción del derecho a la libre libertad de tránsito establecida en la Constitución de la República solo se puede establecer en los estados de excepción no en una emergencia, esa es una gran confusión que ha tenido el gobierno central”, afirmó el consultor del Foro Nacional de Salud en la ponencia.

Además, se refirió a otro error que, según él, se está cometiendo en la actualidad al exigir la prueba COVID-19 a los salvadoreños que ingresan al país. “Después rectificaron la plana y dicen que a quienes se les está exigiendo es a las aerolíneas… se siguen vulnerando derechos, muchos constitucionalistas ya se pronunciaron”.

4. Derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana

El 45% de los encuestados consideró que se descuidó la seguridad en las comunidades, el 30% percibió que no, mientras 10% dijo que no sabe y un 15% señaló que “la inseguridad se traduce en hechos de violencia contra las mujeres”.

5. Derecho a la salud

Un 37% de los participantes en la consultoría dijo que se les negó la atención a la salud “porque solo se atendían casos” relacionados al COVID-19. Manifestó que, incluso, hubo centros de salud que optaron por cerrar o suspendieron la consulta externa.

La consulta externa en el ISSS y hospitales públicos permaneció suspendida durante la emergencia. Foto/ Archivo

 “No han estado atendiendo las enfermedades crónicas, solo dan el medicamento y no le dan seguimiento de cómo es que va la salud, no hay promotores de salud en algunas comunidades”, señaló Yeni Jiménez, representante del equipo coordinador de la Mesa Nacional Territorial.

6. Derecho a la alimentación

El informe cuestiona las canastas de alimentos que entregó el Gobierno al considerar que lo hizo de forma desproporcional y que hubo personas de escasos recursos que no fueron beneficiarias ni del paquete de comida ni con el bono de $300. Además, critican “el tipo de comida” que se repartió que “no tiene un enfoque cultural”.

“Y yo recibí platanitos, pensaba ver huevos, frutas pero algo es algo no” escribió Carolina en su cuenta de Twitter junto a la foto de la primera bolsa de víveres que recibió.

“Quienes no tienen energía eléctrica no se vieron beneficiados con la canasta y los que intentaron obtenerla fue toda una odisea”, señaló Alba Villatoro, de la Mesa Territorial de Prevención de Violencia Social hacia la Mujer.

“Hubo mucha improvisación, falta de planificación y falta de participación de la gente en la toma de decisión”, dijo Fermán.

“La alimentación no se está regalando, al final pagamos el costo del alimento y del bono”, sostuvo Jiménez.

También, en el análisis se señala que no hubo control de precios de la canasta básica durante la emergencia.

7. Derecho a la educación y la cultura

“La pandemia expuso la brecha digital existente en la familia”, indicó Fermán. Agregó que maestros y padres de familiar han tenido que invertir en internet para continuar en línea las clases, incluso, tienen conocimiento, que hay quienes deben pagar por impresiones de las guías.

Edgardo recibe sus clases a través de canal 10. La nueva modalidad de envío de tareas por WhatsAPP les ha generado un gasto a su familia. Foto EDH/ Yessica Hompanera

“Esto significa que la educación ha dejado de ser pública y gratuita, porque hay muchos maestros y familias que han tenido que pagar internet y conseguir los dispositivos para las clases”, aseveró el consultor.

8. Derecho al acceso al agua

El 41% de los encuestados dice que desde siempre ha estado desabastecido de agua potable; un 26% afirmó que no contó con el servicio durante la pandemia, mientras un 31 % expresó que sí contó con el suministro y un 2% respondió que no sabe.

El informe criticó que los municipios más afectados por la escasez de agua son los que registran más contagios de COVID-19, entre estos San Salvador, Soyapango y Santa Tecla.

“El GOES y entidades de salud han enfatizado que el primer frente de defensa es el lavado de manos con agua y jabón”; no obstante en El Salvador, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, “para ese año 131,918 hogares urbanos y 154,887 rurales no tenían un nivel de acceso básico y elemental al agua”.

“El tema del agua se ha evidenciado y colocado en la agenda pública durante la pandemia, pero siempre hemos estado desabastecidos de agua, siempre ha caído de manera irregular y siempre hemos tenido agua de mala calidad”, cuestionó Fermán.

9. Derecho a un vida libre de violencia para las mujeres

El 49% de los participantes en la encuesta respondió que sí tiene conocimiento de hechos de violencia contra la mujer en el marco de la pandemia, un 40% dijo que no y un 11% respondió que no sabe.

De los casos registrados, según los datos recopilados en el informe, solo un 9% (25 personas) se atrevió a denunciar, pero de estos solo 1% (3 personas) fue atendido.

A criterio del experto “la Policía descuidó la seguridad ciudadana y personal por atender la pandemia, eso no es malo, pero yo debo saber administrar los recursos para atender la pandemia, pero sin descuidar las otras atenciones o la realización de otros derechos”.

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 se ha sumado a los patrones culturales ya existentes, como el caso del machismo, para que se repitan actos violentos contra centenares de salvadoreñas. Foto Referencia. Archivo

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nueve-derechos-humanos-vulnerados-pandemia-coronavirus/756151/2020/
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