Educación como derecho humano

Docentes de América latina expresaron su preocupación por el avance privatizador en la educación regional.

América del Sur/Bolivia/

Docentes de Latinoamérica expresaron su preocupación ante el avance de la privatización y comercialización de la educación que se vive en la región. Aseguran que estos procesos son promovidos por la mayoría de los gobiernos de la región, asociados a los sectores empresariales y las organismos financieros mundiales. La manifestación quedó plasmada en lo que se conoce como la Declaración de Cochabamba, acordada tras la reunión regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), realizada en Bolivia en julio pasado.

El encuentro se llamó «Tendencias de la educación en América latina: privatización y comercio», participaron organizaciones sindicales de diez países latinoamericanos, que integran la IEAL, entre ellas la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Al final de las deliberaciones —se extendieron el 22 y 23 de julio pasado en la ciudad de Cochabamba— acordaron un documento en el que ponen la voz de alerta sobre la vulneración del derecho a la educación.

En la Declaración de Cochabamba —disponible en www.ei-ie-al.org— los sindicatos afiliados a la IEAL se manifestaron en defensa de «la educación pública como un derecho social que debe ser garantizado, administrado y financiado por el Estado». Señalan que «el discurso neoliberal pretende naturalizar la lógica del lucro en las políticas educativas», de allí la preocupación «ante la creciente influencia de los organismos multilaterales y de los grupos empresariales, que promueven el desmantelamiento de los sistemas educativos públicos». Afirman que, conformes con esta visión, muchos gobiernos regionales «insisten en convertir a la educación en un servicio transable y no un derecho» y de esta manera, «no son pocos los Ministerios de Educación que terminan actuando como administradores de los procesos de privatización y desnacionalización de todos los niveles del sistema educativo».

Alianzas público-privado

También alertan que como parte de este panorama, «las Naciones Unidas, la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y las instituciones financieras internacionales, han incorporado las modalidades de alianza público privado y el uso de fondos públicos para comprarle servicios a diferentes grupos privados, debilitando al sistema educativo estatal». La mercantilización denunciada se profundiza —dice el texto— con el endeudamiento en materia de educación: «Un conjunto importante de los préstamos contraídos con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que los gobiernos pagan durante décadas, cargados de intereses de deuda, se usan para contratar servicios externos de empresas privadas y otras organizaciones no gubernamentales vinculadas a éstas». Son los grupos privados que luego «definen, gestionan y evalúan la política educativa pública en la mayoría de los países de América latina». Intervienen directamente en los contenidos que se enseñan, en los planes de estudio, en las formas de gestión educativa, en la formación docente y hasta en la medición de resultados.

En la declaración recuerdan que los ministros de Educación de América latina y el Caribe, en la última reunión mantenida de cara a cumplir con la Agenda 2030, se comprometieron a desarrollar políticas inclusivas y aumentar los fondos destinados para el sector, entre otros objetivos. Sin embargo, al igual que ocurrió con las metas de Jomtiem (1990) y de Dakar (2000), «los compromisos definidos en torno a la Agenda 2030 están siendo incumplidos reiteradamente».

«Calidad educativa»

También alertan sobre cómo las políticas de libremercado, las instituciones financieras y otras que actúan en el plano internacional como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Ocde, entre otras «han logrado instalar con el concurso de los grandes medios de comunicación masivos, su propia concepción de lo que significa calidad educativa». Una idea atada a la privatización de la enseñanza y de los aprendizajes. Un ejemplo son las pruebas estandarizadas como las Pisa, consideradas por los sindicatos docentes como «un hecho externo al proceso de aprendizaje». Algo similar se observa sobre «la promoción de rankings universitarios y de la evaluación productivista de la actividad académica».

El documento revela que «en una región como América latina, donde el mayor desafío es cerrar la brecha de la desigualdad y promover la inclusión social, el llamado debe ser, entre otras cosas, a fortalecer los derechos», como el de la educación pública. También que «el Movimiento Pedagógico Latinoamericano (impulsado por la IEAL) hace un llamamiento a los ministros de Educación de la región para reafirmar el insoslayable papel que debe cumplir el Estado garantizando los niveles adecuados de inversión presupuestaria» señalada en acuerdos previos.

En la reunión regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) participaron el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards; y el presidente del Comité Regional de la IEAL, Hugo Yasky. También la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso; y el ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Roberto Aguilar. En ese encuentro, Yasky denunció la complicidad entre los intereses de sectores empresariales y los gobiernos de algunos países latinoamericanos, con la implementación de medidas orientadas a deshacer los avances alcanzados en la última década por los gobiernos progresistas, particularmente en Brasil y Argentina. «Hoy está en debate en América latina, o mejor dicho, está entre signos de interrogación, porque así lo quieren plantear a través de los grandes medios de comunicación los dueños del poder corporativo, la subsistencia de la educación entendida como un derecho social», afirmó.

Fuente: https://www.lacapital.com.ar/educacion/el-desmantelamiento-los-sistemas-educativos-publicos-n1651724.html